Marco Aparicio Wilhelmi , Profesor de la Universidad de Girona
El centro de atención debería ser puesto en el empoderamiento de los sujetos, lo que no puede hacerse meramente a través del reconocimiento o blindaje de derechos, sino a través de la garantía de permanentes condiciones de participación y de negociación.
En la última década ha venido tomando forma con claridad el proyecto del Estado post-social, el modelo Zara-Cáritas, que sitúa las funciones del Estado en la lógica asistencialista, de mercados y de pobres. Para la primera de las asistencias, se cuenta con instituciones internacionales, para la segunda, con entidades de beneficencia privada a las que se concede el espacio de una solidaridad que el propio Estado mezquina cuestionando la pertenencia a la comunidad (ver la llamada “crisis de los refugiados”).
Para quien piensa que el neoliberalismo es una fase más del proyecto de la modernidad, la lucha por la igualdad (entre individuos y entre grupos) pasaría por cuestionar la modernidad en sí misma, poniendo en duda el patrón desarrollista y el énfasis en el individualismo posesivo. Hay en cambio quienes defienden que se trata de una forma de contramodernidad, de desconocimiento de los avances en el grado de democratización política y social alcanzados en los sucesivos procesos de reforma del sistema liberal capitalista. Para éstos, valdría la pena desandar lo andado en la fase neoliberal, esto es, reconstruir y reforzar el pacto social que responsabilizó al Estado de la garantía mínima de la igualdad material, de la igualdad de oportunidades.
Más allá de las diferencias, la contundencia del ataque a las fuentes de dignidad personal y colectiva está convocando cada vez más gente bajo la demanda de un proceso llamado a activar el poder constituyente de la ciudadanía, del demos. El objetivo sería frenar el despojo de lo común y revertir el proceso de ‘deconstituyencia’ de los oprimidos.
La apelación al poder constituyente sirve para descongelar el efecto anestésico (y amnésico) del consenso de la transición. Una vez situada en el centro del debate, permite ampliar el ámbito de lo decidible, re-politizar la política.
La retórica constituyente ha aparecido en Catalunya, vinculada al llamado proceso soberanista, y en el conjunto de España. En ambos casos, las fuerzas políticas que se presentan más transformadoras están tratando de instalar la cuestión en el terreno institucional, lo que les fuerza a buscar alianzas con espacios que, hasta el momento, han mostrado escasa pasión por confrontarse con la hegemonía neoliberal. En el caso catalán, el discurso constituyente es vigoroso, pero aparecen dudas sobre la capacidad real para llevarlo a cabo. En el caso español, las incertidumbres del contexto político-electoral hacen que unos y otros se busquen y se alejen con ofertas controladas de reforma constitucional mientras se aparca el proyecto de una asamblea constituyente que sea capaz de discutirlo (casi) todo.
Una vez se ha conseguido alterar los tópicos de lo posible y de lo deseable, de lo que se trataría es de ir avanzando en su corporización, evitando su cercado en el terreno del debate institucional, esto es, tratando de generar condiciones para el desbordamiento social de lo político.
El listado de cuestiones a abordar en este proceso previo y necesario es extenso, pero hay una cuestión que merece la pena subrayar como punto de partida. Debemos arrancar de la duda sobre la eficacia del ‘blindaje’ de los derechos (sociales o cualquier otro) cuando su asiento jurídico, por garantizado que se halle, no se acompaña de una protección suficiente de los sujetos, de los procesos sociales que están detrás de la lucha por los derechos.
El centro de atención debería ser puesto en el empoderamiento de los sujetos, lo que no puede hacerse meramente a través del reconocimiento o blindaje de derechos, sino a través de la garantía de permanentes condiciones de participación y de negociación. Debemos empujar formas de democracia participativa, directa, entendida no sólo como suma de voluntades individuales sino como procesos de participación y de negociación colectiva en el marco de conflictos concretos en los que se disputan intereses y necesidades de los sujetos con menos poder.
Activar la ‘constituyencia’ colectiva debería servir para que nunca más pueda ser desplazada y este reto sólo puede tomar forma real si logramos poner en común nuestras vidas, nuestras necesidades y nuestras respuestas. No se trata de volver al Estado social, sino de socializar el Estado.