Elecciones entre el ruido derechista y la «izquierda» despistada

Carlos Martínez, Politólogo

España se asoma a un cambio político de consecuencias imprevisibles. La convocatoria de elecciones anticipadas no es un simple incidente parlamentario, sino el síntoma de la crisis estructural que sacude los cimientos del régimen del 78. Las elecciones las ha adelantado la respuesta de la calle, ante un desahucio cruel como todos los miles de desahucios que hay, pero que ha saltado esta vez con fuerza. La bifurcación es histórica: por un lado, la amenaza de un gobierno de derecha y extrema derecha, vinculado a Trump, aliado incondicional de Israel y cómplice de los sectores más reaccionarios del Parlamento Europeo; por otro, un Gobierno de Sánchez que, resistente y convencido, se mantiene más fuerte que su propio partido —el PSOE hoy es Sánchez—, pero peligrosamente rodeado de aliados fragmentados, sin fortaleza electoral ni ideológica, y sin voluntad de enfrentarse a las oligarquías española y europea.

Sánchez ha demostrado una capacidad de resistencia innegable. Es el único líder de la izquierda institucional sistémica capaz de plantar cara a la marea PP/VOX. Sin embargo, su fortaleza personalista contrasta con la debilidad de sus hipotéticos socios. Los sondeos dibujan un panorama desolador para la izquierda “a la izquierda” del PSOE: dividida, y de ir por separado, certificaría un desastre electoral para todos, además de proponer a una candidata quemada. Los aliados más fieles del PSOE han sido Bildu y ERC. Pese al fracaso de Rufián en su intento de crear un espacio unitario, estos socios le han demostrado una lealtad poco común en el espectro ideológico.

En contraste, Sumar, que ha formado parte de los gobiernos de coalición, ahora busca perfil propio, apuntarse éxitos y criticar las políticas erróneas del «sanchismo», especialmente en lo social. Y Podemos: seamos honestos, es un partido postmoderno, introductor del «woke» en España, construido en el anti partido, lleno de contradicciones y alejado de la izquierda clásica. Llegó al parlamento del brazo de Sumar, pero pronto rompió su grupo para ir por su cuenta, defendiendo su espacio con críticas feroces al PSOE, aunque pactando y manteniéndolo generalmente, si bien no siempre.

Podemos tiene un éxito innegable: ha arrastrado a toda la izquierda engreída hacia sus políticas identitarias y queer. Pero nunca se ha distinguido por su lealtad. Formó parte de los gobiernos de Sánchez con mucho poder y ahora lo ha olvidado o quiere que se olvide.

Las izquierdas a la izquierda del PSOE son expertas en crear espacios nuevos y diferentes, pero que al final siempre son una renovación de lo que fue la Izquierda Unida original, con distintos nombres. Desde Sumar, Frente Amplio, Podemos… no rompen con la UE, cuestionan la OTAN pero dentro del orden, y están enfrentadas en muchos aspectos al Sur Global. No entienden ni apoyan a Rusia, interpretan su guerra de forma globalista y les cuesta apoyar a Irán o a las revoluciones africanas del Sahel, que simplemente ignoran. Miran a los BRICS con distancia. Apoyan la causa palestina, pero no han definido la cuestión del Estado palestino tal y como la resistencia marxista o islamista lo entiende.

El problema de fondo es que las clases populares y la clase trabajadora se sienten abandonadas. Sufren una inflación cuyas causas verdaderas nadie les explica. Las izquierdas, perdidas en temas identitarios y buenistas, no han captado la dimensión de lo ocurrido en Ceuta, donde Sánchez ha fracasado estrepitosamente. Tampoco las carencias de barrios donde los votantes se sienten inseguros y con servicios públicos cada vez peores.

Con la movilización por la vivienda las izquierdas woke pueden vivir un espejismo. Es verdad que se ha creado una fuerte movilización, pero se trata de un problema que Sánchez ha abandonado durante ocho años de gobierno a pesar de las numerosas quejas y advertencias.

A ello hay que sumar el campo abandonado y olvidado que, junto con la pesca, sufre los ataques de la Unión Europea. El sector primario está en contra del Gobierno porque es blanco de supuestas políticas «verdes», mientras que a los productos agrarios importados no se les exige prácticamente nada. Las alzas insostenibles del combustible provocan una grave crisis social aprovechada por VOX, que ha logrado contaminar amplios sectores de la clase trabajadora, los agricultores y los trabajadores por cuenta propia.

Sánchez no podía seguir con un parlamento así, que le impedía aprobar nada. Disponía de un apoyo condicionado e interclasista, de centro-derecha-progresista. Ha seguido a pie juntillas las indicaciones de Bruselas y ha apoyado las sanciones contra Rusia, generando un encarecimiento de la vida generalizado que la gente normal no atribuye al imperialismo ni a la UE atlantista, sino a él. Ha jugado la carta de apoyar a la extrema derecha ucraniana y compensar con el apoyo a Palestina en Gaza y no involucrarse en exceso en la guerra contra Irán. Pero esta estrategia no lo ha hecho creíble ante un Trump que ha lanzado a sus leones locales y a Marruecos —a pesar de los servicios prestados— en su contra. En política internacional, Sánchez se ha enfrentado a Trump y Netanyahu de forma más suave de lo que parece, más con gestos y declaraciones que con hechos. Su empeño en culpabilizar a Rusia y apoyar a Zelensky es un juego de dos barajas que, en la práctica, resulta en estar de verdad con la OTAN y la UE y encima ser tratado como un apestado.

El panorama es muy incierto, y más para el futuro de la izquierda. Una izquierda que se suicida abandonando las necesidades reales y cotidianas de las clases populares, del empobrecimiento y de una desigualdad creciente, a pesar de haber tenido, dicen, el gobierno más progresista de la historia reciente. El gobierno habla un lenguaje que no se entiende en los barrios.

El panorama es muy difícil para las izquierdas liberales, pero Sánchez dará la batalla: sabe que es el único líder tolerable de la izquierda y que su proyección exterior le sirve de escudo y trampolín. Tiene mejor imagen fuera de España que dentro y dará la batalla porque sabe que es el único líder de su espectro. Pero la verdadera batalla no se libra en los despachos de Bruselas ni en las portadas de la prensa internacional, sino en las calles de nuestras poblaciones, en la agricultura abandonada y en las fábricas deslocalizadas gracias a la Unión Europea. En recuperar la seguridad y los apoyos a las familias. En que en realidad, se sabe, que gane quien gane en lo importante hará lo mismo puesto que carentes de soberanía el guion lo escribe Bruselas. Solo recuperando ese pulso con la realidad material de la gente trabajadora, la izquierda podrá tener un futuro. De lo contrario, estaremos condenados a ser espectadores de lujo de nuestra propia irrelevancia.

El principal problema desde un punto de vista internacionalista y anti colonialista es que, de perder Sánchez las elecciones, el sionismo tendrá en España un nuevo y fiel aliado, pues PP/VOX están vendidos a intereses extranjeros y sionistas. La izquierda woke cree que con sus mensajes llega y convence, pero mientras no hable otro lenguaje y acabe con la influencia cultural de los liberales de EEUU en su relato, será derrotada. Por eso hace falta una fuerza organizada diferente.

 

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La propuesta de vivienda de la izquierda de clase y la política teatral de la «izquierda postmoderna»

Carlos Martínez es presidente de Soberanía y Trabajo y urbanista

La crisis de la vivienda en España no es una catástrofe natural, sino una catástrofe social cuidadosamente diseñada. Cuando los jóvenes entregan más de la mitad de sus ingresos al casero, cuando Maricarmen, de 87 años, es desalojada de la casa en la que ha vivido durante 70 años, cuando los centros urbanos se convierten en colonias de apartamentos turísticos, no nos enfrentamos a un «fallo» del mercado, sino a un saqueo sistemático de una clase sobre otra. En este saqueo, la derecha y la ultraderecha desempeñan el papel de verdugos honestos, mientras que la «izquierda» postmoderna desempeña un papel más insidioso: organizan protestas, ocupan plazas, gritan consignas, pero evitan cuidadosamente los verdaderos problemas estructurales: la propiedad del suelo y el parque de vivienda pública.

El problema fundamental eludido: la tierra

Desde una perspectiva de economía política marxista, la raíz de la crisis de la vivienda reside en la capitalización del suelo. La escasez de suelo urbano en España no es una dotación natural, sino fabricada artificialmente: mediante la contracción deliberada de la planificación urbanística, el acaparamiento de los especuladores del suelo y el proceso de financiarización que convierte la vivienda de valor de uso en valor de cambio. Por tanto señalo que la actual arquitectura de las comunidades autónomas es un «instrumento de obstrucción deliberada», un «Estado mal construido», que permite a las comunidades autónomas gobernadas por el PP obstruir sistemáticamente cualquier política de vivienda eficaz y a las demás, no hacer nada. Pero el problema más profundo es: ¿por qué la construcción de vivienda depende siempre de promotores privados? ¿Por qué el parque de vivienda pública se encuentra entre los más bajos de Europa? La respuesta radica en que España nunca ha llevado a cabo una verdadera reforma agraria, ni una política de propiedad de suelo urbano al menos semejante a otros estados europeos.

La historia de la legislación del suelo en España es en sí misma una historia de lucha constante y fracaso constante contra la especulación del suelo. Desde la Ley del Suelo de 1975 hasta la Ley de Régimen del Suelo y Valoraciones de 1998, cada ley reconocía en su preámbulo que «el fuerte crecimiento del precio del suelo supera cualquier límite razonable», pero ninguna logró frenar realmente esta tendencia. La ley de 1998 supuso un giro radical: abandonó el control del mercado del suelo y pasó a «adaptarse a la demanda, aumentando el suelo puesto en el mercado», lo que en esencia entregaba la potestad de planificación del suelo a los promotores privados. Las consecuencias de este giro legislativo fueron catastróficas: permitió a los grandes propietarios del suelo y a los grandes promotores manipular los precios controlando la oferta de suelo, mientras que la construcción de vivienda pública quedó marginada como una «obra benéfica» en lugar de un derecho estructural.

Las limitaciones del Sindicato de Inquilinas: la lucha en la esfera de la circulación

Las demandas del Sindicato de Inquilinas —congelación de alquileres, prohibición de desalojos, contratos indefinidos, prohibición de compra de vivienda con fines de inversión— son sin duda importantes, pero sus limitaciones son igualmente evidentes. Estas medidas actúan en la esfera de la circulación, no en la esfera de la producción. Se trata de una lógica de lucha «consumista»: intentar que el trabajador sea menos explotado en un mercado que lo explota, en lugar de cambiar la estructura misma de la explotación.

Más fundamental aún: el Sindicato de Inquilinas afirma explícitamente que «el problema no se puede resolver solo construyendo más viviendas», lo que precisamente revela el defecto de su marco teórico. Si el parque de vivienda pública no aumenta, si la estructura de propiedad del suelo no cambia, entonces la regulación del mercado de alquiler existente solo puede ser un juego de suma cero: una lucha entre caseros e inquilinos, no una lucha de la clase trabajadora contra el capital financiero. Sin vivienda pública como opción de salida, el efecto del control de alquileres es necesariamente limitado, porque los inquilinos no tienen opción de salida y los caseros siempre encuentran formas de eludir la regulación: convirtiendo viviendas en alquiler turístico, dejándolas vacías, o mediante el relato de pánico de la «inquiokupación» es decir inquilinos que después se niegan a pagar lo pactado, un discurso muy utilizado por las derechas.

El plan de soberanía habitacional: un millón de viviendas públicas e intervención estructural

El plan de «un millón de viviendas públicas de alquiler» propuesto por Soberanía y Trabajo tiene su radicalidad no en la cifra en sí, sino en el principio que implica: la des mercantilización de la vivienda requiere que el Estado intervenga como productor y no solo como regulador. Esto es coherente con la lógica del plan de «vivienda para todos» propuesto por Bernie Sanders en Estados Unidos: crear un sector de vivienda no mercantil mediante una gran inversión pública, ejerciendo así una presión estructural sobre el mercado de alquiler privado.

Al mismo tiempo, es imprescindible reformar la ley del suelo. Como analiza Soberanía y Trabajo, la ley de vivienda de Unidas Podemos y el PSOE fracasó precisamente porque «nació coja»: su aplicación efectiva dependía de la voluntad de las comunidades autónomas, y aquellas gobernadas por la derecha boicotean sistemáticamente cualquier intervención. La política socialista del suelo debe revertir este proceso: recentralizar la potestad de planificación del suelo bajo control democrático, imponer impuestos punitivos al suelo vacante y autorizar a los organismos públicos a expropiar suelo por su valor de uso y no por su valor de mercado.

La trampa de la «izquierda postmoderna»

La crítica de frente que le hago a la «nueva izquierda engreída, verde y postmoderna» da en el clavo por mucho que moleste o sea objeto de burla. Al analizar los tres «venenos» de la izquierda, hemos de señalar: la izquierda identitaria «sustituyó la lucha de clases por el carné de identidad de las minorías», dividiendo al pueblo en «categorías irreconciliables»; la izquierda cultural «convirtió la política en estética», cuyo resultado es un «activismo ruidoso en las redes, inofensivo para el poder real»; y la izquierda «realista» aceptó las reglas del imperio como «ley natural». La consecuencia común de estas tendencias es: la clase trabajadora queda desarmada, mientras el capital campa a sus anchas.

Estas organizaciones realizan en esencia una «protesta controlada». Sus demandas son reformistas, pero se envuelven en una pose «radical», absorbiendo así la energía que debería orientarse hacia un cambio más fundamental. Más peligroso aún: estas organizaciones suelen estigmatizar a cualquiera que cuestione sus métodos como «ultraderechista» o «rojipardo». Se trata de una estrategia discursiva: al simplificar la política de clases en símbolos culturales, evitan una pregunta incómoda: ¿por qué, tras años de gobiernos «progresistas», la crisis de la vivienda se ha agravado?

La franqueza de la derecha y la traición de la izquierda

La posición de la derecha y la ultraderecha sobre la vivienda es al menos franca: sirven a los propietarios y se oponen a cualquier intervención que pueda perjudicar los ingresos por alquiler. Las comunidades autónomas controladas por el PP boicotean sistemáticamente la aplicación de la Ley de Vivienda, y Vox califica cualquier control de alquileres de «comunismo». Su relación con los fondos buitre y los lobbies inmobiliarios es pública y desvergonzada. Cuando el PP critica al Sindicato de Inquilinas como un «sindicato autopercibido», su intención es clara: solo los propietarios tienen derecho a decidir la política de vivienda.

Lo verdaderamente indignante son aquellas fuerzas políticas que dicen representar a los trabajadores pero sirven al capital financiero. Cuando el Sindicato de Inquilinas pidió a CCOO y UGT una huelga general de vivienda, el silencio de estos sindicatos expuso su verdadera naturaleza: son pilares del sistema, no sus impugnadores. La cobardía del PSOE en materia de vivienda —solo bajo la presión de Junts considera tímidamente limitar la compra de vivienda por fondos buitre— no es casual, sino expresión de su esencia de clase.

Hacia una nueva estructura política del movimiento obrero

La verdadera solución a la crisis de la vivienda requiere una forma de organización diferente a todas las formas políticas actuales. Afirmo que se necesita «honestidad desde la raíz: reconocer que la actual ‘izquierda occidental’ es parte del problema». Esta organización debe enraizarse en la unidad del lugar de trabajo y la comunidad, rechazar el modelo de «incidencia» propio de las ONG y mantener la independencia de clase. Su programa no puede limitarse al control de alquileres, sino que debe incluir: la socialización del suelo, el dotarse de un poderoso ente público del sector de la construcción y la garantía constitucional de la vivienda como derecho básico, lo cual requiere un cambio de Constitución.

El desalojo de Maricarmen no es un caso individual que deba «resolverse», sino un símbolo que debe entenderse como experiencia cotidiana de una clase. La raíz de la crisis es el «imperialismo: la acumulación de capital a costa de los pueblos». La crisis de la vivienda, junto con la guerra, la austeridad y el papel de la UE como «gendarme neoliberal», son productos del mismo sistema. Solo cuando el movimiento obrero vuelva a aprender a decir la palabra «socialismo» y la vincule a demandas materiales concretas —vivienda digna, trabajo estable, vida digna— podremos empezar a hablar de un cambio real. Hasta entonces, no hacemos más que deambular entre distintos teatros, viendo a distintos actores representar el mismo guion.

 

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• HAY QUE REFUNDAR LA IZQUIERDA TRANSFORMADORA PARA GENERAR ESPERANZA, DERROTAR LA ULTRADERECHA Y CONSTRUIR EL SOCIALISMO

La decadencia del imperialismo norteamericano bajo la presidencia de Donald Trump, en el marco de un sistema capitalista en crisis tras el agotamiento de la globalización neoliberal, los cambios geopolíticos producidos por el ascenso económico de China, India, etc., y la articulación de los BRICS, explican la apuesta creciente del imperialismo y sus aliados por el aumento del gasto militar y el incremento de los conflictos bélicos, como el genocidio del pueblo palestino por el gobierno de Israel, la guerra ilegal de EEUU contra Irán, la agresión de EEUU contra Venezuela y el secuestro del Presidente Nicolás Maduro y su esposa la diputada Cilia Flores, amenazas de anexión sobre Groenlandia, intensificación del bloqueo económico y energético de EEUU a CUBA, etc., así como el auge de la ola ultraderechista a escala internacional. Ante esta situación y la perspectiva de una escalada de los conflictos, es necesario y urgente levantar un amplio frente antiimperialista, contra la ultraderecha y en defensa de la paz.

El objetivo de los poderes económicos, con su apoyo a la dinámica belicista y el ascenso de la ultraderecha, es acumular mayores beneficios, imponiendo graves recortes del gasto social público, en pensiones, salud, educación, protección social, etc., privatizar los sectores públicos para abrir nuevos espacios de negocio, lo cual implica una estrategia para derrotar y empobrecer a la clase trabajadora, eliminar derechos políticos, laborales, sociales y cívicos, e imponer regímenes totalitarios de orientación ultraliberal o abiertamente fascistas.

El belicismo, la xenofobia brutal con deportaciones masivas de inmigrantes, y el incremento de la desigualdad social con las políticas de Donald Trump, han provocado el descontento social y el ascenso de un movimiento ciudadano progresista o de izquierda en Estados Unidos, que puede poner en cuestión la mayoría de Donald Trump en las elecciones a la Cámara de Representantes el 3 de noviembre, también es importante destacar la creciente movilización social y popular en los países que gobierna la extrema derecha en América Latina, como Bolivia, Ecuador, Argentina, etc. Las próximas elecciones generales y presidencial del 4 de octubre en Brasil, donde se confrontan el actual presidente Lula y el candidato de la extrema derecha Flávio Bolsonaro, será un momento significativo de la evolución geopolítica, especialmente en América Latina.

La crisis del proyecto europeo, las consecuencias de la pérdida de soberanía, y la política de aumentar el gasto militar y el belicismo

             Las políticas de austeridad promovidas por las instituciones de la Unión Europea, subordinadas a la orientación económica “ordoliberal” de Alemania, han contribuido a frenar el crecimiento económico, aumentar la desigualdad, y propiciar los recortes sociales. También han debilitado el papel geopolítico de la UE.

             La apuesta de las élites de la Unión Europea para implicarse en la guerra entre la OTAN-Ucrania y Rusia, aportando grandes cantidades de armas y dinero al gobierno de Zelensky, siendo cómplices en el sabotaje del gasoducto del Nord Stream que suministraba gas barato de Rusia a Alemania y otros países de  Europa, así como la política de sanciones económicas a Rusia, se ha vuelto como un “boomerang” contra los intereses económicos de los países de la UE, incrementando el gasto en las importaciones energéticas, de materias primas y disminuyendo su capacidad exportadora a Rusia.

             Las concesiones de los países de la UE, a las presiones de Donald Trump para incrementar el gasto militar hasta el 5% del PIB y comprar armamento a Estados Unidos, el acuerdo adoptado por las instituciones europeas de gastar 800.000 millones de euros para aumentar su capacidad militar en los próximos cuatro años, enriquecen la industria militar y arrastran a la guerra, además de recortar los gastos sociales, las inversiones necesarias en la industria, el mundo rural, etc. La reciente decisión del gobierno alemán con la excusa de prepararse para la guerra con Rusia, triplicando el gasto militar de 2020 y alcanzar en 2029 la cifra de 153.000 millones de euros, aumentar el número de soldados desde los 185.000 en la actualidad hasta 260.000 en 2035, en un país donde la ultraderecha AfD encabeza las encuestas, ha conseguido asustar hasta el mismo gobierno de un país aliado como Polonia…La reciente victoria de AfD en el estado oriental de Sajonia-Anhalt abre una seria crisis política en Alemania y acumula más dificultades al proyecto de la Unión Europea.

             Esta deriva militarista y belicista de la Unión Europea, recuperando el servicio militar obligatorio en algunos países, o con carácter voluntario con diversas fórmulas en otros, también ha arrastrado al gobierno de España que oficializó el regreso del servicio militar, la mili” con carácter voluntario para los nacidos entre 2007 y 2008, y limitación de 500 plazas en cada convocatoria, por el momento…

El balance del gobierno llamado de “progreso”, explica la creciente decepción entre la población y el auge electoral de la derecha y la extrema derecha.

             El desgaste electoral del PSOE y sus socios, resultado de las insuficiencias de su gestión global en el llamado “gobierno de progreso”, ha propiciado el avance del Partido Popular y VOX en las elecciones autonómicas en las comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, País Valencià…

             El resultado de las elecciones generales en 2023 permitió la gobernanza de la coalición del PSOE y SUMAR al conseguir el apoyo en la investidura de las formaciones políticas nacionalistas, pero al depender de la posición de Junts, grupo parlamentario que en muchos aspectos económicos y sociales defiende posiciones de derecha, no ha podido aprobar los presupuestos generales y aquellas propuestas de ley a las que se opone PP, VOX y Junts, como el decreto de prórroga de alquileres el pasado 26 de abril, o los objetivos de estabilidad presupuestaria el 14 de julio de este año.

             La legislación impulsada por el gobierno para garantizar el derecho a acceder a la vivienda, ampliar el parque público de vivienda, abaratar los alquileres, desde octubre de 2023, no encontró el apoyo en las organizaciones sociales como la PAH, sindicato de inquilinos, que criticaron sus insuficiencias y falta de garantías para una aplicación efectiva. El drama del acceso a la vivienda, que afecta especialmente a la juventud trabajadora, es uno de los asuntos que ha causado más decepción social y electoral…

             Otra de las leyes, que en su inicio generó gran esperanza para superar la pobreza, como la ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobada en el Congreso de Diputados el 16 de diciembre de 2021, en la actualidad genera insatisfacción entre una gran parte de la población en situación de pobreza severa que no la percibe, según un reciente informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) la prestación del IMV solo llega al 44% de los hogares que cumplen los requisitos…

             Las causas del malestar social son importantes y diversas: persistencia de una importante tasa de paro del 9,87%, que si bien ha disminuido supera ampliamente la media europea del 6,3%, tasa de desempleo juvenil del 24,54%, mientras la población trabajadora sufre la ampliación progresiva de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027; deterioro de la sanidad pública como consecuencia de los recortes y transferencia de recursos al sector privado;  retroceso de las condiciones de vida en la población rural como consecuencia del exceso de importaciones de productos agrícolas y ganaderos, debido a la capitulación ante los intereses de las multinacionales del sector y la ausencia de soberanía alimentaria, todo lo cual también explica la despoblación en las zonas rurales; falta de inversiones y mantenimiento en el transporte público, en el cuidado y limpieza de los bosques  lo que aumenta, en el contexto de cambio climático, la gravedad y extensión de los incendios forestales de este verano.

             En el plano internacional, la política aplicada por Pedro Sánchez es contradictoria, su discurso contra el genocidio en Palestina y la guerra en Irán, se ha confrontado con la posición de Donald Trump y Netanyahu; sin embargo, la traición a la causa del pueblo saharaui y su derecho reconocido por la ONU a un referéndum de autodeterminación, sometiéndose al dictado de la monarquía reaccionaria de Marruecos apoyada por EE.UU, ha causado decepción en gran parte de la sociedad española, debilidad que  ha sido aprovechada por el gobierno de Marruecos en diferentes ocasiones, como en la reciente entrada masiva de inmigrantes en su mayoría marroquíes en Ceuta. Además, el gobierno de España sigue enviando ingentes ayudas militares y económicas al régimen de Zelensky en Ucrania, y ha aumentado el gasto militar y en defensa, que en 2025 alcanzó 40.457 millones de euros y el 2,48% del PIB, según investigadores del Centro Delàs.

             Los episodios de corrupción que afectan a miembros de la dirección y aparato del PSOE, algunos de ellos expulsados, han provocado gran decepción entre la ciudadanía, lo cual está siendo utilizado por el PP y VOX para reforzar su objetivo de gobernar España, a pesar de que son organizaciones afectadas también por importantes episodios de corrupción en el pasado y en la actualidad. Además, los escándalos de corrupción al debilitar la credibilidad del PSOE, y del propio gobierno de “progreso”, termina afectando a sus socios de gobierno que al no abrir crisis y distanciarse del PSOE pagan la factura y pierden peso electoral.

Hay que movilizarse para impedir o derrotar las políticas que anuncian la coalición del PP y VOX

             El PP se ha radicalizado hacia posiciones de extrema derecha, para atraer a votantes de VOX, o bien, para consolidar las coaliciones PP-VOX en las autonomías que gobiernan, y asegurarse su apoyo para formar gobierno en las próximas elecciones generales si los resultados lo permiten. Un posible gobierno de esa naturaleza significa una autentica involución de la política en el estado español, que amenaza los derechos laborales de la clase trabajadora, los derechos cívicos, especialmente las conquistas del movimiento feminista,  o los derechos de las personas del colectivo LGTBIQ+, además, defienden la recentralización del estado, incrementaran la desigualdad, el racismo y la xenofobia contra las personas inmigrantes, aumentarán el gasto militar y el belicismo, si tenemos en cuenta el servilismo del dirigente de VOX Santiago Abascal hacia Donald Trump, y sus vínculos con la ultraderecha Internacional.

             Es necesario recordar el anuncio del PP de derogar la ley de Memoria Democrática, su campaña contra el absentismo con la que busca justificar nuevos recortes en los derechos laborales y en el acceso universal a la sanidad pública. Su posición en el tema de la vivienda es contraria al derecho de las personas a acceder a un alquiler asequible, y está a favor de los intereses de los grandes propietarios. En materia de las pensiones públicas, no podemos olvidar las políticas del gobierno de Mariano Rajoy de no revalorizar el poder adquisitivo de las pensiones con el IPC anual. Tampoco podemos olvidar el anuncio de VOX de deportar los inmigrantes que residen en España, incluso de quitar la nacionalidad a quienes la han obtenido legalmente.

             La asunción del PP del objetivo exigido por VOX de la “Prioridad nacional” es la puerta por donde se aplicarán medidas racistas y xenófobas, lo cual dispara la desigualdad, dificultará la integración de la población inmigrante en la sociedad española, y tendrá pésimas consecuencias sobre la evolución de la economía española, cuando las personas inmigrantes son fundamentales para cubrir los puestos de trabajos más duros en la construcción, limpieza pública, la industria, el trabajo en el campo evitando la despoblación rural, la atención domiciliaria a las personas mayores, servicios de restauración, etc. Puestos de trabajo que gran parte de la población autóctona no quiere cubrir, pues aspira a cubrir otros puestos acordes a la formación profesional o universitaria alcanzada.

             Además, la derecha se está beneficiando de las acciones del poder judicial, en plan “lawfare”, especialmente con la decisión del tribunal Supremo de suspender de manera cautelar la inscripción en el Censo Electoral de residentes Ausentes de quienes obtuvieron la nacionalidad española gracias a la ley de Memoria Democrática, conocida como “ley de nietos”, estimando en parte las medidas solicitadas por VOX y Iustitia Europa.

             La situación en Ceuta tras la entrada de más de 70.000 migrantes, cuya gran mayoría retornaron en 48 horas a Marruecos, y el resto formado por miles de menores y otras personas con solicitud de asilo que tienen el amparo de la legalidad española, además de miles de inmigrantes de Marruecos que aspiran a trabajar en España y la Unión Europea, ha causado un gran malestar social en la ciudad de Ceuta, ante la lentitud y pésima gestión del gobierno de España, malestar que intenta capitalizar políticamente el PP y VOX.

             Hay que movilizarse para evitar un gobierno de coalición entre el PP y VOX, desmontando su demagogia y falsedades, desenmascarando sus verdaderos objetivos antisociales, antidemocráticos y autoritarios.  O bien, para derrotarlo si alcanzase el gobierno, promoviendo un frente contra la alianza del PP y VOX, impulsando una movilización social y política que culmine en un proceso constituyente que proclame la República y una democracia soberana, igualitaria y avanzada socialmente.

Llamamos a refundar la izquierda transformadora, anticapitalista, antiimperialista, que defienda la Paz, la recuperación de la soberanía económica, y construya el socialismo

El horizonte social y político está lleno de amenazas, pero también de retos y oportunidades para avanzar hacia una democracia republicana, profundizar en los derechos sociales, laborales y cívicos, y construir una sociedad socialista, soberana, internacionalista, con la participación de la clase trabajadora y la mayoría social.

Hemos de dar pasos decisivos en los próximos meses, apoyándonos en los movimientos sociales con los que compartimos los objetivos sociales y cívicos, como la defensa de las pensiones públicas, la salud y educación públicas, la reducción de la semana laboral a 30 horas sin disminuir el salario y avanzar hacia el pleno empleo en condiciones dignas, la protección social suficiente en las prestaciones para superar la pobreza, la defensa de las personas mayores  y el personal laboral en las residencias, el equilibrio ecológico, la defensa de la soberanía alimentaria y la recuperación del trabajo agrícola que detenga la actual despoblación del mundo rural, la reindustrialización del país, avanzar hacia la igualdad social y el respeto e integración de las personas inmigrantes, oposición radical a los intentos de involución de la ultraderecha, defender de la paz, la salida de la OTAN y el recorte del gasto militar, establecer mecanismos de control estatal e internacional sobre la Inteligencia artificial que evite un uso antidemocrático e inhumano de las empresas que la gestionan, avanzar hacia la  República, y construir una sociedad socialista autogestionada por la clase trabajadora y la mayoría social, etc.

Llamamos a las organizaciones políticas, sociales y cívicas, a las personas, que comparten el programa por el cambio social, a encontrarse y dialogar para avanzar en el camino que permita refundar la izquierda transformadora, y construir un frente antimperialista y antifascista que nos permita movilizar a la clase trabajadora para derrotar la coalición de la derecha representada por el PP y la ultraderecha que encabeza VOX.

¡Construyamos juntos un futuro mejor, y en paz, para nuestro país y los pueblos del mundo!

¡SOCIALISMO O BARBARIE!

Septiembre 2026

SOCIALISMO 21

 

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El BSW irrumpe con fuerza en el panorama político alemán: la izquierda tradicional y obrera encuentra un nuevo hogar

Por Carlos Martínez, presidente de Soberanía y Trabajo y politólogo

La entrada de la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) en el Parlamento regional de Sajonia-Anhalt no es un hecho aislado. Es la confirmación de un fenómeno político que ya se ha dejado sentir en otros lander alemanes y que representa el resurgir de una izquierda auténtica, defensora de la paz, de la soberanía nacional y de los intereses de la clase trabajadora.

Un éxito que se consolida

El BSW ha logrado superar la barrera del 5% en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt, obteniendo un 5,3% de los votos y 5 escaños en el parlamento regional. Este resultado, aunque ajustado, es de una importancia capital porque convierte al BSW en la llave de gobernabilidad de la región. La formación, que se presentaba por primera vez en estos comicios, ha demostrado que su mensaje cala en una sociedad harta de las políticas de la gran coalición.

Este éxito en Sajonia-Anhalt se suma a los ya cosechados en otros estados federados. En Brandeburgo, el BSW irrumpió con un 13,5% de los votos y 14 escaños en 2024. En Turingia, logró un 16% y 15 escaños, y en Sajonia alcanzó el 11,8% y 15 escaños. Estos datos demuestran que el BSW no es un fenómeno pasajero, sino una fuerza política consolidada que ha llegado para quedarse y que está llamada a ser el referente de la izquierda obrera en Alemania.

Los artífices de este renacer: Lafontaine y Wagenknecht

Detrás de este éxito hay dos figuras de un enorme peso político e intelectual. Por un lado, Oskar Lafontaine, un veterano socialdemócrata que fue secretario general y líder del SPD, y que dimitió de su cargo de ministro de Hacienda por oponerse a las políticas neoliberales y del Banco Central Europeo. Lafontaine fue el primero en denunciar la deriva de Die Linke cuando esta apoyó la política alemana de respaldo al régimen ucraniano y las maniobras que llevaron a la guerra. Su crítica a la financiación de partidos de izquierda por parte de oligarcas estadounidenses es un aldabonazo que debería hacer reflexionar a más de uno.

Por otro, Sahra Wagenknecht, una líder sólida, de formación marxista, que militó en el SED, el partido comunista de la Alemania Oriental. Wagenknecht ha sabido construir un proyecto político que recupera las esencias de la izquierda: la defensa de los trabajadores, el intervencionismo estatal, el control de los alquileres y la protección de las pensiones. Frente a la «izquierda caviar» que ha abandonado la lucha de clases por el activismo identitario, Wagenknecht representa la vuelta a los orígenes.

Frente a los bulos: ni extrema derecha ni woke

Los intentos de la prensa hegemónica y de las agencias vinculadas al entorno de Soros de vincular al BSW con la extrema derecha son tendenciosos y falsos. Para políticas derechistas, las que practica el actual gobierno alemán y el Partido Verde, que es neoliberal y apoya el sionismo y la guerra de la OTAN.

Es cierto que el BSW se opone a la guerra contra Rusia, a la desindustrialización de Alemania y a la destrucción del estado social que la Unión Europea propugna. Pero esto no es ser de derechas; es defender la soberanía y los intereses de la mayoría social. Precisamente, el BSW ha frenado a la extrema derecha en dos lander anteriormente y lo que propone es un presidente no partidario, independiente, denunciando que en Sajonia-Anhalt será la CDU la que, con sus políticas de sumisión a la OTAN y a los mercados, lleve al gobierno a la AfD.

La izquierda woke, responsable del ascenso de la ultraderecha

Quienes tienen que reflexionar son los woke y sus políticas liberales que, aliados con los conservadores europeos y alemanes, están llevando en volandas al poder a la extrema derecha. La izquierda verde y poscomunista, lejos de frenar a las derechas, aplica políticas liberales contra los trabajadores. Esta «izquierda» ha sustituido el análisis materialista por un conjunto de ideas teológicas importadas de los campus universitarios estadounidenses. Su bandera ya no es la solidaridad de clase, sino una corrección política individualista que, lejos de desafiar el poder capitalista, le sirve de cortina de humo.

Concluyendo: una esperanza para la clase obrera

El BSW es una luz de esperanza en un panorama desolador. Representa la posibilidad de reconstruir una izquierda que no renuncie a la centralidad de la lucha de clases y a la defensa intransigente de los trabajadores. Mientras la socialdemocracia y la izquierda posmoderna siguen su camino de autodestrucción, el BSW demuestra que hay alternativa. Es el momento de apoyar a los nuevos partidos que están surgiendo reclamando políticas de clase y de reparto, y de apoyo a las mayorías, no a tribus y grupos minoritarios, cuyos derechos respetamos pero que no pueden dejar abandonada a una clase obrera a la que desprecian.

 

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El Sáhara Occidental: la herida abierta del colonialismo en el siglo XXI

Por Carlos Martínez, politólogo y miembro de Sovintern

Hay causas que trascienden las fronteras y los intereses de los poderosos. Hay luchas que, aunque silenciadas por los grandes medios y ninguneadas por las cancillerías occidentales, se sostienen en la verdad histórica, en el derecho y en la dignidad de un pueblo. La causa del Sáhara Occidental es una de ellas. No es solo una causa anticolonial y antiimperialista; es también la causa de la justicia, del derecho internacional y del principio fundamental de que ningún pueblo puede ser sometido contra su voluntad.

El marco jurídico: una deuda pendiente con la historia

El Sáhara Occidental figura todavía hoy en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas. Fue incluido en 1963 y, desde entonces, la comunidad internacional ha sido clara: España sigue siendo de iure la potencia administradora del territorio. La Asamblea General de la ONU estableció ya en 1965, mediante la Resolución 2072, que España debía conducir el Sáhara Occidental hacia su emancipación política. Pero ese proceso quedó trunco.

Los llamados Acuerdos de Madrid de 1975, firmados en la agonía del franquismo, no transfirieron la soberanía del territorio ni modificaron su estatus jurídico internacional. El asesor jurídico de Naciones Unidas lo recordó en 2002: España no podía disponer unilateralmente de su condición de potencia administradora ni transferir la soberanía del territorio. Ese criterio ha sido reiterado incluso por la Audiencia Nacional española en 2014.

Sin embargo, el referéndum de autodeterminación prometido sigue sin celebrarse. La MINURSO fue establecida en 1991 para organizar esa consulta. Más de treinta años después, el pueblo saharaui sigue esperando. La reciente Resolución 2797 del Consejo de Seguridad, adoptada el 31 de octubre de 2025, renueva un año más el mandato de la MINURSO, pero evita abrir vías sustantivas que permitan avanzar hacia el referéndum. Es la misma inacción de siempre, el mismo aplazamiento que favorece al ocupante.

La traición de 1975 y la cesión de 2022

España no solo abandonó su responsabilidad; la entregó a manos de quien no tenía derecho a recibirla. El 9 de noviembre de 1975, el rey Juan Carlos I, impuesto por Franco y «hermano» del monarca alauita Hassan II, pactó la entrega del Sáhara a Marruecos. No fue un acto de estado mayoritario ni consultado; fue una cesión vergonzosa, urdida en despachos, que condenó a un pueblo entero a la ocupación.

Y medio siglo después, la historia se repitió. Pedro Sánchez, sin consultar al Parlamento ni al pueblo español, cambió la histórica posición de neutralidad de España y apoyó el plan de autonomía marroquí como «la base más seria, realista y creíble» para una solución. Un giro que muchos analistas han interpretado como una progresiva política de acomodación a las posiciones de Rabat. El acuerdo administrativo firmado en diciembre de 2025 entre los ministerios de Educación de España y Marruecos, que cede la enseñanza en el colegio español La Paz de El Aaiún a la administración educativa marroquí, es solo el último episodio de esta rendición. Marruecos ha visto la debilidad del Reino de España y sus gobiernos y a diferencia de ellos sabe lo que quiere y como conseguirlo, mientras que las autoridades españolas carecen de plan y su sujeción a los intereses de los EEUU y su miedo a la corona alauita junto a sus dadivas y corrupciones, mantiene un política errática, miedosa y liberal carente de toda defensa de la soberanía propia y la dignidad.

Marruecos, EE.UU. e Israel: el eje de la ocupación

Marruecos no actúa solo. Su expansión territorial, basada en supuestos derechos históricos de antiguos sultanatos que nada tienen que ver con el derecho internacional contemporáneo, se sostiene sobre alianzas estratégicas con las potencias occidentales y con el ente sionista de Israel.

En diciembre de 2020, la Administración Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental a cambio de la normalización de relaciones entre Marruecos e Israel. Fue un canje vergonzoso: un territorio pendiente de descolonización se convirtió en moneda de cambio en los Acuerdos de Abraham. Desde entonces, Estados Unidos ha reiterado su apoyo a la posición de Rabat, y Francia y Alemania han calificado el plan de autonomía marroquí como «serio y creíble». La alianza con Israel, con cooperación en seguridad, tecnología y economía, ha dado a Marruecos un respaldo político y militar sin precedentes.

Esta alianza no es un fenómeno aislado. Es parte de un nuevo mapa de alianzas que debilita la posición negociadora de Europa y convierte el Mediterráneo en un escenario de presión y chantaje. Marruecos ha aprendido que puede usar la presión migratoria como arma de negociación. No es un socio de fiar; es un país que juega sistemáticamente con cartas marcadas.

Pero la dinastía alauita convierte a su propio pueblo en objeto de su explotación y expropiación de riquezas y derechos, empobreciéndolo y negándole el bienestar, manipulándole y oprimiendo a otras minorías interirores, mientras su rey posee la quinta fortuna más grande de África.

El Frente Polisario: la voz legítima de un pueblo

Frente a esta alianza de potencias coloniales y neo-coloniales, el Frente Polisario se mantiene en pie. No es un grupo cualquiera; es el único representante legítimo del pueblo saharaui, reconocido como tal por la ONU y por la Unión Africana. La Asamblea General de Naciones Unidas, mediante las Resoluciones 34/37 (1979) y 35/19 (1980), reconoció al Frente Polisario como representante del pueblo del Sáhara Occidental. Desde 1984, la República Árabe Saharaui Democrática es miembro de pleno derecho de la Unión Africana.

La inmensa mayoría de las potencias africanas, todas ellas ex colonias, reconocen al Frente Polisario como el legítimo representante del pueblo saharaui. Numerosas naciones, partidos políticos y asociaciones internacionales respaldan su causa. La lucha saharaui es, además, una causa antiimperialista. Marruecos, EE.UU. e Israel solo gozan del apoyo de potencias que fueron colonizadoras y que desean hacer del reino alauita una base contra el multilateralismo y la soberanía de los pueblos.

Neocolonialismo: el expolio del Sur Global

El Sáhara Occidental no es un caso aislado. Es la expresión de una lacra más amplia: el neocolonialismo. Occidente y sus potencias siguen practicando la usurpación y expropiación de las riquezas naturales del Sur Global. El Sáhara Occidental es un territorio rico en fosfatos, pesca, hidrocarburos y otros recursos. Su ocupación bloquea la explotación de esos recursos por su población autóctona, mientras se los ofrece a empresas multinacionales y a potencias extranjeras que están entrando a saco en el Sahara Occidental.

Marruecos, con la connivencia de EE.UU., Israel, la OTAN y la Unión Europea, mantiene un escenario de guerra y ocupación para asegurar el control de esas riquezas. Cuando las naciones del mundo demuestran ser capaces de lograr su propio desarrollo, las potencias coloniales recurren a sátrapas o a la guerra. La causa saharaui expresa que el colonialismo sigue presente, y que tanto Marruecos por sí mismo como por delegación occidental lo ejerce, al igual que el ente sionista de Israel en Palestina o Gran Bretaña en Gibraltar.

Conclusión: la justicia no prescribe

El Sáhara Occidental es la última colonia de África. Es el recordatorio de que el colonialismo no es un asunto del pasado, sino una realidad presente. Es la prueba de que el derecho internacional puede ser violado impunemente cuando los poderosos así lo deciden. Pero la justicia no prescribe. El pueblo saharaui sigue en pie, el Frente Polisario sigue luchando, y la comunidad internacional tiene la obligación moral y jurídica de exigir el cumplimiento de las resoluciones de la ONU.

España, como potencia administradora, tiene la obligación de contribuir a un referéndum de autodeterminación. No puede lavarse las manos. No puede esconderse tras acuerdos vergonzosos. El pueblo saharaui merece decidir su futuro. Y el mundo, si realmente cree en la justicia, en el derecho internacional y en la soberanía de los pueblos, debe estar de su lado.

 

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El Sáhara Occidental: la herida abierta del colonialismo en el siglo XXI

Por Carlos Martínez, politólogo y miembro de Sovintern

Hay causas que trascienden las fronteras y los intereses de los poderosos. Hay luchas que, aunque silenciadas por los grandes medios y ninguneadas por las cancillerías occidentales, se sostienen en la verdad histórica, en el derecho y en la dignidad de un pueblo. La causa del Sáhara Occidental es una de ellas. No es solo una causa anticolonial y antiimperialista; es también la causa de la justicia, del derecho internacional y del principio fundamental de que ningún pueblo puede ser sometido contra su voluntad.

El marco jurídico: una deuda pendiente con la historia

El Sáhara Occidental figura todavía hoy en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas. Fue incluido en 1963 y, desde entonces, la comunidad internacional ha sido clara: España sigue siendo de iure la potencia administradora del territorio. La Asamblea General de la ONU estableció ya en 1965, mediante la Resolución 2072, que España debía conducir el Sáhara Occidental hacia su emancipación política. Pero ese proceso quedó trunco.

Los llamados Acuerdos de Madrid de 1975, firmados en la agonía del franquismo, no transfirieron la soberanía del territorio ni modificaron su estatus jurídico internacional. El asesor jurídico de Naciones Unidas lo recordó en 2002: España no podía disponer unilateralmente de su condición de potencia administradora ni transferir la soberanía del territorio. Ese criterio ha sido reiterado incluso por la Audiencia Nacional española en 2014.

Sin embargo, el referéndum de autodeterminación prometido sigue sin celebrarse. La MINURSO fue establecida en 1991 para organizar esa consulta. Más de treinta años después, el pueblo saharaui sigue esperando. La reciente Resolución 2797 del Consejo de Seguridad, adoptada el 31 de octubre de 2025, renueva un año más el mandato de la MINURSO, pero evita abrir vías sustantivas que permitan avanzar hacia el referéndum. Es la misma inacción de siempre, el mismo aplazamiento que favorece al ocupante.

La traición de 1975 y la cesión de 2022

España no solo abandonó su responsabilidad; la entregó a manos de quien no tenía derecho a recibirla. El 9 de noviembre de 1975, el rey Juan Carlos I, impuesto por Franco y «hermano» del monarca alauita Hassan II, pactó la entrega del Sáhara a Marruecos. No fue un acto de estado mayoritario ni consultado; fue una cesión vergonzosa, urdida en despachos, que condenó a un pueblo entero a la ocupación.

Y medio siglo después, la historia se repitió. Pedro Sánchez, sin consultar al Parlamento ni al pueblo español, cambió la histórica posición de neutralidad de España y apoyó el plan de autonomía marroquí como «la base más seria, realista y creíble» para una solución. Un giro que muchos analistas han interpretado como una progresiva política de acomodación a las posiciones de Rabat. El acuerdo administrativo firmado en diciembre de 2025 entre los ministerios de Educación de España y Marruecos, que cede la enseñanza en el colegio español La Paz de El Aaiún a la administración educativa marroquí, es solo el último episodio de esta rendición. Marruecos ha visto la debilidad del Reino de España y sus gobiernos y a diferencia de ellos sabe lo que quiere y como conseguirlo, mientras que las autoridades españolas carecen de plan y su sujeción a los intereses de los EEUU y su miedo a la corona alauita junto a sus dadivas y corrupciones, mantiene un política errática, miedosa y liberal carente de toda defensa de la soberanía propia y la dignidad.

Marruecos, EE.UU. e Israel: el eje de la ocupación

Marruecos no actúa solo. Su expansión territorial, basada en supuestos derechos históricos de antiguos sultanatos que nada tienen que ver con el derecho internacional contemporáneo, se sostiene sobre alianzas estratégicas con las potencias occidentales y con el ente sionista de Israel.

En diciembre de 2020, la Administración Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental a cambio de la normalización de relaciones entre Marruecos e Israel. Fue un canje vergonzoso: un territorio pendiente de descolonización se convirtió en moneda de cambio en los Acuerdos de Abraham. Desde entonces, Estados Unidos ha reiterado su apoyo a la posición de Rabat, y Francia y Alemania han calificado el plan de autonomía marroquí como «serio y creíble». La alianza con Israel, con cooperación en seguridad, tecnología y economía, ha dado a Marruecos un respaldo político y militar sin precedentes.

Esta alianza no es un fenómeno aislado. Es parte de un nuevo mapa de alianzas que debilita la posición negociadora de Europa y convierte el Mediterráneo en un escenario de presión y chantaje. Marruecos ha aprendido que puede usar la presión migratoria como arma de negociación. No es un socio de fiar; es un país que juega sistemáticamente con cartas marcadas.

Pero la dinastía alauita convierte a su propio pueblo en objeto de su explotación y expropiación de riquezas y derechos, empobreciéndolo y negándole el bienestar, manipulándole y oprimiendo a otras minorías interirores, mientras su rey posee la quinta fortuna más grande de África.

El Frente Polisario: la voz legítima de un pueblo

Frente a esta alianza de potencias coloniales y neo-coloniales, el Frente Polisario se mantiene en pie. No es un grupo cualquiera; es el único representante legítimo del pueblo saharaui, reconocido como tal por la ONU y por la Unión Africana. La Asamblea General de Naciones Unidas, mediante las Resoluciones 34/37 (1979) y 35/19 (1980), reconoció al Frente Polisario como representante del pueblo del Sáhara Occidental. Desde 1984, la República Árabe Saharaui Democrática es miembro de pleno derecho de la Unión Africana.

La inmensa mayoría de las potencias africanas, todas ellas ex colonias, reconocen al Frente Polisario como el legítimo representante del pueblo saharaui. Numerosas naciones, partidos políticos y asociaciones internacionales respaldan su causa. La lucha saharaui es, además, una causa antiimperialista. Marruecos, EE.UU. e Israel solo gozan del apoyo de potencias que fueron colonizadoras y que desean hacer del reino alauita una base contra el multilateralismo y la soberanía de los pueblos.

Neocolonialismo: el expolio del Sur Global

El Sáhara Occidental no es un caso aislado. Es la expresión de una lacra más amplia: el neocolonialismo. Occidente y sus potencias siguen practicando la usurpación y expropiación de las riquezas naturales del Sur Global. El Sáhara Occidental es un territorio rico en fosfatos, pesca, hidrocarburos y otros recursos. Su ocupación bloquea la explotación de esos recursos por su población autóctona, mientras se los ofrece a empresas multinacionales y a potencias extranjeras que están entrando a saco en el Sahara Occidental.

Marruecos, con la connivencia de EE.UU., Israel, la OTAN y la Unión Europea, mantiene un escenario de guerra y ocupación para asegurar el control de esas riquezas. Cuando las naciones del mundo demuestran ser capaces de lograr su propio desarrollo, las potencias coloniales recurren a sátrapas o a la guerra. La causa saharaui expresa que el colonialismo sigue presente, y que tanto Marruecos por sí mismo como por delegación occidental lo ejerce, al igual que el ente sionista de Israel en Palestina o Gran Bretaña en Gibraltar.

Conclusión: la justicia no prescribe

El Sáhara Occidental es la última colonia de África. Es el recordatorio de que el colonialismo no es un asunto del pasado, sino una realidad presente. Es la prueba de que el derecho internacional puede ser violado impunemente cuando los poderosos así lo deciden. Pero la justicia no prescribe. El pueblo saharaui sigue en pie, el Frente Polisario sigue luchando, y la comunidad internacional tiene la obligación moral y jurídica de exigir el cumplimiento de las resoluciones de la ONU.

España, como potencia administradora, tiene la obligación de contribuir a un referéndum de autodeterminación. No puede lavarse las manos. No puede esconderse tras acuerdos vergonzosos. El pueblo saharaui merece decidir su futuro. Y el mundo, si realmente cree en la justicia, en el derecho internacional y en la soberanía de los pueblos, debe estar de su lado.

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