Un modelo de educación cada vez más neoliberal y más segregador, menos participativo y más autoritario.
Es francamente indignante ver la ligereza con que actúan nuestros responsables de educación. En unos tiempos en que los centros educativos públicos están pasando su peor momento, con aulas masificadas, clases sin profesores porque no llegan los substitutos/as hasta pasados 10 días, miles de docentes en la calle sin trabajo, el profesorado obligado a trabajar más y cobrar menos, padres y madres que no pueden pagar las guarderías, niños y niñas sin comedor escolar…, no se le ocurre otra cosa a nuestro Ministro de Educación que dar impulso a nuevos cambios y amenazar con una contrarreforma.
En momentos de profundo malestar, recortes y protestas, lo último que necesita nuestro sistema educativo es proponer nuevos cambios y más cuando todo apunta que estos cambios no están destinados a mejorar la educación, sino que responden a opciones ideológicas y partidistas que en nada ayudarán a resolver los problemas actuales.
Son altamente preocupantes tanto el contenido como la oportunidad de este anteproyecto. Respecto al contenido, lo es todo menos nuevo. De hecho, algunas de las medidas que se plantean no son más que un salto hacia el pasado remoto, resucitando las antiguas reválidas estatales y el cuerpo de directores, propios de los tiempos predemocráticos.
Las propuestas persiguen una re-centralización y un mayor control del Estado con respecto a las autonomías, pero además son segregadoras para el alumnado y proponen la desaparición total de la democracia en el funcionamiento de los centros.
La reducción, en un 10%, de la parte del temario escolar que deciden las autonomías, más las nuevas evaluaciones y reválidas estatales, no parece que sean medidas pedagógicas que ayudarán a disminuir el fracaso escolar, más bien son un intento de mayor control de los contenidos por parte del Ministerio.
Las dos reválidas al finalizar 4º de la ESO, diferenciadas para el alumnado que ha cursado el itinerario de FP o el de Bachillerato, implican la creación de dos títulos diferenciados que dan acceso a dos tipologías de estudios, lo que no ayuda en absoluto a la necesidad de abrir el sistema educativo y que sea más fácil transitar entre distintas opciones post-obligatorias. Parece, más bien, que los alumnos/as que opten por la reválida de FP tendrán mucho más difícil acceder a un bachillerato o a un ciclo de FP superior, lo que aumenta la fractura educativa. Y añadir otra reválida al finalizar el bachillerato, además de las pruebas que cada universidad tiene la competencia de hacer, implica también aumentar las dificultades para acceder a los estudios universitarios.
¿Para qué evaluamos los docentes a nuestros alumnos, si, finalmente, todo se va a jugar con exámenes externos? ¿Se trata de controlar aquello que el profesorado enseña en el aula? ¿Para qué dedicar tanto tiempo, recursos y esfuerzos en más evaluaciones, cuando de lo que se trata es de ensenar más y mejor? ¿No implica todo ello, una desconfianza y desvalorización del trabajo de los docentes en sus aulas? ¿Quién, y en función de qué, va a decidir el contenido de todas estas evaluaciones? ¿Vamos a tener que dedicar nuestros esfuerzos en preparar evaluaciones, en vez de educar al alumnado?
Se crea también un nuevo ciclo de FP, la Formación Profesional Básica, a la que el alumnado podrá acceder con 15 años y que no dará opción a obtener el Graduado en ESO. Esta medida abre la puerta a la marginación de cierto sector del alumnado con dificultades, al que el sistema educativo no sabe dar respuesta y opta por la vía fácil, la de mantenerlo con un subtítulo inferior a una educación obligatoria y echarlo del sistema a los 16 años sin posibilidad factible de volver a entrar. En vez de apostar por recursos que permitan atender a este alumnado con más dificultades, se da un paso hacia atrás de gigante al desmantelar la universalidad y homogeneidad de la educación básica obligatoria hasta los 16 años.
Finalmente, el anteproyecto también anula la potestad que hasta ahora tenían los consejos escolares para «aprobar y evaluar el proyecto educativo, así como las normas de organización y funcionamiento de los centros» y, al mismo tiempo, se aumenta la profesionalización de las direcciones y se dota de más recursos a los centros que propongan proyectos de mejora. Se consolida así un modelo de gestión totalmente piramidal y se estimula la creación de centros públicos de distintas «categorías», estimulando la competitividad dentro de la red de centros públicos.
En definitiva, un modelo de educación cada vez más neoliberal y más segregador, menos participativo y más autoritario. Una contrarreforma que no contempla medidas pedagógicas contra el fracaso escolar o el abandono prematuro. Unos cambios que, junto a todos los recortes, no harán más que aumentar las desigualdades educativas.
Es importante abrir una discusión dentro de la comunidad educativa para divulgar el alcance y las consecuencias de estas propuestas y luchar para que no se avance en el desmantelamiento de una educación pública cuyo objetivo es promover la igualdad de oportunidades y tratar de compensar las desigualdades sociales de nuestro alumnado.
*Profesora. Portavoz del sindicato USTEC·STEs
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