Daily Archives: 20 marzo, 2013

«No existe fuerza política ni sindical, entre las que han constituido el régimen, que no se encuentre involucrada hasta la médula en la corrupción»

Joaquín Miras y Joan Tafalla

“Los partidos nacen y se constituyen en organización para dirigir la situación en momentos histórica-mente vitales para su clase; pero no siempre saben adaptarse a las nuevas tareas y a las nuevas épocas, no siempre saben desarrollarse según se van desarrollando las relaciones totales de fuerza (y por lo tanto la posición relativa de sus clases) en el país determinado o en el campo internacional…

La burocracia es la fuerza consuetudinaria y conservadora más peligrosa; si ésta acaba por constituir un grupo solidario, que se apoya en sí mismo y se siente independiente de la masa, el partido acaba por volverse anacrónico, y en los momentos de crisis aguda queda vacío de su contenido social y queda como apoyado en el aire”. Antonio Gramsci[1]

La situación política española está marcada, como sabemos, por la conjunción en el tiempo de dos fenómenos históricos: la así llamada crisis económica y la crisis del conjunto de formas de dominación y dirección creadas durante la así llamada Transición.

La conjunción de ambos elementos produce fenómenos complejos ante los cuales es difícil orientarse. Sobre todo, y ese es el objeto principal de esta reflexión, si la autoproclamada izquierda se empeña en enfrentarse a ellos desde un pensamiento débil. Extremadamente débil.

Primero: los mecanismos de desposesión y expropiación que llaman crisis.

La llamada crisis económica ha sido producida por el sector financiero del capitalismo, lanzado a una fase de acumulación de capital basada en la desposesión de la mayoría de la población. Esta ofensiva de los expropiadores incluye diversos aspectos:

a.- En el territorio comprendido dentro de la Unión europea, el capital financiero e industrial alemán, tras una larga marcha, ha conquistado el espacio vital (Lebesraum) que la geopolítica alemana de los años veinte del siglo pasado consideraba imprescindible para darle un rol hegemónico en Eurasia. Una conquista de evidentes características neo-colonizadoras de los  territorios periféricos de la Unión Europea.

Los autores de este material venimos denunciando desde los años ochenta del siglo pasado el carácter imperialista de la llamada construcción europea: nos opusimos a la entrada de España en el Mercado Común, nos opusimos al tratado de Maastricht, nos opusimos al Tratado constitucional de la Unión, nos opusimos al euro, nos opusimos al fraudulento cambio de la constitución española en 2011. Teníamos sólidas razones para hacerlo y la realidad ha venido a demostrarlas. Desde esta perspectiva consideramos que reconocer analíticamente la situación actual y, proponer, como hace la izquierda, sea el PSOE o todo lo que se halla a su izquierda, políticas supuestamente favorables al pueblo trabajador sin poner en cuestión el proceso europeo, es pura demagogia.

La destrucción de estados y de soberanías por parte de la UE, mediante una larga (casi cuarenta años) ofensiva institucionalizadora de nuevos mecanismos políticos, jurídicos y económicos ha hecho entrar en barrena los escasos instrumentos políticos democráticos existentes que se habían institucionalizado tras la derrota del fascismo y del nazismo en 1945. Como consecuencia de esa ofensiva, en el conjunto de Europa toda una civilización se está hundiendo.

Las conquistas acumuladas por las luchas más que centenarias del movimiento obrero, por la ofensiva frente populista y antifascista y de la Resistencia antifascista, pero también por la llegada del Ejército Rojo al río Elba, y por la presencia de fuertes partidos comunistas de masas y de fuertes sindicatos de clase  están en cuestión.

La entrada de España en la UE condenó a nuestro país a un papel periférico para siempre más en la dinámica de desarrollo libre del capitalismo en el área de la UE. La industria competitiva se desmanteló[2], se entró en la permanente subasta a la baja de los costes laborales.

Las centrales sindicales mayoritarias mostraron a los trabajadores que la resignación y la sumisión era única vía para poder trabajar. Ello sin que las minoritarias o las sucesivas y localizadas escisiones de CCOO pudieran o supieran revertir este proceso.

Las condiciones laborales eran cada vez más similares a la esclavitud a tiempo parcial. Mientras, los sucesivos gobiernos presentaban como muestra de su sagacidad política y de su utilidad para los trabajadores la concesión de ingentes incentivos fiscales e incluso urbanísticos (mediante recalificaciones o cesiones gratuitas de suelo industrial) para que las multinacionales del automóvil o de otros sectores de la producción decidieran localizar en España la producción de unos de sus modelos[3].

Este proceso de recolocación de España en una lugar periférico dentro de la UE fue encubierta por la cortina de humo de los ingentes fondos europeos ( cuyo carácter corruptor masivo de las conciencias debe ser tenido muy en cuenta), que mantuvo el espejismo de una mejora de las condiciones de vida para toda una generación. Pan para hoy, hambre para mañana. O actualizando el dicho: pan para ayer, hambre para hoy.

Los instrumentos para la destrucción de las conquistas sociales fueron y son amplios y variados.  Además de la actual creación del espacio ultraliberal entre Lisboa y Rusia que es la UE, el capital industrial europeo, ya tras la crisis de 1973, había iniciado la implementación de una Nueva División Internacional, cuyo objetivo principal era la destrucción de las conquistas del movimiento sindical[4].

Este segundo instrumento, tuvo una importancia quizás mayor porque cambió la estructura productiva, y liquidó las anteriores culturas del trabajo que construían y a la vez daban autoconsciencia a un sujeto subalterno autónomo; le permitían autocomprenderse en sus expectativas, en sus metas diferenciadas – dignidad del trabajo, reivindicación de su rol en la sociedad, etc-.

Desaparecidas las causas eficientes del llamado estado del bienestar, el capitalismo ya desembridado se lanza a la ofensiva final contra unas conquistas  que propiciaron avances ya no sólo salariales y en los derechos sociales, sino que, incluso, habían generado nuevas perspectivas de ascenso social como producto del acceso de sectores de los hijos de la clase obrera a la universidad. Toda una entera civilización y cultura está en trance de desaparecer.

En su megalómana ofensiva, el capital libre ya de todo freno que lo someta a las leyes, liquida los derechos del hombre y del ciudadano, proclamados por la Ilustración y por la Revolución francesa. El derecho a la existencia, a la salud, a la instrucción pública, al trabajo o a la vivienda sobran en las constituciones.

La soberanía del pueblo como base del poder político y el derecho a la insurrección contra la tiranía son negados por los legitimadores del poder tiránico del capital. No caracterizar la fase actual del capitalismo como un intento de vuelta a la esclavitud y/o a los mecanismos feudales de acumulación y desposesión nos parece miopía o simplemente, demagogia.

b.- En la División Internacional del Trabajo, España está condenada a la desindustrialización, a la especulación urbanística (cuyo estallido está teniendo tremendas consecuencias sociales), a participar en la subasta a la baja de las condiciones de trabajo, y a cultivar el turismo, como únicas salidas.

Las políticas de expropiación de las clases populares se realizan mediante la transformación de la deuda privada en deuda pública. Se hizo crecer escandalosamente el déficit público mediante ingentes transferencias a una banca a la que se debería haber dejado caer en la bancarrota. Se pretende  conseguir el equilibrio fiscal, que debe equilibrar ese ingente déficit artificial, mediante la reducción drástica del gasto social (no así el militar, por ejemplo) y por el incremento del ingreso mediante impuestos indirectos que se imputan al pueblo trabajador y no a quienes más tienen.

Todo ello está acarreando la miserabilización de ingentes capas de la población.  En el doble sentido: hundimiento en la pobreza de enormes sectores de la población, desposesión de la casi totalidad de la población y, en resumen, crecimiento desmesurado de la desigualdad entre una mayoría de la sociedad que incluye a casi el 99 % de la misma y un 1% que se enriquece de forma igualmente, proporcionalmente, desmesurada. La sociedad de la desigualdad extrema.

Algunos de estos datos son escalofriantes:

1. 5.965.400 parados según la EPA del último trimestre de 2012.
2. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (estrategia Europa 2020) ha pasado del 24,4 % en el año 2004 al 26,8 % en 2012[5].
3. La tasa de personas que padecen muchas dificultades para llegar a fin de mes pasó para el mismo periodo de 11,1 % a 13,5 %, mientras que las que pasan dificultades pasaron de 17,6 % a 17,2 % [6]. Más de la tercera parte de la población tiene problemas para llegar a fin de mes.
4. La evolución de las tasas de carencia aumentó en el mismo periodo de forma alarmante

1. El 21,1 % del total de la población española vive por debajo del umbral de pobreza en 2012.
2. Los ingresos medios anuales de los hogares españoles alcanzaron los 24.609 euros en 2011, con una disminución del 1,9% respecto al año anterior. Si lo dividimos por persona, el ingreso medio de una persona que vive en España es de 9.321 euros, un 1,31% aún más bajo que en 2011.
3. La tasa de pobreza aumenta entre las personas en edad de trabajar, entre 16 y 64 años, pasando del 19,4% en 2010 al 21,0% en 2012.
4. Uno de cada cuatro menores de 16 años se sitúa por debajo del umbral de pobreza.
5. El futuro de casi dos generaciones ha sido destruido por la voracidad desatada del capital financiero. Las cifras del INE son, de nuevo, horripilantes:

Unidades: Miles de personas. Periodo IV trimestre de 2012. Ambos sexos. Fuente: INE

Total ActivosOcupadosParadosParados que buscan primer empleoInactivosDe 16 a 19 años1.728,5260,367,6192,7134,01.468,2De 20 a 24 años2.384,21.427,1689,6737,5188,2957,1

Las expectativas de consumo para el conjunto de la población con excepción de los mayores de 65 años están en crisis. El resultado de todo ello es  que las jóvenes generaciones viven y vivirán peor que las anteriores.

Un sector de los hijos de las clases subalternas han estudiado “por encima de sus posibilidades” parafraseando la cínica expresión de los poderosos. El ascensor social ha sufrido una parada brutal, y ha generado una brusca decepción de las expectativas. El fenómeno de la nueva emigración de jóvenes bien preparados adquiere alcances escandalosos que muestran la inviabilidad del sistema: ya no puede proporcionar a la población joven un futuro digno, ni tan sólo un futuro.

La inversión hecha en España en relación a la formación de la joven generación será rentabilizada, mediante un nuevo mecanismo imperialista de desposesión por Alemania y por otras economías centrales. Al propio tiempo, esta nueva emigración proporciona al sistema una válvula de escape para sus agudas contradicciones: atenúa las cifras del paro y exilia a los cerebros mejor preparados de una generación.

En España esa magnífica formación será dilapidada mediante el subempleo de licenciados universitarios en trabajos que requieren escasa o nula formación, pagados a precios irrisorios y con horarios esclavistas. La frase: en España no hay futuro, es una realidad para más de la mitad de los jóvenes españoles[9].

La pregunta pertinente ante la miserabilización creciente, ante el robo descarado de su futuro para los jóvenes es: ¿por qué motivo no sea ha producido aún una revolución si los de abajo ya no pueden vivir como vivían y/o como esperaban vivir? Si el indulgente lector tiene la paciencia de seguirnos, trataremos de esbozar una respuesta más adelante. Ahora debemos ocuparnos del segundo fenómeno anunciado en el primer párrafo de este material.

Segundo: la crisis política del régimen de la transición.

“Por supuesto que no se puede decir que en la URSS no hubiese corrupción.La había, sobretodo en las repúblicas que integraban la unión. Pero encomparación con el desmadre actual, es como la noche y el día.

Debemos comprender algo muy sencillo: para el socialismo, la corrupción es como una enfermedad infantil, mientras que para el capitalismo, la corrupción es como el esqueleto. Y a un organismo vivo no le puedes arrancar el esqueleto”. Leonid Kalashnikov[10]

 Junto a la calamitosa situación económica señalada, se produce además la pérdida de legitimidad, el descrédito y la amenaza de  colapso del conjunto de las instituciones y magistraturas creadas durante la transición al régimen actual. Entre ellas, la corona, la judicatura, los partidos políticos y fuerzas sindicales del régimen. La causa de esta pérdida de legitimación del régimen es la corrupción que lo ha devorado.

No existe fuerza política ni sindical, entre las que han constituido el régimen, que no se encuentre involucrada hasta la médula en la corrupción.

La corrupción es asunto gravísimo desde larga data. Sin pretensión de ser exhaustivos recordamos los “casos” Nasseiro, “Flick”/Filesa, Banca Catalana. También el 0´07 de la masa salarial destinada por la ley a formación continua de los trabajadores, que se reparte, en amor y compaña entre la patronal y las dos grandes centrales sindicales[11]. La morterada ilegal de dinero sorbida por los partidos mediante la tutela que miembros de sus organizaciones ejercen en entidades bancarias –cajas de ahorro, etc. -, desde sus consejos de administración.

A lo cual cabe añadir la masa colosal de dinero negro ingresada en las cajas de los partidos y en las cuentas de militantes y cuadros, procedente de la corrupción urbanística sin la cual no hubiera sido posible la burbuja inmobiliaria, o de las adjudicaciones de obras públicas en las administraciones que controlan el PP, el PSOE o CiU (casos Palau, Gurtel/Bárcenas, José Blanco o Mercurio y Pretoria).  A ello se une el despilfarro delincuente del dinero público para beneficiar a las empresas amigas, obteniendo de paso, mordidas, mediante la concesión de construcciones de vías férreas de AVE que no tienen pasajeros, aeropuertos que no tienen aviones, ciudades de las artes sin obras de arte, autopistas y demás obras públicas sin sentido.

Sin embargo, la causa de la corrupción no es el sistema político, ni la “clase política”. Los vicios de fondo del sistema político y de la clase política que lo gestiona son la consecuencia de un sistema social cuya esencia misma es la corrupción. Si se quiere ir a la raíz del problema se hace necesario señalar, acusar, encausar y encarcelar, no sólo a los corruptos si no a los corruptores.

Para realizar esta tarea se necesitan fuerzas que no sólo se proclamen de izquierdas, sino que, más allá de las proclamas, muestren una voluntad creíble, que estén realmente al margen de toda sospecha y que acumulen la fuerza social suficiente para poder cortar el mal de raíz. Reconocemos que exigimos unas condiciones muy pesadas para una izquierda acostumbrada a moverse entre la subalternidad y la cooptación. Pero cualquiera reconocerá que se trata de condiciones necesarias, aunque insuficientes, para erradicar ese mecanismo de expropiación de la sociedad por parte de una minoría.

Incluso las instituciones políticas y sindicales del régimen menos afectadas por la corrupción han contado con el suficiente dinero contante para pagar a final de mes las nóminas de unas burocracias políticas – de una clase política y sindical- que ejercía sin chistar los dictados de las direcciones, y que les ha permitido sostenerse y perpetuarse, a pesar del hundimiento de las militancias políticas, al margen de las mismas y del desinterés que la sociedad sentía ante ellas como consecuencia de las políticas aplicadas.

Porque el nivel de corrupción moral que ha conducido al actual estado de cosas incluye al honesto funcionario sindical o de partido, que recibía su salario a fin de mes, debido a lo cual, miraba para otro lado, aún a sabiendas de que los salarios de los permanentes no podían venir de las cuotas de los afiliados, y que votaba, quizás en contra de sus cada vez más débiles convicciones, lo que tocaba en cada ocasión, con “brazo de madera”.

Usemos aquí la magnífica metáfora política que nos ofrece la dimisión de Benedicto XVI. Incluso los papas más proféticos, a pesar estar iluminados por el Espíritu Santo afirman no haberse enterado de la corrupción sistémica. Todos ellos pretendieron cabalgar el tigre de una curia corrupta, en vez de enfrentarse a la lacra, y fueron devorados, en su momento, cuando ya no fueron útiles,  por los leones de su vaticano.

En el caso de IU y de CCOO, el dinero de la corrupción ha servido para ganar congresos, mediante el expediente de pagar cuotas de militantes ficticios –“almas muertas” como las de Gogol-  que permitían arreglar mayorías en los congresos etc., y ganar siempre, a la clase política. Como ejemplos paradigmáticos de estos comportamientos, en el marco  de la izquierda de la que procedemos (IU y CCOO) podemos citar los nombres de José Antonio Moral Santín y de sus colegas de la federación madrileña de IU, de José María Fidalgo o de María Jesús Paredes. La lista sería bastante más larga.

Los últimos episodios en esa misma organización son la transformación del llamamiento electoral a la rebelión en una política de apoyo a la gobernabilidad de Extremadura por parte del PP y en Andalucía, la aplicación de los recortes impuestos por la troika eso si, “por imperativo legal”.

Pero… ¿por que no se levantan la masas?

“ Los cambios en el modo de pensar, en las creencias, en las opiniones, no sobrevienen por rápidas «explosiones» simultáneas y generalizadas, sino que casi siempre sobrevienen por «combinaciones sucesivas» según «fórmulas» disimiles e incontrolables «de autoridad . La ilusión «explosiva» nace por falta de espíritu critico.” Antonio Gramsci[12]

Debemos reconocer que el déficit de virtud de la izquierda, es una de las causas eficientes de la ausencia de una revolución democrática. Sin embargo éste fenómeno no es la única y principal causa. Ojala lo fuera por que la solución sería dura, pero fácil hablando en términos de proceso histórico.

El problema es mayor: si, a pesar del brutal empeoramiento de las condiciones de vida y de trabajo, y a pesar de la ausencia de futuro para varias generaciones venideras,   no se produce una revolución democrática es porque el demos no está aún por la labor. La mayoría se refugia aún en la idea de que los malos días pasarán, que es posible volver a aquella “belle époque” en que las condiciones económicas permitían un crecimiento que deparaba mucho más empleo, el aumento “imparable” de las expectativas de consumo, la posibilidad de que los hijos del obrero fueran a la universidad, y en que el Estado procuraba por el bienestar, la salud y la educación de todos.

Todo el mundo quiere volver a este pasado. Un pasado que se idealiza, un pasado mítico del que se olvidan o, simplemente, del que se desconocen las condiciones que permitieron el “milagro europeo”. La izquierda keynesiana producto social de esta conciencia general, contribuye a dar discurso al deseo utópico de comer tortilla sin cascar el huevo.

Las movilizaciones que arrancaron con el movimiento del 15 de Mayo de 2011 supusieron un aliento para la esperanza. Como era lógico, un movimiento joven sin mayores vinculaciones con la izquierda de la transición y sin experiencia ninguna, debía cometer errores, mostrar algunas inmadureces e insuficiencias. No vamos a ser nosotros quienes resaltemos estas insuficiencias. Nadie tiene la culpa de ser joven y de no poseer experiencia. Ambas dolencias se curan con el tiempo.

Lo que hay que destacar en este repaso a brocha gorda es, por el contrario, lo más positivo de dicho movimiento: que levantó la esperanza de que es posible hacer algo, oponerse a una ofensiva que se auto- proclama como inevitable. Poner en circulación el lema “sí se puede”, no es poca cosa.

Frutos importantes de este espíritu de esperanza que ha recorrido España entera y en especial a su juventud, han sido el crecimiento de las protestas contra los desahucios, la certeza de que, ante el banco, la policía y el juez, es posible que vecinos que casi no se conocen a pesar de vivir en la misma calle o barrio se puedan oponer y se opongan a los designios del poder.

La consecución de un millón y medio de firmas para conseguir la dación en pago ha sido la demostración más palpable de que efectivamente, si se quiere, se puede. Se trata de una creación popular cuya importancia no podemos ni queremos desmerecer.

Sin embargo, a principios de marzo de 2013, parece que el proceso de movilización y de lucha no ha rebasado aún la etapa de la protesta económico-corporativa. El movimiento no ha superado, por el momento, el desafío que suponía, una vez desalojadas las plazas del Sol o de Catalunya, el objetivo de implantarse en el tejido social y en el territorio.

A consecuencia de de las impaciencias lógicas en un movimiento joven, y no tan lógicas en sectores de la vieja izquierda que tratan de influir sobre él, se está lejos de la comprensión de que no existe aún una voluntad general, una conciencia de clase, un proyecto de otra sociedad que esté encarnado en las decenas de millones de personas.

Los miembros de las clases subalternas aún se enfrentan a la situación de forma individual, no organizada, sin una cultura política, sin un ethos, sin una idea orientativa, elaborable tan solo si se  autogenera a partir de la experiencia de lucha, sobre el tipo de Estado que podría permitir afrontar los problemas  sociales orientándose en la igualdad, en la justicia.

Como se ha dicho, la clase obrera se encuentra sometida a una permanente subasta a la baja del salario y de sus condiciones de trabajo. Está sometida a la esclavitud a tiempo parcial. Una esclavitud solicitada, suplicada. En estas condiciones, sus luchas, cuando se producen, son simplemente defensivas, subordinadas. No es una crítica a la clase obrera ni un anuncio de que su papel en la sociedad haya periclitado. Al contrario nos parece una clase esencial y central, sin la cual no se mantiene la sociedad. Nos limitamos simplemente a constatar la realidad actual.

Los colectivos que aún luchan en sus puestos de trabajo y que muestran un perfil combativo suelen ser colectivos que aún no han sido disueltos en el magma de individualidades dispersas, e indefensas como consecuencia, precisamente, de su dispersión. Se trata de colectividades o comunidades con tradición de lucha y cuya cultura aún no se ha diluido: mineros, jornaleros andaluces, sanitarios, profesores ( desde la primaria a la universidad), trabajadores de Telefónica.

Pero se trata de colectivos con una debilidad de base muy importante: son colectivos que dependen en su mayoría, del presupuesto del Estado. Los movimientos de estos sectores, sometidos cada uno de ellos a dinámicas corporativas, sin elementos que confederalicen sus respectivos conflictos, que los extiendan y les den apoyo, están condenados a agotarse en el tiempo y a replegarse a veces en desorden y en medio de la más absoluta desmoralización colectiva.

La responsabilidad de las Confederaciones sindicales de clase, fósiles heredados de la generación anterior, es inmensa. Han dejado que las luchas sectoriales se enfrenten aisladas al poder tiránico del capital. No han propiciado la convergencia entre las luchas, a pesar de ser las únicas organizaciones que podían hacerlo. Los pequeños sindicatos escindidos de CCOO en algunas empresas o territorios, como COBAS, la Corriente de Izquierdas de Asturias, el SAT en Andalucía y la CGT no han sabido o podido dar esas perspectivas generales a los movimientos sectoriales. La paradoja existente es que los que pueden no quieren y que los que quieren, no pueden.

Al propio tiempo, se apunta ya un lento surgimiento de formas alternativas de socialización y de cooperación, dispersas en el territorio en forma de Casals, cooperativas, ateneos, candidaturas municipalistas autónomas; pero este proceso se encuentra aún en una fase incipiente. Y además, corre el peligro de ser parasitado, depredado y dividido por la impaciencia institucional de determinadas vanguardias políticas.

Todo este panorama no permite sino un pronóstico: las individualidades, los colectivos sociales de base que se han movilizado, que resisten justamente en defensa de su salario y sus condiciones de trabajo, contra los desahucios, etc., son un activo que atesora una experiencia y una actitud indispensable para todo posible resurgimiento, en lo futuro, de la movilización.

Pero estamos aún lejos de la constitución de la voluntad colectiva que permita la creación y articulación de procesos constituyentes que incorporen a las decenas de millones de ciudadanos. Una revolución democrática para serlo, debe ser protagonizada por decenas de millones, como nos advirtiera hace unos 90 años nuestro amigo Vladimir.

Los procesos constituyentes de laboratorio, elaborados desde revistas de izquierdas o dentro de los locales de los viejos o nuevos movimientos políticos, sólo son muestra de la sempiterna impaciencia de las autoproclamadas vanguardias. Desde nuestra modesta y marginal situación sólo podemos proponer la paciencia como principal virtud de aquel que realmente quiere cambiar las cosas de raíz. La paciencia unida a la perseverancia, la coherencia, la persistencia y la audacia… de ser paciente sin por ello sentarse a esperar.

Las prisas ante un presunto fin de época

Sin embargo, la gravedad de la actual situación ha generado una sensación, sin duda atenida a la realidad, de final de época. Que se hayan generado expectativas de fin de régimen y que se hayan levantado voces que reclaman una “segunda transición” política, y que declaran liquidada la de los setenta, su régimen y su constitución, o que consideran llegado el momento de crear nuevos proyectos políticos de carácter institucional.

En resumen, multitud de voces políticas sienten que están ante la “oportunidad” de articular nuevos proyectos institucionales y políticos como resultado de la debilitación y vaciamiento del régimen, como resultado de la incapacidad que muestra para resolver problemas económicos y por la deslegitimación en que se encuentra.

En consecuencia, en el mundo de la política, de las fuerzas políticas institucionalizadas, en el mundo de los políticos, se ha iniciado un notable proceso de movilización que apunta a resituarse en un posible nuevo escenario político. Han surgido nuevas formaciones políticas, y se apunta al nacimiento de otras. El discurso de los dirigentes políticos que encabezan el proceso se radicaliza, y se apunta la tendencia a soltar lastre para “ganar altura”.

El proceso soberanista catalán debe enmarcarse dentro de esta tendencia más general. Las diversas fracciones de la burguesía española no pueden seguir repartiéndose  el pastel  de un estado español crecientemente arruinado por la banca, tanto española y catalana, como alemana. El acuerdo, al que de forma consuetudinaria solían llegar tras un periodo de confrontación, no parece posible por el momento. Ello comporta el inicio de un proceso falsamente soberanista que reclama para Catalunya estructuras de Estado dentro de la UE. Dejemos dicho de entrada que, para los autores de este material no existe soberanía posible dentro de la UE.

Como reacción ante esta ofensiva de la derecha catalana, las CUP han decidido abandonar su anterior estrategia de lenta acumulación de fuerzas desde el municipalismo de base para pasar a jugar un rol en el parlamento autonómico. Es difícil predecir las consecuencias políticas de este gesto, tanto para las propias CUP como para el conjunto de la izquierda.

Las naves políticas, una vez botadas, tienen la obligación de navegar con rumbo claro, sus pilotos no pueden ser recambiados en medio de las tempestades. En opinión de los autores de este material, las CUP deberán aclarar con su accionar cotidiano cuál es su Ítaca.

Deberán también demostrar que, en el rumbo, en el cronograma y en la gobernación de la nave son autónomos e independientes del rumbo y de cronograma de aquella parte de la burguesía catalana que ha emprendido el camino del soberanismo. Somos lo que hacemos y no lo que proclamamos.

Mientras, harán bien si no ponen en cuestión la incipiente articulación social popular creada tras largos y pacientes procesos de acción municipalista de base en diversas localidades de Catalunya. Nos referimos no sólo a los realizados como CUP, sino, principalmente, a aquellos procesos, más amplios en número y peso, en los que el independentismo es una componente más entre otras.

La emergencia de un voto no soberanista como el de Ciutadans, al que no es posible catalogar de forma reductiva como un voto simplemente de derechas, configura una situación política nueva en Catalunya: la irrupción en sede parlamentaria del voto de los ciudadanos de Catalunya que se sienten identitariamente españoles empieza a jugar un nuevo papel.

Un factor no previsto en los cronogramas y planes del conjunto de la clase política catalana que contaba con mantener a ese voto cautivo en su papel de ausente. Esta irrupción está lejos de haber concluido y sus consecuencias son difíciles de pronosticar. Lo que sí  parece claro es que el dilema soberanista puesto en circulación por CiU ha logrado romper la comunidad nacional en Catalunya.

El intento de creación de una Syriza catalana, la unión de fuerzas en Galicia, la aparición en el conjunto de España y también en Catalunya del Frente Cívico Somos Mayoría ( con un pie dentro y otro fuera de EUiA y de IU), así como el turbio rol de UPyD son otras muestras, en el conjunto de España, de este mismo fenómeno de surgimiento de nuevas fuerzas que buscan un lugar al sol en la nueva transición.

Lo cierto es que los dirigentes de la izquierda, los que han abierto el debate sobre el proceso constituyente, extraen consecuencias esperanzadoras, evalúan la situación como si en ella se hubiesen comenzado a generar nuevas condiciones de posibilidad para algo distinto: para un sistema de dominación y de dirección política distinto del actual.

Y se mezclan en el paquete citado, como ya hemos señalado, fuerzas políticas nuevas –nuevas verdaderamente, no solo de siglas nuevas- con otras que, al modo de la Syriza griega, trufada de cuadros procedentes del Pasok que se resisten a perder su lugar al sol, son fuerzas, o fracciones de fuerzas, que han participado activamente, de manera protagónica, en la vida política del régimen, cuyas instancias de poder y decisión, cuyas instituciones, han usufructuado y administrado, si bien a veces con discursos de ribetes radicales, pero siempre como fuerzas institucionales de gestión.

No todas las fuerzas políticas emergentes, ni todas las voces que encabezan los procesos, apuntadas, en ciernes, proceden del seno de otras ya existentes.

Pero es innegable que un grueso notable de las voces que se levantan proceden de los aparatos y maquinarias institucionales de las fuerzas políticas y sindicales, al abrigo de las cuales han ejercido la profesión política por decenios –y alguna corresponsabilidad, tendrán en relación con lo acaecido; al menos moral, en la corrupción de la organización en la que han militado: como brazos de madera, como cargos aquiescentes y “tacentes”, como…-.

Los diversos procesos que se apuntan tienen todos, sin embargo, una semejanza: Con independencia de la procedencia previa del personal que las compone,  y de la radicalidad variable de su discurso, todas se proyectan a sí mismas como fuerzas político institucionales, parlamentarias, simplemente electorales, y se desempeñan en su desarrollo con “vocación institucional”.

Todos plantean sus programas ante el Soberano, sin solicitar su aparición en el escenario político. Es el mismo dilema de siempre desde la Revolución Francesa: soberanía nacional y representación de los ciudadanos pasivos por los activos, que son los aristoi que “saben”, en vez de soberanía popular, y deliberación y práctica política directa de los ciudadanos: esto es, Liberalismo contra Democracia. E intentan aprovechar para su desarrollo la situación de desgaste del régimen político de la Monarquía.

Esto es, la acción política es entendida como juegos de estrategia y racionalidad estratégica, como ingeniería institucional, en lugar de pensar en impulsar la transformación del escenario político general ayudando a que aparezca un nuevo Sujeto social y cultural, el Pueblo Soberano

Un consenso dañino para el pueblo: el mito  del “progreso irreversible” en la “Europa económica”.

Antes de proseguir con el análisis de esta nueva realidad que amaga por constituirse en la izquierda, queremos aportar ya el elemento de análisis  que nosotros echamos en falta para explicar la historia económica de la actual situación.

Creemos que es una realidad de evidencia incontestable que la  imposibilidad de salir al paso de la crisis económica y la imposibilidad de frenar su utilización instrumental por parte del capitalismo neo liberal es consecuencia de la estrategia económica adoptada de forma reiterada, con acuerdo, explícito y/o tácito, por todas las fuerzas políticas durante los últimos 35 años:  desde la integración de España en la CEE, para lo que se exigió el primer gran desmantelamiento industrial –recordemos-, a la posterior liquidación, en 1994, de la autonomía monetaria de la peseta y , por tanto, del Banco de España como entidad al Servicio de la política soberana del Estado, con la desaparición consiguiente de la posibilidad de utilizar la política monetaria al Servicio de las necesidades del Estado –inversión pública, compra de deuda del Estado, políticas cambiarias, etc.-.

La aceptación de los acuerdos de Maastricht en general, con la subsiguiente  incorporación al proyecto de la moneda única, la aceptación de la disparatada propuesta explicitada a cara de perro por las instituciones de la UE para integrarse en esa moneda, cuyo fin por colapso es irreversible –como bien explica Pedro Montes[13]; otra cosa es qué alternativas aparezcan- y la aberrante declaración “de principio” de liberalismo económico “sin principios”, de la denominada Constitución europea, documento en el que se proclama la imperiosa obligación –seguida a pies juntillas por las directrices de la dirección de la UE- de liquidar toda regulación y constitucionalización del mercado de trabajo, todo control sobre la circulación de capitales, y toda regulación del uso de la tierra.

La exigencia, en resumen, de que el Estado abandone definitivamente la organización de toda actividad pública para dar paso al “mercado” y entregarla al capital privado etc.

Respecto de la última fase de esta descomunal involución, esto es, la fase de la unidad monetaria en el euro, una moneda sin Estado, la actitud de la izquierda ha sido clamorosa: sumisa en el momento de la entrada, escándalo y frenazo a la hora de denunciar actualmente la monstruosidad de sus consecuencias y la necesidad de abandonar la moneda única

No pretendemos insistir más en este aspecto, pero sí queremos llamar la atención sobre la extravagante contradicción que se produce en la gran mayoría de las voces políticas actuales, partidos, sindicatos o revistas de reflexión política, etc. Todo el mundo se declara enemigo del neoliberalismo financiero. Es más, se declaran, en principio, enemigos de la desregulación y partidarios de políticas alternativas. Y aquí es donde crece nuestro asombro.

Creemos que no es de recibo declararse ahora enemigos del Liberalismo capitalista, del Neoliberalismo, o como se lo quiera denominar, tal y como se escucha ahora en el discurso intelectual de fuerzas y personalidades de la izquierda, y no denunciar las políticas tenazmente desarrolladas durante decenios, consistentes en desmontar los instrumentos de soberanía financiera, comercial, monetaria, cambiaria, etc., como la madre de la actual situación de desarme frente a la crisis y el capitalismo financiero.

Ni revisar los anteriores posicionamientos políticos al respecto. No es posible que la izquierda en cumplimiento de su papel de instrumento al servicio del Soberano, no explicite que solo recobrando soberanía, liquidando y desconectando instrumentos económicos y jurídicos denominados globalización, podremos salir de esta situación de dominación, de esclavitud anti republicana, anti-ciudadana, en que nos encontramos postrados. Que no hay soberanía si la política –si el Estado- no controla su moneda, ni su comercio. Ni los recursos de la tierra –soberanía alimentaria incluida-

Nos sorprende que en el presente debate salvo escasísimas y honradísimas voces, a penas nadie diga estas verdades. Nos sorprende que no se vea el escalofriante paralelismo que se da entre el presente y la situación político económica que se abre en el decenio de los setenta del siglo XIX, y que condujo a Europa al marasmo económico y como consecuencia del mismo, a la primera y a la segunda guerra mundial.

Ese mundo económico desregulado y globalizado, la mercantilización de la moneda mediante el patrón oro, la conversión de la fuerza de trabajo en mercancía  mediante la creación de un mercado de trabajo, y la creación del mercado de la tierra –aún no existía el mercado de futuros, ni la consiguiente cotización en bolsa de los derechos sobre los bienes alimenticios y demás de recursos futuros de la tierra-; estos elementos, tan completamente análogos a los del presente, que fueron explicados y denunciados en los años cuarenta del siglo XX por el gran Karl Polanyi[14], tan citado con razón entre quienes, sin razón, trataban de combatir a Marx, son ahora olvidados, porque incomodan; incomodan tanto como la globalidad de su prodigioso análisis, que incluye las trágicas consecuencias que tuvo ese orden desordenado, e incomoda su propuesta política: liquidar la mundialización desregulada, volver a la política, a la soberanía política estatal.

Que quienes se proclaman indignados con el neoliberalismo no asuman la contraparte intelectual, y declaren ineluctable el conjunto central de medidas políticas en el que éste se fundamenta, no puede ser explicado más que como consecuencia del profundísimo grado de penetración de la hegemonía capitalista en las ideologías políticas e intelectuales de la izquierda. Sólo eso permite entender esta nueva naturalización ideológica del mundo económico actual. Por lo demás, la izquierda europea no siempre ignoró todo esto[15].

Creemos, en consecuencia, muy  importante destacar que ha habido toda una continuada y reiterada adaptación voluntaria, constante, consciente… y desatinada a esta estrategia económica de fondo promovida por el capitalismo. Que en consecuencia se han elaborado y aplicado reiteradamente, con obstinación, medidas políticas de estrategia que nos han entregado inermes al capitalismo en su nueva oleada de desenfreno que se inicia como consecuencia de la liquidación de la URSS y el denominado “bloque del este”. Medidas que nos han dejado sin recursos políticos de mínima soberanía económica desde los que poder enfrentar la crisis.

Creemos que toda esa estrategia adoptada, ha  tenido y tiene consecuencias calamitosas, y debe ser evaluada como una catástrofe política que ha llevado a nuestra sociedad a una situación sin salida, dado que la actual situación es precisamente  la consecuencia buscada por quienes impulsaban estas estrategias y resultado premeditado de las mismas.

Creemos, por consiguiente, que esta política debe ser denunciada y rechazada sin paliativos, contundentemente, por parte de la izquierda, y que debemos proponer  la salida inmediata de nuestra sociedad de esta situación.

Lo contrario, evaluar la “cosa” de forma más modesta, considerar la situación económica en la que hemos dado, como  la herencia de un proceso económico óptimo, de más de 35 años,  al que debemos seguir valorando hoy, nuevamente, y como siempre hasta el presente, como la cumbre de toda buena fortuna; proceso que, tan solo, pasa por un mal paso carente de relación con la historia económica anterior, y que, en consecuencia, y una vez resueltos ciertos incidents de parcours, accidentales, negligéables, debe seguir siendo considerado como intocable por estar cargado de posibilidades de futuro, grávido de un potencial que puede permitir a unos nuevos padres fundadores la constitución sobre esa base de un nuevo macroestado social keynesiano –es lo que se vende tácitamente-: todo eso es lo mismo que asumir que, gracias a todo ese pasado, hemos llegado a un estadio cuyo debilitamiento o desaparición sería de veras una pérdida para los habitantes – que no ciudadanos- de la UE. Es decir, que tras decenios de travesía del desierto, por fin vivimos ya en el futuro y este es ya “el radiante porvenir”, que ya vivimos, ya estamos de hoz y coz, en les lendemains qui chantent, en el mañana radiante.

No hay cambio real de sociedad sin cambio radical de cultura.

Otra cuestión que echamos en falta, hace referencia  la particular gravedad adquirida por el “problema ecológico”, que no es, por cierto, un pretexto electoral para políticos que se fotografían en bicicleta. No solo por la elevación en curso de la temperatura de la atmósfera, cuyas consecuencias no son una amenaza futura, sino una realidad presente.

También por el agotamiento inminente de los recursos, en primer lugar, y tal como nos informan los estudiosos del peak oil, de los recursos energéticos imprescindibles para sostener la tecnología sobre la que se sustenta nuestra civilización. Esta cuestión por sí sola, exige que nos planteemos la necesidad, desde el presente, de un cambio de civilización.

Este cambio exige alternativas tecnológicas nuevas, pero, ante todo, el cambio de la forma de vida, a comenzar por la vida cotidiana de cada individuo[16].

Este tipo de cambio civilizatorio no puede ser  protagonizado por especialistas que realicen la habitual ingeniería social desde las instituciones políticas especializadas de la administración de los estados, al margen y por encima de la sociedad. Una cultura civilización en crisis exige que sea la gente  la que protagonice, desde su praxis habitual, en la vida cotidiana, la creación colectiva de nuevas pautas de vivir, nuevos usos, nuevas costumbres de vida, alternativas, sobrias.

Que frente a la expectativa de un consumo de “lujo de masas” marginal y excepcional –fin de semana, vacaciones anuales- basado en la ostentación de masas como compensación frente a la frustración de la vida cotidiana, se elaboren expectativas de vida que promuevan una vida cotidiana compensatoria en sí misma.

Una reforma de costumbres de vida que reestructure el vivir cotidiano; una reforma de los usos y costumbres, de las mores. Una reforma moral e intelectual, imprescindible para una nueva cultura civilización, esto es para un orden nuevo, o Estado nuevo, no puede ser generada por minorías, por elites políticas.

Una crisis de civilización incluye también el fin o agotamiento de las instituciones políticas y de la práctica política  tal como las hemos conocido hasta el presente, y el de los agentes políticos en la sociedad civil, tal como han existido hasta ahora, tal como quedaron conformados al final de la Revolución Francesa, tras la derrota en el curso de la misma, de las fuerzas democráticas.

Esto es, nos afecta, nos atañe también a nosotros, la izquierda. Una crisis de civilización de esta índole, si pretendemos que la humanidad le dé respuesta, y que ésta sea una respuesta no genocida, exige que se constituya un Soberano activo, bien informado, capaz de ser protagonista de la actividad política como vía para poder serlo del desarrollo de una nueva forma de vida cotidiana. Exige que la soberanía no radique en “la nación” o parlamento, sino, verdaderamente, en el Pueblo, como sujeto organizado, activo y operante, con capacidad de decisión sobre sí mismo y su creatividad cultural.

Frente a estos dilemas, la clase política, mira para otro lado. Porque el abrir estos debates al público es atemorizador y haría perder votos electorales y puestos de trabajo y sueldos entre los profesionales de la política.

Y porque los recursos políticos institucionales de que dispone, recortados drásticamente, encima, por la pérdida de soberanía real que ha acarreado la UE, etc., se le revelan incapaces para poder asumir desde ellos estos retos. Estamos ante un verdadero fin de época, que exige la creación de una nueva cultura de vida y de una nueva cultura política, basada en la creación de una nueva Voluntad, de un nuevo Soberano, un Sujeto social organizado cuya potencia de creación práctica es la única que puede abordar la nueva exigencia histórica de replantearse su vivir colectivo, su cultura material de vida, las expectativas culturales subjetivas, antropológicas, que lo fundamentan

Tratar de evitar el debate sobre el euro, y sobre la necesidad de abandonar la Unión Europea para recobrar soberanía económica. Tratar de obviar el debate sobre la crisis de civilización a la que aboca el choque con la naturaleza. Tratar de evitar el debate sobre el nuevo modo de hacer política. Evitar plantear estos asuntos, abiertamente, a la deliberación pública. Este rechazo a coger el toro por los cuernos, y decir la verdad, obedece tan solo al deseo de no meneallo todo en exceso, no vaya a ser que impida anhelados acuerdos y pactos con sectores políticos y económicos, que de decir la verdad, estarían enfrente.

Obedece a la confianza, el deseo, el anhelo iluso de que aun con esos apaños sea posible crear una alternativa política  mínima que posibilite una utópica política económica de salvación. Esta es la base de esa posición. El pragmatismo es siempre la posición menos realista, y por ello, es en consecuencia, la  más irreal.

¿Un Proceso Constituyente al margen del Soberano?

Pero queremos dejar de lado este asunto para poder reflexionar sobre el discurso que se articula aquí y allá, en diversas fuerzas políticas españolas , que no incluyen en su reflexión el tema del euro y de la Unión Europea como problemas, esto es, como instituciones cuyo abandono es condición indispensable para salir de la crisis de forma lo menos lesiva posible para las clases subalternas.

Fuerzas que, sin embargo, sí fundamentan su discurso en los dos pilares que hemos indicado: la crisis económica y la destrucción de tejido productivo y social, el paro, etc., más la corrupción hasta la medula de la clase política española, como causas que crean condiciones para proponernos una segunda transición política[17].

Estamos de acuerdo con la real gravedad de los dos problemas señalados. Crisis económica y deslegitimación política del régimen, quiebra del actual  Estado. Pero sin embargo, estamos muy lejos de compartir la consecuencia inmediata que se extrae: la posibilidad de construir en lo inmediato un nuevo régimen menos reaccionario y elitista que el actual.

Probablemente, la situación actual hace inviable el sostenimiento del statu quo tal como lo hemos vivido. Pero eso no es más que una condición necesaria para la transición hacia un nuevo régimen político de carácter democrático popular. Se trata, sin embargo, de una condición absolutamente insuficiente.

Por nuestra parte compartimos la percepción de que estamos ante una situación de crisis institucional de régimen. Una crisis que afecta a las instituciones políticas, a las magistraturas, a los partidos, etc. Pero un régimen –un Estado- es, además, fundamentalmente, una entidad cultural y civil, articulada, que incluye la totalidad de la sociedad. Bajo el temblor que afecta a estas instituciones, se extiende una colosal red de trincheras y casamatas orgánicas de ese mundo existente.

Y aunque las bases sociales de ese régimen se estén trastocando no adivinamos, más allá de la explicable rebelión y protesta social, a la que nos hemos referido ya brevemente, una acumulación de experiencias suficientemente larga como para que se dé la creación de cultura alternativa, constituyente fundamental de un nuevo Estado, de un nuevo orden social, una correlación social de fuerzas distinta, basada y posible a partir de la creación de una nueva cultura material de vida.

La crisis institucional del régimen está propiciando una gran inquietud y movilidad entre los políticos profesionales. Pero creemos que, nuevamente, se vuelve a  incurrir en el error político de confundir la propia hiperactividad con el movimiento real de la sociedad.

En todas las proclamas, propuestas y proyectos, más acá y más allá de esta u otra elaboración escrita, hay un factor común: el Soberano brilla clamorosamente por su ausencia.

No percibimos la existencia de ninguna fuerza que tenga como propósito fundamental emplear sus recursos en ayudar a la organización paciente, estable, capilar, de la ciudadanía. Que tenga como propósito fundamental, permanente, dotar a los individuos de posibilidades organizativas que permitan su deliberación política, el control colectivo sobre su vida cotidiana, la acción pública soberana. En una palabra, que ayude a convertir en ciudadanos a individuos ahora aislados, atomizados, y por tanto, sometidos, no ciudadanos.

Ningún proyecto hay que anime a la ciudadanía a convertirse en Soberano, esto es en Voluntad, voluntad organizada, autogeneradora de actividad auto protagonizada, capaz de crear nuevas formas de hacer y ser; a protagonizar la creación de una nueva cultura de vida, un ethos nuevo, a crear un nuevo orden político, una nueva comunidad sustantivamente democrática, en la que sea el Soberano, no sus servidores, quien decida.

El menosprecio al Soberano alcanza entre nosotros, en Catalunya, niveles tragi-cómicos: el denominado proceso soberanista se realiza tan a la espalda y tan despreocupadamente de lo que opine el Soberano, que en el afán de crear un Estado político nuevo, están rompiendo la Comunidad social.

Cuando expresamos nuestra convicción de que se debe crear un Soberano, estamos planteando, desde luego, una convicción normativa, moral. Nadie sino el Pueblo puede hablar en nombre del Pueblo. En este principio se basa la Democracia. Y el Pueblo, el Soberano, o existe como realidad organizada, deliberante y activa, o es un recurso literario para justificar opciones políticas particulares.

Pero además estamos tratando sobre la existencia –y sobre la imperiosa necesidad de crearlo, en caso de que no exista- de una Causa Eficiente, de una Fuerza que sea la Condición de Posibilidad, que tenga la capacidad de  poner en obra y llevar a término los objetivos y proyectos políticos que el mismo Pueblo Soberano se proponga.

De un poder, esto es, de un Poder Hacer, que sea capaz de ejecutar lo que se plantee la Voluntad. Soberanía es poder real, poder sustantivo que posibilita que quien desea un objetivo político, un fin, un proyecto, tiene, a la par de la Voluntad de desearlo, la fuerza para realizarlo.

Esa fuerza que dé eficacia a la Voluntad del Pueblo solo puede proceder de la propia organización del Pueblo como agente activo para desarrollar su praxis y crear y controlar desde su vida cotidiana, la actividad que produce y reproduce la sociedad. La Voluntad de Sujeto Soberano, deliberante, solo podrá realizarse si el mismo Sujeto  se autoconstruye como Bloque organizado, como movimiento de masas objetivo, microorganizado, estable, capilar, que elabora e impone un cambio ya en la vida social con su presencia y actividad.

Es más sólo se construye y existe Voluntad Subjetiva colectiva, capacidad de desear fines nuevos, en la medida en que se construye, y si existe, un movimiento democrático articulado Objetivo, de cuya experiencia se concluya para todo el mundo el interés de opinar, la importancia de organizarse para deliberar y actuar, el interés de imaginar proyectos que orienten la propia praxis, de imaginar proyectos que sin esa experiencia de praxis que los hace verosímiles como expectativa, y posibles como realidad en potencia, no son de recibo, y con razón, para el sentido común de cualquier persona sensata.

Solo un poder sustantivo sobre la sociedad puede fundamentar sustantivamente una Democracia. A su vez, una democracia sustantiva, posibilita, entre otras actividades políticas y una vez se ha alcanzado un grado muy grande de poder sobre la realidad social, por un lado, la votación de las leyes por parte del Soberano, previa deliberación colectiva, y por otra, la elección de agentes mandatados para aplicarlas; elección que no tiene que ser forzosamente, exclusivamente, mediante votación también, sino que puede ser por sorteo, como en la antigüedad clásica, o como en la elección de magistrados para tribunales jurados y para mesas electorales, en el presente.

Pero no son las votaciones, el procedimiento, tal como sostiene el Procedimentalismo Político, lo que garantiza la existencia y poder de la Democracia.  Y para muestra a contrario, nos basta el botón de la actual realidad.

Es el poder sustantivo del Soberano organizado sobre la realidad el que impone y el que puede garantizar la Democracia y la eficacia de las votaciones, entre otras cosas; y lo hace tan solo en la medida en que existe como poder real sobre la realidad social y cultural.

Porque si el Pueblo se constituye, realmente, en Soberano con Voluntad activa y operante, y desarrolla como Sujeto organizado su acción de creación de una realidad nueva, -él mismo lo es ya en sí mismo, por ser un nuevo Sujeto operante-, y de una cultura nueva, en la sociedad, esa cultura nueva, que incluye su activismo protagonista, y que está constituida por las nuevas prácticas, los nuevos usos de vivir y hacer, las nuevas mores, esto es, la nueva Reforma Moral, el nuevo ethos, es ya en sí misma una constitución nueva, que hará quebrar a la antigua constitución  de vida y con la constitución escrita vieja, y exigirá que el proceso culmine en la redacción de una nueva constitución escrita.

La experiencia española: tres revoluciones pasivas con un genocidio intercalado.

“La ciudad en rebelión quedó sola, rodeada por la incomprensión y la indiferencia del campo, y la reacción clerical y capitalista se apoyó sólidamente sobre el campo”. Antonio Gramsci[18].

Sabemos, por experiencia propia, y también por la historia, a dónde llevan todos estos procesos políticos que, como el que amaga actualmente, de nuevo, en toda España, son emprendidos, sin embargo, de espaldas a la intervención democrática popular.

En los últimos ciento cincuenta años de historia de España, desde 1868, se ha producido en cuatro ocasiones una situación que aúne el doblete de la crisis económica al de la deslegitimación política del régimen por corrupción, por escándalo financiero: a, la  previa a la Revolución del 68; b, la que conduce a la Segunda República; c, el periodo que termina con el advenimiento del régimen neofranquista hoy en crisis, y, d, el momento actual.

De los tres periodos anteriores cabe señalar que no faltaron, en ninguno de ellos, las ideologías, las estrategias y las previsiones, las personalidades, los acuerdos. Todos ellos se caracterizaron también por el común denominador de  la debilidad de participación de las clases subalternas. Mucho “palacio” poco mundo ciudadano, poca “plaza”. Mucho relieve personal, escasa movilización. Tanta mirada perdida en el horizonte, tanta genialidad y pronóstico quedaron en lo que era: Cabildeo.

Queremos aquí referirnos al periodo en que la movilización fue más fuerte, la Segunda República. Porque el advenimiento del nuevo régimen fue, desde luego, resultado del previo trabajo anónimo desarrollado durante los cincuenta años anteriores por gentes de diversas ideologías que articularon cultura popular y promovieron organización de base.

Un trabajo paciente y al margen de estrategias. Casas del pueblo, ateneos, sindicatos, organizaciones de base de los partidos. Junto a otros  cientos de círculos informales que se desarrollaron en la ciudades, tertulias, etc.

Este tejido articuló y movilizó sectores urbanos, obreros y de clases medias –intelectuales, profesionales, comerciantes-; también, a  sectores de los jornaleros del campo. Este tejido articulado es el que derrota en las ciudades a la monarquía, el que constituye los comités republicanos que izan las banderas el 14 de abril de 1931 en los ayuntamientos ciudadanos.

Pero por encima y por debajo de todo este entramado meritorio se produce la desmovilización del campesinado en casi toda España, con la excepción de Catalunya, donde estaba articulado y  constituyó la base del flamante partido que emerge de la confederación de un tejido social existente que aúna campesinos, obreros manuales y sus representantes orgánicos, menestrales y clases medias: Esquerra Republicana de Catalunya.

Precisamente la articulación de este bloque social republicano en Catalunya, hará que ésta, organizada ya en autonomía, sea considerada por don Manuel Azaña, en el discurso en las cortes de 25 de junio de 1934  –discurso in angustiis– como él “único poder republicano” que quedaba en España para defender la república durante el bienio negro[19].

La desorganización y pasividad, expectante en principio, de la mayoría del campesinado, esto es, de la mayoría de la población española, el control de esa población por los viejos instrumentos organizativos, -iglesia, caciques, etc- posibilitó que el nuevo régimen no desarrollase desde el seno de la sociedad una nueva intelectualidad política orgánica de la misma.

La vieja clase política corrupta tuvo la posibilidad de reinventarse y operar desde nuevos partidos en el régimen de la república, en lo que fue una clara operación de transformismo, para usar la aguda categoría hermenéutica elaborada por Antonio Gramsci.

Queremos dejar claro aquí que, al igual que no creemos que los destinos de un proyecto histórico dependan de las luces de personalidades providenciales, o de sus “errores”, tampoco creemos que las condiciones que posibilitaron este transformismo político –todos los transformismos políticos habidos- fuera consecuencia de un particular, “mañoso”, “astuto”, saber hacer de una clase política corrupta. Fue consecuencia de las posibilidades abiertas por la falta de trabajo político cultural paciente, en el seno del campesinado, por parte de las fuerzas progresistas, políticas y culturales de izquierdas –obreras, republicanas- que inveteradamente habían sido presa de prejuicios hacia esta clase social y operaron solo, en consecuencia, entre las clases medias urbanas, los obreros y los jornaleros.

El campesinado sería la plataforma inmediata para la consecución por parte de las fuerzas antirrepublicanas, procedentes del régimen de la Restauración, de escaños y resortes de poder desde los cuales frenar la nueva situación. Y sería la base social que posibilitó posteriormente crear una fuerza política con organización y arrastre de masas, la CEDA.

Gracias a esto, la derecha tuvo base social y supo protegerla: tuvo recursos y poder para paralizar los proyectos republicanos que hubiesen convertido al campesinado en una clase social comprometida con la república: en primer lugar la Reforma Agraria.

También impusieron al nuevo ordenamiento constitucional republicano características “contramayoritarias”, esto es liberales, a base de convertir la república en un régimen político estrictamente representativo, delegativo, abierto en consecuencia, al cabildeo entre los únicos, verdaderos, ciudadanos activos: los representantes elegidos; en el que la democracia, la voluntad popular, encontraba fuertes limitaciones para expresarse en la república.

Para decirlo con palabras del propio Manuel Azaña, quien se pronunciaba valientemente por la necesidad de reformar la constitución, en el discurso de Lasesarre (Baracaldo) de 14 de julio de 1935, durante la campaña electoral que dio el triunfo al Frente Popular.

Una reforma constitucional: que permitiera fundar la política “sobre la roca viva de la voluntad popular, no en combinaciones  escondidas de gabinetes políticos (.) la presencia directa, física, clamorosa de las muchedumbres es más útil más necesaria y más urgente” “para hacer efectiva, permanente, tenaz e indestructible la presencia de la voluntad de la democracia en el régimen y en la dirección de los destinos del país (.) y cuando la democracia republicana lleve a las urnas su victoria tendrá que crearse los instrumentos propios de su gobierno y de su dirección.

¿Cuáles serán? No lo sé. Probablemente, una mayor amplitud en el horizonte elegido y un procedimiento más estricto en la aplicación de los métodos de gobierno y de la disciplina. Pero esto, allá los triunfadores y los que tengan la responsabilidad de ordenarlo sabrán lo que tienen que proponer…”[20].

Pero todo esto llegaba tarde. No porque los “errores” de los prohombres de gobierno republicanos no lo hubieran hecho posible. Lo imposibilitó la cultura política de las fuerzas progresistas, imbuida de prejuicios, que les había hecho incapaces e impotentes, durante los decenios anteriores, para trabajar en el seno del campesinado.

La radical carencia de empatía cultural, por parte de los organizadores potenciales de un nuevo proyecto de cultura material de vida, civil, y de cultura política, hacia el campesinado y sus culturas de vida, aspiraciones y expectativas. Salvo honrosas y minoritarias excepciones, que no lograron impedir con su trabajo el abandono en que quedaba el campesinado.

Por poner dos casos, el desprecio ante la demanda de la propiedad de la tierra, o el inocentón anticlericalismo militante, que, por ejemplo despreciaba la “idolatría católica” de los cultos locales, en lugar de percatarse de las diferencias  locales y culturales, reales, que esto expresaba. De que  detrás de cada virgen, de cada santo patrón, había una comunidad organizada; esto es, en potencia, una comuna municipal, un poder local.

Una red comunitaria a la que se podía dar respaldo y a la vez expresividad alternativa, política, democrática, articulando una organización política del Estado inspirada en el tradicional federalismo republicano esto es, el genuino federalismo que se fundamenta en el poder local, democrático y en la intervención soberana de la ciudadanía en la comunidad, como alternativa al modelo burocrático, napoleónico,  que se basa en el modelo de una república centralizada, con reconocimiento, eso, sí de centralidades burocráticas autonómicas, etc. Sin que esto sea crítica del acierto de la república que supo dar salida a las aspiraciones de las nacionalidades mediante estatutos.

Pero, volviendo al asunto: Una incomprensión de cultura a cultura. No se podía, en ese momento, lograr poner en común lo que uniera a todos, porque no se había hecho antes. La hegemonía, la creación de esa “área común” –por volver sobre el discurso de Azaña- de aspiraciones e intereses que se expresara a través de la república, había sido abortada mucho antes.

Recordemos lo que nos explica Gramsci en su reflexión sobre una situación política análoga de constitución de régimen: la política previa a la unificación italiana elaborada como proyecto a cuya cabeza estaba Cavour. Una política que se basó en la creación previa, paciente, de una nueva cultura material de vida,  un nuevo proyecto, a partir de la fusión de fuerzas sociales en un solo bloque social que recogía y expresaba  sus diversas expectativas y aspiraciones, sus necesidades –las de la clase dominante en primer lugar- , y convertía a los diferentes sectores antes solo económico corporativos, en un Sujeto con Voluntad y capacidad de crear Estado –creación de una Hegemonía-

Por el contrario, no se puede llegar a ser exitoso como Cavour  si se ha trabajado políticamente  como Mazzini, cuyo hacer consistía en la épica politicista,  “blanquista” –hoy sería inspirada por el positivismo cientifista y su concepción de la política como hacer en manos de elites- del manifiesto insurreccional elaborado por una elite iluminada, providencial, inmediatamente previo a la acción política definitiva, “aprovechando” instrumentalmente las movilizaciones civiles: “programa y bandera”. Política como guerra de movimientos en lugar de política como guerra de posiciones, tal y como expresaba aforísticamente el mismo Gramsci.

Podemos volver ahora a la república española. Como consecuencia de las carencias de la actividad política previamente organizada, del abandono del campesinado español que constituía la mayoría de la sociedad española, por parte de las fuerzas de la democracia española; como consecuencia de esa falta de trabajo cultural organizativo, previo, la guerra civil española sería una contienda entre dos ejércitos campesinos, como dijera Joaquín Maurín[21].

El resultado final fue el exterminio de la izquierda social durante la guerra civil y la postguerra. El fascismo segó bien a ran de suelo el tejido social popular. Ese genocidio programado consta en los órdenes del día del ejército franquista durante toda la guerra. Se trata de lo que Santiago Alba ha llamado la pedagogía del millón de muertos. Las consecuencias de todo ello aún perviven en las actitudes de sectores consistentes de la sociedad española.

Pensamos que Antonio Gramsci no hubiera descartado, de entrada al menos, estas reflexiones nuestras que toman en serio el clásico aforismo marxista de que el ser social determina – se expresa a través de/mediante- la consciencia social. Que consideran todo periodo o momento histórico como un continuum en proceso, un transformar preservando. Incluidas las revoluciones, tanto las revoluciones de la igual libertad, como las revoluciones pasivas, que podrían ser estudiadas, respectivamente según la noción heurística, sin duda a manejar con cautela, es decir, en concreto, atenida a cada caso,  del transformar preservando y del preservar transformando, lejos de toda fantasía infantil sobre el genio creador ex nihilo, de la tabula rasa.

Dejamos aquí nuestra reflexión sobre la segunda república, como caso que permite arrojar luz sobre el momento presente. El lector sabrá disculpar nuestras eventuales esquematizaciones y nuestra imaginación futurible, que ponemos exclusivamente al servicio de la exposición de lo que pretendemos.

El duro dilema: entre el rudo trabajo de Sísifo o bailar al compás del tango Cambalache.

“Para formar los dirigentes es fundamental partir de la siguiente premisa: ¿Se quiere que existan siempre gobernados y gobernantes o, por el contrario,se desea crear las condiciones bajo las cuales desaparezca la necesidad de que exista tal división?”. Antonio Gramsci[22]

La política entendida como iluminación de minorías que se muestran intolerantes ante la díscola realidad de la gente, de lo que piensan y opinan, de su forma de autocomprenderse y autoexpresarse. Esto es algo que ahora vuelve a darse, lo único que se vuelve a dar; porque en el presente falta la organización de masas estable que permita la movilización democrática.

No creemos que el momento presente, en ausencia del Soberano, pueda dar otros resultados que el de las syrizas: cabildeos entre clases políticas que han protagonizado el régimen ahora en crisis durante casi cuarenta años, y posibilidad de rescatarse a sí mismas para proseguir adelante con lo suyo, como siempre.

Así se da en Grecia, en ausencia de la acción fundadora del Soberano. Así se dio, en ocasiones anteriores, en 1868, en la transición del franquismo, durante el 76/ 78, y en su continuidad, en Catalunya, durante el 82/83, con la gran sublevación de la base comunista de Catalunya, y en los años subsiguientes, cuando se percibió la imposibilidad de hacer, cuando ya el movimiento de masas había sido liquidado -que también de novis fabula narratur– .

Sabemos por experiencia que solo la organización social, la capacidad autónoma, da posibilidad de resistir, de afianzarse, de desarrollar un proyecto.

Que en ausencia de este movimiento democrático  de masas arraigado y dotado de una cultura de vida autónoma que le libre de la hegemonía capitalista, no caben otras opciones que el trabajo silencioso, anónimo y paciente de ayuda a la creación del nuevo Sujeto, del Soberano, o la entrega al arrimo de las instituciones, a la negociación y pacto entre fracciones de la clase política y al mecenazgo del capital.

Y esto es lo que se produce en las actuales condiciones de desmovilización social y de cultura política creada por el régimen, basada en la teoría de elites que halaga narcisistamente al político y le hace creerse el origen de toda salvación. Veremos cómo las fuerzas políticas, en ausencia de un Soberano que les diga cómo hacer y a quién servir, que cree con su hacer organizado la fuerza real sin la cual no se pude imponer ningún cambio, actuarán del mismo modo: en unos casos, por consciencia plena de la maniobra que ellos impulsan; en otros porque llegado el momento, lo van a descubrir: en ausencia de un movimiento de masas organizado, “no hay más cera que la que arde y todo el pescao está vendido”. Todo lo que no es servicio al Soberano y, en su defecto, paciencia anónima en el trabajo modesto de ayudar a crearlo,  se baila siempre al compás del tango Cambalache.

Una izquierda que no comprende esto, acaba formando parte del problema y no de la solución. Se corromperá en el laberinto que se abre y se integrará en la nueva componenda, en el Palazzo nuovo; o resistirá unos años más y morirá con dignidad apache, pero incapacitada para comprender, una vez pericliten las biologías de los individuos que expresan esa actitud.

Llegados a este punto cabe extraer simplemente las conclusiones de lo que hemos escrito. Que son no otra cosa que las conclusiones que nos dicta nuestra experiencia biográfica en la que hemos buscado siempre “inspiración heurística” para pensar los sucesivos presentes y reordenar explicativamente el modesto saber que tenemos del pasado histórico y de la filosofía. Algo que es infrecuente sin embargo.

Deseamos comenzar el resumen por el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. Este momento actual hubiera sido “el momento”, nuestro momento, el de los comunistas y demás fuerzas de veras democráticas, populares, si éstas, nosotros, como colectividad, hubiéramos hecho lo que debíamos tras la derrota del 78. Pero unos se integraron en las instituciones como leal –hoy corrupta- ala izquierda subalterna, y recambio de los dos partidos turnantes, del régimen de su majestad.

Otros vacacionaron por decenios; huyeron  de la bronca cotidiana en las trincheras, que es cierto, produce mucha malaria. Pequeños y dignos sectores tratamos de animar la lucha social y cultural democrática y social, pero metidos hasta el corvejón en el barro, la sangre y la mierda de las trincheras de la sociedad, no supimos o no pudimos construir una cultura y unas formas de vida alternativas de masas.

Lo que no se hizo entonces no puede ser sustituido hoy por el ingenio, por la discursividad teórica, ni por la angustia lúcida. La Voluntad no puede ser suplida por la Razón, no en política.

O si se quiere decir de otra manera, la razón práctica, orientadora de toda praxis nueva, creadora, sus consecuencias, la objetivación de un nuevo Soberano, de un nuevo Sujeto colectivo dotado de capacidad de deliberación y decisión: todo esto, no puede ser suplido por el discurso teorético, la ingeniería política elaborada por una elites políticas que conciben el hacer político según la más estrecha división social del trabajo: nosotros hacemos porque sabemos lo que os conviene; vosotros nos votáis y hacéis caso.

Precisamente porque esas propuestas de  transformación, de cambio o de reforma real en favor de los explotados, elaboradas por las elites políticas, por modestas que sean, son vanas pues carecen del Sujeto cuyo Poder Hacer las haga verosímiles y realizables. Ahora no es ya el tiempo de la Administración,  sino el de la Política.

El actual estado de cosas, el actual régimen político, tal como lo conocemos, es insostenible y será cambiado. Se producirán depuraciones y nuevas personas, nuevas fuerzas políticas, quizá, dirigirán la escena.

No son descartables, incluso, cambios constitucionales de mayor o menor entidad según el desarrollo del conflicto en el interior de las clases dominantes. Pero la situación de derrota histórica en que se encuentran las clases subalternas europeas, no será paliada, subsanada, por estas variaciones de personal político ni por esos cambios institucionales.

Sobre todo si, como en la transición del 78, el nuevo régimen está conformado y liderado por criterios emanados desde las clases dirigentes del nuevo centro imperialista llamado Unión Europea.

Porque  ese tipo de cambios habrá ignorado el cambio fundamental, condición de cualquier otro, el verdadero y único Cambio Constituyente : la Constitución de los individuos atomizados en verdaderos ciudadanos activos a través de la Constitución de un nuevo Sujeto Social activo constituido por las clases subalternas: por el Demos.

El Movimiento de la Democracia. Porque la Democracia es un Movimiento organizado que tiene consciencia de que debe constituirse en orden nuevo, en Estado,  tal y como nos recordaba Arthur Rosenberg [23]; tal y como reza El manifiesto Comunista[24].

El trabajo que hay que hacer para crear una alternativa sigue en espera. Y es importante que en este momento de optimismo, de repuntes de euforia, de preparativos para la carrera, de cuentos de la lechera, todas las personas sensatas de la izquierda evitemos caer en el despropósito de la liquidación de lo poco que hay hecho.

Nuestra tarea ha de ser constituirnos en voluntad previa –con minúsculas-, interina,  que promueva la creación de la Voluntad –la política es voluntad- creadora. Una Voluntad política colectiva, capaz de imponer la praxis deliberada en su seno. Una verdadera Volonté Géneral, un Soberano.

Debemos tratar de ser el paciente “motor de arranque” generador del impulso que trate de hacer la invitación, la amonestación, la parénesis para la creación de ese nuevo Soberano organizado, convocando a la organización colectiva, no urdiendo la “sustitución” de la misma. Una voluntad previa que, dado lo modesto de su tarea,  existe y en suficiente número  – disiecta membra, aquí y allá- porque muchos somos los demócratas portadores de la consciencia, de la cultura, de la historia y de la memoria, de una tradición milenaria de luchas de clases por la igualdad y la libertad. Y entre ellos, nosotros, los comunistas, como los que más.

Debemos decir siempre la verdad, sin otra prioridad táctica que  convertir el conocimiento, el del presente y sus incógnitas terribles, y el del pasado con las conclusiones extraídas de las derrotas, en conocimiento práctico moral, en argumento; y debemos hacer esto en todos los ámbitos: en los debates públicos, en los folletos, en las conversaciones, en los twiters, en los artículos, en las webs, en los libros, con la esperanza no infundada de que tras experiencias nuevas, nuevas luchas,  nuevas y numerosas creaciones organizativas y cooperativas, y sucesivos y largos debates se puede constituir la opinión pública de un nuevo Soberano articulado, dotado de poder práctico, de capacidad de creación social y cultural.

Desconocemos cómo será ese nuevo, hipotético, Soberano, cuáles serán sus capacidades nuevas, qué programa posibilitarán éstas; qué proyecto, en consecuencia irá desarrollando como resultado de su propia existencia, de sus éxitos y derrotas, de lo que éstas sugieran e inspiren a la imaginación creadora, nueva, que reflexione sobre su propia experiencia, de lo que inspiren a la deliberación pública, de lo  que ésta concluya al reflexionar sobre la experiencia colectiva que genere su nueva, propia, capacidad de hacer, la que surja de su Voluntad organizada.

Sabemos que debemos proponerle ser fundador de Estados, creador de un nuevo orden moral e intelectual, no ser  simple fuerza de protesta, rogatoria.

En el bien entendido de que Estado es ethos, nueva cultura material de vida auto protagonizada; que quien crea esto, crea la nueva Hegemonía cultural, la verdadera Constitución de una sociedad, de la que la posterior constitución escrita es una sanción.

No sabemos qué tipo de orden nuevo puede ser capaz de alumbrar. Sabemos que estas tareas duran decenios –poco tiempo en realidad, pero excesivo si lo medimos desde el tiempo vital de una individuo que “quiere verlo”-.

Los procesos más sólidos alumbrados en la América Latina  comportaron 20 años largos de proceso, y luchan por afianzarse, por no morir, incluso por no morir de éxito, a modo de nueva cooptación sistémica de las clases políticas emergentes y substituistas.

Sabemos que solo partiendo de la vida cotidiana, de la organización inmediata, de la actividad autónoma, autogenerada ya ahora, podemos llegar a construir ese sujeto Soberano. Ante lo no he hecho, no caben los atajos, nunca los hubo; tampoco ahora.

La tarea de una nueva cultura de vida cotidiana, se convierte en un fin inmediato  porque el nuevo Soberano, una vez se vaya formando, debe dejar atrás la mera protesta, debe aspirar a crear un Estado, y esto se hace en concreto, ya desde el presente, creando nueva cotidianidad, nuevo control capilar, micro-fundamentado, sobre la actividad cotidiana de vida, generando nuevas formas comunes de vivir libre ya.

Sabemos que hemos de ser  tan solo una voluntad previa, destinada a disolverse en el conjunto de la Voluntad General, una vez ésta se haya constituido en movimiento democrático.

Destinada a integrarse en ese Pueblo/Movimiento verdadero, que es tal precisamente por ser realidad efectiva, organizada, construida, autoprotagonista de sí misma, deliberante y práxica; no entidad especulada en nombre de la cual se habla o a la cual se quiere dirigir. Gramsci insiste con rotundidad en esto en uno de sus más célebres cuadernos.

Al reflexionar sobre el Príncipe de Maquiavelo, tras explicar que el Príncipe actual debería ser colectivo, y no puede ser una individualidad, Gramsci  recalca que la tarea del mismo es previa a la existencia del Sujeto colectivo organizado.

Y que una vez existe éste, el Príncipe: “…se hace pueblo, se confunde con el pueblo, pero no con un pueblo «genéricamente» entendido, sino con el pueblo al que Maquiavelo [Gramsci asocia aquí la figura del Príncipe y la de Maquiavelo] ha convencido con su tratado precedente,[para que se organice y protagonice su hacer] del que él se vuelve y se siente conciencia y expresión, se siente idéntico: parece que todo el trabajo «lógico» no es más que una autorreflexión del pueblo, un razonamiento interno, que se hace en la conciencia popular y que tiene su conclusión en un grito apasionado, inmediato.

La pasión, de racionamiento sobre sí misma, se reconvierte en “afecto” fiebre, fanatismo de acción. He ahí porqué el epílogo del Príncipe no es algo extrínseco, “pegado” desde fuera, retórico, sino que debe ser explicado como elemento necesario de la obra, incluso como el elemento que refleja su verdadera luz sobre la obra y hace de ella como un «manifiesto político»[25].

Así pues, nuestro “programa” –si hemos de usar  una palabra que permite entendernos- no es prescribir qué debe hacer el Soberano, una vez exista; mucho menos prescribir lo que vamos a hacer desde las instituciones una vez se nos vote. Nuestro programa solo puede ser ayudar al nacimiento de un Pueblo real, una Voluntad Soberana, práxica, existente, que en la medida que exista hace innecesario ningún  motor de arranque.

A partir de la existencia del movimiento, nuestro propósito es, solamente, ser consciencia del hacer, filosofar sobre la praxis, donde “de la praxis” es genitivo subjetivo, no fruto de la división el trabajo entre quien reflexiona y dirige y quien actúa. Porque los comunistas, y todos los demás demócratas que son conscientes de la diferencia que existe entre democracia y liberalismo, “no forman un partido aparte, opuesto a los demás partidos obreros.

Sus ideas no se basan en ideas o principios inventados o descubiertos por tal o cual reformador del mundo. Solo son expresiones generales de los hechos reales de una lucha de clases existente, de un movimiento histórico, que, [precisamente por ser empírico, y en la medida en que existe y se desarrolla,] transcurre ante nuestra vista”[26].

Porque el partido debe dejar de ser un colectivo exento respecto del cuerpo del movimiento social organizado,  formalmente constituido y jerarquizado. Antes de que exista el nuevo Sujeto la izquierda no tiene Potencia, no es Causa Eficiente, no tiene Fuerza. Una vez exista el movimiento que crea con su desarrollo un nuevo Sujeto, la deliberación colectiva del propio Sujeto, a partir de su experiencia y del saber cultural poseído entre la totalidad de sus miembros, es, en primer lugar, el saber de la izquierda.

Y, en segundo lugar, y si queremos caracterizar al intelectual colectivo orgánico de ese Sujeto nuevo de forma más concreta, “Partido” será el nombre que le convenga como denominación al conjunto de los muchos miles de individuos que, estén en cada momento, según su situación personal, en condiciones de dedicar tiempo a  impulsar cada una de la miríada de  las comunidades de base organizadas que deben constituir ese Sujeto nuevo, y a servir de mediadores que entran en contacto con los de las demás comunidades. Partido, si ha de ser denominación de algo, ha de ser la denominación del sistema nervioso que constituya al nuevo Bloque Social democrático, algo interno en integrado en el mismo.

La política no puede ser, en adelante, una más de las honestas profesiones en las que trabajar, porque el político profesional, como todo trabajador, debe llegar a final de mes, y no desea, además, quedar en paro, ni perder el estatus social que le confiere su papel, entre otras muchas cosas que acaban generando más bien pronto que tarde, una casta con intereses diferentes a los de aquellos a quienes dice servir.

Esta supresión de la política como profesión es posible porque el hacer político no es ni una ciencia ni un saber tecnológico que necesiten una formación académica especializada. La medicina lo exige, pero es que la enfermedad no se delibera, porque no depende de nuestra Voluntad. Si la política fuese una Ciencia – Ciencia… Política-, la democracia sería un imposible.

Tampoco es el hacer de gestión técnica, porque la praxis política ha de ser, en primer lugar,  praxis actuada por los propios ciudadanos organizados. Ha de ser, si es que la política llega a existir nuevamente, Voluntad operante del Demos, llevada a praxis por él mismo.

La política ha de ser saber que surja de la propia experiencia de praxis, alimentada previamente por el saber intelectual colectivamente poseído, tanto el teorético como el saber trasmitido por tradición, aportado por todas las tradiciones democráticas que poseamos entre todos.

Saber teorético, incluido el que aportan las ciencias y saber de tradiciones democráticas  y revolucionarias: Saberes poseídos por muchos y entre muchos, porque, nadie los posee por entero. Praxis a su vez reflexionada desde la nueva experiencia y desde ese saber colectivo poseído, y que se enriquecen en el proceso.

Pero ese tipo de reflexión para la orientación de la actividad creadora colectiva, ese tipo de reflexión no sobre la razón teórica, sino sobre el hacer de la Razón Práctica,  ni es pronosticable  e institucionable como saber codificado previo, a priori, ni consiste en el pronóstico de futuro de la dinámica social, ni se adquiere mediante cualificación escolar.

Y si bien puede exigir que en alguna fase de su aplicación haya técnicos asalariados que lo ejecuten, estos no tienen por qué poseer un estatuto distinto al del funcionario, o al del administrador al servicio del capitalista. Al servicio, en este caso, esto es, de la Voluntad del Demos.

Una Voluntad, un Pueblo cuyas condiciones históricas de construcción están dadas por la terrible situación en la que nos encontramos las individualidades de las diferentes fracciones y colectivos de las clases subalternas y por el pavoroso reto civilizatorio que se nos plantea como humanidad.

Política es Voluntad práctica en acto que con su propia aparición y desarrollo establece las nuevas condiciones de realización de metas nuevas a ir deliberando. No Razón escrutadora de las entrañas del mundo existente en el que estamos atomizados.

Nos encontramos ahora en el momento de la inquietud eufórica de los políticos y de los pensadores, provocada por los barruntos ante el momento de crisis de legitimación del régimen. Dejan volar su imaginación y se proponen nuevos “debes”, nuevos momentos constituyentes.

Luego, ante los resultados inanes de sus previsiones, se declararán, como siempre, “realistas” y los irán rebajando.  Pero “Realismo” no es ajustar las expectativas que el político posee a las posibilidades de la realidad, de una realidad en la que los subalternos no somos nada  y que exige deformarlas hasta ser caricatura.

Tampoco es sostenerse en sus trece respecto de un ideal especulado y pronosticado como “debe” ante el “es” presente contra toda razón, porque es contra toda realidad. Es más ese debe muestra su falta de verdad en el hecho de que no existe condición de posibilidad para su realización, y es por ello un perenne “debe”.

Realismo es tratar de crear una nueva realidad activa, un nuevo movimiento operante ya desde el seno del presente. Es intentar actuar como fuerza en el momento genético, como agente que ayuda a generar un nuevo Sujeto.

Nueva realidad que es el Sujeto Soberano organizado, hoy no existente, desconocido por lo tanto en sus capacidades. Cuyas capacidades y potencia práxica no podemos aventurar por adelantado; que solo demostrará lo que es haciéndolo y en la medida en que lo haga.

Sujeto objetivamente existente, una vez se cree,  – sujeto objetivo, no es una paradoja, sujeto y objeto idénticos-, nueva realidad activa, organizada, generada, creadora a su vez de nueva praxis, cuyo ser activo es ya nueva praxis y cuya acción es precisamente la que realmente va cambiando dinámicamente el orden existente.

Sujeto respecto del cual, una vez existe, el filosofar debe ser realista, esto es, debe consistir en la reflexión sobre los nuevos problemas y debates que van surgiendo en el seno de ese nuevo Sujeto, consecuencia de su dinámica activa y de los cambios que  autoproduce en sí mismo y en el resto de la sociedad, ayudando a abrir y desarrollar la deliberación pública en su seno.

Filosofar praxeológico, interno a la propia praxis, tarea del intelectual orgánico, que no es capacidad privada de este o aquel grupo, sino capacidad pertinente, inherente al pensar, de todo individuo  que reflexione sobre el hacer del propio movimiento desde la praxis del mismo.

Filosofar que trata de hacer entender al Sujeto Nuevo la novedad de su praxis, la novedad de su ser, y que su existencia solo puede ser garantizada si se constituye en Fundador de Estado, solo puede autogarantizársela él mismo si como Movimiento subalterno de la Democracia, deja de ser subalterno y pasa a constituirse en Estado.

Idea que puede o no  prender, idea que no intenta definir a priori los atributos de ese nuevo Estado, pues no se pueden definir a priori los atributos práxicos, aún por desarrollar, del nuevo Sujeto, del nuevo Soberano, del movimiento político cultural de la Democracia.

Por lo tanto, filosofar interior al movimiento que evita volver a proponerle un “debe”, y debe reflexionar sobre sus reales problemas existentes que surgen de la lucha, de la dinámica nueva que genera el Sujeto con su ser y hacer.

Solo el proyecto de ayudar a crear un Sujeto es real, en tanto que real  proyecto que está en la mente de quienes –pocos o muchos- lo pretendemos, en tanto que el que pronostica se pone a tratar de realizar aquello que pronostica, como motor de arranque propositivo de soberanía real, de auto gobierno de la propia praxis cotidiana organizada.

Y también es real la existencia de sectores que son susceptibles de ser organizados, y dirigidos, por tanto, a tal acción o desviados de la misma.

Esta forma sobria de entender la “previsión” nada tiene que ver con la habitual, que suple la carencia de medios que otorguen fuerza para realizar el proyecto fantaseado, presuponiendo la determinación de leyes de regularidad del tipo de las de las ciencias naturales , en las cuales se confía como mecánica y ya existente “causa incausata”, y que al tratar de la sociedad no tienen en cuenta las voluntades de los demás, su opinión, su pesimismo, su excepticismo, la de los individuos de las clases subalternas  a causa de su desconocimiento, aún no existente, de la capacidad práxica que surge de la organización, y que solo al nacer se conocerá[27].

Ser realista es ayudar a crear, modestamente, ya ahora, la Fuerza social  de los subalternos, interviniendo en ello a partir de la propia acción, en lugar de tratar de crear en la imaginación un Proyecto Constituyente para el Futuro, sin tener motor que lo asuma. Ser realista es tener consciencia de nuestra capacidad real, inmediata, de acción  -ahora poca, mínima- y de emplearla en ayudar a concitar un nuevo agente social. Ser realista no es fantasear un futuro.

Ni Alma sin Cuerpo ni Cuerpo sin Alma. Ni Pensamiento orientativo sin Deseo y Fuerza, ni Fuerza y Deseo sin Pensamiento orientativo. La división social del trabajo sólo es posible cuando el que piensa, además, tiene el dinero, y el que hace se ve constreñido a dar su Fuerza a cambio de dinero para poder vivir.

En toda otra situación la respuesta que recibe el que manda, el mandarín con su mandanga, es “que lo haga Rita”. Y está bien que sea así y no haya más amos que los justos -“…ni tribunos…”-.

Todo esto se enfrenta a las impaciencias, a los deseos de respuesta inmediata, inminente, que puede encarnarse en tal o cual personalidad o grupo de políticos profesionales, grupo de gentes quizá ejemplares, no corrompidas en el anterior ciclo político inmediato.

Pero una acción inmediata de tal género no puede ser de vasto aliento y de carácter orgánico: será del tipo restauración y reorganización, del tipo Revolución pasiva, protagonizada por las clases dominantes, que absorbe las energías de la parte activa del movimiento que existe para la protesta, coopta a los dirigentes de la oposición e integra todo esto en su nuevo proyecto, y no del tipo  inherente a la fundación de nuevos estados y nuevas estructuras sociales y culturales.

Pretenda lo que pretenda el colectivo político, objetivamente, y al margen de su intencionalidad desiderativa, subjetiva, su actividad será objetivamente de tipo defensivo y no creativo original; ayudará a la voluntad colectiva de las clases dominantes, ahora existente, aunque esté debilitada, dispersa, por la actual deslegitimación, a robustecerla al dotarla de nuevo prestigio y librarla de las excrecencias corruptas.

Bloqueará la posible creación ex novo de una voluntad colectiva que, al desarrollarse, liquida el viejo sistema de relaciones intelectuales y morales, el viejo orden de mores, de formas de vida. Tal como nos explica Antonio Gramsci desde las primeras páginas de su Cuaderno 13 sobre Maquiavelo y parafraseamos aquí.

Y esto, el bloqueo de toda posibilidad de este tipo, va unido a las prisas, a los protagonismos personales, al institucionalismo, al deseo de ser representante, de ser Tribuno de la Plebe.

También en los anteriores periodos de nuestra historia acaecieron estas prisas; entre los apresurados había hombres y mujeres de buena intención.

No por ello dejaron de convertirse objetivamente en farsantes, a la vez relleno o farsa, y luego, mentira, en la medida en que se percataban de su papelón de una comedia que des-medulaba la posibilidad de crear una Voluntad.

Llegados aquí, no podemos decir nada más. Nuestra forma de comprender la política precisamente incluye la imposibilidad de prever lo que un  Sujeto aún no existente pueda llegar a ser, a decidir, a imponer.

A esto que hemos expuesto, se le puede responder: si aceptamos las ideas a las que vosotros os adscribís, resulta que, después de tantos años, todo está aún por hacer y, sin embargo, los problemas que afrontamos son terribles, dramáticos, inminentes.

Nuestra respuesta es: Sí, es cierto. Y se puede entonces argumentar ante nuestra respuesta: Esto es muy desmoralizador. No, en nuestra modesta opinión; o lo es menos, menos, bastante menos aún que seguir aceptando como buenas las ideas que han inspirado la política hasta el presente, con sus promesas de atajo, para experimentar luego, ¡nuevamente!, a la vuelta de 35 años, cómo las gentes, la buena gente, la gente con sentido común, vuelve la espalda a esta nueva reedición de lo ya visto. Y, cómo nuestras previsiones imaginarias se convierten, también nuevamente, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.

Armando Fernández Steinko

Portugal, España y Grecia en busca de una salida [1]

 Introducción

España, junto con Portugal, Grecia, Italia e Irlanda, forma parte del grupo de países europeos más afectados por la crisis financiera: los llamados “PIIGS”. Sus sistemas políticos, económicos y sociales están atravesando cambios estructurales cuyo final no es fácil de predecir. Irlanda es un caso muy particular, pero los cuatro países restantes tienen muchas características en común y comparten experiencias históricas comparables. Sin embargo, también el caso de Italia es distinto en algunos aspectos importantes. Se trata de un país fundador de la Comunidad Europa y siempre ha tenido un poder de negociación política superior al del resto. Su modernización económica, política e institucional se ha producido en el marco de tres décadas de capitalismo regulado y ha estado insertada en pactos políticos y sociales vigentes durante más de dos generaciones. Estos pactos incluían un sistema libertades políticas y de derechos individuales, un (mínimo) equilibrio de intereses entre capital y trabajo, así como el desvío de una parte de los frutos del incremento de productividad a la expansión de los mercados interiores y a elevar el consumo de sectores amplios de sus poblaciones. Incluía también la unificación de las condiciones de vida en todo el territorio nacional a través de inversiones públicas en infraestructuras (vías de comunicación, centros de salud y de educación financiados con impuestos etc.), así como la creación de una base industrial y terciaria con capacidad de absorber la fuerza de trabajo liberada por una liquidación gradual y regulada de su sector tradicional. De esta política se ha beneficiado sobre todo la población rural que ha recibido una transferencia sostenida de recursos a través de la Política Agraria Común, transferencia que le ha proporcionado un “nivel de vida equitativo” (Art 39.1,b del Tratado de Roma). Las políticas de apertura gradual a los mercados mundiales explican la creación de un sector exportador altamente dinámico e innovador que se ha ido consolidando durante las décadas de “capitalismo regulado” gracias a una lira crónicamente devaluada y unas políticas mercantilistas comparables a las que se dieron en otros países fundadores de la Comunidad Económica Europea como Alemania o Francia. Esta capacidad exportadora ha mantenido la balanza de pagos razonablemente equilibrada a lo largo de muchas décadas, incluso tras la crisis de 2008, y a pesar de que la deuda pública italiana sobrepasa hoy el 160% del PIB (Horn et al 2012: 4).

Ni Grecia, ni Portugal ni España (a partir de ahora “PEGs”) han accedido a la modernidad capitalista en condiciones comparables a estas. Los tres accedieron históricamente tarde al fordismo (“fordismo retardado” Koch 2003) [nachholender Fordismus] y lo han hecho fuera del marco de los grandes pactos destinados a domesticar la modernización capitalista.  Cuando se han incorporado a la CEE (Grecia en 1981, Portugal y España en 1986), dichos pactos ya empezaban a perder vigencia incluso en el núcleo del capitalismo centroeuropeo y a partir del Tratado de Maastricht se aceleró su cancelación en todo el Continente. Este acceso tardío a un capitalismo domesticado, es decir, en un momento en que dejaba de estarlo cada vez más en el resto del mundo occidental, elevó considerablemente el coste que tuvieron que pagar por la integración en la CEE.

¿Hacia un bloque mediterráneo?

Mi argumento es el siguiente: las trayectorias históricas de los PEGs los colocan en posiciones comparables dentro de la actual coyuntura política y financiera. La degradación de sus sistemas sociales podría llevar a la conformación de nuevas mayorías opuestas a las políticas austeridad y a los pilares ideológicos que las sustentan. Sin embargo es altamente improbable que se puedan enfrentar por separado a estas políticas con posibilidades de éxito, lo cual pone encima de la mesa la necesidad de crear un frente común. Este frente podría sumar un peso político y económico suficiente para forzar un cambio de las políticas de austeridad, vincular el pago de la deuda al crecimiento económico y poner en marcha un plan de inversiones públicas con capacidad de generar empleo en el marco de la reconversión social y ambiental de todo el Continente. Más concretamente: un frente europeo-mediterráneo:

(1)  colocaría a sus países en una posición negociadora mucho mejor derivada del volumen de su su deuda externa,  cuya amenaza de impago podría arrastrar al abismo a todo el sistema financiero europeo y mundial. Este escenario tendría un coste muy elevado para los PEGs, pero sería incluso mayor para los acreedores de forma que es improbable que estos arriesgen la posibilidad que se produzca.

(2)  Los PEGs unidos tendían más posibilidades de forzar una conferencia internacional similar a la de Londres de 1953. En esta conferencia, que terminó con la firma de un acuerdo multilateral, se acordó vincular el pago de la deuda externa contraía por Alemania desde la Primera Guerra Mundial con los Estados Unidos, Reino Unido y Francia, al crecimiento económico y el desarrollo de sus capacidades productivas. La razón no fue el repentino humanitarismo de las potencias occidentales, sino la posición de fuerza que, inesperadamente, pasó a tener Alemania Federal dentro de la nueva estrategia militar de contención del bloque socialista. El argumento de Alemania era que no iba a poder hacer frente a sus compromisos militares si no se renegociaba su deuda y que una Alemania Federal económicamente débil y deprimida podría erosionar la imagen del capitalismo en perjuicio de todo el mundo occidental. El llamado “milagro alemán” habría sido imposible sin esta conferencia pues el país nunca habría despegado como lo hizo si no hubiera conseguido renegociar el pago de su deuda y no se le hubieran condonado unos 14.600 millones de marcos. Los PEGs no van a poder desarrollar nunca un poder suficiente por separado equivalente al que tuvo en su momento la RFA para forzar una conferencia como esta. Al ocupar espacios geoestratégicos centrales para la Alianza Atlántica su suma podría, sin embargo, tener un efecto suficiente al de la existencia de los países socialistas en los años 1950.

(3)  Alemania, la nueva potencia hegemónica en Europa, necesita seguir vinculando su sistema monetario al de las economías más débiles de sur con el fin de mantener una moneda devaluada en beneficio de sus exportaciones, para recuperar la mayor parte posible de sus préstamos y para evitar una posible implosión de toda la zona euro debido al efecto contagio provocada por una salida unilatertal de uno de los PEGs. Si estos se unieran en una estrategia común, podrían amenazar con crear una moneda propia (el eurosur). Este paso tendría consecuencias negativas y positivas que hay que evaluar (por ejemplo encarecería el endeudamiento externo y los costes energéticos) pero, en cualquier caso, provocaría una crisis profunda de la estrategia exportadora alemana debido a la rápida revaluación del hipotético euronorte. Esta situación rompería los  consensos internos de aquel país, que incluyen a una parte de su movimiento sindical y afectaría dramáticamente a los sistemas de compensación intraeuropeos (Target II) en perjuicio de Alemania. Es más que razonable pensar que, para evitarlo, las élites alemanas accedan a liberar los recursos mínimos necesarios (Kulke 2012).

(4)  Pero es altamente improbable que, al menos en la actual situación, ni  Alemania ni el resto de los países exportadores liberen recursos para que los PEGs puedan crear una base productiva autocentrada que les permita financiar de forma sostenible los consensos políticos y sociales de sus jóvenes democracias (id.). Si hay alguna posibilidad de conseguirlo es modificando la correlación de fuerzas que se da hoy en Europa.  Una política solidaria tendía que definir una nueva división europea del trabajo y revisar las grandes reglas que regulan hoy las relaciones económicas entre los países europeos. Es altamente improbable que esto se llegue a dar si los beneficiarios principales del cambio -los PEGs- no acumulan un poder de negociación suficiente.

(5)  Sólo si se trastocan algunas de las columnas del que vamos a llamar “proyecto atlántico” (ver abajo) hay posibilidad de avanzar hacia un modelo productivo alternativo. En los PEGs, pero no en el resto de los países de la UE, se está produciendo una erosión simultánea del apoyo electoral a los partidos del consenso altántico. Esta sincronización del ciclo político en el sur acerca la posibilidad de actuar conjuntamente.

(6)  Los PEGs pueden jugar con la baza de sus relaciones privilegiadas con América Latina (Portugal y España) y con el mundo árabe y Rusia (Grecia), a parte de con la de la importancia estratégica del espacio del Mediterráneo y de algunas zonas de África de fuerte influencia portuguesa.

El problema de la asimetría

Las élites portuguesas, españolas y griegas se han comprometido con el proyecto atlántico a lo largo de los últimos 30 años. Desde la irrupción de la crisis de 2008 -y también antes- han dado suficientes muestras de que anteponen los intereses de una parte minoritaria de sus poblaciones a los de las mayorías sociales, de que han cancelado de facto los consensos de las transiciones democráticas. Sus propuestas no pretenden defender a sus sociedades frente a los intereses de los grandes exportadores europeos y de las burguesías patrimoniales del planeta. Más bien pretenden imponerlos de forma aún más consecuente que hasta ahora. Tanto hacia dentro de sus propios países (desvío de fondos públicos para sanear la banca sin  apenas contraprestación política, políticas de deflación de precios y salarios, “devaluaciones internas” etc.) como hacia fuera (aumento de la agresividad comercial, prioridad añadida de los intereses de las grandes multinacionales, guerras monetarias latentes etc.). Su objetivo es imponerle a terceros países (aún) más vulnerables aquellas políticas de las que ellos mismos han venido siendo víctimas hasta ahora. El objetivo es reproducir la política alemana de los últimos quince años: crear puestos de trabajo y consolidar la legitimidad política de los propios gobiernos a costa de robarle ambas cosas al vecino.

Esta dinámica coloca a las dos economías más vulnerables del sur (Portugal y Grecia con 22 millones de habitantes entre las dos) en una posición particularmente delicada y frena la posibilidad de que el país más grande, España (47 millones) acepte a incorporarse a un bloque solidario en el sur. España es un competidor directo de ambos países en muchos sectores y su potencial económico es mayor, lo cual le hacer albergar esperanzas de la aplicación del modelo alemán en perjuicio de los países más pequeños y débiles, entre ellos Portugal y Grecia. Pero España no las tiene todas consigo si quiere imitar el modelo alemán:

(1)  No tiene mucho tiempo: el desempleo podría sobrepasar el 27% en pocos meses y se discute con temor la posibilidad de un estallido social incontrolable alimentado, además, por los casos de corrupción del actual partido en el gobierno.

(2)  Varios gobiernos latinoamericanos comprometidos con sus propias poblaciones están frenando las agresivas estrategias de las multinacionales españolas en América Latina. Esto está llevando a una reducción de los beneficios de las multinacionales españolas activas en este continente a sus casas matrices, así como a una caída de su capitalización bursátil.  La exploración de mercados alternativos en la India, China o los países del Golfo, ha generado a una recuperación de la balanza por cuenta corriente. Pero esta no se debe tanto a la recuperación de la competitividad como a la extraordinaria depresión de la demanda interna. En cualquier caso: el aumento de las exportaciones no han creado empleo y es improbable que lo hagan en el futuro de forma comparable a como lo ha hecho el tejido empresarial alemán: el modelo de exportaciones agresivas tienen sus límites.

(3)  Los estándares laborales, ambientales y urbanísticos ya son muy bajos en España de forma que es improbable que una reducción adicional de los mismos, que es lo que hoy plantea el gobierno del Partido Popular, puedan forzar un nuevo ciclo de crecimiento basado en el sector de la construcción y que este tenga efectos comparables sobre el empleo al que se inició hacia 1997.

(4)  La crisis está agudizando el problema de la configuración estatal de España. El apoyo al soberanismo por parte de sectores de las clases medias empobrecidas está creciendo en algunas regiones ricas como Cataluña. Es improbable que con semejante problema interno los gobiernos puedan apretar mucho más a su población para imitar el modelo alemán: el margen de maniobra político para aplicar políticas a impopulares tiene también esta limitación.

Por tanto: hay argumentos para pensar que España, el país con más población y recursos de los tres, también podría tener un interés estratégico en incorporarse a un bloque de países con capacidad de forzar un cambio en Bruselas/Berlín. Si este lograra articularse, no es descartable un cambio en  la opinión pública italiana a favor de un ingreso en el eurosur (Italia es un país altamente exportador que mejoraría sustancialmente su competitividad con una devaluación de su moneda). El riesgo, que siente sobre todo Francia, de que esta situación llevara a Alemania a iniciar una andadura por separado dentro de Europa, parece asumible. Otro “Alleingang” (andadura unilateral) de Alemania, por ejemplo dando por amortizada la carta europea y orientándose exclusivamente a los mercados emergentes, no parece consensuable hoy en  ese país: el pasado sigue pesando demasiado y las incertidumbres de una aventura de este tipo son demasiado grandes: Alemania se ha hecho extremadamente dependiente de los mercados internacionales, lo cual reduce su margen de maniobra política.

Para que estas propuestas no se queden en voluntarismo, habría que demostrar que los tres países comparten trayectorias y bloqueos históricos comunes, y que estos pueden ser superados mejor o de forma más realista si se hace conjuntamente. La cuestión central no es, por tanto, si salirse o no del euro o qué hacer con la deuda. Lo principal es cómo, con qué y con quién crear una estructura económica y laboral con capacidad de financiar de forma perdurable un orden político y social justo, democrático y sostenible, y partiendo de las trayectorias y realidades sociales concretas de nuestros tres países. Esto obliga a hacer un diagnóstico común. Hay, al menos, tres aspectos que habría que analizar comparativamente: a.) el acceso a la modernidad en nuestros tres países y sus consecuencias; b.) la naturaleza de sus “élites” y de sus clases empresariales; y c.) la naturaleza y la función de sus Estados. Aquí vamos a poder desarrollar el primer punto, los demás quedan pendientes para otra ronda.

1. Proyecto europeo y restauración atlántica

Las fuerzas de la “izquierda” eran claramente hegemónicas en nuestros tres países tras el fin de sus dictaduras. Por “izquierda” entendemos  aquí aquella parte de la misma que proponía ir más allá del proyecto de “economía social de mercado” consensuado entre la democracia cristiana y la socialdemocraica europeas tras la Segunda Guerra Mundial. Era un proyecto  -o un grupo de proyectos- económicamente intervencionistas, con un inequívoco acento anticapitalista e igualitarista, aunque no necesariamente revolucionario sino más bien gradualista (Maravall 1982). En el Portugal postrevolucionario y en Grecia ese “más allá” se denominaba “socialismo”, en la España de la transición se denominaba “democracia social avanzada” o de forma similar.

Fin de las dictaduras y opciones políticas

Es verdad: en cada país se entendía algo distinto por ese “más allá”, pero en todas las izquierdas, que incluyan los partidos comunistas, los socialistas de izquierdas, incluso sectores muy relevantes de la socialdemocracia organizada, el proyecto incluía los siguientes ejes: a.) la impugnación de la propiedad privada de los medios estratégicos de producción, principalmente aquellos en manos de las oligarquías nacionales que apoyaron los regímenes dictatoriales; b.) la impugnación del monopolio de la propiedad privada en la gestión empresarial en el marco de una economía mixta en la que el sector público debería tener un papel estratégico a desempeñar; c.) un modelo económico al servicio del pleno empleo y de las necesidades sociales de las mayorías, sobre todo de las más necesitadas; d.) la creación de una base productiva nacional y un sistema fiscal progresivo destinado a financiar un sistema público de bienestar de forma sostenible; e.)  un  sistema político pluralista basado en la participación directa y continuada de sectores amplios de la población y que incluía una democratización fuerte del Estado; f.) neutralidad militar.

La mayoría de estas reivindicaciones no eran tan revolucionarias como pretendieron las élites de la época y muchas ya eran hacía décadas una realidad en varios países del capitalismo renano. Pero su significado en el sur de Europa era distinto.  Abrían la posibilidad de desbloquear algunos de los escollos que habían impedido crear desde hace décadas sociedades justas e igualitarias. Lo que hizo saltar todas las alarmas en los centros del poder transatlánticos no fue tanto su radicalidad, sino la posibilidad de que abriera una senda de desarrollo en el sur de Europa que quedara fuera del control de los grandes actores económicos, políticos y militares occidentales (para el caso portugués: Morrison 1981: 27s., para el español: Garcés 2012: cap. 4).

El área mediterránea ha tenido siempre un fuerte valor estratégico para los  intereses transatlánticos, pero tras la revolución iraní y el triunfo electoral de Ronald Reagan (1980) se produce una militarización adicional del Mediterráneo y de las estrategias de seguridad occidentales. El proyecto atlántico incluía otros aspectos no directamente militares, muchos de ellos recogidos en los documentos de la OCDE [OECD],  una organización en la que habían ingresado las tres dictaduras hacía ya varias décadas. Pero la incorporación al paraguas atlántico era una línea roja que separaba a la izquierda del resto de opciones políticas, bien fueran de centro-izquierda, de centro-derecha o incluso de la (ultra)derecha. Las tres eran minoritarias por esas fechas en nuestros países y todas ellas compartían la aceptación del paraguas atlántico. Esta aceptación, muchas veces pactada a espaldas de sus electores, era compatible con el radicalismo verbal de muchos líderes  destinado a ganarse apoyos desde la izquierda (para el PASOK Moschonas/Papanagnou 2007). La incorporación o no al paraguas atlántico era la línea roja que separaba dos grupos de apuestas políticas antes que el posicionamiento en el conflicto este-oeste. Por ejemplo había sectores intermedios tanto dentro del establishment político como dentro de la propia izquierda (“tercermundistas”, “eurocomunistas”) que intentaron situarse fuera de dicho conflicto con poder conseguirlo. La desestabilización del gobierno de Adolfo Suárez en España, que culminó con el extraño intento de golpe de Estado de 1981, tiene mucho que ver con su apuesta por mantener al país en un espacio de neutralidad militar. Suárez se apoyaba en la opinión pública mayoritaria para apoyar su neutralismo, pero también en el  antinorteamercanismo de un sector de la derecha española (Garcés 2012, Grimaldos 2006)^[2]. El problema era que bloque atlántico no dejaba espacio para matices: o se estaba a favor o se estaba en contra. La dicotomía del todo o nada marcó la dinámica del referendum español sobre la OTAN de 1986, pero también la forma de abordar la reunificación de Alemania o en el cierre de la opción de Gorbatchow para la URSS.

Naturalmente: tampoco el proyecto atlántico era/es uniforme. Incluye una banda política lo suficientemente ancha como para permitir una alternancia en el poder (bipartidismo), pero todas sus “versiones” incluyen una serie de ejes estratégicos que definen un férreo consenso de fondo. Muchos de estos ejes fueron elaborados en los años 1960 por  think tanks y adoptados después por la Comisión Trilateral (ver Lippman 2003, Bell 1960 y Huntington 1968. En España: Fernández de la Mora 1971).  Definían -y siguen definiendo tras la implosión de la Unión Soviética- el núcleo duro del bipartidismo que aún sigue vigente (Garcés 2012: 175). Son las líneas rojas de lo que en España se denomina “el sistema”^[3] y que aquí vamos a llamar “el consenso atlántico”. Su legitimidad está viéndose muy afectada por la crisis de 2008 colocando a los PEGs frente a una nueva encrucijada histórica.

Los principales ejes del consenso atlántico son los siguientes: a.) modelo económico basado en la propiedad privada y consideración del sector público como actor sólo provisional destinado a abrir oportunidades de negocio para aquella; b.) monopolio de la propiedad en la gestión de las empresas; c.) reducción de la  política a gestión “técnica” del orden existente y reducción de la participación ciudadana a sus expresiones indirectas e intermitentes a través de partidos y listas electorales, si es posible, cerradas (minimalismo democrático^[4]);  d.) creación de condiciones para el libre flujo de los capitales productivos y financieros; d.) integración en la OTAN. La creación de un sistema fiscal más o menos progresivo también forma parte de este proyecto, pero la acción redistributiva del Estado depende enteramente de la capacidad del sector privado de acumular capital  y generar excedentes  (punto a.).

Resistencias al proyecto atlántico

La neutralización de la propuesta alternativa no era una empresa tan fácil como puede parecer hoy.  La tradición de la izquierda y no la de la “economía social y de mercado” era la que había alimentado políticamente a la oposición democrática en los tres países. En Portugal ni siquiera existía un partido socialista histórico y el PS de Mario Soares fue creando de la nada con dinero de Bonn y el apoyo de la CIA (Garcés 2012: 163). El PSOE había sido el “partido socialista más radical de Europa” (Eley 2002) pero su implantación en España era casi nula hacia 1975. La mayoría de los socialistas españoles históricos y no históricos -Rodolfo Llopis, Javier Solana, Joaquín Almunia, Fernando Morán- incluso algunos miembros de gobiernos conservadorea  -Josep Piqué, Andreu Mas Colell- eran marxistas en aquella época o incluso comunistas o maoistas. Felipe González tuvo que dar un golpe de Estado dentro del PSOE -otra vez con el apoyo económico masivo de Bonn- para poder hacerse con el control del Partido frente al marxismo mayoritario (congreso de 1979). El PASOK siguió practicando un discurso radical y “tercermundista” incluso en los años 1980, cuando PSOE ya habían hecho su Bad Godesberg (el PSP es, desde su mismo nacimiento, un genuino producto Bad Godesberg). El PASOK era atacado por la derecha griega como un partido de la “izquierda de la izquierda”, acusado de ser un partido radical, populista y tercermundista, anti-CEE, antinorteamericano y fuertemente comprometido con la “soberanía nacional” (Moschonas/Papanagnou 2007: 87). Tras la revolución del 25 de abril en Portugal (1974) y el fracaso de la contrarrevolución del Presidente Spínola, se produjo una radicalización de la sociedad portuguesa encendiendo todas las alarmas de los gobiernos occidentales (Agee 1979, Grimaldos 2006). La radicalización en Portugal  demostró, que resultaba difícil, incluso peligroso políticamente, intentar destruir el proyecto de la izquierda desde la derecha. Esta conclusión le  dio un mayor protagonismo a la socialdemocracia alemana, que tuvo que emplearse a fondo para “crear un curioso partido de la izquierda destinado a destruir a la izquierda” (A. Grimaldos). Las sociedades del sur estaban tan escoradas a la izquierda que el principal partido de la burguesía portuguesa tuvo que adoptar nombres con evocaciones socialistas (Partido Social Demócrata por el anterior de Partido Popular Democrático). La derecha española no fue nunca capaz de crear un movimiento conservador de masas de tipo democratacristiano (aunque sí la burguesía vasca) y  la adopción de los nombres Alianza Popular y Partido Popular también tiene esta explicación.  Tampoco la Nueva Democracia griega lo tuvo fácil. Tuvo que incursionar temporalmente en el campo de la socialdemocracia con el fin de arrebatarle una parte del campo de la izquierda al PASOK (Pappas en Mosconas/ Papanagnou 2007).

Desde luego, la fuerte militancia anticapitalista del sur de Europa no es una cosa nueva. Hunde sus raíces en las desigualdades sociales, en la ausencia de una burguesía con capacidad de poner en marcha un proceso de desarrollo capitalista con margen de productividad suficiente para beneficiar a una parte mayoritaria de la población etc. (ver Hobsbawm 1995: 136ss). A estas razones históricas hay que sumarle el apoyo que recibieron las tres dictaduras por parte de los países centrales del proyecto atlántico. El aislado régimen de Franco recibió en los años 1940/50 un balón de oxígeno por parte de los Estados Unidos en el marco de la doctrina Truman de contención del comunismo, balón que resulto esencial para asegurar la continuidad del Régimen a largo plazo (Garcés 2012: 175ss). Los regímenes de Paganos, de Karamanlis y de Salazar recibieron ayuda económica directa -y naturalmente también militar- en el marco del Plan Marshall por razones idénticas. Tanto la Grecia monárquica de Pablo I como el Portugal republicano de Salazar son socios fundadores de la OTAN, y las dictaduras de España y Portugal ingresaron en Naciones Unidas en 1955 sólo gracias al muy activo apoyo de los Estados Unidos. El recelo hacia las potencias occidentales también se explica por el trauma provocado por la guerra civil en España (1936-1939) y Grecia (1944-1949), que generaron una enorme destrucción de vidas humanas, patrimonio cultural e infraestructuras. Las fuerzas democráticas perdieron dichas guerras debido a la masiva intervención de las potencias occidentales a favor de las fuerzas reaccionarias, en el caso de Grecia incluso después de haberla ganado militarmente (desembarco británico en noviembre de 1944). En España fue determinante, además, el apoyo de los sectores atlánticos -sobre todo norteamericanos y británicos-  a la institución monárquica desde la década de los 1940 (Garcés 2010: cap. 4). Esta apuesta por la monarquía contrasta con apoyo mayoritario de la población a la República que en España evoca un régimen avanzado de justicia social y soberanía nacional (FOESSA 1970). Aunque la razón principal de ese anticapitalismo probablemente haya que buscarla en las desigualdades que se fueron acumulando en los años de la modernización autoritaria. Estos años generaron traumáticos períodos de “crecimiento sin desarrollo” que hicieron aumentar la renta per cápita en pocos años pero también los índices Gini hasta alcanzar niveles propios de países del llamado Tercer Mundo (para España del 0,25 en 1955 al 0,42 en 1967: Alvarez Aledo 1996).

El proyecto atlántico acabó imponiéndose frente al proyecto alternativo pero la crisis que se inicia en 2008 está erosionando algunos de sus pilares. Los partidos que lo sustentan parecen incapaces de asegurarlo   sin recurrir a prácticas ilegales (casos ininterrumpidos de financiación ilegal de los partidos, corrupción política etc.) y en Grecia y España, pero potencialmente también en Portugal, se están desplomando electoralmente tras más de treinta años de hegemonía absoluta. Existe la sensación de que las bases económicas y políticas del proyecto atlántico no son estables ni sostenibles a largo plazo.  Esto explica la preocupación que han despertado en las cancillerías occidentales los casos de financiación ilegal del Partido Popular español, un tipo de problema que suele ser considerado “interno”. La financiación ilegal, así como la corrupción de prácticamente toda la cúpula directiva del Partido, podría reducir aún más la legitimidad del gobierno encargado de aplicar los duros programas de ajuste impuestos por Bruselas/Berlín en un país con 45 millones de habitantes^[5] y provocar la ruptura de la cadena de la austeridad.

2. La modernización destructiva del sector tradicional

Entendemos por “sector tradicional” un espacio -tanto geográfico como social-  en el que la producción y el consumo, así como las formas de vida y de trabajo asociados a ellos, están aún preferentemente orientadas a los espacios locales y regionales (Lutz 1984)^[6]. La productividad es baja y las tecnologías empleadas más bien artesanales. La organización de la vida gira alrededor de la familia -nuclear y extensa-, del vecindario y de instituciones que obedecen más al patrón de las “familias virtuales” que al de organizaciones formal-burocráticas (Clawson 1989, Petrakis 2012). La separación entre hogar y espacio laboral [Trennung Haus- und Betriebswirtschaft] es aún escasa (parcela agrícola, talleres y pequeñas empresas familiares, trabajadores autónomos que prestan servicios exclusivamente locales etc.).  Sin duda hay explotación laboral (por ejemplo dentro del hogar, por parte de un gran propietario agrícola o dentro de una empresa familiar). Pero esta no es de tipo capitalista (puro), no se articula sólo o tanto a través del trabajo abstracto pues el vínculo entre empleador y empleado no se basa sólo o preferentemente en la relación mercantil. No hay una gestión racional y sistemática de las actividades productivas o de la innovación tecnológica con el fin de maximizar los excedentes sino más bien una “economía estacionaria” fuertemente orientada a la amortización de las (más bien escasas) inversiones en capital fijo y a subsistir económicamente. Esta es la realidad, por ejemplo, de las pequeñas -o incluso muchas medianas- empresas familiares cuyos principales empleados son hermanos, hijos, vecinos o amigos. Las relaciones entre trabajadores y empresarios  pueden resultar disfucionales desde el punto de vista de la eficiencia capitalista, pero no desde el punto de vista de la solidaridad y la reciprocidad (para las PYMES españolas y su estructuración en forma de anillos ver Fernández Steinko 2010: 302ss.).  Los sindicatos no están apenas presentes con la excepción de los  trabajadores más precarios situados en el anillo más periférico de su organización.

La importancia que han tenido y siguen teniendo estos espacios en los PEGs va más allá de lo microsociológico. En ellos se apoyaron los proyectos corporativos de organización política (la Nación como “gran familia” en los regimenes de Salazar, Primo de Rivera-Franco y Metaxas pero también Mussolini). En ellos se siguen apoyando hoy las fuerzas conservadoras para conquistar su hegemonía ideológica y reflotar el proyecto neoliberal. Esto se debe a dos razones. Primero (1) a su capacidad de proveer servicios de bienestar en sustitución del mercado y del Estado. El Estado depende de la organización política de la redistribución y/o el endeudamiento (presupuestos públicos, recaudación, fiscalidad etc.) y el mercado depende de unos ingresos salariales estables es decir, de una sociedad del trabajo mínimamente saneada (ver Esping-Andersen 1990). Por el contrario, los servicios de bienestar propios de los espacios tradicionales sólo requieren modelos familiares estables, una fuerte división sexual del trabajo y formas tradicionales de solidaridad (comunismo familiar aunque fuertemente machista). Muchas de las prestaciones sociales (cuidado de enfermos, hijos, ancianos etc.) las acaban realizando las mujeres -en España sobre todo las hijas mayores- a costa de su emancipación laboral, de su incorporación a la actividad remunerada, y a costa de la explotación no remunerada de su trabajo doméstico. Pero estos espacios (segundo) tienen otra funcionalidad altamente sensible en tiempos de crisis: los valores de solidaridad y reciprocidad, así como la moral -es decir, la definición del “bien” y del “mal”-  que le son propios, funcionan como mecanismos muy eficientes de control social manteniendo a raya el delito incluso en situaciones económica- y socialmente adversas. Así, dos años después de la irrupción de la crisis (2009) y a pesar del fuerte aumento del desempleo, los indices de criminalidad en Portugal (10,4), España (9,1) y Grecia (12,3) eran mucho más bajos que en Dinamarca (18,8) u Holanda (19,7), dos países mucho menos afectados por la misma, y con tendencia al aumento de estas  diferencias (para España ver La Moncloa 2013). Esto no quiere decir que el delito esté controlado a pesar de la crisis social,  pero podría ser mucho peor dadas las dimensiones de la misma.

Ambos factores descargan los compromisos políticos de los gobiernos y las finanzas públicas pues desvinculan la provisión de bienestar del desarrollo del sector público. Cuando los ingresos salariales están en riesgo y las crisis presupuestarias reducen los gastos sociales, estos espacios proporcionan un inestimable margen de maniobra política para manejar la crisis. Incluso cuando las personas socializadas en ellos se incorporan al mundo capitalista y/o moderno -que incluye las empresas privadas y el sector público financiado con redistribución- los valores, las estrategias de vida, no pocos comportamientos sociales y patrones de consumo (la forma de preparar la comida, de organizar el tiempo libre, los ritos matrimoniales o los comportamientos reproductivos) perviven en los nuevos entornos, incluso en las barriadas de las grandes ciudades incorporadas a la globalización capitalista. Se produce así una coexistencia –aunque también una fricción constante- entre lo moderno y lo tradicional. Esta coexistencia contradictoria  es más fuerte y estrecha cuanto más rápida y “nueva” sea la dinámica modernizadora y cuanto menor sea la capacidad del Estado y del mercado -aquí sobre todo el mercado de trabajo- de asegurar una satisfacción razonable de las necesidades sociales antes satisfechas en los espacios tradicionales. Por tanto, cuando más insolidario sean los espacios modernos-institucionales, más funcionales serán los espacios tradicionales para compensar las insuficiencias de aquellos, y más tardarán también en desaparecer las fórmulas “tradicionales” destinadas a hacer frente a los problemas generados por la modernidad capitalista.

El sector tradicional en Portugal, España y Grecia

El sector tradicional era en los años 1970 y 1980 aún dominante en los PEGs. En ciertas zonas rurales era absolutamente mayoritario y constitutivo de su microclima político y cultural, pero también le imprimía -y sigue imprimiendo hoy- un sello inconfundible incluso a las barriadas populares de las ciudades dada la rapidez del proceso de destradicionalización que han vivido nuestros países en los años 1960 y 1980, sobre todo España y Portugal. Hacia 1970 el 95% de los agricultores griegos trabajaba aún exclusivamente con miembros de su propia  familia (Seers ed. 1981: 236).  Hacia 1980 el empleo agrario -no todo tradicional pero sí una parte abrumadora del mismo-  tenía aún un peso decisivo en la estructura laboral de tres países (Grecia: 29%, Portugal: 28%, España: 17%).  En 2007 tanto en Portugal como en Grecia la agricultura aún daba trabajo a más del 10% de la población activa (Eurostat cit. en Fernández/Ortuño: cuadro 3)^[7]. El grueso de este empleo estaba formado por pequeños campesinos autónomos vinculados a una agricultura de subsistencia y orientada a los mercados locales y un nivel de productividad muy bajo^[8]. Hacia 1980 el 86% de las explotaciones agrícolas portuguesas, el 72% de las griegas y el 68% de las españolas (aunque también el 69% de las italianas) tenía menos de 4 hectáreas (Lains/Ferreira da Silva 2005 (orgs): 171)^[9].

El peso del sector tradicional también explica el elevado porcentaje de autoempleados -tradicionales- y de ayudantes familiares. Aún en 1980 el 50% de la población activa griega, el 32% de la portuguesa y el 30% de la española pertenecían a esta categoría (Banco Mundial) y en 1990 casi la mitad de la población activa griega era aún autoempleada (Moschonas/Papanagnou 2007). No todos los automempleados están vinculados al sector tradicional.  De hecho, en los años 1990-2010 se ha producido un aumento muy importante de trabajadores autónomos vinculados a la expansión del sector moderno -sector de la construcción, servicios prestados a las empresas y las administraciones públicas, profesionales del derecho y la medicina etc.-. Pero en los años 1980 eran aún una gran mayoría. El sector tradicional incluía/incluye, además, miles de pequeñas empresas familiares con forma jurídica de sociedad limitada (s.l.) activas en sectores de poca complejidad tecnológica, que requieren poca cualificación y pagan salarios muy bajos, en la mayoría de los casos orientados a los mercados nacionales aunque en Portugal, también a los mercados externos  (textil, calzado, alimentación, cuero, madera etc.). El modelo exportador basado en estas estructuras empresariales ha entrado fuertemente en crisis tras la ampliación de la Unión Europea al este de Europa y la irrupción de China en la arena comercial internacional (Antunes 2005: 207, Lains 2006). Desde luego, este tejido empresarial, a caballo entre el sector moderno y el tradicional, está mucho más cerca del último que del  Mittelstand alemán por mucho que el discurso de las autoridades europeas tienda siempre a negarlo.

El peso del sector tradicional griego es particularmente importante. Casi la mitad de su población (un 46%) al que se suma otro 25% del “sector intermedio” vivía y trabajaba en 1974 aún en él, bien fuera agrícola, secundario o terciario (Seers ed. 1981: 234).  Esta excepcionalidad tiene raíces profundas. El pequeño campesinado se hizo mayoritario tras la fragmentación definitiva de los tsiflik -las grandes explotaciones agrícolas herederas de los latifundios otomanos- poco tiempo después de la Primera Guerra Mundial. Los pequeños campesinos llegaron a ser tan numerosos que consiguieron frenar el desarrollo capitalista del país de forma similar a como sucedió en Francia en el siglo XIX. Es imposible comprender la realidad política e institucional de Grecia sin tenerlos en cuenta (Pirounakis 1996: 13). Muchos votan conservador como sus equivalentes españoles y portugueses, aunque una parte no desdeñable del pequeño campesinado griego ha engendrado culturas cooperativistas que en los años 1970 evolucionaron hacia la izquierda. En las elecciones de 2012 una tercera parte de todos ellos votó a favor de opciones anticapitalistas (Vernardakis 2012: tabla 2): un hecho insólito en el conjunto del pequeño campesinado europeo, incluso teniendo en cuenta la situación de emergencia social que vive Grecia en la actualidad. Demuestra, igual que la experiencia china, que no existe un determinismo político entre pequeña propiedad y orientación conservadora: una cuestión decisiva para la definición de escenarios políticos para el sur (para China ver Amin 2013).  En la Península Ibérica el pequeño campesinado se concentra al norte del paralelo 40 que la corta geográficamente por la mitad (Fernández Steinko 2004).  Se convirtió en la columna sociológica de los regímenes de Franco y de Salazar y sigue apoyando mayoritariamente a los partidos conservadores^[10]. A este campesinado se suma en Portugal y España  una economía agrícola jornalera -en Portugal concentrada en Portalegre, Beja y Évora, en España en Andalucía y Extremadura- que ha producido los indices de subdesarrollo más elevados de Europa (temporalidad, desempleo, tasa de analfabetismo, desigualdad de género etc.). Aún en 1970 la economía jornalera daba trabajo a medio millón de personas en Portugal, el 21% de toda la población asalariada de entonces (ILO 1975).  Hacia 1980 el sector tradicional también era aún omnipresente en las grandes ciudades dominadas por el pequeño comercio, las empresas de transporte familiar, los talleres artesanales y las pequeñas empresas de baja intensidad tecnológica.

La primera modernización destructiva: crecimiento sin desarrollo

Uno de los principales retos de la modernización de los PEGs era/es qué hacer con todo este mundo, cómo insertarlo en el nuevo espacio institucional creado con las constituciones democráticas, cómo  transformarlo y “modernizarlo” sin tener que pagar un coste laboral y ambiental demasiado alto. Es imposible hacerlo sin el apoyo de los poderes públicos,  sin la creación de potentes infraestructuras educativas, municipales y económicas de ámbito local, sin fuertes inversiones en tecnologías más intensivas en trabajo que en capital o sin medidas destinadas a reducir su atomización (por ejemplo en forma de cooperativas) . Cuando no se hace así, el coste de su modernización puede llegar a ser muy grande (crecimiento urbano descontrolado, aumento del paro y de las desigualdades sociales etc): es “crecimiento sin desarrollo”.

El tejido tradicional de Europa Occidental, mayoritario tras la Segunda Guerra Mundial incluso en países altamente desarrollados como Alemania Federal (Lutz 1984), se ha ido modernizando gracias a la acción de políticas comprometidas con la creación de una nueva productiva orientada al desarrollo interno de los países. No se puede decir lo mismo de los sectores tradicionales de los PEGs. La modernización que conocieron tras las devualuaciones de sus monedas en los años 1950, estuvo soportada por inversiones muy intensivas en capital y poco intensivas en trabajo (para Portugal: Lains/Ferreira da Silva 2005, para España: Moral Santín et al. 1981, para Grecia: Freris 1986). Estas inversiones altamente selectivas, empujaron la productividad media hacia arriba pero fueron creando un tejido dual que generó crecientes diferencias de desarrollo regional y de renta per cápita. Es verdad: también en Portugal y España se adoptaron políticas de planificación económica en los años 1960 (Planos de Fomento, Planes de Desarrollo), y las iniciativas industrializadoras de los gobiernos griegos de aquella época son considerados “muy innovadores dado su carácter integral y sistemático” (Freris 1986: 130).  También estas políticas industriales se beneficiaron del carácter regulado del capitalismo global que admitía una expansión importante del sector público. Esta constelación generó en los PEGs el crecimiento económico más alto del -junto con el de Japón y Turquía-  así como un aumento sostenido de la productividad. El acercamiento más importante de su renta per capita a la media europea (en España del 60% en 1960 al 82% en 1975) se produjo justamente es estos años, a parte del  efímero sueño de la convergencia nominal a partir de la segunda mitad de los años 1990 (ver abajo).

Con todo: ninguno de las tres experiencias modernizadoras es comparable, por ejemplo con las incitativas francesas, británicas o italianas de la época. Los gobiernos del sur no disponían de suficientes recursos económicos y su nivel de recaudación les daban poco margen material de maniobra. La razón última no es económica sino política: faltaba un pacto social entre capital y trabajo que sentara las bases de un sector público importante. El sector público español (16% del PIB) y el portugués (17%)  quedaban muy lejos del 30% italiano o de más 40% francés por esos mismos años 1960 y hacia mediados de los años 1970 las diferencias de gasto público con respecto a Italia y Francia eran aún de más de diez puntos (24% frente al 36%). Los planos y planes incluían la acción del Estado y la retórica nacionalista potenciaba la imagen de un Estado económicamente activo. Pero su actividad era más político-represiva que económica pues el fin principal de estos planos y planes era el estímulo de la iniciativa privada (Moral Santín et al. 1980). El grueso del capital invertido durante esos años era privado y su efecto global más bien modesto (para Portugal Lains 2006:  176, para España: Martínez Cortiña et al 1975). En definitiva: los “treinta gloriosos” del capitalismo domesticado europeo no tienen tanto que ver ni con la “era dorada” (Das Neves) que vivió el salazarismo entre 1958 y 1973, ni con el “milagro económico” del desarrollismo franquista, ni tampoco con el despegue modernizador de los tiempos de Karamanalis en Grecia por mucho que algunos indicadores económicos puedan sugerirlo.

España es el país en el que más rápida y radical ha transcurrido este proceso. En tan sólo 20 años su población agraria pasó del 50% al 25% de la población activa (1950-1975) frente a los 33 años que duró este mismo proceso en Italia y los casi 90 años en Francia (García Delgado/Muñoz Cidad 1988). Es verdad: se produjo un ciclo modernizador de tipo fordista que creó una incipiente clase media y una -pequeña aunque influyente- clase de managers vinculados más a la gestión que a la (gran) propiedad rentista. Surgieron de la nada varios islotes fordistas vinculados a sectores tecnológicamente punteros y muy intensivos en capital: el químico, el energético, el del automóvil etc.. (Fernández Steinko 2010: 258ss.). Pero estaban rodeados por un vasto y cada vez más caótico tejido tradicional desprovisto de las infraestructuras físicas, humanas, educativas, sanitarias y sociales más elementales. La “destrucción” dominó sobre la “creación” schumpeteriana como bien puede apreciar cualquiera que visite hoy sus antaño hermosas ciudades y paisajes (para Grecia: Pirounakis 1997: cap. 9).

La segunda modernización destructiva: la Comunidad Europea

El ingreso en la CEE ha tenido un efecto contradictorio sobre la  modernización democrática de los PEGs. Hay una doble razón. La primera es que se produce en una situación de derrota de la izquierda y de consolidación del proyecto atlántico. Este se basa en la eliminación de todo tipo de barreras legales, geográficas y culturales que pudieran impedir el libre movimiento de los capitales internacionales más productivos y respaldados por gobiernos influyentes en la arena internacional (“colonización capitalista del sector tradicional”: Rosa Luxemburg).  Las élites que pilotaron este proceso, pero también la mayoría de los intelectuales y de la opinión pública, asociaron el proyecto atlántico con la prosperidad europea de la postguerra para legitimar las duras condiciones de integración. Sin embargo, la comprensión que habían mostrado las grandes corporaciones norteamericanas para con las políticas proteccionistas de los gobiernos europeo-occidentales en los años de la segunda posguerra, tiene muy poco que ver con las políticas propuestas por la Comisión Trilateral en los años 1970 y 1980 para los PEGs (ver arriba). La segunda razón es que dicho ingreso se produjo en un momento en el que el sustrato cooperativo del proyecto europeo empezó a debilitarse frente a su sustrato competitivo y el  avance de las políticas neoliberales en Bruselas.

En 1993 entró en vigor el acuerdo sobre libre circulación de mercancías, capitales y personas así como el Tratado de Maastricht. Ambos representan “la mayor desregulación de la historia económica” (Huffschmid 1994). Dicho acuerdo expuso el aún inmenso tejido tradicional del sur -y también del Este del Europa- a la rápida penetración de los grandes capitales internacionales. Lo hizo -y esto es fundamental- cerrando la posibilidad de desarrollar políticas industriales activas comparables a las de los años 1960.  Por tanto, y a diferencia de lo sucedido quince años antes, nuestros países tuvieron que afrontar una doble destrucción durante el período democrático.   Las políticas agrarias comunes, la rápida reducción de aranceles, la construcción de vías de transporte financiadas con dinero comunitario y otras medidas destinadas a reducir el coste del transporte de mercancías que permitían los productos centroeuropeos competir incluso en los espacios más apartados de los territorios del sur: todo esto hizo posible una nueva ola de colonización capitalista del sector tradicional mediterráneo que, al menos en el caso de España, fue en parte más rápida aún que la primera (Lutz 1984: 262). La segunda destrucción afectó, además, al tejido moderno, preferentemente industrial, que se había venido creando con no pocos esfuerzos humanos, fiscales y tecnológicos desde los años 1950. La cancelación de las políticas industriales activas, bien impuestas por Bruselas, bien consideradas obsoletas por parte de las élites nacionales por razones ideológicas o pragmáticas, tuvieron este efecto. Ambas destrucciones produjeron en nuestros países las tasas de desempleo más altas de la OCDE.

Pero en ninguno de los tres ha alcanzado el desempleo los niveles de  España. Tiene con menos barreras de proteccionismo natural que Portugal y que Grecia (está más cerca de los grandes centros de producción continental, su territorio no está diseminado en islas como el griego etc.). Su despegue industrial de los años 1960 ha sido (aún) más intensivo en capital que el portugués y el griego, y sus autocráticas empresas fordistas tuvieron un comportamiento particularmente rígido durante la crisis de mediados de los 1970 (datos comparativos en Lains 2006: 191).  Sus élites han abrazado de forma más temprana que ninguno de los tres países el credo monetarista y (neo)liberal (mayoría de las élites atlánticas en los gabinetes de Franco a partir de 1959, conversión madrugadora del PSOE al socialliberalismo etc.). Esto les ha hecho priorizar en fechas más tempranas la lucha contra la inflación y la desregulación del mercado de trabajo frente a la lucha contra el desempleo, el desarrollo de políticas industriales y las políticas de flexibilidad interna, aunque con la excepción de los sucesivos gobiernos vascos.  El ministro de economía socialista, el navarro Carlos Solchaga, declaraba hacia 1990, varios años antes de las olas privatizadoras impuestas por Maastricht, que “la mejor política industrial es la que no existe”. Entre los antiguos izquierdistas, J. A. Schumpeter, con su teoría de la destrucción creativa, acabó convirtiéndose en España en el  “clásico de moda” frente a un Keynes tenido por un obsoleto “teórico de la demanda”. Detrás de este culto a la destrucción schumpeteriana se esconde un modelo de modernización ensañado, también por razones  ideológicas de origen  interno, con un sector tradicional tenido por inservible y opuesto al progreso, antes que como una pieza clave  no fácilmente substituible de la estructura social del país. Esta no sólo no se puede hacer desaparecer sin tener en cuenta su coste sino que, además, puede generar muchos recursos aprovechables para un proceso de modernización más sostenible.  En consecuencia: el desempleo español no ha bajado nunca por debajo del 8% de la población activa desde 1982 con un primer pico en 1994 (24%) y otro segundo, ya en circunstancias muy especiales, del 26% (2013). A principios de 2013 el paro se aproximaba a los 6 millones de personas, con un 36% en Andalucía, un 34% en Canarias y un 33% en Extremadura (EPA).

En Portugal, por el contrario, los efectos de la destrucción del sector tradicional han sido menores, su velocidad más moderada y una parte de su sector manufacturero seudotradicional (madera, impresión, calzado, textil) ha subsistido gracias a una orientación exterior apoyada en el pago de bajos salarios y las políticas de devaluación gradual del escudo (crawling-peg) que funcionaron entre 1977 y 1990 (primer pico de desempleo en 1985: 10%, segundo pico 2013: 16%: Lains/Ferreira da Silva org. 2005). A cambio, el país ha ido cayendo en una dependencia “estratégica” de esta estructura salarial que no han podido mantener tras la expansión de la Unión Europea hacia el Este y la irrupción de China en la arena comercial internacional (Lains 2006). También Grecia pudo mantener el desempleo bajo control durante más tiempo que España.  Su sector tradicional ha ido disminuyendo de forma más lenta y sus élites políticas abrazaron el monetarismo y el neoliberalismo relativamente tarde (Moschonas/Papanagnou 2004). El primer pico de desempleo lo vivieron  los griegos en 1998 (12%), dos años después del ascenso del neoliberal Kostras Simitris a la secretaría general del PASOK, el año del primer triunfo electoral de la derecha española desde 1934. Grecia también consiguió frenar (temporalmente) el aumento del desempleo creando empleo público en el marco de una política clientelar destinada a alimentar el bipartidismo (Kadritzke 2010). El estamento militar, cuyo peso sobre el PIB es el doble del portugués y cuatro veces el del español (del 4% del PIB frente al 2% de Portugal y al 1% de España) también ha tenido aquí un papel sobresaliente  y tiene su origen en las disputas territoriales del país con sus vecinos del norte y sobre todo del este.

Esta forma de integración en la CEE no les permitió a nuestros países cerrar la brecha de productividad con respecto a los países europeos más desarrollados. En la industria transformadora portuguesa y española, esta brecha se había venido cerrando hasta 1975 y mantenido estable hasta 1980. A partir de la década siguiente, sin embargo, empezó a ampliarse otra vez a pesar de la quiebra de no pocas empresas del sector tradicional.  Hacia 1992 la economía de los PEGs seguía siendo dual, con una mayoría de empresas familiares poco innovadoras capaces de competir internacionalmente sólo pagando salarios bajos o muy bajos, infringiendo normas ambientales y laborales o no pagando impuestos. La productividad de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) sólo llega en España al 67% de las grandes  frente al 75% en Portugal y al 79% en Grecia, mientras que hay casos de países centrales del capitalismo renano en los que su productividad puede ser incluso superior a la de las grandes empresas. Estos datos remarcarían aún más el carácter dual de la economía de los PEGs si fuera posible aislar estadísticamente la evolución de la productividad de las PYMES específicamente vinculadas al sector tradicional. Grecia es el país de los PEGs con los ritmos de crecimiento de la productividad más bajos entre 1985 y 1996 (del 11,6% frente al 39,5% de Portugal y el 19,9% de España: Pirounakis 1997: 183), si bien esta empezó a crecer de forma importante a partir del año 2000.

Por tanto: mucho antes del colpaso de 2008 había síntomas claros de que sus sistemas económico-productivos no iban a ser capaces de financiar por mucho tiempo una modernización basada en una “economía social y de mercado” neocompetitiva en lo económico y no autoritaria en lo político.   Para poder seguir adelante con su voluntarista proyecto de “economía social de mercado” y evitar la ruptura del consenso atlántico, los gobiernos de los PEGs tuvieron que recurrir en aquellos años al endeudamiento externo, lo cual elevó el coste de la deuda y abrió un amplio frente para las críticas de la derecha. En 1992 Portugal llegó a pagar el 6% de todo su PIB para pagar el servicio de su deuda y España el 5% (1996)^[11]. Es verdad: las transferencias comunitarias llegaron a ser importantes (del 2,4% del PIB en Portugal entre 1994 y 2000). Sirvieron para modernizar muchas infraestructuras del país, para crear una red de ambulatorios y escuelas públicas, un sistema administrativo más eficiente, abrir oportunidades de trabajo cualificado para muchas personas, sobre todo mujeres vinculadas al sector público etc. Pero la parte sustancial de ese dinero sirvió para  reforzar el proyecto atlántico, por ejemplo  para reducir el coste de la circulación de las  mercancías producidas en las grandes plantas industriales de los principales donantes antes que para fundamentar un desarrollo sostenible al servicio del desarrollo local. El desvío casi total de ayudas para el desarrollo de infraestructuras de transporte privado y por carretera frente al desarrollo del ferrocarril, es muy revelador en este sentido. En términos cuantitativos las ayudas europeas son peladillas [peanuts] en comparación con el coste a medio plazo de este modelo de modernización. ¿Cómo asegurar los derechos y compromisos constitucionales recién adquiridos por las jóvenes democracias en medio de este panorama?

Sueño y despertar de la convergencia nominal

La propuesta dictada por los tiempos que se abrieron tras la caída del Muro de Berlín era la convergencia nominal con Europa y la estabilización monetaria en el marco de la radicalización del proyecto atlántico en todas sus vertientes: la cultural, la económica y la militar. La cancelación de las políticas destinadas a consolidar una economía real, que empezaba a ser de facto inviable, fue un hecho decisivo para nuestros tres países. En España y Grecia explica el cambio de ciclo político (transformación del PASOK en el “partido de la bolsa” bajo Kostras Simitris, triunfo de José María Aznar en España). En Portugal creó serias tensiones entre el gobierno y el gobernador del Banco de Portugal Miguel Beleza y le abrió el camino a un gobierno conservador en solitário –aunque compuesto por dos partidos: el PSD y el CDS- por primera vez desde el cambio democrático, (triunfo electoral de Durâo Barroso en 2002). El objetivo de participar en el proceso europeo de convergencia monetaria obligaba a tomar medidas radicales, algunas de las cuales rompían con el espíritu de las transiciones democráticas como la privatización de empresas estratégicas y la erosión de la democracia social y el mantenimiento de monedas devaluadas destinadas a mantener un cierto control del desempleo. Además, obligaba poner fin a las devaluaciones que habían utilizado los gobiernos para enfrentarse al desempleo de 1993/93, a controlar la inflación y la deuda pública por encima de cualquier otro objetivo y a ampliar las bandas de fluctuación cambiaria entre las monedas europeas.

La estabilización monetaria y la reducción del coste de la deuda fue, sin duda, un progreso para los PEGs que han sufrido desde el comienzo de la industrialización una escasez crónica de crédito y tenido que pagar intereses muy elevados para adquirirlo. El caso más extremo es Grecia, donde los tipos de interés no consiguieron bajar nunca por debajo del 30% antes de 1840 ni por debajo del 15% en el período de entreguerras. La deuda pública per cápita de los portugueses y españoles era, con la de los italianos, la más alta de Europa antes de que la Primera Guerra Mundial distorsionara la estructura del endeudamiento público de los países que participaron en la misma (Lains 2006: 46). Los cambios democráticos de los años 1970, que  coincidieron fatalmente en el tiempo con la agudización de la crisis del capitalismo en todo el mundo y con el repentino aumento de los tipos de interés en los Estados Unidos (“Volcker Shock” de 1979) dispararon la inflación y multiplicaron en poco tiempo el coste de ese endeudamiento  que necesitaban desesperadamente para estabilizar sus jóvenes regímenes democráticos. La política de estabilización monetaria dio sus frutos. La inflación cayó en Portugal del 13% (1990) al 2% (1997), en España del 7% al 2% entre esos mismos años y en Grecia del 20% (1990) al 1% en 2009. Los intereses nominales a pagar por la deuda pública a largo plazo cayeron en Portugal del 22% (1986) al 3,9% (2006), en España del 12,8% (1986) al 3,3 (2005) y en Grecia del 17% (1995) al 3,5% (2005): un hecho insólito en la historia financiera de los PEGs. La estabilización monetaria y la reducción de los intereses de la deuda hay que leerlos en clave de creación del euro  que redujo entre 1995 y el verano de 2008 el spread de su deuda pública con respecto al bono alemán (Sinn 2010: 336s) aunque con un coste monetario importante: el escudo, la peseta y el dracma se incorporaron al euro como monedas revaluadas, lo cual perjudicó, aun más y a medio plazo su posición dentro de la nueva Europa ultracompetitiva.

En teoría, esta coyuntura monetaria podría haber servido para reforzar la base productiva del sur e impulsar la convergencia real en el contexto de una Europa solidaria. Podría haber permitido poner en marcha un proceso de modernización del tejido empresarial tradicional por medio de inversiones en capital humano, innovación tecnológica, formación de clusters regionales y a través de una redefinición cooperativa de la división del trabajo en Europa con la perspectiva de una reconversión ambiental del Continente que ya entonces era más que urgente. Pero nada de esto se hizo. La convergencia nominal sólo sirvió para consolidar una Europa competitiva en la que el más fuerte se lo llevó todo y el más débil sólo se llevó un sueño temporal. El mundo occidental, y los círculos atlántico-europeos en particular, aplaudían la aportación de la convergencia nominal a la modernización del sur pues  parecía demostrar el potencial civilizatorio de su  apuesta política. Pero ni el mainstream económico, ni menos aún los círculos de poder occidentales  -que incluían las propias élites en los gobiernos del sur- abordaron el problema de fondo: cómo crear un sistema económico con capacidad de generar empleo de forma sostenible en el tiempo destinado a financiar una sociedad justa y democrática. Abordar este problema pasaba por redefinir la división del trabajo dentro de la Unión Europa y por cuestionar los grandes ejes del consenso atlántico. Ninguna de las dos cosas estaba en la agenda de los gobiernos europeos.

Una vez arrinconada la izquierda, la única alternativa políticamente viable que se les abría a nuestros gobiernos tras la firma del Tratado de Maastricht era apostar por los sectores menos expuestos a la competencia extranjera aprovechando la reducción del precio del dinero y los demás efectos de la convergencia monetaria. Son aquellos sectores que producen bienes y servicios no transaccionables: la construcción, la educación y la salud -públicas y privadas-, los servicios financieros y naturalmente también el turismo y el sector militar (para Portugal: Ferreira do Amaral 2009: 55ss). Por muy liberal que sea el credo de la época: el desarrollo de estos sectores dependen de la adopción de decisiones políticas, sobre todo en el sector de la construcción que sólo puede crecer de forma significativa si se modifican las condiciones locales de edificabilidad del suelo. Las decisiones sobre edificabilidad, que puede multiplicar por 1000 el valor de un solar en poco tiempo y atraer de la noche a la mañana cantidades ingentes de ahorro internacional -bien de origen legal o ilegal-, está en manos de las administraciones locales que son las que tienen las competencias sobre esta materia. No es casualidad, por ejemplo, que la “reforma del siglo” de la administración local portuguesa, y que le da a las administraciones locales una mayor autonomía, se produjera justamente en 1998.  La posibilidad de generar una fuerte dinámica de crecimiento local simplemente tomando una serie de decisiones administrativas locales ha creado un suelo fértil  para la comisión de delitos de cuello blanco como la corrupción, los delitos urbanísticos y contra el territorio, la falsificación de documento público o la financiación ilegal de partidos. Los 46.000 millones de euros ganados en 2008 por las empresas españolas de la construcción, combinados con el hambre crónica de empleo de las poblaciones locales, el carácter sumergido de al menos una tercera parte del sector y la cultura de la adquisición de bienes inmuebles tan propia de los PEGs, forman una amalgama de fertilidad explosiva pues acaba contando con la complicidad o el silencio de sectores amplios de la población frente al delito y la degradación ética de su sistema político. A costa de la sostenibilidad urbanística y ambiental, y a costa también de la salud de sus sistemas democráticos. La crisis económica rompió muchos de estos consensos silenciosos y las movilizaciones ciudadanas de 2010 en adelante son expresión de esta ruptura.

En general, los sectores no transaccionales son muy intensivos en empleo, la mayor parte -que no todo- poco cualificado. El más importante, el de la construcción, frena el crecimiento de la productividad y le sustrae recursos financieros al sistema productivo: en la Grecia de los años 1980 hasta un 60% de toda la formación bruta de capital (Freris 1986: 166)^[12]. Además puede tener un coste energético, ambiental, laboral y paisajístico extremadamente elevado cuando se deja que actúen libremente las fuerzas del mercado.  En España, al menos una tercera parte del  sector de la construcción forma parte de la economía sumergida. Incluye hasta 16 niveles de subcontratación cuyos capitales se pierden por los espacios tradicionales más recónditos y geográficamente apartados. En Grecia una quinta parte de todas las construcciones nuevas son ilegales y en la isla canaria de Lanzarote, protegida por una política de defensa del paisaje pero en la que se da un desempleo crónico, este porcentaje llega al 33%. El índice de accidentes laborales en el sector de la construcción es el más alto de toda la economía, un dato que si se combina con su carácter fuertemente sumergido, lo convierte en un sector particularmente perjudicial para la sostenibilidad de las arcas públicas y el interés general^[13]. Otros sectores productores de servicios no transaccionables dependen del aumento del gasto público (salud y educación, sector de los servicios a las administraciones públicas). El gasto público efectivamente empezó a crecer de nuevo a partir de 1992. Sin embargo su ritmo de crecimiento fue superior al de su coste, pues la reducción de los tipos de interés y la estabilidad monetaria hizo caer el coste del endeudamiento. Esto amplió el margen de maniobra fiscal de los gobiernos en pleno contragolpe neoliberal: podían ofrecer más servicios públicos por el mismo coste. El aumento absoluto del gasto público pudo compensarse durante esos años con el aumento del PIB provocado  precisamente por la fuerte expansión de los sectores no transaccionales, sobre todo el de la construcción de forma que el saldo final (deuda pública en % del PIB) tendió a diminuir en los tres países en los años en los que se estabilizó políticamente el neoliberalismo. Esta milagrosa combinación entre estabilización monetaria y desarrollo de los sectores menos expuestos al mercado generó en los PEGs las tasas de crecimiento del PIB más altas de toda Europa (grupo de los 15): casi del 5% en Portugal y España entre 1998 y 2000, del 4,5% en Grecia en 1997.  El crecimiento produjo a una fuerte reducción temporal del diferencial de PIB per cápita con respecto al resto de la Europa de los 15 (España del 79% en 1995 al 91% en 2007). En 2008 el sector de construcción española llegó a dar trabajo al 13% de toda su población activa, en Grecia y Portugal algo menos (media mundial: 7%) un dato  insólito y completamente insostenible en el tiempo que refleja un desvío de recursos hacia una actividad de base especulativa altamente destructora de recursos. ¿Pero realmente había muchas más alternativas en el marco del proyecto atlántico?. Es comprensible que muchos ciudadanos del sur empezaran a creerse realmente el proyecto atlántico, a creer que efectivamente había llegado el “fin de la historia” y la participación de los gobiernos de Portugal y España en la guerra de Irak habría sido imposible sin este estado de ánimo colectivo.

El boom tenía, además, un segundo componente estabilizador y fácilmente insertable en una visión neoconservadora de la sociedad. En los PEGs, el  porcentaje de familias propietarias de bienes inmuebles es de los más elevados de mundo. Esta realidad se deriva de las  dimensiones de su sector tradicional y de la promoción privada de la vivienda por parte de las dictaduras que permitió hacer política social sin elevar el gasto público y favoreciendo a los lobbies financieros. En España y Grecia, los índices de propiedad ya estaba en 2000 muy por encima del 80% y si en Portugal eran cuatro o cinco puntos más bajos, es porque el repentino aumento de la población retornada de las colonias a partir de 1974 hizo aumentar el peso de los alquileres. La dispersión de la propiedad inmobiliaria no sólo contrarresta la precariedad laboral reduciendo la dependencia del mercado de alquileres. Además permiten utilizar el patrimonio familiar como aval para ampliar el endeudamiento privado a pesar  -esto es esencial- de la “doble destrucción” que han vivido nuestros países en las últimas cuatro décadas: es el “capitalismo popular inmobiliario” (Fernández Steinko 2003), la versión mediterránea del “capitalismo popular” de corte anglosajón apoyado en los dividendos del sector financiero  (también: “keynesianismo bursátil”)

Sólo un indicador perturbana el sueño de la convergencia nominal y del inesperado “fin de la historia”: la balanza por cuenta corriente [Leistungsbilanz]. El rápido crecimeinto de los sectores productores de bienes y servicios no transaccionales encubría una realidad perfectamente conocida: cuando estos aumentan más rápidamente que los que producen bienes transaccionales se está produciendo una pérdida encubierta de competitividad (Ferreira do Amaral 2009). El carácter no sostenible de esta situación se refleja justamente en la evolución negativa de la balanza por cuenta corriente a pesar de la evolución positiva de otros indicadores macroeconómicos. Su déficit se remonta a los años anteriores al euro pero se dispara hasta la estratosfera tras la creación de la moneda única: en Portugal aumenta del +3% en 1986 al -13% en 2008, en España: del +2% en 1987 al -10% en 2007 y en Grecia  del -4% en 1980 al -17% en 2008. Era el presagio de la tormenta. Cada país evolucionó de forma parcialmente distinta, pero estos datos demuestran que los tres lo hacían en la misma dirección, que no había alternativa dentro del proyecto atlántico -aproximación ideológica de facto entre el centro-derecha y el centro-izquierda- y que debajo de la convergencia monetaria había algo muy feo que no funcionaba. “Portugal estaba divergiendo desde hacía mucho tiempo de la media comunitaria en términos de bienes transaccionales, lo cual apuntaba a una situación potencial de empobrecimiento relativo a largo plazo que empezó a hacerse efectiva en la primera década del siglo” (Ferreia do Amaral 2009: 57). Es verdad: Portugal, con imporantes diferenciales de productividad, una apuesta estratégica por sectores con salarios bajos y una economía más bien pequeña tuvo que pagar un coste particularmente alto: sólo entre 1991 y 2001 perdió, al menos, un 17% de su competitividad. Pero la productividad comparativa española y griega no ha evolucionado de forma sustancialmente distinta  entre 1995 y 2008 (medida en términos de REER^[14]) (Petrakis 2012:53). A partir de 2000 la productividad griega empezó a crecer más rápidamente que el resto debido a la modernización de algunos sectores no transaccionales como el comercio y el transporte (McKinsey 2012). Pero las tendencias de fondo, que se reflejan de forma contundente en la balanza por cuenta corriente, son idénticas como idénticas son las ruinas que están contemplando sus sociedades cuando escribimos este texto. Son las ruinas del proyecto atlántico que las élites del sur habían asegurado iba a servir para asentar  una sociedad más justa, sostenible y democrática.

5. Conclusiones

El proyecto atlántico es un ejemplo exitoso de ingeniería política. Ha contribuido a modernizar las sociedades de los PEGs, transformado su sistema institucional, ampliando el horizonte cultural y los recursos subjetivos de millones de las personas vinculadas hasta entonces al localismo del sector tradicional. Las mujeres han sido las más beneficiadas, pues se han creado empleos dignos también para ellas, se han erosionado las culturas de la desigualdad y las sociedades han orientado sus radares criminológicos hacia el maltrato y la discriminación. Sin embargo, el proyecto atlántico no ha creado una base productiva para darle continuidad a la modernización democrática y asegurar sus conquistas a largo plazo. Ha permitido desmantelar las mayorías que en los años 1970 se habían decantado por una democratización más avanzada y sostenible basada en un proyecto de sociedad solidaria, en la subordinación de la economía a las necesidades humanas, en la sostenibilidad y la neutralidad, y también más centrada en el desarrollo interno que en la expansión exterior. El desmantelamiento de esta opción ha permitido vincular los vastos espacios tradicionales del Mediterráneo a los circuitos de revalorización de los grandes capitales occidentales. Al hacerlo, no se ha ajustado a sus realidades sociales y culturales, sino que ha forzado la adaptación de estos a los dictados de dicha revalorización, cueste lo que cueste, y ofreceriendo alternativas sólo a corto y medio plazo. La convergencia monetaria sólo ha traído una solución temporal. Hoy por hoy parece evidente que ya no es posible seguir pagando el coste ambiental, urbanístico, laboral y también moral -degradación ética de la actividad política profesional- de la prórroga del modelo atlántico. La situación creada en los países mediterráneos demuestra que dicho modelo, esencialmente competitivo y excluyente, no es viable a medio plazo para las sociedades más débiles y dependientes, aquellas que, por diferentes motivos, han llegado tarde a la industrialización capitalista o que han sido excluidas de los grandes consensos políticos de la postguerra. En realidad, los PEGs están viviendo una experiencia comparable a la de la mayoría de las sociedades de América Latina, cuya financiarización tras la crisis de la deuda, provocó el hundimiento de sus clases medias, una degradación brutal de sus ciudades y territorios, y una liquidación de su tejido tradicional no acompañada por la creación de un tejido moderno alternativo a la altura de la destrucción de aquel.

La gran cuestión ahora es si los PIGs pueden defender las conquistas democráticas en el marco del proyecto atlántico, un proyecto basado en un orden esencialmente competitivo, en el fundamentalismo de la gran propiedad y de la disposición excluyente de los medios de producción y en un modelo de democracia minimalista. La segunda gran pregunta es cómo insertar el sector tradicional, con sus limitaciones actuales -su atomización, las desigualdades que esconde en sus espacios privados etc.- pero también con todo su potencial civilizatorio –posibilidad de autodeterminación en el trabajo, culturas de la solidaridad y la reciprocidad, más intensidad de trabajo que de capital, mayor densidad comunicativa etc.- en un proceso de modernización democrático. ¿Cómo transformar estos espacios, que hoy malviven en la periferia de la modernidad capitalista alimentando el particularismo y el sector sumergido de la economía, cómo hacerlo en beneficio del interés general, del desarrollo sostenible, de los valores democráticos y de la justicia social?

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