Manolo Monereo
Se han vuelto a equivocar y por mucho. Renzi ha perdido rotundamente. Poco han servido las tradicionales apelaciones al miedo, a unos mercados en rebelión permanente y a la inestabilidad, a los peligros -típicamente italianos- de la ingobernabilidad.
De hecho las “reformas Renzi” se pretendían legitimar invocando los sagrados nombres de la eficacia, de la confianza y de la necesaria e ineludible convergencia con Europa. El escenario ha sido el ya conocido en estos últimos tiempos: una sólida alianza de los grupos de poder económicos y mediáticos, con una parte nada desdeñable de la clase política y la intervención directa de las instituciones de la Unión Europea en favor del, hasta ahora, primer ministro italiano, a lo que habría que añadir, un toque específico de distinción, la interesada colaboración del presidente Obama. Se han vuelto a equivocar y no será la última vez.
La derrota de Renzi ha sido clara. Con una participación elevada para este tipo de referéndum (65,6%) la diferencia ha sido, más o menos, de 18 puntos, es decir, el sí ha obtenido un 40 % y el no ha superado el 59 %; estamos hablando de 6 millones de votos. No es poca cosa.
El problema es en todas partes el mismo: ¿Cómo conseguir por vías democráticas que las poblaciones, la ciudadanía, renuncien a derechos sociales históricamente conquistados, a libertades civiles consagradas en los textos constitucionales y consientan convivir el resto de sus vidas con una degradación permanente de las condiciones de trabajo y existencia?
Éste es el problema real que las buenas conciencias de las izquierdas no quieren afrontar: que el capitalismo realmente existente (el capitalismo monopolista-financiero) es crecientemente incompatible con la democracia constitucional y que exige -es la clave- una redistribución sustancial de renta, riqueza y poder en favor de las clases económicamente dominantes, de la oligarquía. Parafraseando un viejo eslogan, “es el poder estúpidos, es el poder”.
No se trata de conspiraciones, que las hay y en todas partes. Es más simple: organizar la política, llevarla a cabo y conseguir determinados objetivos más allá y más acá de unas instituciones puestas en crisis precisamente -no se debería olvidar- por los que mandan y no se presentan a las elecciones. No es casualidad que allá por mayo de 2013 el conocido banco de inversiones JP Morgan emitiese un informe titulado “El ajuste de la Zona Euro, una tarea a medio hacer” donde se defendía abiertamente la derogación de las constituciones democráticas de la Europa del Sur.
La narrativa era clara y sin demasiados rodeos: nuestras Constituciones son la herencia de conquistas democráticas obtenidas después de largas y duras dictaduras, donde la influencia de la izquierda fue muy fuerte, lo que les dio un “sesgo socialista” incompatible con el tipo de capitalismo dominante hoy en el mundo.
Para decirlo de otra forma, los derechos sociales, laborales y sindicales, las libertades reales conquistadas en eso que se ha venido en llamar Estado Social son un obstáculo a la globalización capitalista y a las instituciones de la Unión Europea y, por lo tanto, deben de ser superadas. Asombra la claridad, de un banco como JP Morgan, que tiene el mérito de ser uno de los culpables de la crisis financiera internacional, caracterizado -así lo puso de manifiesto el Congreso de los EEUU- por sus prácticas delictivas, irregulares, cuando no abiertamente mafiosas.
El proyecto Renzi fue algo más sofisticado. En el centro -es el discurso dominante- la gobernabilidad y, sobre todo, la estabilidad; para conseguirla se proponían un amplio paquete de reformas constitucionales de mucho calado y un enésimo cambio en la ley electoral. La clave de ambas es conocido: centralizar el poder en el Ejecutivo, específicamente en el primer ministro y un sistema electoral que garantizara a la fuerza que obtuviera el 40% de los votos, un premio de mayoría que le diese el control de la cámara, es decir, el 54% de los escaños.
La ley “Renzi-Boschi” no entraba directamente en los aspectos dogmáticos o en los grandes principios constitucionales y se centraba en los aspectos orgánicos capaces de garantizar un Ejecutivo fuerte, con mayor discrecionalidad y con mayor capacidad de eludir los controles parlamentarios. La paradoja es ésta: para profundizar en el proceso de integración europea es necesario limitar la democracia y superar los principios del constitucionalismo social.
El horror a la democracia se hará cada día más evidente. Para los grupos dirigentes la construcción de lo que ellos llaman Europa, en realidad es la UE, es demasiado importante para dejarla en manos de la ciudadanía, de las mujeres y hombres comunes y corrientes. Nada es más utópico, menos realista que pensar que se pueden mantener nuestras libertades, nuestros derechos y nuestra cualidad democrática defendiendo un tipo de construcción europea que se basa en un gigantesco proceso de acumulación por desposesión en favor de una minoría oligárquica cada vez más cerrada y con más poder.
