A la Ministra de Trabajo S. Social y Empleo Sra. Magdalena Valerio.
Señora,
Esta Coordinadora se alegra (no podría ser de otra manera) al conocer la
noticia de la reciente sentencia del TC, sobre la discriminación de los
contratos a tiempo parcial, que han sufrido millones y millones de
trabajadores (principalmente mujeres) a lo largo de todas estas décadas.
Lamentamos que haya tenido que ser el TC, a requerimiento del TEDH el
que haya tenido que decírselo a nuestros políticos, que han gobernado
durante tanto tiempo nuestro país, y no podemos dejar de preguntarnos,
¿gobernando para quién? Exigimos que la Seguridad Social ponga al día
de forma inmediata, los nuevos cálculos de las pensiones de acuerdo con
esta STC para las trabajadoras/es a tiempo parcial, y que no lleve su
sufrimiento más allá de lo estrictamente necesario.
De todas formas, la STC en la práctica no significa una mejora digna de
tener en cuenta, más allá de su importancia juridica, pues si tomamos
como ejemplo una trabajadora con una cotización de 700 € (las hay
mucho más pequeñas), su pensión se habrá modificado de 350 € en una
cotización de 10 años + 1,5 de coeficiente de parcialidad, total 15 años y
50% de su base reguladora, a un 61’40% de su base reguladora, ya que se
entenderán directamente 20 años cotizados, pero su pensión seguirá
siendo de 429,8 €.
También lamentamos que el TC no haya ido más allá de la materia
señalada por el TEDH, ya que la parcialidad del mercado laboral tiene dos
apellidos, mujer y precariedad, con una brecha de genero de un 37%, y
aunque somos conscientes de que no es materia de dicho tribunal, porque
el fondo del asunto es que las trabajadoras a tiempo parcial reciben
pensiones de miseria, y es evidente que el incremento del porcentaje noresuelve su problemática real, ni tampoco resuelve el complejo problema
de la integración de lagunas de estas trabajadoras, ni la limitación en el
complemento de mínimos, ni el acceso tardío a la jubilación anticipada, y
no digamos ya la jubilación ordinaria, donde los hombres se jubilan a los
65 años, y las mujeres tendrán que esperar a los 67 años.
Se nos ocurre preguntarnos ¿para qué sirve una comisión como la del
Pacto de Toledo, si ni tan solo ha hecho nada por avisar al Gobierno de
estas injusticias contrarias a la CE?
En cuanto al alcance de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad,
el Pleno, aplicando su reiterada doctrina, señala que no solo habrá de
preservarse la cosa juzgada sino que, en virtud del principio constitucional
de seguridad jurídica, el pronunciamiento tampoco se extenderá a las
situaciones administrativas firmes.
Por todo esto señalamos una vez más, como ya hicimos el 31 de julio de
2.018 en la sede de su Ministerio, que se necesita una reforma integral de
nuestro SPP, y que COESPE no cejará en su empeño, de solucionar
injusticias de esta magnitud, y mucho menos, de conseguir esa reforma
integral que dé solución a las pensiones de ahora y del futuro.
Aprovechamos esta comunicación, para reiterarle una vez más nuestra
petición de mantener un contacto con Ud. donde podamos abordar todos
los temas que nos preocupan, ya que estamos seguros, también forman
parte de su preocupación como responsable máxima del Ministerio.
Atentamente,
Junta de Portavoces de COESPE.
Barcelona, julio de 2019