Carlos Martínez
Cuando la Troika (UE-BCE-FMI) comenzó a imponer sus medidas en Grecia hace ya tres años aproximadamente, una de las primeras fue la supresión de ayuntamientos y el despido de miles de trabajadoras y trabajadores municipales. En el reino de España, esta medida se comentó algo, en el conjunto de las agresiones sociales y democráticas contra el pueblo griego impuestas por la Unión Europea, Alemania y sus bancos, así como por el Banco Central Europeo. Pero la verdad, no se tuvo excesivamente en cuenta.
En el reino de España, además el sarampión anti-político, con responsables merecidos en muchos puestos de la administración, comenzando por la Casa Real o jefatura bananera de nuestro estado, presidentes autonómicos o alcaldes corruptos y pringados por el ladrillo, hizo pensar a mucha gente que eliminar instituciones es bueno e incluso necesario.
Si bien es cierto que hay corruptos, pero no lo olvidemos, corruptores –es decir ricos empresarios que corrompen para burlar la ley y defender sus intereses. Insisto, ricos especuladores, que controlan los resortes del poder- también hay personas horradas y de buena voluntad, que gestionan intereses públicos en estos momentos o en años anteriores. Pero sobre todo hay que advertir, que nos roban por la puerta de atrás, la posibilidad de en no muy largo periodo de tiempo elegir personas del pueblo, que no solo gestionen honradamente, sino que estén a nuestro servicio y no el de las oligarquías políticas bi-partidarias y/o económicas. Pues bien, si en las próximas elecciones municipales elegimos concejales y concejalas del pueblo y al servicio del pueblo ¿Con que se van a encontrar? Pues con nada. El Gobierno del PP está preparando una reforma legislativa que vacía de contenido a los municipios, les hurta competencias municipales e impide que estos gestionen los servicios de atención y cuidado a las personas. Pero sobre todo, privatiza los servicios y obras municipales. Es decir convierte en puro negocio, arreglar aceras o alcantarillas, recoger la basura, cuidar zonas verdes o ayudar a la infancia, los mayores; así como controlar el desarrollo de nuestros pueblos –fundamentalmente- y ciudades.
Esta reforma en cuestión, se denomina: Ley de racionalización y sostenimiento de la Administración local. Poseo el último borrador y por tanto estas líneas, ni son demagogia, ni mentira. Pero deseo informar y difundir, sin aburrir y sobre todo movilizar.
Actualmente el poder de gobierno municipal, reside en los electos y las electas, pero la reforma legal que se propone por parte del Gobierno del PP, disminuye sus facultades democráticas, incrementa los poderes no elegibles de técnicos que además controlará a –secretarios/as e interventoras/es- aumentando desmesuradamente el poder de las Diputaciones Provinciales y sobre todo, sitúa al Ministerio de Hacienda como el órgano controlador de los ayuntamientos. En pocas palabras trasladan las decisiones fundamentales a personas e instituciones no electas por los ciudadanos y que por tanto –estas y estos- no van a tener la posibilidad de controlar, ni de no elegir, si lo hacen mal. Pero es que además los electos y electas se encontraran con la imposibilidad legal y de facto, de apoyar a sus vecinos o ejecutar lo que estos mediante métodos participativos y asamblearios decidan o propongan.
No es la disminución de concejales, ni el control de sus sueldos el interés de esta ley o reforma de las leyes Locales –verdadero tesoro democrático muy mal utilizado por cierto, que nos queda- no. La verdadera intención es repartirse el pastel del negocio que significa privatizar obras y servicios municipales y de paso disminuir el poder ciudadano. Es una operación mafiosa a gran escala, al objeto de que propagando lo malos que son los políticos municipales –y es de justicia reconocer que hay de todo, pero muchos buenos e incluso excelentes, también- enriquecer a empresas privadas contratistas. Pero hay algo todavía más grave y es que como los precios de los servicios los propondrá en pocas palabras el Ministerio de Hacienda fundamentalmente y serán a la baja, con un precio estimado que cumpla el objetivo de déficit, estos servicios serán adjudicados a las grande empresas contratistas y de servicios, que ya existen y no son ajenas a esta reforma legal, las cuales si podrán competir, eliminando a todas las pequeñas empresas y cooperativas locales que en ocasiones prestan estos servicios o ejecutan obras municipales. Es decir se cerraran muchas empresas familiares y sociales, se hurtará el control municipal y se arruinarán más todavía las economías locales, en beneficio de grandes empresas privadas, que ya existen y operan.
¿Qué cómo obtendrán beneficios las empresas privadas grandes que se apoderarán del sector? Pues muy sencillo, al hacerse con miles de contratos y no solo unos pocos. Pero sobre todo pagando menos y peor a sus trabajadoras y trabajadoras y precarizando el empleo. Además gracias a la mal llamada Reforma Laboral, dispondrán de mano de obra esclava.
Esa es la verdad de la reforma y no acabar con el despilfarro local. Con ese despilfarro, allí donde se dé además no se va a terminar, pues el proyecto de ley, está cargado de trampas, que en realidad permitirán seguir contratando asesores a dedo y colocando amiguetes. Ya lo decía mi abuelo “hecha la ley, hecha la trampa”. Esta reforma está plagada de trampas y aconsejo leerla, detenidamente. Pero sobre todo advierto seriamente tanto a los contagiados y contagiadas por el sarampión anti-político inoculado por la extrema derecha y los grandes empresarios, como a los movimientos sociales críticos con toda justicia, que esta reforma, vendida como un recorte de sueldos a ediles, nos resultará todavía más cara a las personas, pues encarecerá los servicios, privatizará y por tanto dejará fuera de control competencias municipales e incrementará el paro –no de concejales, no. De clases trabajadoras- Así como va evitar la previsible regeneración democrática que se va a producir en los Ayuntamientos en la próximas elecciones locales.
¿De dónde viene semejante desaguisado legal? Pues en primer lugar de las imposiciones de la Troika.
En segundo lugar, de la reforma constitucional del artículo 135 de la Constitución pactada por PSOE y PP en los últimos días del gobierno de Zapatero, que sitúa el déficit, pago de la deuda e intereses de los bancos, por encima de las personas y los derechos humanos. De hecho el preámbulo de la ley proyectada expone:
La reforma del artículo 135 de la Constitución española, en su nueva redacción
dada en 2011, recoge un principio de estabilidad presupuestaria como principio
rector que debe presidir las actuaciones de todas las Administraciones
públicas. En desarrollo de este precepto constitucional, se aprobó la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera que exige nuevas adaptaciones de la normativa básica en materia
de Administración local para la adecuada aplicación de los principios de
estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera o eficiencia en el uso de
los recursos públicos locales. Todo ello exige adaptar algunos aspectos de la
organización y funcionamiento de la Administración local así como mejorar su
control económico-financiero.
En tercer lugar del concepto autoritario y franquista de la política del PP, que está copiando la estructura municipal del franquismo en los ayuntamientos. Los municipios y sobre todo los medianos y pequeños, pasarán a ser controlados por los secretarios, no electos, muchas y muchos de los cuales además, en contra de su voluntad democrática, se verán obligados a cumplir esta aberrante reforma. Las Diputaciones Provinciales y los sub-delegados del gobierno en las provincias, que serán los ojos y manos del Ministerio de Hacienda del Gobierno de Madrid y desde Madrid, donde los Florentinos y semejantes, desde el palco del Bernabéu se repartirán los pueblos y “las provincias”. Esto es la vuelta al más duro centralismo. Por eso quieren hacerlo urgentemente, pues intuyen que el régimen que defiende sus intereses, está en peligro y se alumbran nuevos tiempos. También para evitar que reaccionemos. Pero sobre todo porqué el PP controla por ahora la inmensa mayoría de las Diputaciones Provinciales y estas son claves para repartir el pastel en menos de un año.
Dicho lo cual, es imprescindible reaccionar y ya. Defender la democracia local y participativa. Promover acciones de protesta, ocupar los ayuntamientos y encerrarse en ellos. Constituirnos en ejes activos de la política local y defender nuestros municipios como gobierno más cercano. Además acabar ya de una vez con la mentira de la deuda pública. Esta horrible y demagógica mentira, silencia que el 70% de la deuda del estado español, es privada. Solo el 30% es pública y de ese 30% no son los ayuntamientos los principales responsables.
Si nos logran robar los ayuntamientos, nos habrán robado otro espacio democrático fundamental. Os invito a informaros más y mejor y sobre todo a no dejarnos engañar. Hay que acabar con las oligarquías que nos gobiernan de una vez y podemos hacerlo.
