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Miguel Manzanera Salavert

El estremecedor informe que Intermón-Oxfam  hizo público el pasado 18 de septiembre, nos informa de que la brecha entre ricos y pobres está aumentando estos años, y de que, si todo sigue igual, en el 2025 en España habrá 8 millones de nuevos pobres. Uno de cada tres nuevos pobres europeos será español. Esta noticia no pillará de sorpresa a nadie.

Las encuestas que elabora el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) para confeccionar su barómetro de opinión, muestran que desde principios de este año los españoles piensan que la situación económica y política es desastrosa. Cerca del 90% de los españoles cree que la situación económica es mala o muy mala y muy pocos pronostican que vaya a mejorar próximamente. Otro tanto opina que situación política es muy mala, y tampoco se cree que vaya a mejor.

La cuestión es si los españoles van a dejar que todo siga igual, y si la resignación es el sentimiento predominante entre nuestros conciudadanos. Aunque ya ha habido algunas reacciones ante la calamidad que se nos avecina, la movilización de la ciudadanía resulta todavía escasa para la magnitud de los problemas que tenemos por delante. La razón de esa atonía puede tal vez encontrarse en que los españoles todavía están despertando del sueño del bienestar en el que han estado sumidos.

El sistema político y económico español parecía muy sólido a la mayoría de los españoles hace tan solo cinco años. Si miramos los resultados electorales del 2004, con una participación de más del 75%, el bipartidismo alcanzó más del 80% de los votos. En el 2008, con una participación similar, el bipartidismo alcanzó el 83,7%.

Según auguran las encuestas el resultado de las próximas elecciones europeas en mayo de 2014 será muy diferente, y se pronostica que entre los dos grandes partidos de la monarquía, PP y PSOE, apenas juntarán entre el 50% y el 60% de los sufragios.

Sin duda será en ese momento cuando comience el proceso de cambios que requiere nuestro orden social, para evitar el vaticinio de Intermón-Oxfam. Pero ¿realmente sabemos qué resulta necesario para evitar caer en el abismo? A tenor de las experiencias de este último lustro, el pasado desde que sufrimos la crisis, la respuesta a esa pregunta debería ser no.

Ni los gobernantes saben qué hacer, ni los ciudadanos saben a quién encomendarse. Pero las recomendaciones del Informe son claras: Invertir en personas (dar prioridad al empleo, al estímulo económico y al desarrollo). Invertir en los servicios públicos (educación y sanidad). Fortalecer la democracia institucional (participación y transparencia, y democracia en el ámbito laboral)Desarrollar sistemas fiscales justos (reformas fiscales progresistas).

Justo todo lo contrario es lo que hace el actual gobierno de España. Como consecuencia, si queremos que nuestro país no se hunda completamente, parece necesario cambiar urgentemente este gobierno y las políticas que nos están llevando a la miseria.

Esperemos que esa conciencia no llegue demasiado tarde a la ciudadanía.

Documento de Economistas y juristas

Los economistas y juristas firmantes de este Documento lo han elaborado con objeto de rebatir y desautorizar el Informe de la Comisión de expertos designada por el gobierno y para denunciar la nueva contrarreforma de las pensiones que con base en él pretende acometer  el PP.

Los ciudadanos deben saber que reducir las pensiones no es un medida que sirva para combatir la crisis económica sino que implica un paso en el desmantelamiento del estado social que se está llevando a cabo.

LA SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES, PROBLEMA POLÍTICO, NO ECONÓMICO.

Pensamos que la manera de plantear un problema condiciona su solución. La sostenibilidad del sistema público de pensiones se ha planteado siempre, en unos casos por ignorancia y en otros por intereses espurios, de la peor forma posible. Se ha tratado  como un problema técnico cuando es un problema político. Se ha querido enmarcar como una cuestión de insuficiencia de medios, cuando en realidad el quid de la cuestión es la distribución de la renta. Se pretende que creamos que la sostenibilidad del sistema público de pensiones depende de “cuántos son los que producen”, cuando la variable importante es “cuánto se produce”.

Conscientes de que se trata de un problema político y no económico, consideramos que nuestro papel debe centrarse únicamente en desenmascarar los intentos de justificar mediante planteamientos aparentemente técnicos las posturas ideológicas previamente tomadas.

Hace ya muchos años que todos los servicios de estudios de las entidades financieras y similares, apoyados y jaleados por los organismos internacionales, comenzaron a emitir informes acerca de la inviabilidad del sistema público de pensiones. La postura oscilaba desde los más radicales, demandando su sustitución por planes privados, hasta los medianamente posibilistas, que tan solo pretendían su reforma, de manera que los gastos sociales no se incrementaran e incluso se redujeran. Por citar tan solo un ejemplo, allá por 1993 la Fundación BBV contrató a treinta y cuatro sabios, expertos, técnicos para que estudiasen el tema de las pensiones. En realidad, querían que se pronunciasen sobre la viabilidad, más bien inviabilidad, del sistema público. Trabajaron durante veinte meses para llegar a la conclusión de la imposibilidad de mantener el sistema público si no se reformaba. Una vez más se empleó la expresión quiebra de la Seguridad Social. El resultado de sus cálculos, que fueron facilitados a la prensa, consistía en el pronóstico de que para el año 2000 el desajuste entre ingresos y gastos de la Seguridad Social habría aumentado en una cantidad equivalente al 2% del PIB. ¿Cataclismo?, ¿quiebra? “Será incompatible con Maastricht”. Lo cierto es que el año 2000 llegó y no se produjo prácticamente nada de lo que pronosticaron. De hecho, se registró un superávit del 0,4%.

La argumentación de todos estos informes era similar: el incremento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad dibujaban una pirámide de población que haría inviable en el futuro el sistema público de pensiones. Vaticinaban que en un determinado número de años se produciría la quiebra de la Seguridad Social. El tiempo ha ido transcurriendo y hemos llegado a las fechas fijadas sin que se cumpliese ninguno de sus pronósticos, lo que parece natural ya que no tuvieron en cuenta determinados factores tales como la incorporación de más mujeres al mercado laboral o el incremento en el número de inmigrantes. El estrecho encuadre de las proyecciones demográficas y el hecho de considerar solo la población total no pueden constreñir el complejo problema de la viabilidad de las pensiones. A cualquiera se le ocurre que al menos otra variable, la tasa de actividad, tendrá algo que ver en la solución.

LA TASA DE ACTIVIDAD, UNA VARIABLE RELEVANTE

La incorporación de mayor número de mujeres al mundo laboral ha tenido como consecuencia el incremento sustancial de la tasa de actividad. Sin modificar la población total, el número de los trabajadores potenciales ha aumentado de forma considerable. España goza de un amplio margen para avanzar en esta variable, dado que la tasa de actividad femenina es aún baja, en cualquier caso menor que la de otros países. A su vez, las llegadas de trabajadores inmigrantes también incrementan la tasa de actividad, pues aunque se eleva la población total, todo el aumento producido es de activos. Es una ironía contemplar a la “Europa fortaleza” preocupándose por la reducida tasa de natalidad y el envejecimiento de la población. Si el problema radicara solo en estas variables, la solución sería bastante sencilla: se trataría simplemente de abrir las fronteras a los trabajadores inmigrantes.

Llegados a este punto, está claro que sería un grave error considerar la población activa como núcleo del problema. El factor más importante no es el número de personas dispuestas a trabajar, sino las que realmente puedan hacerlo. Si aceptamos esta premisa, la medida de retrasar la edad de jubilación carece de todo sentido cuando existe un altísimo nivel de paro. En 2013, en España, con 6 millones largos de parados, elevar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años no tiene demasiada lógica.

LA PRODUCTIVIDAD, FACTOR DECISIVO EN LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES        

Pero ahondando más en la materia, al plantear la cuestión de las pensiones hay que superar también la visión estrictamente cuantitativa del número de trabajadores para considerar, además, la productividad. Como ya hemos dicho, el problema no estriba en cuántos son los que producen sino en cuánto es lo que se produce. Cien trabajadores pueden producir lo mismo que mil si su productividad es diez veces superior, de tal modo que los que cuestionan la viabilidad de las pensiones públicas cometen un gran error al basar sus argumentos únicamente en la relación del número de trabajadores por pensionistas pues, aun cuando esta proporción se reduzca en el futuro, lo producido por cada trabajador será mucho mayor. Quizá lo ocurrido con la agricultura pueda servir de ejemplo. Hace cincuenta años el 30% de la población activa española trabajaba en agricultura; hoy únicamente lo hace el 4,5%, pero ese 4,5% produce más que el 30% anterior. En resumen, un número menor de trabajadores podrá mantener a un número mayor de pensionistas.

CONSECUENCIAS DE UNA VISIÓN SESGADA DEL PACTO DE TOLEDO

Ha sido el Pacto de Toledo, o una visión sesgada del mismo, lo que ha introducido al sistema público de pensiones en un laberinto de difícil salida. A ello ha contribuido la consideración de las cotizaciones sociales   como fuente exclusiva de financiación de las pensiones, no encontrando entonces otra salida que no sea la disminución de las prestaciones.

Se llama Pacto de Toledo al documento aprobado por el pleno del Congreso de los Diputados, en la sesión del 6 de abril de 1995, titulado «Análisis de los problemas estructurales del sistema de Seguridad Social y de las principales reformas que deberán acometerse». Su origen inmediato se debe buscar en la aprobación por el Congreso de una proposición no de ley, presentada por CiU, por la que se creaba una ponencia en el seno de la Comisión de Presupuestos para analizar los problemas estructurales de la Seguridad Social. Pero esta iniciativa parlamentaria no descendió del cielo, sino que surgió de un escenario formado por dos hechos que se complementan.

El primero es una ofensiva internacional en contra de las pensiones públicas y a favor de las privadas, que partía de ciertos organismos internacionales como el Banco Mundial o la Unión Europea. Estas maniobras tenían -y aún tienen- su eco en todos los países, potenciadas por las entidades financieras y por la mayoría de las fuerzas económicas y políticas.

El segundo hecho es nacional y reside en las acusaciones mutuas entre los dos partidos políticos mayoritarios de nuestro país, que se reprochaban poner en peligro el sistema público de pensiones. El PSOE, desde el gobierno, hacía propaganda del mérito de pagar a los pensionistas, y ante la amenaza de perder las elecciones generales -como así ocurriría en 1996- difundía la idea de que la llegada de la derecha al poder suponía un grave riesgo para esta prestación social. Al mismo tiempo, ante el déficit que en aquel momento mostraban las cuentas de la Seguridad Social, el Estado, en vez de enjugarlo con transferencias a fondo perdido, lo compensaba mediante préstamos. Esto, por una parte, lanzaba ya un mensaje negativo al presentar la Seguridad Social como una institución distinta del Estado y, por otra, desde el punto de vista financiero, la colocaba en una situación crítica de cara al futuro. Este hecho daba ocasión al PP para acusar al Gobierno de ponerla en peligro.

La presencia de ocho millones de pensionistas, convertidos en ocho millones de votantes, cuyo ámbito de preocupaciones, en esta etapa de su vida, se circunscribe en buena medida a cómo afrontar económicamente los últimos días de su existencia, es bastante aliciente para que los dos partidos mayoritarios utilicen el tema de las pensiones como arma electoral. Los jubilados son percibidos como presa fácil de la demagogia política.

Esta similitud de comportamientos entre los dos partidos mayoritarios resultaba preocupante porque sembraba la sospecha de que tanto uno como otro consideraban las pensiones públicas como algo graciable que podía reducirse. Cuando piensan que están perjudicando a la otra formación política, en realidad lo que hacen es descubrir su concepción espuria sobre el tema. El simple hecho de dar como posible la quiebra de la Seguridad Social es ya un atentado al Estado social que consagra la Constitución.

LA SEGURIDAD SOCIAL NO ES ALGO DISTINTO DEL ESTADO

La auténtica amenaza sobre las pensiones se cierne cuando se pretende presentar la Seguridad Social como algo distinto y separado de los servicios del al Estado. El divorcio solo es planteable desde una concepción neoliberal, pero no desde los principios constitutivos del Estado social. En su virtud, la protección social no es algo accidental al Estado sino una responsabilidad de éste, algo que sigue a su esencia. El Pacto de Toledo realizó una segregación entre Estado y Seguridad Social, estableciendo la separación de fuentes de financiación. Mientras determinadas prestaciones, como las no contributivas, pasan a ser responsabilidad del Estado y a financiarse con impuestos, otras, las contributivas, quedan confinadas en el ámbito de la Seguridad Social y financiadas con cotizaciones sociales. Bien es cierto que el Pacto de Toledo utilizaba la palabra “preferentemente” en lugar de “exclusivamente”, pero lo cierto es que, en la práctica, tal matización se olvida y se hace depender el mantenimiento de las pensiones únicamente de las cotizaciones sociales, con lo que su financiación se hace en extremo vulnerable.

Anteriormente no había sido así. De hecho, en los presupuestos del Estado aparecían transferencias de recursos del Estado a la Seguridad Social. La Ley de Presupuestos de 1989 estableció un cambio de modelo de financiación mediante el compromiso de financiar progresivamente con aportaciones públicas. Los complementos de mínimos de las pensiones y la sanidad Fue en 1994 cuando se introdujo un antecedente muy negativo al cubrir los desequilibrios entre cotizaciones y prestaciones con préstamos del Estado en vez de hacerlo mediante transferencias, prueba palpable de la distinción que se quería hacer entre el Estado y la Seguridad Social. El tema era tanto más grave cuanto que en 1995 se reduce un punto la cotización por contingencias comunes.

La separación de fuentes se ha entendido como algo estructural, no como un mero instrumento para la transparencia y una administración racional de los recursos del Estado. Este mecanismo se ha transformado en una característica esencial del sistema y, lejos de garantizar las futuras pensiones, ha dado ocasión a que algunos conciban la Seguridad Social como un sistema cerrado que debe autofinanciarse y aislado económicamente de la Hacienda Pública. Esta concepción es claramente abusiva y coloca a la Seguridad Social en una situación de mayor riesgo, dificultando además toda mejora en las prestaciones.

EL FONDO DE RESERVA

Este diseño de sistema cerrado que se da a la Seguridad Social tiene su contrapartida en el establecimiento por el Pacto de Toledo del fondo de reserva. Se estipula que en las épocas en que la recaudación por cotizaciones sociales exceda del gasto en pensiones se constituya un fondo para subvenir a financiar el déficit cuando los términos se inviertan. No es este fondo al que vulgarmente se llama “hucha de las pensiones” lo que puede ofrecer seguridad a los futuros pensionistas, sino la garantía de que detrás del derecho a la prestación se encuentra el Estado con todo su poder económico. La prueba evidente es que de nada ha servido que durante todos los años de bonanza se haya ido incrementando y que los distintos gobiernos de uno o de otro signo se hayan vanagloriado de ello. Ha bastado que se produjesen los primeros déficits en el sistema para que surja con virulencia una propuesta de reforma y de reducción de las prestaciones.

LAS PENSIONES NO TIENEN POR QUÉ FINANCIARSE EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE COTIZACIONES SOCIALES

En un Estado definido como social por la vigente Constitución, es inconcebible, y en todo caso inaceptable, que las pensiones se deban financiar exclusivamente mediante cotizaciones sociales. Son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese Estado, también a las pensiones. La separación entre Seguridad Social y Estado es meramente administrativa y contable pero no económica y, mucho menos, política; es más, el hecho de que la sanidad y otros tipos de prestaciones que antes se imputaban a la Seguridad Social hoy se encuentren en los presupuestos del Estado o de las Comunidades Autónomas prueba que se trata de una separación convencional.

La Seguridad Social es parte integrante del Estado, su quiebra solo se concibe unida a la quiebra del Estado y el Estado no puede quebrar. Como máximo puede acercarse a la suspensión de pagos, pero tan solo si antes se hubiese hundido toda la economía nacional, en cuyo caso no serían únicamente los pensionistas los que tendrían dificultades, sino todos los ciudadanos: poseedores de deuda pública, funcionarios, empresarios, asalariados, inversores y, por supuesto, los tenedores de fondos privados de pensiones. Los apologistas de estos últimos, que son los que al mismo tiempo más hablan de la quiebra de la Seguridad Social, olvidan que son los fondos privados los que tienen mayor riesgo de volatilizarse, como ha demostrado la pasada crisis bursátil. Ante una hecatombe de la economía nacional, muy pocos podrían salvarse, pero no tiene por qué ser ese el futuro de la economía española, a no ser que cierto dogmatismo económico nos introduzca en una coyuntura de difícil salida.

LAS PENSIONES, DERECHO DE LOS CIUDADANOS ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN

Afirmar que son los trabajadores y los salarios los únicos que han de mantener las pensiones es un planteamiento incorrecto. No hay ninguna razón para eximir del gravamen a las rentas de capital y a las empresariales. El artículo 50 de la Constitución Española afirma: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Las pensiones, en tanto que derechos subjetivos de los ciudadanos establecidos en la Constitución, tienen la consideración de “gastos obligatorios” que por su naturaleza no están ligados a la suficiencia de recursos presupuestarios, ni a la evolución de una determinada fuente de ingresos. El Estado ha de concurrir con los recursos necesarios para asegurar el pago de las pensiones, sea con las cotizaciones o con cualquier otro impuesto. Y si las cotizaciones no son suficientes para financiar las prestaciones en una determinada coyuntura, el desfase ha de ser cubierto por las aportaciones del Estado.

El denominado “déficit del sistema”, más allá de una forma impropia de hablar, carece totalmente de sentido. Realmente solo puede tener déficit el Estado, pero no el sistema de pensiones, y el desfase entre cotizaciones y prestaciones no es sino un componente de aquel, sin que tenga sustantividad propia. No se puede pretender que esté en cuestión la viabilidad del sistema de pensiones por el hecho de que en una coyuntura como la actual se necesite que a los ingresos por cotizaciones se sumen otras aportaciones del Estado.

Asimismo, vincular la viabilidad del sistema público de pensiones a la coyuntura actual de crisis, en la que la caída brutal del empleo (provocada en parte por la propia política económica adoptada a nivel europeo y nacional) ocasiona una reducción de ingresos por cotizaciones, no parece razonable. El hecho de que los ingresos por cotizaciones sean en este momento inferiores a los gastos en pensiones, si indica algo es que lo insostenible es la caída de los ingresos debida a la recesión, y que, por extensión, lo verdaderamente insostenible es la propia recesión. Lo que se debería estar haciendo de forma urgente es adoptar las medidas que permitan superar, de una vez por todas, la caída del PIB y del empleo. En ningún caso se puede afirmar que la viabilidad del sistema de pensiones puede estar siendo “seriamente cuestionada” por la severidad de la crisis económica. Lo que está en cuestión es la política económica seguida.

TAMBIÉN HAY QUE CONSIDERAR LOS INGRESOS

Es curioso que la cuestión se haya planteado siempre desde el lado del gasto para reducirlo, y nunca desde la óptica de los ingresos y de su posible incremento; más bien todo lo contrario, de vez en cuando surgen presiones para disminuir las cotizaciones sociales. Estas presiones que, en los momentos actuales, proceden incluso de la propia Unión Europea, añaden sin duda un factor más de inseguridad si hacemos depender exclusivamente las pensiones de las cotizaciones, tal como se asume en el informe de los expertos del Gobierno. Es una evidencia que las reivindicaciones para reducir las cotizaciones aumentarán en el futuro bajo el argumento de que estas constituyen un impuesto sobre las nóminas, y que deberían ser sustituidas por impuestos indirectos.

El gasto, en relación al PIB, del sistema público de pensiones español es reducido cuando lo comparamos con el de la mayoría de los países de nuestro entorno, por lo que no parece que tenga mucho sentido hablar de que su viabilidad esté en cuestión. Destinamos a ello el 10% del PIB, mientras que la media de la Eurozona tiene un gasto del 12,2%, y el conjunto de la UE, el 11,3%. Y aun cuando no se modificase el sistema, la situación no va a cambiar durante muchos años. Siempre siguiendo los datos de la Comisión Europea (que es la instancia que nos conmina a llevar a cabo reformas urgentes), en 2030 nuestro gasto en pensiones será del 10,6%, prácticamente lo mismo que hoy gasta Alemania (10,5%). Y aún en 2035, nuestro gasto será del 11,3%. Los datos no avalan, pues, en modo alguno, la premura ni la obligación por el lado del gasto.

Tras la reforma de 2011, el máximo de gasto en pensiones que alcanzaría España, según admite la Comisión Europea en su informe The 2012 Ageing Report, sería del 14% del PIB en 2050 (a partir de ese momento el gasto se reduce rápidamente debido a que la presión demográfica de la llegada a la edad de jubilación de las generaciones del baby boom es sustituida por el efecto contrario: la llegada de las generaciones de la más baja tasa de natalidad de la historia). Es decir, tendremos que destinar a las pensiones públicas lo mismo que hoy gastan sin demasiadas complicaciones países como Austria, Francia o Italia.

LA RENTA PER CÁPITA COMO VARIABLE ESTRATÉGICA

Por otra parte, la esperanza de vida, la pirámide de población y la proporción entre activos y pasivos no son las únicas variables que habría que tener en cuenta si se quiere comprobar la viabilidad o inviabilidad del sistema público de pensiones, sino también la evolución de la renta per cápita. Si la renta per cápita crece, no hay motivo, sea cual sea la pirámide de población, para afirmar que un grupo de ciudadanos (los pensionistas) no puedan seguir percibiendo la misma renta. Si la renta per cápita aumenta, las cuantías de las pensiones no solo deberían no reducirse sino que tendrían que incrementarse por encima del coste de la vida.

El problema de las pensiones hay que contemplarlo en términos de distribución y no de escasez de recursos. En los últimos treinta años la renta per cápita en términos constantes casi se ha duplicado y es de esperar que en el futuro continúe una evolución similar. Si es así, resulta absurdo afirmar que no hay recursos para pagar las prestaciones de jubilación, todo depende de que haya voluntad por parte de la sociedad -y, especialmente, de los políticos- de realizar una verdadera política redistributiva.

MÁS BIENES PÚBLICOS

Las transformaciones en las estructuras sociales y económicas comportan también que las necesidades que deben ser satisfechas cambien y, por tanto, haya una variación de los bienes y servicios que hay que producir. Es muy posible que la decisión que adopte el mercado referente a estos no sea la adecuada -en contra de lo que piensa el liberalismo económico- a las necesidades reales, ni en su composición cualitativa ni cuantitativa. La vida urbana y el trabajo en el sector industrial y en el de servicios presentan nuevas contingencias o, al menos, contingencias mucho más acusadas que en el mundo rural. La incorporación de la mujer al mercado laboral y el aumento en la esperanza de vida crean nuevas necesidades y exigen por tanto la necesidad de que las sociedades se doten de nuevos servicios.

John Kenneth Galbraith anunció ya hace bastantes años que todos estos cambios exigían una redistribución de los bienes y servicios que deben ser producidos y en consecuencia, consumidos, a favor de los llamados bienes públicos y en contra de los privados. Habrá quien diga que estos bienes y servicios, incluidas las pensiones, los podría suministrar el mercado. Pero llevar a la práctica tal aseveración significaría en realidad privar a la mayoría de la población de ellos. Muy pocos ciudadanos en España podrían permitirse el lujo de costearse todos estos servicios, incluyendo la sanidad, con sus propios recursos. ¿Cuántos ciudadanos tienen la capacidad de ahorrar una cuantía suficiente para garantizarse una pensión de jubilación digna? La única dificultad es ideológica. Bajo el poder absoluto del neoliberalismo económico, una sola tendencia pretende imponer su ley: más iniciativa privada y menos sector público.

El envejecimiento de la población de ninguna manera provoca la insostenibilidad del sistema público de pensiones, pero sí obliga a dedicar un mayor porcentaje del PIB no sólo a financiar las pensiones, sino también a pagar el gasto sanitario y los servicios de atención a los ancianos y los dependientes. Detracción por una parte perfectamente factible y, por otra, inevitable si no queremos condenar a la marginalidad y a la miseria a buena parte de la población, precisamente a los ancianos, una especie de eutanasia colectiva.

EL SISTEMA ESPAÑOL NO ES GENEROSO

El tema de las pensiones lleva ya muchos años acumulando tras de sí todo tipo de falacias y sofismas. Una de las más importantes quizá sea la afirmación de la OCDE y de otros organismos internacionales acerca de que las pensiones en España son muy generosas. Cosa curiosa, porque para generosidad la que estos organismos tienen con sus funcionarios. Trabajar unos pocos años en cualquiera de ellos garantiza una generosa pensión que ya quisieran para sí los trabajadores con mejor cualificación de nuestro país.

Esa versión alejada de la realidad de las pensiones españolas proviene de unos planteamientos que no se corresponden con los datos, Además, las comparaciones internacionales resultan muy complicadas en estos casos. Parten de la siguiente pregunta: ¿qué pensión le correspondería en relación con su último salario a un trabajador que hubiese cotizado el número mínimo de años para percibir la pensión máxima (en España, más de 35) y se jubilase a la edad legal (en nuestro país, 65 años, por ahora)? Este porcentaje, que se sitúa en España por encima del 90%, es superior al de muchos países de la Unión Europea, pero paradójicamente no a los de Portugal y Grecia. Por tanto, según este indicador, los países con menos ingresos de la Unión son los más generosos con sus jubilados.

En realidad, se trata de todo lo contrario, porque el indicador anterior es un porcentaje teórico que pasa por alto muchos factores: la dinámica del mercado de trabajo, la penalización de la jubilación anticipada, topes máximos, salario mínimo, bases sobre las que cotizan determinados regímenes, pensiones mínimas, sistema fiscal, etc. La tasa real en nuestro país está muy alejada de ese porcentaje. En vez del 90%, la cifra que se obtiene computando todos los factores, no alcanza siquiera el 60% del salario medio. En 2011, la media de las nuevas pensiones de jubilación ascendió a 1.200 euros mensuales, mientras que el salario medio bruto para el cuarto trimestre de ese año fue de 2.020 euros. El 20% de las pensiones contributivas y la totalidad de las no contributivas están por debajo del umbral de pobreza. En 2011, la cuantía de la pensión media de jubilación  ascendió a 915 euros, y el 72% de los jubilados cobran en la actualidad menos de 1.100 euros mensuales (el 49% no sobrepasa los 700 euros).

SE PRETENDE FAVORECER LOS FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES

Existen sospechas bien fundadas de que las múltiples campañas realizadas para sembrar dudas acerca de la viabilidad de las pensiones públicas tienen también como finalidad potenciar los fondos privados de pensiones. De ahí que en todas las reformas se plantee la necesidad de completar las pensiones públicas con pensiones privadas. Lo primero a considerar es lo incorrecto y cómo induce a engaño la denominación “pensiones” aplicadas a los fondos, al menos tal como se instrumentan en España, donde las aportaciones las realizan solo los particulares y no las empresas. De hecho, la única alternativa que se propone a las pensiones públicas es que cada persona de forma individual ahorre para la vejez. Pero para ese viaje no hacían falta tales alforjas. Si es así, lo que resulta aún más indignante es que pretendan decirnos en qué inversiones tiene que materializarse nuestro ahorro. ¿Por qué en fondos y no directamente en bolsa o en vivienda o en obras de arte o en cualquier otro activo? Los fondos de pensiones no son más que una forma de ahorrar y no precisamente de las más ventajosas para el inversor. Habrá que cuestionarse el motivo de incentivar un sistema de ahorro (los fondos de pensiones) en detrimento de otros.

Supeditar la solución de la contingencia de vejez a la cantidad de ahorro que cada individuo haya podido acumular a lo largo de su vida activa es condenar a la pobreza en su ancianidad a la gran mayoría de la población. Es bien sabido que el 60% de los ciudadanos carecen de capacidad de ahorro (no llegan a final de mes) y otro 30%, si ahorra, lo hace en una cuantía a todas luces insuficiente para garantizar el mínimo vital en la jubilación.

Los mal llamados fondos de pensiones solo benefician a las entidades financieras depositarias de las inversiones y que controlan a las gestoras. De hecho, dejarían de existir tan pronto como desapareciese la desgravación fiscal, tal como se encargaron de difundir sus propios defensores cuando se expandió el rumor de que iban a perder los beneficios fiscales. ¿Pero cuál es entonces la razón de ser de un producto financiero que sin desgravación fiscal nadie -ni ricos ni pobres- estaría dispuesto a demandar? Para el participante carecen de todo aliciente: ausencia de liquidez, carencia de control de la inversión, pago de importantes comisiones, etc. Pero, precisamente lo que son rémoras para el cliente, se convierten en ventajas para las entidades financieras: fondos cautivos que manejan a su antojo a través de las gestoras y que les dotan de enorme poder económico, a la vez que les permiten apropiarse mediante distintas comisiones de la casi totalidad de la rentabilidad que tales recursos puedan generar.

CAPITALIZACIÓN O REPARTO

Los propagandistas de los fondos de pensiones cantan las excelencias del sistema de capitalización sobre el de reparto, identificando el primero con el privado y el segundo con el público. En realidad, cuando se trata de un sistema público la distinción entre capitalización y reparto es más teórica que real. Si por una parte puede suponerse que las pensiones de los pasivos se financian con las cotizaciones de los activos -estaríamos entonces en un sistema de reparto- también puede suponerse, y esto sería más exacto, que en función de la unidad de caja del Estado todos los ingresos, incluidos impuestos y cotizaciones sociales, financian todos los gastos, también los de Seguridad Social.

Si esto es así, el sistema actual, al que llamamos de reparto, se convertiría en un sistema de capitalización. Podemos suponer que los recursos aportados hoy por las cotizaciones serían un préstamo que los trabajadores actualmente activos realizan al Estado y que este dedicará a financiar la inversión social y pública, desde la educación a la sanidad, pasando por carreteras, comunicaciones, tecnología, empresas públicas, etc. Dicho préstamo al Estado se devolverá junto con los intereses a los cotizantes de hoy en forma de pensiones. Del mismo modo, las prestaciones sociales que actualmente se pagan son el retorno a los jubilados de lo que cotizaron (préstamo al Estado) en el pasado. Que la distinción es más teórica que real se percibe con claridad en el hecho de que muchos fondos privados de pensiones terminan invirtiéndose en deuda pública, es decir, prestando al Estado. Lo que está en juego, por tanto, es la intermediación de las entidades financieras.

La argumentación anterior hace que carezca de sentido el reproche al sistema público de pensiones de que genera una situación intergeneracional injusta, ya que obliga a las generaciones futuras a mantener a un mayor número de pensionistas. Las cotizaciones y los impuestos de esos jubilados han hecho posible mediante la educación, las infraestructuras, la investigación, etc., que la productividad en una serie de años se haya multiplicado y que el trabajo de los activos de ahora y del futuro produzca mucho más y que la renta per cápita sea también mayor.

No obstante, todo lo hasta aquí afirmado responde a la óptica macroeconómica, analizando los efectos globales o a partir del análisis de la prestación promedio. Mas el punto de vista cambia cuando se trata de la conveniencia de un determinado particular, entonces sí puede haber una distinción radical y fundamental entre el sistema público y el privado. En el segundo, no se da ninguna redistribución de rentas. Existe una correspondencia unívoca entre cada prestación y la correspondiente cotización individual. Las diferencias que se pueden generar en el sistema privado son muy superiores a las de un sistema público, hasta el extremo de que para muchos colectivos los planes de pensiones son prácticamente inaplicables, teniendo que hacerse cargo el sector público en último término de las prestaciones.

CAMBIO EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA

El pacto de Toledo tuvo al menos un efecto positivo que es el que ahora se intenta desterrar: el compromiso de las distintas fuerzas políticas acerca de que las pensiones se actualizarían anualmente de  acuerdo con el incremento del índice de precios al consumo. La medida parecía justa y lógica. Justa porque así lo proclama nuestra Constitución y lógica porque con la inflación también se incrementan y a veces más que proporcionalmente los ingresos del Estado. Hay una afirmación que debería ser de común aceptación: mientras que la renta por habitante de una población se mantenga constante o crezca, ningún miembro de ella, bien sea pensionista, funcionario, escritor o bombero, tiene por qué ver empeorada su situación en cuanto a ingresos. La no actualización de las pensiones conduce a que los jubilados vean que su pensión se reduce año a año. El planteamiento de los expertos del Gobierno consiste en utilizar la inflación, aprovechando la ilusión monetaria, para reducir progresivamente las pensiones, de manera que se cierre el desfase existente por otras causas entre las cotizaciones y las prestaciones.

Si en un periodo determinado de tiempo las pensiones suben por término medio menos que lo que lo ha hecho la renta per cápita es porque otras rentas, bien sean las salariales, las de capital o las empresariales, lo hacen en un porcentaje mayor, es decir, se modifica la redistribución de la renta en contra de los pensionistas; ni que decir tiene que este efecto es mucho mayor cuando se pretende que ni siquiera mantengan el poder adquisitivo. Los expertos del Gobierno hablan de un factor de equidad intergeneracional, pero lo cierto es que todas las recomendaciones que ofrecen en su informe tienden a romper tal equidad, condenando a los pensionistas a un empobrecimiento progresivo en favor de otras rentas y es bastante lógico suponer que estas serán las de capital.

No es la pirámide de población, ni el incremento de la esperanza de vida lo que amenaza la sostenibilidad de las pensiones, sino la insuficiencia de nuestro sistema fiscal, presa del fraude y de las continuas reformas regresivas acometidas por los distintos gobiernos. El riesgo viene de una ideología liberal que contempla con satisfacción que la presión fiscal de España sea la más baja de la Europa de los quince (32,4%), inferior incluso a Grecia (34,9) y a Portugal (36,1), trece puntos de diferencia con Francia, y de diez y de ocho con Italia y Alemania, respectivamente (Eurostat), y de unos políticos que prefieren recortar las pensiones a los jubilados antes que acometer en serio la reforma fiscal. Esta sí que tendría que ser la primera y principal reforma que habría de llevarse a cabo.

ASEGURAR LAS PENSIONES PÚBLICAS ES TAREA DE TODO EL SISTEMA FISCAL

Asegurar pensiones públicas que permitan mantener un nivel de vida digno es una cuestión de la máxima importancia social y política. Los principios que deben regir la gestión de este derecho de la ciudadanía se encuentran en los textos fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico. Ya hemos mencionado el artículo 50 de la Constitución, que garantiza a todos los ciudadanos de la tercera edad pensiones adecuadas y actualizadas periódicamente. En consecuencia, y como ya se ha argumentado anteriormente, en épocas de déficit de la Seguridad Social ese derecho debe ser sufragado a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Ese esfuerzo no debería ser ningún problema, si se aplicara el principio de progresividad, establecido en el artículo 31 de la Constitución, y si las principales empresas del país y las grandes fortunas pagaran las cantidades que en justicia les corresponden y en estos momentos eluden. No se trata de confiscar el dinero de nadie: una contribución similar a la de sus equivalentes en otros países europeos -Estados social y democráticamente más avanzados- sería suficiente.

Para todos los que luchamos por la democracia y la justicia social, el máximo referente normativo no puede ser otro que la Declaración Universal de Derechos Humanos. Su memorable artículo 25 hace una mención expresa a la tercera edad, en relación al derecho a un nivel de vida adecuado y al bienestar, derecho que todo ser humano posee. Es más, el artículo 22 establece que “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social”.

DERECHO CONSTITUCIONAL

En tanto en cuanto recibir una pensión digna es un derecho constitucional y un derecho garantizado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, los abajo firmantes, economistas, profesionales y académicos de distintas procedencias y sensibilidades, no podemos dejar de denunciar enérgicamente la nueva reforma de las pensiones públicas que prepara el Gobierno, que supone un nuevo engaño a los ciudadanos para favorecer a entidades bancarias y aseguradoras:

– Denunciamos que esa reforma se hace en el peor momento, con argumentos falsos y sin participación de la sociedad, y solo dirigida a rebajar una vez más las pensiones.

Disminuir aún más el nivel de vida en medio de una crisis como esta y hacer ver a una parte tan numerosa de la población que seguirá bajando en el futuro es todo lo contrario de lo que conviene hacer para recuperar la confianza y el consumo imprescindible para salir de una recesión. Y además, justificar la reforma con argumentos falsos, solo para satisfacer a los grandes grupos financieros de presión es una verdadera traición a los intereses de la mayoría de la población.

– Denunciamos ante la opinión pública que es falso que una mayor esperanza de vida sea lo que ponga en peligro el futuro de las pensiones.

Es verdad que en los años próximos habrá más personas jubiladas y, en proporción, menos empleadas, pero no es cierto que de ahí se pueda deducir que inevitablemente se producirá un desequilibrio financiero de la Seguridad Social que impedirá pagar las pensiones, salvo que se reduzca su cuantía desde ahora, como se propone.

El equilibrio financiero depende no solo del número de pensionistas y empleados y de la magnitud de las pensiones, sino de otros factores de los que no se habla cuando se propone rebajar las pensiones:

• Del empleo, pues cuanto mayor sea el número de empleados más ingresos recibirá la seguridad social.
• De la productividad, pues a medida que aumenta (como viene sucediendo en los últimos años), se puede obtener más producto e ingresos para financiar las pensiones incluso con menos empleados.
• Del nivel de los salarios y, por tanto, de la participación de los salarios en los ingresos totales, pues cuanto mayor sea ésta más masa salarial habrá para financiar las pensiones.
• De la extensión de la economía sumergida, pues cuanto más pequeña sea más cotizantes habrá y, en consecuencia, también más ingresos para la Seguridad Social.

Por lo tanto, no es cierto que lo que pone en peligro el futuro de las pensiones sea que, afortunadamente, aumente la esperanza de vida sino el aumento del paro, la especialización de nuestra economía en actividades de bajo valor y poco productivas y la desigualdad que hace que los salarios tengan cada vez menos peso en el conjunto de las rentas. Es decir, lo que viene ocurriendo como consecuencia de las políticas neoliberales que han aplicado los gobiernos en los últimos años siguiendo las directrices de la Unión Europea y, en particular, como consecuencia de la respuesta que se está dando a la crisis cuyo único propósito es el de favorecer a los bancos y a las grandes empresas y que está produciendo, precisamente, todo estos fenómenos: aumento del paro y de la desigualdad

Si se logra aumentar el empleo, si conseguimos que la productividad aumente en los próximos años simplemente lo mismo que aumentó en los últimos decenios y si frenamos el proceso creciente de desigualdad en el reparto de la renta, España podrá hacer frente sin dificultades al mayor gasto en pensiones que lógicamente se producirá en los próximos años.

–                 Denunciamos que se está difundiendo de manera deliberada un mensaje engañoso y catastrofista sobre el futuro de las pensiones.

El engaño que llevan consigo las predicciones catastrofistas con las que se justifican los recortes es patente si se tiene en cuenta que el último informe de la Unión Europea sobre envejecimiento prevé que España llegue a un máximo de gasto en pensiones de algo más del 14% en 2050. Se dice que es un porcentaje excesivo pero se oculta que otros países ya lo han alcanzado en la actualidad. Asumir que Francia o Italia puede dedicar hoy día el 15 o 16% de su PIB a pensiones y que España no podrá dedicar más o menos esa misma proporción en 2050 o es de un irrealismo sospechoso o es aceptar sin más que el paro alcance niveles impensables y que los salarios españoles van a ser mucho peor que tercermundistas en los próximos años. Pero, en ese caso, resulta también completamente cínico y falso culpar de la crisis futura que puedan tener las pensiones al aumento de la esperanza de vida.

–                 Denunciamos que quienes ahora dicen saber lo que ocurrirá con las pensiones dentro de treinta años no han acertado nunca en las predicciones hechas anteriormente.

Ninguno de ellos acertó en ninguno de sus estudios en los que asustaban alegando que habría déficit del sistema de pensiones en 1995, 2000, 2005 o 2010. A pesar de lo cual, eran de nuevo contratados por los bancos y aseguradoras para que los repitieran para otros años, volviendo siempre a equivocarse y ahora vuelven a presentarse como si ellos fueran los que saben lo que hay que hacer para hacer frente a los problemas del futuro.

–                 Denunciamos también que la propuesta de aumentar la edad de jubilación para todos los grupos de trabajadores sin distinción es tremendamente injusta.

Sabemos sin lugar a dudas que las personas de mayor renta y de cualificación profesional más elevada tienen mayor esperanza de vida (en España hay una diferencia de casi 10 años entre lo que vive por término medio la persona de renta más alta y la de más baja). Por tanto, imponer que todos se jubilen a la misma edad significa obligar a que las personas de renta más baja financien de modo desigual las pensiones de las de rentas más altas, y también prolongar injustamente la vida laboral de quienes desempeñan actividades más molestas, insalubres o peligrosas. Tratar igual a los desiguales, como pretende el Gobierno con esta nueva reforma, es una injusticia inaceptable.

–                 Denunciamos que el grupo «de sabios» que ha elaborado la propuesta solicitada por el Gobierno ha tenido una composición claramente  sesgada y muy poco independiente.

La inmensa mayoría de ellos ha tenido o tiene una evidente vinculación con entidades financieras o de seguros que es obvio que van a beneficiarse de una eventual rebaja en las pensiones y de un aumento de la suscripción de planes de ahorro privados.

–                 Denunciamos que a pesar de que el Gobierno dice preocuparse por el equilibrio financiero del sistema de pensiones no toma nada más que la medida de recortarlas para alcanzarlo.

–                Concretamente, el Gobierno no adopta las decisiones que podrían aumentar los ingresos, no solo haciendo otras políticas que podrían aumentar el empleo o reducir la desigualdad, sino otras más inmediatas como impedir que se pacten jubilaciones forzosas, la prejubilación de iniciativa autónoma sin causa objetiva y los despidos en edad de posible jubilación anticipada o, por otro lado, revisar la baja cotización de casi cuatro millones de personas que se encuentran en los regímenes especiales y los niveles mínimos y topes máximos de cotización que suponen una fuga inmensa de recursos.

–                 Denunciamos que se oculta a los españoles que las cotizaciones sociales no son necesariamente la única vía de financiación de las pensiones públicas.

Como ya ocurre en otros países, en casos de crisis o de insuficiencia de las cotizaciones el sistema se puede financiar con recursos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado y se oculta también que se pueden obtener muchos más ingresos públicos para ello y para otros fines si se reforma el sistema fiscal para hacerlo más equitativo y eficaz y si se combate de verdad el fraude fiscal, en lugar de reducir constantemente los medios dedicados a su persecución.

–                 Denunciamos que lo que pretenden las reformas que se realizan de las pensiones públicas es promover la gestión privada de los recursos de la Seguridad Social.

Es evidente que difundir continuamente informes catastrofistas, estudios sesgados y predicciones terribles sobre el futuro de las pensiones públicas solo puede tener una consecuencia: que cada vez más gente desconfíe del sistema público y trate de asegurarse el futuro mediante planes de ahorro privado. Ese es el negocio que buscan las entidades financieras, pero se oculta a la población que la mayoría de los trabajadores no podrá ahorrar lo suficiente, que esos fondos son muy inseguros y peligrosos, y que solo son rentables gracias a las desgravaciones fiscales que los siempre enemigos de lo público reclaman para que las pensiones privadas puedan resultarles un negocio suculento.

–                 Denunciamos la complicidad de los gobiernos con estos intereses, por no abrir un debate público, transparente y plural sobre el futuro auténtico de las pensiones públicas y por doblegarse ante quienes vienen imponiendo las políticas que crean el paro, la concentración de la riqueza y el empobrecimiento productivo que las pone realmente en peligro.

Por todo ello, y a partir de nuestros conocimientos y experiencia como economistas y juristas, pedimos a la opinión pública que no se deje engañar por argumentos interesados que solo buscan obtener aún más ganancias, en este caso gestionando los fondos que ahora maneja la Seguridad Social.

Somos plenamente conscientes de que nuestras pensiones públicas corren un grave peligro pero, como hemos dicho, no por las razones que se aducen sino justamente por las que se callan y que los mismos gobiernos han provocado. Sabemos que el más lento envejecimiento aumentará nuestro gasto y que eso requiere disponer de más recursos, pero la solución «sabia» no puede ser reducir la cuantía de las pensiones, sino determinar cuántos nuevos recursos se van a necesitar y poner entonces sobre la mesa la forma en que hemos de generarlos. Tiene que ser así porque también sabemos con certeza que no todas las personas pueden financiarse ahorro privado para cuando lleguen a la vejez y que sin pensiones públicas casi siete de cada diez pensionistas estarían ahora o estarán en el futuro en situación de pobreza severa.

Llamamos, pues, a la denuncia de las propuestas que prepara el Gobierno, a manifestar el rechazo frontal a todas ellas y a reclamar con toda firmeza otra política económica frente a la crisis que no siga destruyendo empleo y generando cada día más deuda y empobrecimiento.

ELABORADORES DEL DOCUMENTO EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES

Francisco Álvarez Molina

Analista financiero. Doctor en Ingeniería Informática y licenciado en Matemáticas (Paris-Sorbona).Diplomado del Chartered Institute for Securities and Investment de Londres. Ex vicepresidente de la Bolsa de París y ex consejero-director general de la Bolsa de Valencia. Miembro del comité asesor de la Convention of Independant Financial Advisers, que a su vez asesora al comité socio-económico de la ONU. Miembro de la asociación española de analistas financieros. Presidente de la consultora independiente ÉTICA Family Office y presidente de la empresa de asesoría financiera independiente ÉTICA Patrimonios EAFI.

Lourdes Benería

Doctora en Economía por la Universidad de Columbia (USA), Catedrática de la Universidad de Cornell hasta jubilarse en 2009 donde fue Directora de varios programas como el Programa de Estudios Latinoamericanos y el de Género y Cambio Global; trabajó en el Programa de Empleo Mundial de la OIT y ha colaborado como consultora en otras agencias de las Naciones Unidas
como UNIFEM, PNUD Y el Consejo Económico y Social. Ha sido Presidenta de IAFFE (2005) y es miembro del consejo editorial de varias revistas académicas de Economía.

Francisco Javier Braña Pino

Catedrático de Universidad en el Departamento Economía Aplicada en la Universidad de Salamanca. Doctor en Ciencias económicas y empresariales, con una extensa y reconocida actividad investigadora, tiene también una amplia experiencia en el sector empresarial, tanto público como privado. Coautor del libro, editado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en 2007, «Extensión de la vida laboral o inserción temprana de jóvenes. Alternativas al sistema de pensiones”. Agusti Colom ha sido Sindic de Comptes de Catalunya.

Cristina Carrasco

Profesora de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona. Amplia investigación y  ublicaciones en temas de trabajo de las mujeres y economía feminista. Pertenece al consejo Editorial de la Revista de Economía Crítica y del Feminist Economics. Participa en el Seminario de Economía Feminista de Barcelona

Agusti Colom

Profesor de Teoría económica en la Universidad de Barcelona. Ha sido Sindic de Comptes de Catalunya. Miembros del Consejo Editorial de la Revista de Economia Critica.

Fernando Esteve Mora

Profesor Titular de Fundamentos de Análisis Económico. Universidad Autónoma de Madrid. Autor del trabajo «Justicia distributiva y sistemas de pensiones». Principios. Estudios de Economía Política, nº 13, 2009, y de otros artículos sobre el sistema de pensiones en colaboración con Rafael Muñoz de Bustillo, entre el que destacaría el informe «Extensión de la vida laboral o inserción temprana de jóvenes. Alternativas al sistema de pensiones» (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.2007).

Miren Etxezarreta

Economista. Ha  sido durante 35 años Catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, de donde sigue siendo Catedrática emérita. Entre sus diversas obras se pueden mencionar: ‘Que pensiones, qué futuro’  con otros colegas, Ediciones Icaria, 2009 y Privatisation of pensions, artículo con Mejra Festic, publicado en Privatisation against the european social model, Editado por Marika Frangakis et. al. Palgrave, 2009.

Ramón Franquesa

Profesor Titular de Economía mundial de la Universidad de Barcelona. Delegado sindical de CCOO en la JPDI de la UB. Coautor de Economía Mundial, JM Vidal Villa; McGrawHill , 2001.

Alberto Garzón

Licenciado en Economía por la Universidad de Málaga y Máster en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del Consejo Científico de ATTAC-España. Responsable de Economía Política Global y portavoz de Economía y Hacienda en el Congreso de los Diputados por  Izquierda Unida.

Antonio González González

Economista.  Ha sido Secretario General de Empleo (entre 2006 y 2008), así como Director del Gabinete del Ministro de Trabajo e Inmigración, vocal asesor en la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, Director del Gabinete Técnico de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT entre 1995 y 2004, e investigador en el Instituto Sindical de Estudios.

Adoración Guamán

Profesora Titular de Derecho del trabajo y de la Seguridad Social en la Universitat de València. Doctora por las universidades de València y Paris X – Nanterre. Su ámbito actual de trabajo y estudio son las consecuencias de la crisis económica sobre la regulación del trabajo y los derechos de las y los trabajadores. Colaboradora habitual con distintos movimientos sociales y sindicales, ha desarrollado la tarea de análisis, crítica y difusión de los contenidos y efectos de las sucesivas reformas laborales. Entre sus últimas publicaciones  destaca “El huracán neoliberal, una reforma laboral contra el trabajo”, junto con Héctor Illueca  y la coordinación del libro “Educación Pública, de todos para todos: las claves de la marea verde”.

Héctor Illueca Ballester

Doctor en Derecho por la Universidad de Valencia e Inspector de Trabajo y Seguridad Social, desde 2004. Participante habitual en sistemas extrajudiciales de solución de conflictos laborales, ha sido Árbitro en materia de elecciones sindicales durante los años 2005-2009. Ha impartido numerosos cursos y seminarios sobre diferentes materias vinculadas al ámbito de los derechos sociales y políticas públicas y es coautor del libro «El huracán neoliberal: una reforma laboral contra el Trabajo» (2012), que estudia críticamente los cambios percibidos en la configuración del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social desde la irrupción del neoliberalismo.

Juan López Gandía,

Catedrático de la Universidad de Valencia. Experto en materia de Pensiones, y firme defensor del Sistema público de pensiones en el Estado Social de Derecho. Ha publicado numerosos artículos especializados y es autor, entre otros, del libro “Las claves de la reforma de la Seguridad Social”, un análisis practico de la ley 27/2011.

Juan Francisco Martín Seco

Ha sido profesor de Introducción a la Economía, de Teoría de la Población y de Hacienda Pública. Pertenece a los Cuerpos de Interventores y Auditores del Estado y al de Inspección de Entidades de Crédito y Ahorro del Banco de España. Ha desempeñado, entre otros, los cargos de Interventor General de la Administración del Estado y de Secretario General de Hacienda.

José Luis Monereo

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Granada, durante 34 años. Experto  en materia de Seguridad Social y del Sistema de Pensiones. Autor, entre otros,  de los  libros y ensayos «Público y Privado en el Sistema de Pensiones», «Los planes de pensiones del sistema de empleo», «La edad de jubilación», «La política de pensiones en el Estado Social en Transformación», «Los planes de pensiones en el sector público», «Derechos sociales de la ciudadanía y ordenamiento laboral», «Planes y fondos de pensiones: propuestas de reforma» (Fundación Alternativas), «Ciudadanía y derechos de las personas mayores».

Pedro Montes

Miembro por  oposición del Servicio de Estudios del Banco de España, en el que trabajo durante 38 años, algunos de los cuales fue responsable del Sector Público. Autor, junto a Jesús Albarracín, de la investigación  “Las pensiones y la Sociedad del futuro”, publicada por la Universidad Carlos lll de Madrid. Autor, entre otros,  del libro “Golpe de Estado al Bienestar”.

Rafael Muñoz de Bustillo Llorente

Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca, donde ha sido profesor desde hace más de 30 años. Durante el curso 2012-13 ha sido Visiting Scholar de la School of Public Policy and Urban Affairs de la Universidad de Northeastern, Boston. Ha publicado numerosos libros y artículos sobre el Estado de Bienestar y distintos trabajos sobre el sistema de pensiones para el Ministerio de Trabajo y el Fondo de Investigación de la Protección Social de la SS. Participa de forma habitual en grupos internacionales de investigación con financiación de la Unión Europea y la Organización Internacional del Trabajo.

Vicenç Navarro

Catedrático de Políticas Públicas  de la Universidad Pompeu Fabra, y también de la The Johns Hopkins University en EEUU. Dirige el programa de Políticas Públicas y Sociales, de patrocinio conjunto por la UPF-Hopkins. Es uno de los autores más citados en la bibliografía científica internacional en Ciencias Sociales, que incluye Ciencias Políticas y Economía entre otros.

Carlos Ochando Claramunt

Profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia y experto en temas relacionados con el Estado del bienestar y las políticas sociales.

Albert Recio

Miembros del Consejo Editorial de la Revista de Economia Critica. Especialista en Economia laboral y represento en España el International Working Party on Labour Market Segmentation, soy miembro del Institut d’Estudis del Treball

Jordi Roca Jusmet

Catedrático  del Departamento de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona. Autor del libro Pactos sociales y política de rentas y coautor de Economía ecológica y política ambiental. Ha publicado numerosos artículos en revistas académicas internacionales. Ha sido profesor entre otras muchas materias de «economía laboral».

Julio  Rodríguez López

Estadístico superior del estado en el INE durante 2 años, por oposición (1969-71), después fue titulado del Servicio de Estudios del Banco de España a partir de 1971, también por oposición. Entre 1982 y 1985 fue consejero de Economía e  Industria de la Junta  de Andalucía; entre 1985 y 1994 fue presidente del Banco Hipotecario de España y entre 1994 y 2001 fue presidente de la Caja de Ahorros de Granada. Entre 2006 y 2008 fue gerente de la Universidad de Alcalá. Ha publicado numerosos artículos sobre mercado y política de vivienda. Fue miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE de Madrid (antigua FSM), negociando el Estatuto de Autonomía de Madrid con UCD y con AP.

Amat Sánchez

Profesor Titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de València. Especialista en Economía Laboral. Director de la Unidad de Investigación Economía y Política Laboral. Investigador asociado del Insitut d’Estudis del Treball.

Juan Torres López

Juan Torres López, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, catedrático del departamento de Teoría Económica y Economía Política de la Universidad de Sevilla. Ha sido decano de la Facultad de Derecho y Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Málaga. Ha desempeñado el cargo de Secretario General de Universidades e Investigación de la Junta de Andalucía.

¿ESPAÑA EN GUERRA?

Eduardo Luque, Socialismo21.

«Según la prensa libanesa dos misiles balísticos contra Siria fueron lanzados el 3 de Septiembre desde la base Naval de Rota en España».

No ha sido gracias a esos ejemplos de prensa libre que tenemos en este país. No ha sido gracias a El país, La Vanguardia, ABC o el Mundo; su capacidad para hacer auténtico periodismo, no pasa en el mejor de los casos, de ir más allá de buscar en el BOE cual era la subvención a la que pueden acogerse y cual es la noticia a transmitir que convenga al partido gobernante o la oposición.

Ha sido el diario libanés As Safir quién citando fuentes diplomáticas rusas nos ha informado. Los teletipos de todo el mundo se han hecho eco, el día 3 de septiembre, en un confuso comunicado, se afirmó  que habían sido lanzados dos misiles balísticos contra Siria, los radares de alerta temprana del ejército ruso los habían detectado. Israel se atribuyó la autoría del lanzamiento argumentando que habían sido meramente unas maniobras conjuntas con la armada de los EEUU.

La información que ahora poseemos, procedente del citado diario libanés y otras fuentes, en especial los informes diplomáticos rusos indican, bien al contrario, que fue mucho más, muchísimo más.

La primera información es sencillamente gravísima. Los misiles balísticos habían sido lanzados desde la base Naval de Rota en España, dentro de aguas territoriales. Desde ese momento, fuimos objetivos de primer orden en la respuesta militar de Rusia. España, al permitir el lanzamiento, había entrado en guerra contra Siria y Rusia (si este país apoyaba a aquel) y el Parlamento español mirando al techo y viendo las goteras.

Las fuentes rusas afirman que los dos misiles fueron detectados y neutralizados por las fuerzas antimisiles de ese país. Los servicios de inteligencia rusos se comunicaron con los norteamericanos con el argumento siguiente: “atacar Damasco es atacar Moscú”, la determinación rusa de utilizar todos los medios para defender Damasco, provocó la confusión en el gobierno norteamericano y propició la búsqueda de soluciones diplomáticas. EEUU reaccionó y consiguió que Israel asumiera el lanzamiento de los misiles.

Reconocer los lanzamientos, el origen y la trayectoria de impacto implicaba iniciar una escalada militar de muy difícil control. Podría haber sido interpretado como una acción agresiva contra Moscú que implicaría una respuesta inmediata.

La Casa Blanca no tuvo más remedio que admitir el protagonismo del presidente Putin y su ministro de Asuntos Exteriores en la crisis Siria. El reforzamiento de la presencia de la Marina rusa  en el Mediterráneo Oriental y la propuesta de acuerdo que ahora se persigue, fueron también las condiciones impuestas por Rusia.  Se abre una ventana política para la negociación.

De haberse generalizado el conflicto, hoy ciudadanos de Rota, Barcelona, Madrid u otras ciudades  habrían pagado las terribles consecuencias.

Queda en el aire la misma pregunta, ¿Cuándo dará explicaciones Rajoy? ¿Donde está nuestra soberanía? ¿Que control tiene el Parlamento y el gobierno sobre las naves de guerra de otros países? ¿Dónde está nuestra democracia?

» …La posible renuncia de Siria a su arsenal químico no es tan relevante.  La negociación está desnudando la impotencia de unos Estados Unidos que en la crisis siria exhiben una incoherencia y debilidad que anuncia el fin de la hegemonía de la que ha gozado EEUU desde el fin de la guerra fría».

Pablo Sapag Muñoz de la Peña

Profesor-investigador de la Universidad Complutense de Madrid y del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile

Desde hace medio siglo, con la crisis de los misiles en Cuba, que el mundo no vivía a una situación tan peligrosa. El por ahora frustrado intento de Estados Unidos por atacar Siria ha puesto al mundo en una situación límite porque a estas alturas es evidente que, más que a causas internas, la crisis siria responde a disputas de poder en los ámbitos regional y global.

En el primer caso, las potencias suníes —Turquía, Arabia Saudí y Qatar— frente al Irán chií. En la arena global, Estados Unidos y sus aliados están igualmente comprometidos en horadar las capacidades de Irán y al tiempo garantizar la supervivencia de Israel.

Una y otra cosa son vitales para que EEUU mantenga su hegemonía. Por eso choca con Rusia, China y potencias emergentes como India o Brasil. En una y otra esfera, y dado su valor estratégico, los muertos los pone Siria.

El empeño de la administración Obama por derribar al gobierno de Bachar al Assad ha sido explícito desde que a principios de 2011 y al calor de la mal llamada “primavera árabe”, apostó por la rápida caída del gobierno sirio. Por ahora no ha tenido éxito.

La financiación de la dividida oposición exterior siria, dominada por la islamista Hermandad Musulmana, no ha dado los frutos esperados. Tampoco ha funcionado el traspaso de armamento que directa o indirectamente ha hecho llegar a quienes combaten al Estado sirio.

En ese empeño EEUU ha utilizado a sus peones regionales, las dictaduras islamistas de Qatar y Arabia Saudí, y al islamista gobierno turco. Como nada de eso ha resultado y embarcado ya en una competencia abierta con una Rusia históricamente más coherente en su política siria —desde el siglo XVIII mantiene vínculos con el país—, la administración Obama ha dado el peligroso paso de las últimas semanas.

Se ha entregado con armas y bagaje a los grupos terroristas que operan en Siria. Deseosos de forzar una intervención armada occidental que les permitiera ganar un conflicto que militar y políticamente tienen perdido, los grupos que actúan al este de Damasco han colaborado con EEUU en el muy sospechoso episodio del supuesto ataque con armas químicas.

No parece creíble el uso de esas armas por parte del gobierno sirio cuando se imponía militarmente en casi todos los frentes y tres días después de recibir a observadores de la ONU que precisamente debían investigar el uso de esas armas por parte de los varios actores del conflicto.

Ese tipo de armamento, además, no se suele usar en escenarios como el sirio, en el que los combatientes de uno y otro bando están separados por apenas metros: las armas químicas afectarían por igual a las fuerzas del Estado y a quienes lo combaten.

A pesar de la evidencia, Washington pensó que sería secundado por sus aliados occidentales pero el pronto rechazo del Parlamento británico a un ataque contra Siria desnudó la confusión y debilidad del actual liderazgo estadounidense. Que no le siga un Reino Unido que tiene en la llamada “relación especial” con EEUU la piedra angular de su política exterior es muy revelador.

Sin embargo, el fracaso de EEUU también se debe a que los aliados de Siria, empezando por Rusia y siguiendo por China e Irán, han actuado de principio a fin con coherencia y responsabilidad. Mejor informados, supieron desde el principio que la única alternativa actual a Bachar al Assad era el integrismo islámico radical y violento. Por eso no se han movido de su posición.

A ello hay que añadir la fortaleza del aconfesional Estado sirio, que ha sorprendido por su capacidad de resistencia. Sometido a una presión brutal por parte de sus muchos enemigos regionales y globales, ha logrado mantener el pulso político y militar. Ambos factores están relacionados y conviene tenerlos en cuenta. Sin respaldo político de la mayoría de la población ningún ejército puede sostener tanto tiempo un desafío como el que enfrenta Siria y su liderazgo.

En Siria la mayoría de la población ha tenido claro desde el principio y pese a los muchos desafueros y errores que se puedan atribuir al gobierno, que la alternativa era una dictadura islamista contraria a la esencia de la sociedad siria, que es milenariamente multiconfesional.

Ese es el verdadero armamento con que cuenta Siria, un sofisticado mosaico construido a la par por cristianos y musulmanes de muy distintas denominaciones.

Por eso la posible renuncia de Siria a su arsenal químico no es tan relevante. Por eso también está desnudando la impotencia de unos Estados Unidos que en la crisis siria exhiben una incoherencia y debilidad que anuncia el fin de la hegemonía de la que ha gozado EEUU desde el fin de la guerra fría.

Miguel Manzanera Salavert

En los años 60 del siglo pasado comenzó un proceso de descomposición del movimiento comunista internacional, que con el tiempo desembocaría en el hundimiento del Bloque del Este en los años 90 y una nueva hegemonía neoliberal en el mundo durante 30 años hasta nuestros días.

Esto hizo que el marxismo quedara completamente desprestigiado a finales del siglo XX.Sin embargo, ante la crisis capitalista actual y el impresionante desarrollo de la República Popular China, se hace necesario buscar la explicación de los procesos económicos en las teorías de Marx.

En lo que sigue voy a intentar exponer las ideas que considero fundamentales para la recuperación de un marxismo revolucionario, a partir de las investigaciones del filósofo comunista Manuel Sacristán (1925-1985).

En mi tesis doctoral, publicada en varios lugares de la red informática, he tratado en detalle la vida intelectual de este hombre, que fue uno de los pensadores más lúcidos de su generación en la cultura española. Doctor en filosofía, profesor de metodología de las ciencias sociales, expulsado de la Universidad de Barcelona por motivos políticos y dirigente del partido comunista, Sacristán dejó constancia de esa coyuntura histórica en sus textos, escritos para los trabajadores e intelectuales comunistas del Estado español.

En su veraz descripción de la crisis del comunismo en el siglo pasado, reside el principal interés de su trabajo intelectual, y ello explica que los marxistas de este país sigamos leyéndolo tras su muerte; solo conociendo nuestra historia y nuestra tradición podremos construir una práctica política y cultural que proponga un verdadero futuro emancipador para la humanidad.

Si bien el hundimiento de la U.R.S.S. no se produjo hasta la década de 1990, las causas de ese proceso se hunden en la historia del siglo XX. No me voy a centrar en las causas remotas, aunque aludiré a ellas al final de este trabajo, sino en las más inmediatas. Los hitos que marcaron la descomposición del llamado ‘socialismo real’ se produjeron en los años 60 del siglo pasado; fueron los siguientes:

1.- la ruptura abierta en 1965 entre los dos principales países socialistas, La U.R.S.S. y la República Popular China, condujo a peleas intestinas dentro de las organizaciones comunistas acerca de la línea política más adecuada para avanzar hacia el socialismo; esas divergencias debilitaron la cohesión de los trabajadores en su lucha contra la burguesía.

2.- la revolución tecno-científica del siglo XX permitió al capitalismo recuperar la tasa de beneficio apoyándose en la extracción de la plusvalía relativa; ese desarrollo trajo la automatización del trabajo físico por la computación, la sustitución del trabajo intelectual por la inteligencia artificial y la expansión informática de las comunicaciones.

3.- la incapacidad para la renovación teórica y práctica de las instituciones comunistas, lo que se manifestó con claridad en los acontecimientos del año 68, principalmente el mayo francés y la primavera de Praga, que terminaron ambos con un sonoro fracaso.

La reflexión sobre el comunismo y sus problemas jugó un papel fundamental en el pensamiento de Sacristán, y esos tres aspectos reseñados aparecen con claridad en su obra.

El empeño, al que Sacristán dedicó los mejores esfuerzos intelectuales, consistió en reflexionar sobre las causas de la crisis que afectó al movimiento anticapitalista en la segunda mitad del siglo XX; lo que le llevó a proponer nuevas interpretaciones de la organización revolucionaria en sus dos aspectos, teórico y práctico:

1.  el análisis epistemológico del marxismo como teoría científica, y

2. la renovación práctica del comunismo como expresión de las aspiraciones a la emancipación que laten en la humanidad.

El marxismo como filosofía de la ciencia

En el primer aspecto de su trabajo intelectual, Sacristán desarrolló el leninismo desde una perspectiva enraizada en la tradición filosófica española. Su racionalismo se alimentaba de las fuentes clásicas de la cultura, el humanismo renacentista y la ilustración moderna. Una de sus aportaciones fue utilizar el concepto ‘generación’ –desarrollado por José Ortega y Gasset-, para analizar la evolución del pensamiento comunista.

Así dedicó especial atención a la tercera generación de marxistas, entre los que cuentan además del propio Lenin, pensadores y activistas como Gramsci, Lukács, Karl Korsch, Bujarin, etc. Ese concepto de ‘generación’ viene a interpretar la trasmisión de conocimiento y experiencia a través de la historia, entre personas que han vivido circunstancias distintas, pero que están en continuidad unas con otras a través del tiempo.

De ese modo, desarrolló el marxismo como filosofía de la práctica, esto es, como reflexión sobre la acción política e instrumento para la crítica de la cultura y la vida cotidiana, desde una perspectiva que enraizaba el materialismo histórico en la larga tradición de lucha contra el mal.

La filosofía de la práctica tiene como misión proporcionar a la ciencia –que no es más que racionalidad instrumental-, sus objetivos racionales, esto es, la racionalidad del sentido para el que se hace la ciencia.

Además utilizó sus conocimientos analíticos para estudiar el legado científico de Marx. En la última década de su vida, a raíz de los problemas de descomposición del movimiento comunista, dedicó una especial atención a la producción teórica de Marx, y presentó ante el público un revelador estudio sobre El Capital, desde el punto de vista del análisis epistemológico de la teoría social.

Para realizar su investigación, se interesó por los modelos de investigación científica, estudió el giro historicista de la filosofía de la ciencia que impulsó Thomas Kuhn, y trabajó sobre sociología de la ciencia desde la perspectiva marxista. En contra de las ideas demagógicas de Popper –según señala Kuhn-, el historicismo de la reciente investigación metacientífica encaja bien con la perspectiva que el marxismo arroja sobre la ciencia.

Sacristán estaba convencido de que el materialismo dialéctico es la filosofía ilustrada de la ciencia, en el sentido de que aporta los criterios filosóficos para la interpretación de la actividad científica.

El resultado de esa investigación final fue establecer la posibilidad de una sociología marxista de la ciencia desde la perspectiva de El Capital, especialmente su Sección IV dedicada a la distinción entre Plusvalía absoluta y plusvalía relativa, donde Marx investiga el uso de la tecno-ciencia por la burguesía como un arma para derrotar al proletariado en la lucha de clases.

En consecuencia propuso renovar la alianza del movimiento obrero con la ciencia, y un Programa socialista de la ciencia que tuviera en cuenta la sostenibilidad ecológica de la economía a largo plazo en sus innovaciones técnicas y productivas.

Un problema filosófico al que dedicó especial empeño, fue el de establecer la relación entre la teoría científica y la práctica social, un problema clave del materialismo dialéctico. Para aclarar el núcleo teórico del marxismo, Sacristán se fundó en la distinción analítica entre experiencia colectiva e intención política –crítica de las falacias metafísicas, idealista o racionalista y naturalista-, tantas veces confundidas en las versiones ideológicas de la ciencia y la filosofía.

La experiencia nos proporciona el conocimiento que tenemos del mundo por haber vivido en él; se refiere por tanto al pasado. Es colectiva cuando viene a fijarse en el lenguaje y la comunicación. La intención se refiere a los objetivos que la acción humana pretende alcanzar; se refiere por tanto al futuro.

Es colectiva cuando propone objetivos compartidos a la sociedad, a través de ideales racionales aceptados por todos sus miembros. La libertad humana consiste en que el futuro no será igual que el pasado, sino que depende de la actividad del propio ser humana.

El valor de la ciencia consiste en que proporciona una presentación sistemática de la experiencia, útil para actuar racionalmente sobre el mundo natural y social.

El marxismo contiene una teoría científica de la realidad, que debe servir para orientar la acción política del proletariado. Esta ciencia social tiene la misión de reconstruir teóricamente la sociedad histórica desde la perspectiva de la emancipación humana.

En línea con la tradición ilustrada europea, Marx descubrió principios fundamentales del desarrollo histórico que deben servir como fundamento para la ciencia social: el desarrollo de las fuerzas productivas a través de los modos de producción.

Pero ese principio general debe ser concretado para cada sociedad histórica, a través del estudio empírico de los datos que completan el esquema básico. No es posible que un hombre solo pudiera realizar completamente esa labor, ni siquiera siendo un genio como Marx, ni siquiera ayudado por su mejor amigo, Engels que era otro genio.

Por eso los comunistas se agrupan en partidos, como institución encargada de realizar la tarea filosófica de reunir el conocimiento científico, para establecer el programa político de la revolución emancipatoria.

La teoría marxista tiene peculiaridades que la diferencia de la sociología académica, pues para alcanzar sus objetivos políticos, se rige por los principios de la práctica y la concreción. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que el trabajo científico de Marx está orientado por una intención, de la que el propio autor era perfectamente consciente.

Y aquí tenemos la primera diferencia respecto de los científicos ‘normales’ en el capitalismo, cuyo trabajo se encuentra orientado por los intereses de la acumulación y el beneficio capitalista; en la mayoría de los casos el propio científico no es consciente de eso, porque no se ha parado a pensarlo.

El científico cobra del empresario o del Estado que le piden su investigación, y raramente se preocupa de más. Marx, en cambio, pensaba que el primer paso de la ciencia social había de ser la Kritik, esto es, la crítica de la literatura científica, o dicho en palabras más técnicas, la crítica de la ideología subyacente a las formulaciones científicas; el primer paso de la investigación científica ha de ser descubrir las intenciones con las que una teoría se postula como explicación de la realidad.

Pues los valores y los ideales del científico determinan la selección de los datos y su interpretación, aspectos relevantes para la formulación teórica. Para que el conocimiento tenga utilidad, tenemos que saber para qué está hecho, exactamente igual que un destornillador o una llave inglesa. Que Marx nos haya descubierto esta realidad, es una prueba de su honestidad humana y científica.

Además Marx quería reconstruir teóricamente la enorme complejidad de la realidad social, en su unidad indescomponible e histórica. Se trata de una labor titánica, que pudo realizar en parte, porque su amigo Engels le ayudó, tanto materialmente con subvenciones monetarias, como espiritualmente en la redacción de su obra.

Esa reconstrucción de la totalidad es lo que los marxistas entienden por dialéctica. ¿Y para qué sirve eso? Se trata de una técnica política, como fundamento de la emancipación: la creación de un programa de acción fundado en el conocimiento científico.

La ciencia social marxista es holista, se basa en la idea de que la totalidad social es una concreta realidad histórica con su propia dinámica de desarrollo. La sociedad es una estructura de elementos funcionales, basada en la división del trabajo. Las tensiones principales dentro de esa estructura se establecen entre las clases sociales, dominantes y subalternas, explotadoras y explotadas, opresoras y oprimidas.

Esos elementos objetivos de la realidad social se complementan con la realidad subjetiva, constituida por la conciencia, los valores e ideales, de las personas que componen la sociedad. Significa esto que el individuo no es un mero resultado de las fuerzas presentes en el mundo donde vive, sino que tiene un cierto margen para actuar sobre la realidad, transformarla y cambiarse él mismo en ese proceso de cambio. De ahí, el radical contenido ético del marxismo, que fue subrayado por Sacristán en su reflexión sobre la práctica comunista.

El comunismo como práctica emancipatoria

El partido es el Príncipe moderno, en palabras de Gramsci, que ha de realizar la labor política de traer el nuevo orden social. El desafío de la razón moderna consiste en alcanzar la emancipación humana a través del conocimiento científico de la naturaleza y la sociedad.

El instrumento para ello se construye mediante el partido comunista como intelectual colectivo; de ese modo se crea una ciencia social en acto, cuyas categorías teóricas deben originarse a partir de la reflexión sobre la práctica concreta de la sociedad.

El partido comunista se constituye como la suma de prácticas conscientes, reflexivamente interpretadas a través de la ciencia social. A estas alturas de la historia, podemos pensar que ese desafío ha sido relativamente cubierto por numerosas experiencias, unas más exitosas que otras.

En los años 70 el marxismo comenzaba a parecer una teoría científica obsoleta. A finales del siglo XX ya casi nadie creía en ella. Los sonoros fracasos del llamado ‘socialismo real’ habían desacreditado completamente las tesis de Marx. Un filósofo anti-comunista como Popper era el gurú de los tiempos. El hecho de que Sacristán fuera un auténtico comunista y un humanista ilustrado, viene demostrado porque no se rindió ante los contratiempos de la coyuntura; lo que hizo fue repasar la teoría para encontrar los fallos.

Como se ha señalado, descubrió que la noción de ciencia en Marx es demasiado compleja, y que por tanto requiere un esfuerzo intelectual enorme que sólo puede ser completado colectivamente. Se trata de construir la institución que realice el proceso de la emancipación sobre el fundamento del conocimiento racional de la realidad histórica.

Esa función consiste en construir el programa político que debe ser implementado por la lucha de las clases trabajadoras; pero los partidos comunistas no fueron capaces de constituirse como el intelectual colectivo capaz de hacer esa ciencia social en acto.

Entre los motivos de ese fracaso de la institucionalización comunista en el partido, podemos señalar: 1. la burocratización autoritaria impuesta por el estalinismo, 2. la deriva conservadora y oportunista de los cuadros pequeño-burgueses, 3., o bien, en otros casos, los vicios del vanguardismo sectario en los partidos de la izquierda radical.

Todos ellos provienen de una mala relación de la teoría con la práctica, que proviene de las confusiones ideológicas y la falta de claridad epistemológica entre los cuadros y los militantes.

Siendo consciente de esos problemas, la solución que Sacristán propuso fue volver a un tipo de trabajo político en el seno de los movimientos sociales, en una línea política con objetivos comunistas, y cercana al anarquismo, desarrollando una crítica frontal del poder político y el Estado capitalista.

Esa actitud de rechazo a las estructuras de poder, que tiene parecido con la puesta en práctica del brasileño Frei Betto, por poner un ejemplo latinoamericano, le acercó también a los cristianos.

Es decir, que el partido comunista inspirado en la ciencia social marxista, es una fuerza para la emancipación humana, pero no debe considerarse la única perspectiva posible, sino una voz más entre las muchas que componen el colectivo humano en lucha por su emancipación. No se ha de imponer dogmáticamente un punto de vista en la investigación científica de la realidad.

En el terreno de la práctica, en los años 70 se trataba de volver a empezar. En este sentido desarrolló críticamente las orientaciones de Gramsci y Lukács, como representantes del leninismo y su continuación en el comunismo de Bujarin. Reconoció los errores del estalinismo y su gemelo opuesto, el trotskismo.

Se interesó por la crítica de la cultura que Gramsci había impulsado e inspiraba la práctica del Partido Comunista de Italia. De Lukács tomó la idea de una razón armoniosa –proveniente de la tradición clásica, pero adaptada a las condiciones de la modernidad científica-, como modelo de la sociedad emancipada.

Sin embargo, la crítica de Sacristán se dirigió contra la teoría del Estado obrero como instrumento para la construcción del socialismo, que propugnaba Bujarin en continuación con el leninismo.

Le pareció que la experiencia histórica mostraba su inadecuación para la tarea propuesta de construir el socialismo, porque con ese modelo se reproducía la aparición de una nueva clase social dominante a partir de la burocracia estatal, que mantenía la explotación de los trabajadores y desarrollaba una versión ideológica del marxismo. De ahí que optara por una práctica política fundada en la participación de los movimientos sociales, más preocupada por el control democrático del poder estatal, que por la conquista y ejercicio directo de ese poder.

Se trata de plantear la cuestión leninista del poder político como elemento clave para la interpretación de la práctica social, y deconstruir ese poder político desde una democracia radical participativa.

En su giro hacia los movimientos sociales y su encuentro con las fuerzas políticas que laten en el seno de la sociedad, descubrió el problema fundamental para la humanidad del siglo XXI: la destrucción de los ecosistemas vivos en el planeta tierra por la industrialización capitalista.

De ahí que dedicara los últimos años de su vida a promover el movimiento ecologista; señaló los problemas ambientales del capitalismo tardío y sus peligros para la humanidad, que podría llegar a extinguirse en las próximas décadas por causas que el propio ser humano ha creado. Lo que supone una importante objeción al progreso tecno-científico.

Y aquí encontramos otra importante crítica que Sacristán dirige contra la exposición de la historia por Marx: su optimismo ilustrado heredero del racionalismo idealista de Hegel. Esa crítica no busca destruir los conceptos marxistas fundamentales, sino que pone el acento en los aspectos negativos del desarrollo humano, lo cual parecía ser requerido por la coyuntura histórica de finales del siglo pasado. Esos aspectos fueron reconocidos y expuestos por Marx en sus trabajos teóricos, y pueden ser comprendidos bajo el concepto de alienación.

En efecto, la cuestión puede plantearse de la siguiente forma: frente al optimismo ilustrado, el progreso en las ciencias y las artes no conduce automáticamente a un progreso moral de la humanidad; debido a la forma de la estructura social –fundada en la  división social del trabajo y las diferencias de clase que de ésta se deriva-, el aumento de la riqueza se traduce en la explotación y opresión de los trabajadores.

Y un progreso tecno-científico sin desarrollo moral de la humanidad, en la actual coyuntura histórica conduce irreparablemente hacia el abismo de la auto-destrucción biológica –con afectación probable de todas las demás especies por destrucción de los ecosistemas vivos-.

Cuando Sacristán propuso la alianza de la clase obrera con la ciencia, como línea de política cultural capaz de allanar el camino hacia el socialismo, estaba pensando en un desarrollo del ecologismo, capaz de convencer a los trabajadores de la necesidad de superar el capitalismo.

Esa política cultural debería impulsar, al mismo tiempo, los avances feministas para la emancipación de las mujeres, como pieza indispensable de la emancipación humana, y también una cultura de paz y entendimiento entre las naciones, que evitara las peligrosas guerras actuales con el uso de armamento sofisticado de destrucción masiva.

El principal problema ecológico, diría, es la carrera de armamentos. La forma social que debía desarrollarse para alcanzar esos objetivos, debía basarse en la comunidad autogestionada, potenciando la descentralización económica.

Pero ésta iría unida a la centralización política en el control de las actividades respetuosas con el medio ambiente natural. Esa centralización política no iría unida a un Estado autoritario y represivo, sino a una democracia basada en el consenso razonado entre los miembros de la sociedad.

Perspectivas de futuro en la actualidad mundial

Sacristán se dio cuenta de que ese proyecto político tendría enormes dificultades para realizarse y manifestó su pesimismo hacia el final de su vida. La pregunta con la que quiero terminar esta reflexión es si hoy debemos compartir ese pesimismo y cuáles son las perspectivas en la actual coyuntura. Admitiendo el modelo de comunismo sin Estado, alcanzado a través de la república participativa –que es la auténtica perspectiva que Marx propone como proyecto para la humanidad-, hay que encontrar las mediaciones para alcanzar tal objetivo.

En mi opinión, hoy se podría hacer un balance de las posibilidades del socialismo a partir de las últimas experiencias históricas. Me refiero a los siguientes datos:

1. La agudización de los problemas ambientales en la civilización industrial, que no son resolubles por vías clásicas del capitalismo de mercado;

2. La crisis del capitalismo neoliberal y su pérdida de hegemonía a nivel mundial, así como la deriva fascista de las sociedades occidentales y la OTAN;

3. El fracaso del modelo de la antigua U.R.S.S. ha sido sustituido por el desarrollo de la República Popular China, como capitalismo de Estado que se ha convertido en la mayor potencia económica de nuestros días.

En primer lugar, la destrucción de los ecosistemas vivos solo puede evitarse con una planificación cuidadosa de la economía, que supere definitivamente el sistema de competencia mercantil como un sistema inestable y económicamente ineficiente.

Una buena parte de los beneficios capitalista se obtienen de externalizar los gastos de las empresas, vertiendo productos contaminantes, agotando la riqueza natural y destruyendo el patrimonio cultural de la humanidad. Es la destrucción creativa, que quiere producir un mundo completamente artificial, para mayor riqueza y poder de la oligarquía mundial en su dominación el planeta.

Otra fuente de beneficios es la apropiación de bienes públicos en un proceso de acumulación que esquilma a los trabajadores, empobreciendo a la mayoría de la población mundial. No obstante, la imposibilidad de mantener esa dinámica, viene dada por la actual crisis capitalista, que nos indica que el capitalismo neoliberal ha alcanzado sus límites, en parte por la existencia de un modelo alternativo que se ha estado desarrollando en las últimas décadas.

La cuestión es qué estructura social sustituirá a la actual ordenación de las relaciones internacionales. Los dos modelos presentes son el capitalismo de Estado chino, con importantes elementos redistributivos, y el capitalismo privatizado neoliberal en el resto del mundo cada vez más desequilibrado.

Pero ya sea por parte de un Estado mundial, construido sobre la base de las instituciones internacionales desarrolladas –ONU, PNUD, TPI, UNESCO, etc.-, ya por parte de las grandes empresas transnacionales que intentan monopolizar el mercado mundial, se hará necesaria una planificación cada vez más precisa de la economía mundial para garantizar la supervivencia de la especie.

Existen, por tanto, dos alternativas en pugna, cuyos polos respectivos son la OTAN por un lado –cuya falta de respeto por los compromisos internacionales es notorio-, y la República Popular China con sus aliados por el otro.

El pronóstico más probable es la hegemonía del modelo chino de capitalismo de Estado en un plazo de tres o cuatro décadas, quizás antes, lo que significaría el inicio de un proceso de tránsito hacia un futuro sistema socialista. Sin embargo, la OTAN, dirigida por el Pentágono de los EE.UU., ha entrado en una dinámica bélica con el objetivo de truncar ese desarrollo. La intensificación de la guerra forma parte de esa deriva suicida de la economía capitalista, y tiene su raíz en la crisis de hegemonía del capitalismo neoliberal, una vez agotada la revolución informática en la industria.

Por otro lado, para recomponer la tasa de plusvalía y los beneficios del capital, el imperialismo liberal se ha propuesto controlar la alimentación de la población mundial a partir de las grandes compañías transnacionales del agro-negocio; entre ellas la principal es Monsanto, que promueve una agricultura a gran escala basada en los productos transgénicos, o, como ahora les llaman, OMG (Organismos Genéticamente Modificados).

El intento de mantener una hegemonía mundial por parte del capitalismo neoliberal, tiene por lo tanto dos vertientes. Una intensificación de la carrera de armamentos y de los conflictos en el mundo, que dará el poder a los fuertemente armados Estados que forman parte de la OTAN.

Y una revolución agrícola con fuertes peligros ambientales, fundada en las nuevas biotecnologías impulsadas por el capital trasnacional, que tiene el objetivo de controlar el mercado de la alimentación y mantener de ese modo la dominación sobre las poblaciones humanas.

La conclusión de ese análisis es que una persona comprometida con la emancipación de la clase obrera y la humanidad, debe apoyar el crecimiento y desarrollo del capitalismo de Estado como tránsito hacia el socialismo, sin perder la perspectiva emancipatoria, atendiendo a las cautelas críticas y reconociendo los problemas que se van presentando.

La situación se ha vuelto tan peligrosa para la humanidad, que se deben tomar todas las cautelas para evitar un enfrentamiento bélico entre las superpotencias.

En lo que respecta al campo anti-imperialista, la evolución de esos acontecimientos recientes demuestra que Mao llevaba razón en su polémica contra Stalin. Según Mao, Stalin había decapitado la dialéctica, lo que significaba que su liquidación de la burguesía para construir la dictadura del proletariado, había destruido al mismo tiempo el proceso histórico de desarrollo social.

No es posible un socialismo en un solo país, y ni siquiera en un grupo importante de países. Como diría Horkheimer, el error de Stalin, como el de Hitler, fue el haber querido acelerar el proceso histórico de construcción del socialismo. Por el contrario, la línea leninista de desarrollo socialista se basaba en la NEP (Nueva Política Económica), que permitía una existencia limitada de la burguesía y el mercado.

Esa tesis maoísta se tradujo políticamente: la República Popular China se construyó sobre una alianza de clases sociales, burguesía y proletariado, de carácter nacional. La teoría de las contradicciones en el seno del pueblo, venía a garantizar la existencia de los dos polos sociales en permanente conflicto, como motor del progreso y el desarrollo.

Esa estructura social ha permitido a China a adaptarse a las condiciones del mercado internacional, evitar el dogmatismo estalinista y la represión violenta que le acompañaba, e impulsar un desarrollo potentísimo de su economía que está superando todas las previsiones.

La diferencia entre el modelo capitalista neoliberal y el capitalismo de Estado, estriba en la cantidad de recursos que tienen titularidad pública. Es muy posible que en la República Popular esa cantidad llegue al 90% de la economía. Bancos y sectores estratégicos permanecen en manos del Estado, grandes empresas nacionales dominan la economía sin merma de la productividad económica, la Constitución mantiene sin mentira principios fundamentales en la lucha por la paz y la solidaridad internacional, la población china apoya su Estado, y la política económica que éste está implementando consigue una mejora notable de los niveles de vida de la población.

Con todas las deficiencias, desequilibrios y errores que se quieran señalar –por ejemplo, el problema demográfico, la corrupción o las tensiones nacionalistas periféricas-, China es hoy en día un país con un desarrollo impresionante. Es cierto que en la actualidad la derecha del partido, el sector burgués, está acumulando cada vez más poder, conforme la economía crece y se desarrolla.

No menos cierto es que es un país donde hay un consenso muy amplio acerca del actual orden político, fundado en una interpretación propia de los derechos humanos, no siempre coincidente con los patrones vigentes en el resto del mundo –Amnistía Internacional denuncia reiteradamente el uso de la pena de muerte en China y vigila las garantías procesales de los ciudadanos chinos-.

Al mismo tiempo, allí se producen importantes luchas sociales y existe una notable conciencia ambientalista, lo que se traduce en un activismo social, que proporciona a los trabajadores y el pueblo frecuentes victorias políticas.

La cuestión es saber si ese modelo será capaz de traer el socialismo a esta humanidad atormentada; las mejoras que deben introducirse para que la sociedad china alcance mayores cotas de igualdad y libertad ciudadanas dependen de la lucha de la clase obrera china, que hoy en día constituye el contingente más numeroso, fuerte y disciplinado de los trabajadores del mundo.

Será necesario que la clase obrera china sea capaz de controlar democráticamente a su burguesía, para luego superar esa etapa del capitalismo de Estado.Para ello es condición indispensable la derrota del imperialismo neoliberal.

Otra cuestión importante es conseguir que el socialismo sea un progreso en la resolución de los graves problemas que tiene por delante la humanidad actual, lo que depende del desarrollo del marxismo como teoría social, capaz de diseñar las condiciones sociales para avanzar hacia el modelo de comunismo sin Estado, que es el objetivo histórico de los trabajadores conscientes.

«Yo sinceramente creo que Izquierda Unida ya no sirve. Es una pena, pero creo que no.

Porque hay mucha gente con esperanza en esta coalición, en este partido, porque claro, con los palos que les da el PP y el PSOE por la inercia parece que IU va subiendo, pero no es por méritos propios, sino porque la gente está desencantada por los políticos que nos han gobernado durante 30 años».

Diego Cañamero (Campillos, Málaga, 1956) es el portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT). A la vez también forma parte del Colectivo de Unidad de los Trabajadores (CUT), formación que a la vez está dentro de Izquierda Unida.