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Venezuela, Urgente : «Desactivar el fascismo»

images«El fascismo o la movilización contrarrevolucionaria se monta sobre la disminución progresiva del poder revolucionario del pueblo organizado, subsumido por la burocracia institucional y corporativa a ser un mero sujeto administrado en favor de sus intereses». 

Roland Denis, filosófo, ex Ministro de Planificación de Venezuela    

 Si cabe una síntesis, el fascismo como movimiento reaccionario y contrarrevolucionario extremo, en el caso de Venezuela, en esencia no es más que una burbuja social que se expande, desinfla y vuelve a renacer, de acuerdo a la misma desesperación de los sectores tradicionales dominantes nacionales y transnacionales por controlar la totalidad de la renta energética y garantizar el ordenamiento tremendamente desigual de la sociedad que pueden sentir en peligro.

Hoy se vuelve a activar, aprovechando el deterioro profundo que sufre este lento proceso revolucionario, tanto a nivel de gobierno como en sus bases populares.

Su reaparición y entrelazamiento con la “sociedad civil democrática” es una advertencia clarísima al movimiento popular de que o convertimos este momento en una crisis creadora y reactivadora de la voluntad revolucionaria colectiva, o mejor empecemos a despedirnos de esta linda y traumática historia que hemos construido en los últimos 25 años.

Antes de abordar la situación veamos algunos elementos para entender el sujeto social proclive al violentismo-fascismo en la actualidad

El sujeto fascista

– Su agitación se centra en las capas medias y las clases trabajadoras estables, jugando a un discurso democrático y una acción que expande su propia necesidad de violencia, sustentada en odios simples nacidos del miedo a la igualdad y la pérdida de privilegios.

– El hecho violento es absolutamente necesario para estas franjas de la sociedad que viven de hecho en un ambiente interno por lo general pleno de prejuicios sociales y culturales: violencias familiares, encierro domiciliario y laboral, relaciones personales que tienden a centrarse en el interés material y la salvación personal; sublimada por la religión y valores tradicionales como identidad de grupo.

– Su “ideal de vida” lo absorbe el consumo alienado, buscando el espacio ordenado de la casa, el centro comercial, el hotel turístico, el placer mediático; siempre preestablecido y acatando el ordenamiento que se ofrece como salida, en función de hacer equivalentes las necesidades de placer social prometidas por la sociedad de consumo y la ganancia capitalista.

– Un mundo tremendamente violento por lo reprimido que vive y la ausencia de todo goce colectivo realmente libre y abierto, donde el individuo se haga social en su descubrimiento del mundo y no lo “hagan social” a la manera de modus vivendi jerarquizado y encerrado de la sociedad de consumo y división social del trabajo.

– El “fascio” desde su nacimiento en la sociedad europea convulsionada por las rebeliones obreras del principio del siglo veinte supo entender, primero, que tenía que ser masivo y “popular”, ajeno aparentemente a las élites tradicionales. Y luego, que la respuesta no-aristocrática, es decir, la respuesta a una pulsión revolucionaria que haga puente con importantes franjas sociales, necesitaba situarse en sus propios miedos y odios y no sólo en el narcisismo de las élites y la orden de obediencia, que por lo general impulsaban los movimientos reaccionarios comandados por las noblezas o la alta burguesía.

– El “fascio”, en ese sentido, es un autentico movimiento social, un “movimiento de ciudadanos” dirían ahora, siempre inorgánico y hasta espontáneo en apariencia, pero terriblemente jerarquizado en su juego interno, promovido por cabecillas y jefes inapelables.

-Por ello, el fascismo no es sólo una expresión política de la violencia de las clases dominantes frente a un movimiento de transformación promovido por las clases subalternas. Eso siempre ha existido con la desigualdad social. Es un movimiento que se sitúa en la necesidad de orden y esperanza individualizada de una franja de la sociedad que ya ha sido totalmente amansada por el orden y los valores dominantes.

– Un movimiento donde el esclavo “sienta liberarse” del miedo que le produce la insurgencia “del otro” inferior que puede voltearle el mundo y poner en peligro sus estúpidos privilegios.

  • Por ello, aunque parezca totalmente paradójico, el fascismo hoy reproduce exactamente la misma realidad del consumo. Es una maravilla placentera, pacífico, humano y democrático, un movimiento “de todos”.Es su cara comercial. Pero necesita a su vez ser terriblemente violento en su realidad interna, al igual que un centro comercial importante: lindo en sus fachadas, terriblemente represivo por dentro.
  • La violencia reaccionaria dirigida contra la persona o el símbolo odiado (el médico cubano por ejemplo), y no contra el enemigo esclavizante como es el caso de la violencia revolucionaria, es el momento fundamental de éxtasis que necesita para desplegarse y sentirse fuerte.

– Así, el antecedente de toda movilización de orden fascista, apelando al odio y la imposición de un orden, es la violencia socio-política como acontecimiento inicial. Exactamente como viene ocurriendo estos días en su primera fase de calle, magnificada de una manera magistral por la manipulación mediática.

– Pero el movimiento social fascista (racista y excluyente) por sí solo es incapaz de lograr sus propósitos. Necesita de dos cosas primordiales:

Primero, de la acción de una fuerza superior (interna y externa), donde se desvele el verdadero contenido de clase y aristocrático de su revuelta. Es allí donde ha de actuar la fuerza bruta del golpe, de la invasión, de la promoción de verdaderos ejércitos paramilitares, de la guerra civil como estrategia. Combinando todos estos elementos, esto también está en camino. En caso de concretarse será la fuerza brutal e incuestionable que termine de arrastrar, bajo una pasividad de aceptación, el resto de los sectores conservadores de la sociedad no fascistas (no violentistas y sembrados en el odio social) ganando una aparente mayoría atemorizada por la violencia.

Y segundo, se apoya en una realidad material de gran inconformidad generalizada que le permita no sólo arrastrar sectores conservadores, sino de las propias clases trabajadoras o marginadas que en su desesperación acepten el orden de la brutalidad bajo la promesa de resolverles sus problemas inmediatos, estando ellos mismos atados a los elementos básicos de identidad y aspiración social promovidos por las clases dominantes. Esta es una clave muy importante para entender lo que hoy pasa.

Los movimientos fascistas del 2002 y de hoy

Situándonos en el año 2002, vemos como el movimiento golpista se monta sobre una subjetividad fascista (odio a la igualdad y al otro socialmente inferior) que se va acrecentando rápidamente y que nace de la enorme violencia social y mediática que se despliega desde finales del 2001 hasta arropar una inmensa mayoría de las clases medias y los restos del movimiento obrero sindical que aún manejaban los adecos.

Es un movimiento en bloque desde su primer momento, que congrega a toda la burguesía y los sectores dominantes políticos, religiosos, militares, propios del orden de la cuarta república, con el apoyo evidente de los EEUU.

El movimiento es muy fuerte, arrastra todo un orden y una subjetividad social aún viva extensamente a pesar de la victoria de la rebelión popular simbolizada en la figura de Chávez y su victoria electoral del 98. La violencia burguesa de los paros empresariales, se une a una violencia de calle soportada en los sectores medios.

Esto hace que el movimiento “ciudadano” necesario, dispuesto a aceptar cualquier brutalidad que proteja sus miedos y odios logre, en sólo algunos meses, acumular la suficiente fuerza para permitir que se quiten las caretas los factores militares que hacían falta, acompañada por una doctoral manipulación mediática el día del golpe sustentada en la sangre derramada por ellos mismos. Así tumbaron a Chávez el 11 de Abril.

Pero Chávez regresa el 13 porque hay un punto de la agenda que no tienen en su poder. El movimiento popular no sólo está lleno de fuerza y capacidad de autoorganización, para entonces producto de la fuerza acumulada de más de diez años de revuelta y victoria. Igualmente hay una situación de esperanza que convoca a las clases subalternas que no aceptan de ninguna manera cualquier orden de terror.

La situación económica por el contrario tiende a mejorar, aunque nada todavía ha cambiado en lo sustancial. Más rápida es esta esperanza libertaria, material y justiciera que la imposición del terror golpista que se queda festejando. Es en este cuadro que vuelve Chávez.

De todas formas, como sabemos, el golpe continúa, esta vez tratando de unir la actividad golpista con la desesperación material que aún, con toda su agitación continuada, no la logran generar por el ciclo económico natural; por el contrario, sigue el buen ambiente económico. Por ello lanzan el paro petrolero como medida extrema para generar tal desesperación, y efectivamente lo logran.

Pero se impone, por un lado la capacidad de respuesta que sigue acrecentándose dentro del movimiento popular, ya más exigente y con capacidad de organizar a una buena parte del pueblo esperanzado; y por otro, no aparece la fuerza militar complementaria como factor determinante en última instancia. Esto aunado a la enorme capacidad de liderazgo de Chávez, hacen fracasar todo el golpismo de entonces y sus restos en los años posteriores.

Hoy en día el violentismo fascista y el potencial golpismo que le sucede aparece en una situación muy distinta. Esa subjetividad fascista sembrada desde el 2002 siempre se mantuvo disminuida pero consolidada. De hecho López y Capriles, como personajes más representativos de este movimiento “ciudadano”, nunca se desligaron de ella, desde psicologías y patologías histéricas distintas, y divididos en su partido original Primero Justicia. Pero hoy aparecen como los líderes de la oposición compitiendo entre ambos por el liderazgo único.

Lo cierto es que la reaparición del elemento del “fascio” violentista y odioso, desde el año pasado se da fundamentalmente como continuidad de una subjetividad social construida desde temprano en las clases medias, y que sólo en Venezuela, en el caso de Nuestramérica, la han podido expandir en forma clara arropando al conjunto de la oposición, aunque una parte trate de desligarse del violentismo.

No es el caso de ningún otro país, ni siquiera Colombia, donde la oligarquía actúa de manera descarada y dando la cara directamente como factor de chantaje asesino (estatal o paraestatal) frente a quien intente cuestionar el orden socio-económico que manejan a plenitud. No hace falta ningún “movimiento ciudadano”.

Mientras en otros casos la derecha se maneja aún dentro de cánones pacíficos y representativos de las democracias burguesa, o meramente golpistas y tradicionales, como lo hemos visto últimamente en Honduras y Paraguay. Todo esto tiene que ver con la importancia particular de las capas medias y su cultura en una sociedad rentista como la nuestra.

Sin embargo, el desate del violentismo fascista hoy en día se da sobre un panorama que lo debilita por un lado y al mismo tiempo lo favorece enormemente hacia el futuro inmediato. El sujeto social de su acción se ha centrado particularmente en la juventud, cosa que no aparecía en el 2002, eso lo favorece por su capacidad de activismo permanente, sobretodo de estudiantes que no trabajan y sin ninguna responsabilidad social. Pero a su vez su componente de clase se ha debilitado.

Aparentemente, por lo menos hasta los momentos, pareciera existir un desacuerdo importante entre las burguesías monopólicas y bancarias con la línea imperialista venida de los EEUU. Esta gran burguesía nacional ha vivido en los últimos años un paraíso de ganancias bajo el modelo corporativo-burocrático y de capitalismo de estado promovido por el esquema económico de gobierno. El rentismo corrupto y de redistribución clientelar de la renta que han aplicado, las ha llenado como nunca de divisas y capitales, a ellos y sus pares de gobierno.

Por esta razón no se desbocan a juntar de inmediato toda su fuerza (paros empresariales, saboteo abierto a la economía, golpe interno, etc) para asaltar el poder. Le interesa la estabilidad y una transición que no ponga en juego su actual paraíso de ganancias. Mientras que los EEUU, más interesados en la base estratégica de apoyo que Venezuela pueda darle a nivel político, militar, y de base energética para su economía; promueven y financian la transición rápida bajo un esquema que se trasluce claramente: violentismo fascista “ciudadano”, actos golpistas y sangrientos que caoticen por completo la situación, negociación final y caída del chavismo por acuerdo de fuerzas.

Esta doble estrategia divide actualmente la oposición, y es donde López aparece como la pieza más clara de los intereses EEUU-Uribe y capital global, aunado a la desesperación de las capas medias; mientras que Capriles le juega al “nacionalismo” de la burguesía local, con una mano en la conspiración, pero cautelosa.

El fascismo en este caso está obligado a forzar por dentro de ellos los acontecimientos y obligar al resto del bloque burgués a juntarse, por ello su activismo, al contrario del 2002, tiene el componente de la violencia de calle, permitir que se desborde la situación, jugar al enloquecimiento odioso de la subjetividad social fabricada, ahora centrada en la juventud y sus aliados inmediatos, respaldados en su retaguardia por una presencia paramilitar importante no presente en el 2002 y que ya ha penetrado los organismos de seguridad de Estado y militares. Sincretismo que se probó en acción con los hechos del 12 de febrero y su saldo de sangre.

Existe una situación que pareciera favorecer esta posibilidad, antes que se desgaste el juego caótico y violentista actual. Primero, al contrario del 2002, la esperanza ha mermado de manera tremenda y el participacionismo socio-político de antes ahora tiende a disolverse, agarrando a un movimiento popular en gran parte fatigado, burocratizado, administrado desde las oficinas de Estado y clientelizado.

En fin, un movimiento popular castigado a más no poder (con sangre o retaliaciones) en todos sus impulsos rebeldes y resistentes más importantes por este esquema corporativo-burocrático, que ha forzado la desactivación de la lucha de clases y la tarea emancipatoria permanente.

Por ello, el “pacifismo” del gobierno se recoge abajo sin mayores contradicciones, aunque con muchas dudas e incomprensiones de la realidad que vivimos. Es una “paz” que no produce, que no activa un movimiento de renovación interna y radicalización del proceso, que no crea nuevos retos y nuevos niveles de movilización, simplemente apoya a la figura victimizada de Nicolás y su gobierno dando claros signos de debilidad y ausencia del sentido épico que ha de tener toda revolución.

Es finalmente un lenguaje tan pequeño-burgués como los carajitos que se la pasan quemando basura y destrozando el metro de Altamira.

Esta debilidad interna dentro de las vanguardias colectivas del pueblo y el gobierno que han elegido, juega evidentemente muy a favor de esta maldición fascista. Pero hay algo que lo favorece aún más, se trata del modelo de un capitalismo de Estado rentista y parásito, que bajo sus políticas de control, concentración de poder y sustitución del control social por el funcionariato tecnócrata o burocrático; no sólo ha hecho a los ricos más ricos, a pesar de sus dádivas y políticas de justicia social, sino que ha aplastado a las fuerzas productivas y creadoras de una sociedad obrera y de pequeños productores privados y cooperativos.

Ese es un modelo que a estas alturas está en quiebra, como ha quebrado la moneda y monetarizado todos los reflejos económicos de una vasta población que sólo en el “tracaleo” de divisas o contrabando ve futuro. Un modelo que en el corto plazo si no se cuestiona totalmente y se toman las medidas radicales de fondo, nos lleva a un desabastecimiento e inflación continuada, donde ningún control va a servir para nada, así estaticen toda la economía si les da la gana, y hagan todas las leyes y decretos que quieran.

Ese modelo sí que es el granero perfecto del fascismo. Desespera a las clases medias productoras, vuelve loca toda la demanda de consumo cada vez más insatisfecha, evidencia su incapacidad de responder por vía de la economía de Estado (sea de importación o de producción, las empresas de Estado están siendo quebradas por esta mentalidad inútil dedicada a destrozar la productividad social).

Reactiva la curva de empobrecimiento por la inflación, y pronto de desempleo, por la improductividad económica, mermando día a día el valor del trabajo, cualquiera que sea el salario nominal.

El fascismo, a pesar de su irracionalidad absoluta, mantiene una perversidad lúcida. En este caso se trata no sólo de forzar el acompañamiento explícito de imperios, burguesías y todo el bloque dominante, esta vez también mira hacia abajo, tratando de lograr su gran objetivo: que la desesperación por el quiebre total del ciclo productivo les permita venderse como salida ante una mayoría popular, convirtiéndose él mismo en un gran “movimiento popular”, de unión de “amos y esclavos”.

Fenómeno que le permitiría ganar adeptos dentro de un oficialismo de gobierno corrompido y cada vez más tensionado por esta situación de deterioro político y económico, adelantando la salida del “golpe o autogolpe” (no teniendo una fuerza militar significativa en estos momentos, al menos a esos niveles) con suficiente impacto como para crear el caos total que se busca en la estrategia yanqui, hasta lograr la negociación de derrota.

Eso aún está todavía lejos de darse. La sociedad, el pueblo mayoritario, se mueve como puede, alejado por completo de la fachada de éxtasis violentista del fascismo que sigue reducido a sectores medios y el anticomunismo militante de los jóvenes. Pero esto puede no ser así en poco tiempo.

Están abiertas las puertas de la desesperación material, con un movimiento popular pasivo y una vanguardia de izquierda rentista, que no se lo ocurre otra cosa que pedir más controles estatales, sin acordarse que el abc de toda revolución social está en el sujeto productivo, hoy aplastado o empleado en un trabajo explotado pero ligado a cadenas económicas cada vez más improductivas y de mero servicio.

La revolución se sitúa en la subjetividad proletaria, jamás en la subjetividad que sólo se remite a la supuesta justicia que ofrece el derecho al consumo y la tarjeta de crédito, administrado además por una burocracia corrompida e inútil. El consumidor, y mucho menos clientelizado, no sirve jamás para transformar absolutamente nada. Su revuelta es la más individualista de todas, totalmente contraria a la revuelta del “nosotros”, los obreros, verdaderos productores de este mundo.

En un cuadro así la tendencia se mueve hacia la posibilidad de un puente en el corto plazo entre el fascismo y el pueblo desesperanzado, individualizado y desesperado, absorbiendo en sus planes una gran franja delincuente que aprovechará la oportunidad caótica, acentuando el terror colectivo. El peligro fascista de hoy tiene allí su principal futuro.

La desactivación del fascismo

Desde que este proceso comenzó hemos visto la salida al fascismo desde el punto de vista del “plan de contingencia” y la movilización de apoyo. Si esto es aún una necesidad permanente, se trata de un reflejo aprendido cada vez menos efectivo y real como mecanismo de desactivación de todo el potencial contrarrevolucionario que vuelve a insurgir.

La denuncia de planes imperialistas, que los hay, la información interna y la movilización, los puntos de unidad cívico-militar, ya no resuelven en absoluto la tamaña crisis a la cual nos enfrentamos como pueblo en lucha y como país.

La respuesta tiene que ser de fondo, porque todo esto se debe a un proceso que pierde día a día su vitalidad original y capacidad de transformación. La voluntad transformadora y de verdadera rebelión en favor de la reactivación de la capacidad productiva y socializada que potencialmente tenemos y abunda, es la única salida. Es la lucha de clases pura y dura contra todos los elementos de opresión capitalista y burocrática que viven del festín de la renta que ahora se pelean a muerte.

Lo demás es dejar correr la arruga, jugar al desgaste y la división del enemigo, a la movilización controlada, pero guardando un cáncer final que está a punto de acabar, no con un gobierno que sería lo de menos, sino con la esperanza revolucionaria en sí, e instalarnos un gobierno de cualquier cosa y cualquier gentes, donde hasta la presencia yanki puede aparecer de un momento a otro.

Hay medidas de gobierno a proponer. La ingenuidad y la ilusión todavía nos llevan a adelantar algunas:

– Renovar por completo los cuadros dirigentes y llevar a juicio la cantidad de bandidos hoy en altos cargos desde ministros para abajo, incluidos los poderes judiciales, legislativos y militares.

– Renovar todo el gabinete, empezando por el económico, pero bajo el consenso de una gran asamblea bolivariana que proponga nombres.

– Reactivar la comisión de transformación del Estado abandonada desde el 2003, ampliada a nivel nacional y regional.

– Acordar en el plazo de un mes la formación de un sistema de planificación de abajo a arriba por localidades y regiones, que ponga todo el énfasis en la reactivación productiva y en la medida de lo posible socializada del país.

– Descentralizar todo el sistema de abastecimiento de Estado poniéndolo en manos de organismos de base y sobretodo de productores directos que venderían directamente sus productos allí.

– Sustituir el actual sistema de control de precios por precios consensuados entre productores distribuidores y consumidores, establecidos a través de los consejos populares de precios.

-Acabar de inmediato con ese desastroso, corrupto y monopólico, control de cambio actual y sustituirlo por un sistema de bandas flexibles, generando una ganancia cambiaria que tiene que devolverse a un sistema bancario comunal, que debe crearse lo más pronto, y se ajuste a las decisiones de planificación de abajo a arriba.

– Promover de inmediato una nueva ley de impuesto sobre la renta que ponga a pagar a los ricos.

– Formar un centro de crédito para la obtención inmediata de divisas necesarias para la activación de la producción comunal y socializada.

– Poner bajo control social y de agentes de producción todos los organismos que en estos momentos condensan el crédito, semilla, fertilizantes, etc.

– Comenzar la subida progresiva del precio de la gasolina hasta racionalizar su precio a niveles de costo.

– Devolver a la clase trabajadora el control sobre las empresas tomadas y nacionalizadas, pero asumiendo el compromiso de su productividad y rentabilidad en un plan de acuerdo a los casos.

– Hacer un inventario de todas las empresas, maquinarias, galpones, en manos públicas o privadas que han sido abandonadas y devolverle su control a unidades sociales productivas convocadas desde ya a su constitución.

– Declarar el país en emergencia productiva, convocando a todas las redes de pequeños y medianos productores industriales y agrarios a reactivar la producción bajo compromiso social y de mercado justo, obligando a la banca privada a ajustarse a las medidas de este decreto.

– Articular todo el sistema educativo medio y universitario a colaborar directamente con este plan general bajo la participación concreta de estudiantes, investigadores, docentes y empleados.

Medidas como estas, aunque sean medias u otras mejores, lo más probable es que no se tomen y ojalá estemos totalmente equivocados, eso se sabrá muy pronto. Por ello pensemos desde la perspectiva de “otra política” de lo que hoy se puede hacer bajo esta situación: fuera del Estado y la representatividad del Estado burgués. Es imposible estar dando líneas en ese sentido.

Lo cierto es que el fascismo o la movilización contrarrevolucionaria se monta sobre la disminución progresiva del poder revolucionario del pueblo organizado, subsumido por la burocracia institucional y corporativa a ser un mero sujeto administrado en favor de sus intereses.

En ese sentido, ante una situación así, no queda otra salida que el diálogo y la asamblea por la iniciativa revolucionaria que acuerde acciones de defensa, comunicación, tomas institucionales y medios de producción, que sin duda nos llevaría a una confrontación superior, donde es la exigencia sin condiciones y no la negociación, mucho menos la sumisión, lo que se imponga frente al gobierno, sea cual sea y quien sea ese gobierno. Eso muy probablemente haga que la enorme masa potencial que pueda unirse hoy a las clases medias liderizadas por la subjetividad fascista, se unan más bien a la insurgencia revolucionaria, incluidos sectores conscientes y progresistas de la clase media.

¿Podrá ser posible? Me guardo mi escepticismo personal y pongo toda mi credibilidad en el espíritu original del 27F y del 13 de Abril. Lo cierto es que “llegamos al llegadero” como tantas veces repetimos. Todo proceso necesita de un desenlace donde se confronten en una batalla inevitable. Toda esta situación nos toma en una gran debilidad aparente, pero es precisamente sobre ella que se prueban históricamente los pueblos victoriosos.

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La guerra global de los ricos también nos alcanza

Carlos_Martinez_presidente_Attac_EspanaCarlos Martínez, politólogo.

Estamos en una guerra global de ricos contra los pobres, además (lo cual nos genera en ocasiones confusión) con actores interpuestos y un gravisimo problema y es que los muertos siempre son pobres.

Pobres que luchan en los ejércitos de los ricos, votan a los ricos o pobres que luchan por el socialismo, una sociedad diferente o simplemente contra los planes imperiales y por la democracia y los derechos sociales. Mientras tanto los ricos mueven sus fichas, dan ordenes a sus periódicos y televisiones o venden armas. Es la lucha de clases global y el dominio del imperio EE.UU-UE al objeto de controlar las riquezas y dominar todo.

A veces los pobres tenemos aliados molestos, impresentables o incómodos, no lo niego. Pero los ricos llevan siglos con las manos manchadas de sangre, robando, violando, extorsionando, oprimiendo y colonizando.
La democracia es hoy una pura falacia y los ricos, sus partidos o sus iglesias y sectas religiosas solo reconocen a los gobernantes electos por el pueblo si son de los suyos y defienden sus intereses de dominación y acumulación de riquezas.

Ahora quieren ahogar el legado de Hugo Chávez y de paso volver a dominar Latinoamérica.Son unos hipócritas que destruyen todo lo que no dominan o donde no se impone su voluntad.

La política internacional es muy importante y como estamos en un ciclo de cambios de hegemonía mundial, (no olvidemos mundial), los capitalistas recurren a guerras locales y regionales, pero no tendrán ningún empacho en volver a una guerra más total. Aunque en esto están teniendo un grave problema y es que la pueden perder y por tanto prefieren fomentar las guerras civiles y destruir estado a estado, todo aquello que no sirve a su rapiña y egoísmo.

¿Cuanto hecho de menos una Quinta Internacional Socialista?

Las repuestas y las organizaciones deben ser globales y en esto modelos como el de ATTAC son muy interesantes. A la hora de generar información y expandir las movilizaciones, son imprescindibles eso si con más nervio y mayor compromiso político. El Foro Social Mundial ha significado un gran revulsivo, pero debe superar sus dudas, sus recelos, sus miedos. También el FSM vive en su interior el acoso de ciertas ONGs muy potentes que tratan de mantenerlo en el limbo de las declaraciones de principios, cuando ahora ha llegado ya la hora de la acción.

En el Reino de España la guerra global se manifiesta en las imposiciones de la Troika contra los pueblos de España. El dominio de la derecha conservadora alemana y los industriales y banqueros alemanes. Las constantes injerencias de la embajada de los EE.UU y la pertenencia de este reino al escudo antimisiles de la potencia de referencia. El papel de gendarme fronterizo. La duda ilegitima que ahoga a las clases populares españolas para enriquecer todavía más a bancos extranjeros y familias muy ricas de nuestro estado.

En el reino de España, el régimen del 78 oprime al pueblo, estándo de acuerdo sus actores en lo fundamental, es decir OTAN,UE,Monarquía. Tienen en el bipartidismo y las derechas nacionalistas su sostén. Una propaganda exasperante y machacona pro-imperialista y monárquica que tanto «El País» como «La Razón», el «ABC» como «Público», la «cadena SER», rtve, la «6ª» o «TV3» como «Canal Sur», sostienen y encima sus tertulianos se atreven a dar lecciones al mundo.

Este Estado lastrado y carcomido por la corrupción que alcanza a todas sus instituciones y magistraturas. Con un paro insoportable y escandaloso, una dictadura bancaria y de los banqueros. Dominado por oligarcas sin escrúpulos y ladrones da lecciones al mundo. Es una vergüenza o más bien un acto colectivo de mercenarios y mercenarias sin ninguna vergüenza.

Por eso hecho de menos también una respuesta más organizada, plural y contundente.

Necesitamos un frente político-social con visión y espíritu de sacrificio, al objeto de salvar esta situación.

La guerra global, no nos es ajena. Por tanto sin una estrategia global y aliados globales tampoco la superaremos.

Se que al leer estas líneas habrán personas que piensen que soy un demagogo, un iluminado. Yo digo que demagogos son los que hacen creer que la crisis capitalista y financiera está terminado ya y que el capitalismo puede desarrollarse en democracia o crear pleno empleo.

Por eso hay que decir alto y claro que España está dominada por oligarcas corruptos y violentos, con una democracia de muy baja intensidad y unas leyes electorales tramposas que nos hacen vivir en el pucherazo electoral hace muchos años. Afirmo que no hay libertad de prensa y que ni hay igualdad de oportunidades, ni se respetan en demasiadas ocasiones los derechos humanos. Lo privado está por encima de lo público y hay serias restricciones a las libertades ¿Os suena?

 

 

 

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¿Salir o no salir del euro? Esa es la cuestión

descargaAlberto Moreno.  Profesor de Economía de la Universidad de Málaga

1. La solución a la crisis será de ruptura o no será

Pasan los meses y las posibilidades de superar esta crisis por una vía que no sea una solución de ruptura se alejan cada vez más del horizonte.

Frente a quienes mantienen que existen vías de reforma capaces de enfrentar la actual situación de deterioro económico y social, mi posición ha sido de completo respeto pero, simultáneamente, de escepticismo porque la viabilidad de esas propuestas requiere de una condición inexcusable previa: la modificación radical del marco económico y político en el que las mismas podrían aplicarse.

Sin una reforma radical de la estructura institucional, de las reglas de funcionamiento y de la línea ideológica que guía el funcionamiento de la Eurozona es inviable cualquier salida pactada de la crisis que permita preservar los niveles de bienestar actuales. Y dado que, hasta el momento, todo evoluciona en sentido contrario al necesario es difícil vislumbrar una salida a esta crisis que abra una mínima posibilidad emancipatoria para los pueblos europeos si no es a través de algún tipo ruptura promovida por ellos.

Creo que hay dos argumentos básicos que refuerzan esta tesis.

El primero es que la solución que se está imponiendo a esta crisis desde las élites dominantes a nivel europeo es, en sí misma, una solución de ruptura por su parte y a su favor.

Las políticas de austeridad constituyen la expresión palmaria de que el capital se encuentra en tal posición de fuerza con respecto al mundo del trabajo que puede permitirse romper unilateral y definitivamente el pacto socialdemócrata sobre el que se había creado, crecido y mantenido el Estado de bienestar. El capital sabe que una clase trabajadora precarizada, desideologizada, desestructurada y, en definitiva, que ha perdido ampliamente su conciencia de clase es una clase trabajadora indefensa y que, en estos momentos, no tiene capacidad de resistencia para preservar dicho pacto. La concesión que el capital hizo en ese momento, cediendo salario social en sus diferentes expresiones a cambio de que no se cuestionara la propiedad privada de los medios de producción, es una concesión que entiende que no tiene por qué ser renovada frente a una oposición a la que cree incapaz de defenderla.

Pero, además, esas élites también son conscientes de que en la privatización de todas las estructuras de bienestar desmercantilizadas se encuentra un nicho de negocio capaz de ayudar a recomponer la caída en la tasa de ganancia. Su opción, en ese sentido, es clara: a través de las políticas de ajuste avanzan en el desmantelamiento de las estructuras de bienestar público, compelen a la parte de la ciudadanía que puede permitírselo hacia la contratación de esos servicios en el ámbito privado y materializan, con ello, la ruptura del pacto social sobre el que se había sustentado el capitalismo europeo de posguerra.

Y el segundo argumento es que no puede olvidarse, como parece que se hace, la naturaleza adquirida por el proyecto de integración europeo y, más concretamente, por el proceso de integración monetaria, la Eurozona.

El problema esencial es que la Eurozona es un híbrido que no avanza en lo federal, con y por todas las consecuencias que ello tendría en materia de cesión de soberanía, y se ha mantiene exclusivamente en el terreno de lo monetario porque esa dimensión, junto a la libertad de movimientos de capitales y bienes y servicios, basta para configurar un mercado de grandes dimensiones que permite una mayor escala de reproducción de los capitales.

Por lo tanto, Europa –y, con ella, su expresión de “integración” más avanzada que es el euro- ha perdido el sentido inicial de integración en sentido amplio que informó el proyecto europeo en sus orígenes y se ha convertido en un proyecto exclusivamente económico puesto al servicio de la oligarquías europeas, tanto industriales como financieras.

La Eurozona se ha convertido, tal y como se denunció antes de su nacimiento, en la expresión más perfecta de la Europa del capital. Y, en ese espacio de rentabilización de los capitales, la clase política ha sido cooptada por las élites económicas y puesta al servicio de su proyecto.

En consecuencia, este espacio difícilmente puede ser identificado y defendido por las clases populares europeas como la Europa de los ciudadanos a la que en algún momento se aspiró. Y si a todo ello se suma el que las políticas encaminadas a salvar al euro son políticas dirigidas a preservar los intereses de la élite económica europea, principal beneficiaria de la implantación del euro por la vía del incremento de escala de las transacciones que supuso la creación de un mercado y una moneda única a nivel europeo, la resultante es que esta crisis pone crudamente de manifiesto la divergencia entre los intereses de esa élite y los de los pueblos europeos y el carácter funcional que ha tenido el euro para reforzar a los primeros frente a los segundos.

Por lo tanto, el euro (y entiéndase éste no sólo como una moneda en sí misma sino como todo un sistema institucional y una dinámica funcional puesta al servicio de la reproducción ampliada del capital a escala europea) es la síntesis más cruda y acabada del capitalismo neoliberal en el marco de un mercado único dominado por el imperativo de la competitividad (con las consecuencias laborales y sociales que de ello se derivan) y en el que la Eurozona ha acompañado la cesión de soberanía en materia monetaria al BCE con las restricciones estatales en materia fiscal, vía Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Un espacio en el que la solidaridad ha desaparecido como valor de referencia, si es que alguna vez existió más allá de algunos fondos estructurales que constituían el mecanismo de financiación para que los nuevos Estados miembros pudieran financiar las infraestructuras necesarias para profundizar la construcción de ese mercado único al que se incorporaban.

En definitiva, y a modo de conclusión de este primer apartado, creo que si no se produce una modificación radical del marco económico y político de la Eurozona, cosa que no parece estar en el horizonte, sino todo lo contrario, esta crisis sólo podrá resolverse por la vía de la ruptura o, en el mejor de los casos, de una amago de ruptura tan creíble que suponga una amenaza cierta sobre los intereses de la élite económica dominante y que les fuerce a reconsiderar su ofensiva sobre las clases populares europeas.

 

2. El euro en crisis

La crisis del euro no es una crisis financiera, aunque tenga una dimensión financiera. La crisis del euro es una crisis que estaba inserta en su código genético desde su nacimiento, que ha ido incubándose durante estos años y que ha acabado manifestándose de forma virulenta cuando el detonante de la crisis financiera subprime, importada desde Estados Unidos, provocó el cierre del mercado interbancario a nivel europeo y, con ello, saltaba por los aires todo el mecanismo que había permitido la acumulación de desequilibrios insostenibles al interior de la Eurozona.

Desde este punto de vista, existen algunos factores que explican que el euro haya sido, desde la perspectiva de los pueblos, un proyecto fallido desde su mismo inicio: tanto las políticas de ajuste permanente que se articularon durante el proceso de convergencia como las políticas que se han mantenido desde su entrada en vigor; la ausencia de una estructura fiscal de redistribución de la renta y la riqueza o de cualquier mecanismo de solidaridad que realmente responda a ese principio; las asimetrías estructurales existentes entre las distintas economías al inicio del proyecto y que se han ido agravando durante estos años son, sintéticamente, puntales del proceso de consolidación de la Europa del capital.

Y si se trata de un proyecto fallido, la cuestión a la que inmediatamente debemos responder es qué pueden hacer, al menos los países periféricos sobre los que está recayendo el peso del ajuste de esta crisis, frente a un futuro poco esperanzador.

En este sentido, entiendo que las opciones de acción se revelan en cuanto asumimos las implicaciones de dos cuestiones esenciales sobre la actual crisis europea: la primera es la de alcanzar una adecuada comprensión de naturaleza de esta crisis; la segunda es de carácter más estructural y apunta a la propia viabilidad del actual proyecto europeo.

 

3. Sobre la naturaleza de la crisis

Como acabamos de señalar, la crisis europea no es una crisis financiera sino que se trata de una crisis provocada por las diferencias de competitividad entre el núcleo y la periferia acumuladas desde que el euro entró en vigor.

Por un lado, un núcleo que ha aumentado sus niveles de productividad, que ha mantenido unas tasas bajas de inflación y que optó por un proceso de ajuste basado, esencialmente, en la precarización del mercado de trabajo y la contención salarial.

Y, por otro lado, una periferia que ha mantenido unos diferenciales positivos con respecto al núcleo tanto en tasa de inflación como en tasas de incremento salarial (entre otras cosas, porque los salarios partían de unos niveles inferiores) y unos niveles inferiores de desarrollo tecnológico e incorporación de valor añadido a la producción.

Por otra parte, hay que señalar que Alemania ha sido una de las economías más beneficiadas de la existencia de la moneda única. Ésta ha permitido que las economías periféricas, menos competitivas que aquélla, no pudieran devaluar sus monedas para reequilibrar sus cuentas exteriores. La resultante ha sido una acumulación de superávit por cuenta corriente en los países centrales y de déficit por cuenta corriente en los países de la periferia desconocidas hasta el momento.

Para mantener esa situación de desequilibrio a su favor Alemania ha estado sustituyendo superávit comercial por deuda externa: daba salida hacia el resto de la Eurozona a su producción al tiempo que financiaba el endeudamiento de los países de la periferia, necesitados de ahorro, para que éstos pudieran adquirir sus productos. Este mecanismo permitía que Alemania supliera con demanda externa la tradicional debilidad de su demanda interna; debilidad que ha sido conscientemente reforzada por la vía de una mayor presión salarial a la baja.

Todo ello se traduce en que la crisis presenta en estos momentos dos dimensiones difícilmente reconciliables.

La primera dimensión es financiera y se centra en el problema del endeudamiento generalizado que, en el caso español y para el de la mayor parte de los países periféricos, se inició como un problema de deuda privada pero que contagió también a la deuda pública cuando se procedió a rescatar -y, por tanto, a socializar- la deuda del sistema financiero. Los montos que ha alcanzado el endeudamiento son tan elevados que difícilmente podrá reintegrarse completa y eso es algo de lo que debemos ser plenamente conscientes por sus consecuencias prácticas.

La segunda dimensión es real y se concreta en las diferencias de competitividad entre las economías centrales y las economías periféricas. Esas diferencias no están disminuyendo sino que se están ampliando, a pesar de constatarse una progresiva reducción de los desequilibrios en las balanzas por cuenta corriente producto, en gran medida, de la repercusión del estancamiento económico sobre las importaciones.

Frente a ambas expresiones de la crisis la respuesta se ha centrado en políticas de ajuste y austeridad que no pueden funcionar, entre otras, por dos razones evidentes.

La primera, porque buscan que todos los países sustituyan demanda interna por demanda externa y para ello promueven una deflación salarial y deprimen el consumo, la inversión y el gasto público a nivel interno y los tratan de sustituir por exportaciones hacia el resto del mundo. El problema, entre otros, es que esa política se promueve simultáneamente para todos los países y en un contexto de economía global en recesión. Es, por lo tanto, una política pro-cíclica que refuerza la crisis en lugar del crecimiento y, con ello, agrava el problema.

Y la segunda, porque cada vez se aplican políticas de austeridad por parte de un mayor número de países de la Eurozona. Al ajuste duro de Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España –esto es, sobre el 37% del PIB comunitario-, se le añade el ajuste moderado que se está llevando a cabo en Francia, Bélgica y los Países Bajos. En conjunto, esas políticas se están aplicando sobre el 66% del PIB comunitario, es decir, se están imponiendo políticas de austeridad a casi dos tercios de la eurozona. ¿Es viable una Eurozona en la que un tercio de la economía tira de los dos tercios restantes?

 

4. Sobre la viabilidad de la Eurozona

La cuestión de fondo más importante remite a la viabilidad del euro en una Eurozona de las características y con los miembros actuales.

En este sentido, puede constatarse como en el seno de la Eurozona se está produciendo una tensión evidente entre las élites económicas y financieras europeas, que asisten al desmoronamiento de su proyecto, y la lógica económica más elemental. Todo ello en el marco de una percepción de la Eurozona como un juego de suma negativa donde todas las partes cree que está peor de lo que estaría si no estuviera en el euro: así, mientras que los ciudadanos del centro tienen esa percepción porque creen que han financiado los excesos de las economías periféricas; los ciudadanos de éstas entienden que desde el centro se imponen políticas de austeridad de enormes costes sociales.

En el centro del problema se encuentra la posición hegemónica alcanzada por Alemania y las peculiaridades de su estructura productiva, principal fundamento de su potencia económica. Se trata de una estructura productiva que, ante la debilidad crónica de su demanda interna y, por lo tanto, ante la existencia recurrente de exceso de ahorro, se ha volcado en el mercado externo canalizando su excedente de ahorro interno y su superávit comercial hacia los países periféricos en forma de flujos financieros.

Para que la solución a la crisis europea no se diera en falso sería necesario, por tanto, una reconfiguración de las relaciones económicas al interior de la Eurozona.

Para ello, Alemania y el resto de potencias exportadoras debería asumir temporalmente que los países periféricos acumularan superávit por cuenta corriente con ellas para que sus procesos de ajuste, si es que se sustentan sobre las líneas de austeridad impuestas, puedan encontrar en la demanda externa el motor que no encuentran en la interna. Ello exigiría, por tanto, un incremento de la demanda interna en los países centrales (vía incrementos salariales, por ejemplo) porque, en caso contrario, los mismos se encontrarían atrapados entre el freno a su demanda externa y la debilidad de su demanda interna y, en consecuencia, sería más que probable un incremento del desempleo. La otra opción sería permitir un diferencial de inflación positivo con respecto a los países periféricos de manera que sus exportaciones perdieran competitividad por esa vía.

Ambas opciones parecen bastante improbables: ¿alguien se imagina, por ejemplo, a la Canciller Merkel planteado a los alemanes que para recuperar el equilibrio al interior de la Eurozona es necesario que los alemanes sufran una mayor tasa de desempleo o vean erosionado el valor de sus ahorros permitiendo una mayor inflación? ¿No entrarían esas políticas en profunda contradicción con la estrategia que Alemania ha venido implementando desde la primera mitad de la década pasada y que estaban orientadas a reforzar su capacidad exportadora? ¿Alguien piensa que Alemania, después de haber buscado conscientemente estos resultados en términos de repotenciar su capacidad exportadora está dispuesta ahora a dar marcha atrás porque los países del sur de la Eurozona se encuentran en una crisis de la que será imposible que salgan solos? Difícilmente esas economías estás dispuestas a ver incrementarse su desempleo o a perder posición competitiva en los mercados mundiales para facilitar la recuperación de las economías periféricas.

Si uno responde a las anteriores preguntas con un mínimo de honestidad intelectual, el panorama se revela, entonces, con meridiana claridad: parece muy poco probable que a estas alturas sea políticamente aceptable para dichos gobiernos -y, en particular, para el alemán- asumir las condiciones necesarias para revertir los desequilibrios comerciales entre centro y periferia.

Por otro lado, y de cara a entender por qué el colapso del euro me parece inevitable, debe tenerse en cuenta que el nivel de endeudamiento público (y también el privado en ciertos casos) de algunas economías periféricas es insostenible. Es prácticamente imposible que esas economías puedan conseguir unos superávit comercial y/o fiscal que les permitan hacer frente al incremento del pago de la deuda si las políticas que siguen aplicándose son de austeridad.

Nos encontramos, por tanto, ante un callejón sin salida en el que, en algún momento, alguna de las economías periféricas va a tener que reconocer oficialmente su insolvencia y solicitar bien una reestructuración completa de la deuda (que necesariamente implicará quitas muy elevadas) o bien declarar su impago. Cuál sea la reacción de los mercados, pero también de las autoridades europeas, en ese momento determinará radicalmente el futuro del euro; como también cuál sea la economía que declare en primer lugar la insolvencia: no es igual que lo haga Grecia a que lo haga España (tanto por el grado de amortización por parte de los mercados de que esa posibilidad se produzca como por el tamaño en términos relativos y absolutos de su deuda).

El riesgo de que, ante una declaración de insolvencia de alguna economía periférica, se extienda el pánico en los mercados financieros y se desencadene una tormenta financiera de repercusiones desconocidas no puede ser descartado. El hecho de que la tensión que durante estos años atrás imponía la evolución de las primas de riesgo de los países periféricos fuera parcialmente atemperada por la amenaza de intervención del BCE no ha hecho que los desequilibrios reales hayan desaparecido. Es cierto, los Estados se están financiando a unos tipos de interés más bajos, pero con economías en recesión o con tasas de crecimiento prácticamente nulas hecho no impide que la senda de crecimiento de la deuda pública siga siendo insostenible. Es decir, y por decirlo en términos más claros, el hecho de que se haya controlado la fiebre no significa que se haya curado el cáncer que sigue corroyendo por dentro a la Eurozona.

Es por ello que cualquiera de las amenazas que se siguen cerniendo sobre la Eurozona pueda provocar que ésta salte por los aires en cualquier momento y, en ese caso, el colapso del euro sería el resultado más probable.

 

5. ¿Y la izquierda?

Pues me atrevería a afirmar que la izquierda está un poco desorientada.

Una desorientación que, en primer lugar, se expresa en que no se plantea la posibilidad de que el euro pueda colapsar y de que posicionarse contra él, como debiera estar, solo es un movimiento anticipatorio ante un futurible cada vez más probable.

En segundo lugar, también está ignorando que mantener posiciones contra el euro puede tener réditos políticos tanto a corto como a largo plazo porque la identificación que la ciudadanía está haciendo entre la crisis y el euro es cada vez más amplia. Basta para constatarlo con analizar el ascenso de los partidos anti euro en otros Estados europeos. Estrategia que están aprovechando con mucho mayor olfato la extrema derecha nacionalista: el Frente Nacional, por ejemplo, aparece en estos momentos en las encuestas francesas como el partido político con mayor intención de voto en las elecciones europeas y el partido anti euro alemán estuvo a punto de entrar en el Bundestag alemán habiéndose constituido como partido político tan sólo unos meses antes de las elecciones.

En tercer lugar, ante el temor a la sanción electoral que los partidos de izquierda entienden que podría suponerles plantear la salida del euro (sanción que, como acabo de señalar, no teme y, es más, está aprovechando la extrema derecha), adoptan una posición difícilmente comprensible desde el rol político que le es propio. Así, no cejan en la denuncia de esta Europa del Capital y, con ella, del euro en cuanto símbolo que la representa pero, sin embargo, no reclaman su disolución sino que aspiran a que de la crisis surja una confluencia de fuerzas de izquierda a nivel europeo o, al menos, de los países periféricos que permita su reforma en un sentido progresista. Esta opción, como es evidente, exige que se alcance una correlación de fuerzas lo suficientemente favorable para la izquierda en una mayoría significativas de Estados europeos como para que se puedan promover cambios radicales que permitan reorientar el proyecto europeo hacia una Europa de los Ciudadanos. Pero, además, hay que suponer que el capital europeo, en tanto que promotor y principal beneficiario del proyecto europeo en su actual expresión y sobre el que no hay duda que gobierna por vía interpuesta utilizando a una clase política que le es servil, estará dispuesto a permitir y respaldar estos cambios o, en su defecto, si no preferirá verlo destruido antes que en manos de las clases populares europeas.

En definitiva, las condiciones políticas de posibilidad de que por la vía de las reformas se pueda transformar la Eurozona para convertirla en un proyecto inclusivo y favorable a los pueblos de Europa son, como puede apreciarse y cuando menos, de muy difícil concreción.

Y, finalmente, también es necesario plantearse una cuestión muy concreta por cuanto de la respuesta a la misma depende la credibilidad de las propuestas programáticas de los partidos de izquierda ante la ciudadanía en estos momentos. La cuestión es la siguiente: suponiendo que el euro no colapsara o que antes de colapsar permitiera el mandato de un gobierno de izquierdas en nuestro Estado, cuáles serían los márgenes de maniobra que tendría ese gobierno en el contexto actual para tratar de revertir la situación de crisis y dar viabilidad económica a este país en el marco del euro y de las instituciones y líneas de política económica que le sirven de sustento a nivel europeo.

La respuesta a esta pregunta pone de manifiesto la débil consciencia acerca de las condiciones que cualquier economía europea periférica -y, por lo tanto también de España- ha enfrentado, enfrenta y seguirá enfrentando en el terreno de juego que delimita la pertenencia al euro. Así, ante la carencia del mecanismo que permitiría corregir automáticamente los desequilibrios sin tener que recurrir al empobrecimiento de los trabajadores españoles, esto es, una devaluación competitiva de la moneda y ante la imposibilidad de desarrollar políticas industriales que reactiven el tejido productivo devastado por la hipertrofia inmobiliaria, podría afirmarse que España se encuentra atrapada en un callejón sin salida.

Si a ello se le unen las restricciones sobre la política fiscal, condicionada por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento a cumplir los objetivos de déficit y deuda pública y que, por lo tanto, se encuentra privada de su potencial contracíclico en esta fase de recesión económica; si además le agregamos la restricción que supone la reforma del artículo 135 de la Constitución para la libre disposición de los ingresos fiscales, al priorizar el pago del servicio de la deuda pública frente a cualquier otro tipo de gasto público; si no olvidamos que los mayores tenedores de títulos de deuda pública son los bancos españoles (o, también, su Seguridad Social) y que, por lo tanto, cualquier quita o reestructuración de la misma afectará a sus posiciones de solvencia y provocará nuevas tensiones sobre el sistema financiero; y si a todo ello se le añade el pequeño detalle de que España tiene una moneda que no controla, que no puede emitir y que, por lo tanto, carece de uno de los principales resortes económicos para poder desarrollar políticas alternativas frente a la crisis, las perspectivas no son nada halagüeñas para cualquier gobierno de izquierdas que alcanzara el poder y que no se decidiera a romper con el corsé que impone el euro sobre la capacidad de hacer política a los gobiernos.

 

6. Conclusiones

En conclusión, si todo apunta a que los problemas de fondo que han dado lugar a esta crisis no se está resolviendo sino que, por el contrario, se están agravando; si la división entre centro y periferia se está intensificando como consecuencia de la aplicación indiscriminada de las políticas de austeridad; si estas políticas están agravando los problemas de deuda pública de los Estados y deteriorando dramáticamente las condiciones de vida de los ciudadanos; si la dependencia de los Estados de la financiación de los mercados condiciona decisivamente sus márgenes de maniobra; si convenimos en todo ello, entonces tan sólo podemos prever un escenario más o menos temprano de ruptura, bien impuesto desde los mercados bien provocado desde algún Estado.

Pero si además tenemos en cuenta que las posibilidades de reforma se hacen imaginando unas condiciones dificultosas de alcanzar en la práctica e invocando la participación de un sujeto, la “clase trabajadora europea”, que actúe como vanguardia en la transformación de la naturaleza de la Eurozona las perspectivas se ponen aún peor.

Y es que la situación de la clase trabajadora en Europa nunca se ha encontrado más deteriorada en lo que conciencia e identidad de clase se refiere, sin que ello merme un ápice el hecho incontestable de que la relación salarial sigue siendo la piedra de toque esencial del sistema capitalista. Así que plantear que el sujeto político revolucionario en Europa en estos momentos puede ser la “clase trabajadora”, cuando una de las principales victorias del neoliberalismo ha sido su desideologización, desestructuración y la disolución de los elementos que configuraban su identidad de clase es, cuanto menos, asumir que tenemos aún una larga travesía del desierto por delante. Como escribía recientemente Ulhrich Beck, estamos en momentos revolucionarios sin revolución y sin sujeto revolucionario.

Y la situación no puede ser más dramática si somos conscientes de algo que todos deberíamos tener muy claro: en el marco del euro no hay margen alguno para políticas realmente transformadoras; a lo sumo lo hay para políticas paliativas de tanto dolor y sufrimiento social que está generando esta crisis, pero no para alterar el sistema como tal. Por lo tanto, plantear que lo que hay que hacer es reformar el sistema como un todo y que, además, hay que hacerlo en el marco supranacional donde, precisamente, el capital financiero e industrial es más poderoso es la mejor forma de invocar el inmovilismo a la espera de una alineación de los astros que puede tardar demasiado tiempo en producirse.

Frente a todo ello hay que advertir que la salida del euro no supondría la solución inmediata a todos nuestros problemas. Una cosa es que el Estado vuelva a recuperar la soberanía sobre los instrumentos de la política económica y otra muy distinta es en manos de quiénes estén los resortes del poder y, por tanto, el propio Estado y la capacidad de decisión sobre esos instrumentos.

Por lo tanto, al defender la salida del euro no estoy diciendo que con la recuperación de la soberanía económica se recuperen los resortes del poder, pero sí que la ruptura con el euro abre el horizonte de lo políticamente posible, incluido el cambio en la correlación de fuerzas a nivel estatal. Un cambio que bien podría alterar radicalmente la naturaleza del Estado y el ejercicio del poder que éste despliega o bien podría, al menos, permitir un mayor control sobre los resortes del poder estatal por parte de la ciudadanía.

O dicho en otros términos: la ruptura con el euro no es condición suficiente pero sí necesaria para cualquier proyecto de transformación social emancipatorio al que pueda aspirar la izquierda. Por lo tanto, reivindicar la revolución en abstracto y, simultáneamente, tratar de preservar hasta su posible reforma la moneda europea y las instituciones y políticas que le son consustanciales en esta Europa del Capital constituye una contradicción que requiere de algún tipo de explicación más allá de refugiarse en que eso supondría un empobrecimiento instantáneo de la población, como efectivamente sería, como si las políticas actuales no lo estuvieran haciendo ya o como si el euro fuera a existir para siempre.

Alberto Montero Soler (Twitter: @amonterosoler) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. Puedes leer otros textos suyos en su blog La Otra Economía.

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Socialismo 21 en el Acto de Intelectuales por la III República.

imagesIntervención del económista Pedro Montes en el Acto de presentación de Intelectuales por la III República

                Con profunda emoción, Socialismo 21 respalda y se adhiere al manifiesto que acaba de presentarse. Desde el primer momento en que tuvimos conocimiento de  que CP se proponía impulsar esta luminosa iniciativa,  la Coordinadora federal de Socialismo 21 decidió y expresó su deseo de colaborar a su éxito, porque podría representar un acontecimiento político que removiese las estancadas y pútridas aguas de nuestra sociedad. Ahora ya, a pesar de tantos silencios cómplices,  estimamos en alto grado  la presentación de este manifiesto en la casa natural de la Republica, el Ateneo de Madrid, que  posiblemente tendrá un alcance  histórico.

El país se hunde, gangrenado económica y moralmente, desmoralizado, con desigualdades lacerantes, sin futuro, con una democracia de ínfima calidad y muy débiles raíces. En estas condiciones,  la existencia de un grupo de intelectuales de tan diversos campos,  del nivel y solvencia de los firmantes de este Manifiesto, actuando como conciencia  crítica y moral de  nuestra sociedad, abre una brecha a la esperanza. La conciencia del país no está muerta, la bandera de la dignidad ha sido recuperada, el porvenir está en manos de la inmensa mayoría. Y precisamente en unos momentos en los que las luchas y movilizaciones populares han alcanzado algunas victorias y los ciudadanos parecen darse cuenta del poder decisivo que tienen.

Este llamamiento,  para proclamar la III República y  pasar la página de la monarquía actual, de orígenes siniestros y comportamientos indignos y deplorables,  está certeramente dirigido a romper la clave de bóveda del sistema y del régimen,  causa fundamental del insostenible estado de nuestro país.

Gracias maestros, por vuestras aportaciones intelectuales y culturales, y gracias por vuestro compromiso  con la causa de la democracia, la libertad, la justicia  y la dignidad. Socialismo 21 comparte estos mismos objetivos y contribuirá a intentar conseguirlos.

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MANIFIESTO INTELECUALES POR LA REPÚBLICA

descargaHan transcurrido treinta y seis años desde que se instauró en España la democracia con una monarquía constitucional como forma de Estado, con un Rey impuesto por el dictador y nunca sujeto a un referéndum de la ciudadanía. Éste fue el principal precio que se pagó en el proceso de Transición de la dictadura a la democracia, al no tener lugar la ruptura democrática y articularse una reforma pactada, bajo la presión ejercida por el Ejército surgido del golpe de Estado de 1936 contra la II República, los poderes económicos y la larga mano de los EE.UU.

La instauración de esta forma de la Monarquía de Juan Carlos de Borbón fue acompañada, además, por la introducción en la Constitución de 1978 de toda una serie de preceptos que configuran a dicha institución con perfiles claramente antidemocráticos. La clave de bóveda de esta grave contradicción constitucional ra- dica en que el artículo 1.2 proclama que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”, y por otro lado el artículo 56, apar- tado 3, establece que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabili- dad”. Flagrante vulneración del principio de igualdad entre todos los españoles que proclama la misma Constitución.

Treinta y cinco años después de aprobada la Constitución que ha regido desde entonces la vida de nuestra sociedad, tenemos la firme convicción de que ha llegado el momento de poner fin a tamaña anomalía. Es evidente que los escándalos de todo orden que han salpicado últimamente a la Casa Real han contribuido a acre- centar la desafección entre la ciudadanía hacia la persona del rey y su familia. Para nosotros, no es una cuestión de personas, sino de la institución monárquica en sí, a la que consideramos obsoleta, anacrónica y contraria a los principios de la democracia, conforme a la cual todos los que nos representan han de ser libremente elegidos por el pueblo, incluido el jefe del Estado.

La profunda crisis que vive hoy nuestro país- no solo económica, sino también política y moral-, recuerda, salvando las distancias temporales que nos separan de aquel periodo histórico, la vivida en las postrimerías de la dictadura de Primo de Rivera, que desembocó en el advenimiento de la II República. La Agrupación al Servicio de la República lanzaba entonces un llamamiento a favor de la instauración en España de un régimen republicano.“La Monarquía de Sagunto”- decía ese lla- mamiento- “ha de ser sustituida por una República”. Pero, dado que la Monarquía no iba a ceder “tan galantemente”, y el paso a un sistema de poder público solo se rendiría “ante una formidable presión de la opinión pública”, era urgentísimo or- ganizar esa presión, haciendo que “sobre el capricho monárquico” pesase “con suma energía la voluntad republicana de nuestro pueblo”. La Monarquía de hoy, surgida por imposición de un régimen dictatorial y perpetuada por los pactos concertados por los partidos de izquierda con la derecha postfranquista, tampoco es representa- tiva de esa voluntad.

El Manifiesto de febrero de 1931 se proponía movilizar a la ciudadanía para que formara “un copioso contingente de propagandistas y defensores de la Re- pública española”. Sus autores llamaban a “todo el profesorado y magisterio, a los escritores y artistas, a los médicos, a los ingenieros, arquitectos y técnicos de toda clase, a los abogados, notarios y demás hombres de ley”. También se refería muy es- pecialmente a la necesidad de contar con ”la colaboración de la juventud”, respecto de la cual se expresaban así:“Tratándose de decidir el futuro de España es impres- cindible la presencia activa y sincera de una generación en cuya sangre fermente la sustancia del porvenir”.

Lo mismo que ayer, nuestro llamamiento va también dirigido hoy a los intelec- tuales- escritores, periodistas, artistas-, a los que desempeñan tareas docentes desde la escuela primaria a la Universidad, a los que ejercen profesiones liberales- médicos, ingenieros, arquitectos, abogados-, a los integrantes de la decisiva comu- nidad científica, a los que ocupan cargos en la función pública, y, por supuesto, a la clase trabajadora, que fue y sigue siendo la que más soporta el peso de las injusticias y desigualdades del salvaje capitalismo neoliberal. Y, de manera muy particular, a las generaciones jóvenes que no participaron en la discusión y aceptación de la Cons- titución de 1978, pero cuyas consecuencias padecen como el resto de la sociedad. Porque nosotros también insistimos en que su savia nutra el futuro.

Ha llegado el Momento de que los españoles decidamos en plena libertad el régimen que deseamos para España. Por ello, pedimos la convocatoria de un referéndum, en el que se tenga la posibilidad de elegir libremente entre Monarquía o República. En el caso de triunfar esta última opción, se abriría un periodo de Cor- tes Constituyentes, en el que se elaboraría una nueva Constitución y se procedería después a la convocatoria de elecciones para la formación de un nuevo Parlamento como representante de la soberanía popular. La Constitución que se adopte debería prever las modalidades de elección del Presidente de la República del nuevo Estado, que adoptaría la forma de República federal.

El nuevo estado no sería aconfesional, como lo es el actual, conforme a la Constitución de 1978, cuyo artículo 16, apartado 3, dice que “ninguna confe- sión tendrá carácter estatal”, sino laico, como estipulaba el artículo 3 de la Consti- tución de 1931: “El Estado español no tiene religión oficial”. En él se fomentarán y divulgarán desde la escuela primaria los valores laicos y republicanos.

Desde el final de la Guerra Civil hasta hoy la consigna más falaz esgrimida por los vencedores del conflicto no ha sido otra que repetir machaconamente que tanto la I República, la de 1873, como la II, la de 1931, constituyeron un fracaso que condujo a España a la ingobernabilidad provocada por el desorden. Quienes aún hoy se permiten formular esta opinión o bien tergiversan deliberadamente el signi- ficado de las dos experiencias republicanas o son víctimas del lavado de cerebro que desde hace más de dos siglos (1789, Revolución Francesa) han venido persiguiendo los monárquicos volcados en impedir por todos los medios, incluidos los golpes de Estado de los generales Pavía y Franco, la modernización social y cultural que aca- rrearon las dos experiencias republicanas, la II en particular.

La  III República ha de ser la obra de todos los españoles, hombres y mujeres, en un esfuerzo común por dotar a nuestro país de un Estado que esté en con- sonancia con nuestro tiempo. Una de las mayores preocupaciones de los hombres y mujeres de la II República fue la moralización de las instituciones y de la vida pública degradadas por un sistema, también bipartidista, que desembocó en la primera dictadura militar del siglo XX amparada por el monarca Alfonso XIII. Obviamente, entre las tareas primordiales del nuevo régimen republicano figurará el objetivo de apostar por la igualdad social.También la consecución de un moderno Estado de Bienestar asentado en una fiscalidad progresiva más justa cuyas conquis- tas sociales hagan pasar a la historia las hasta ahora conseguidas.

La III República no es una quimera, no es una utopía. Es una urgen- te necesidad de regeneración democrática. Y puede ser una realidad, si to- dos nos unimos y luchamos juntos por conseguirlo. Sin olvidar las experien- cias republicanas del pasado, la III República ha de mirar hacia el futuro.

Firmantes

José Luis Abellán

Filósofo y escritor,catedrático emérito de la Universidad Complutense
de Madrid,ex miembro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO,ex Presidente del Ateneo de Madrid

Laura Alfonseca Giner de los Ríos

Investigadora en Historia

Pilar Altamira

Escritora,bióloga,responsable del Legado Rafael Altamira

Marcos Ana

Poeta

José Caballeero Bonald

Escritor,Premio Biblioteca Breve,Premio Cervantes

Mercedes M. Arancibia

Periodista,co-directora de Crónica Popular

Amparo Climent

Actriz,dramaturga y artista plástica,Medalla de Oro de la Real Academia de Bellas Artes de Barcelona

Lorenzo Contreras

Periodista,cronista político.

Julio Diamante  Stihl

Director cinematográfico y teatral,escritor,premio de Cultura-Cine y Audiovisual de la Junta de Andalucía

Antonio Ferres

Escritor,Premio Sésamo y Premio Ciudad de Barcelona

Josep Fontana

Historiador,catedrático emérito de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona

Joan Garcés

Politólogo,Premio Nobel alternativo (Rightlivelihood Foundation),
ex investigador de la Fondation Nationale des Sciences Politiques de Paris

Juan Genovés

Pintor y artista gráfico,Premio Nacional de Artes Plásticas de España,Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes

Belén Gopegui

Escritora, Premio Tigre Juan e Iberoamericano Santiago del Nuevo Extremo

Juan Antonio Hormigón

Escritor,director de teatro,ex catedrático de Dirección de Escena de la RESAD

Carlos Jiménez Villarejo

Jurista,ex Fiscal Anticorrupción

Salvador López Arnal

Profesor,colaborador de ElViejoTopo y de Rebelión

Armando López Salinas

Escritor,finalista del Premio Nadal

Gloria Llorca Blasco-Ibáñez

Miembro del Patronato de la Fundación Centro de Estudios Vicente Blasco-Ibáñez de Valencia

María Rosa  de Madariaga Alavarez- Prida

Historiadora,ex funcionaria de la UNESCO,miembro del Consejo de Redacción y coordinadora del Consejo Editorial de Crónica Popular

Fernando Marín

Actor y director,primer Secretario General de la Unión
de Actores,miembro fundador de AISGE (Actores,Intérpretes,Sociedad de Gestión de España)

Carmen Negrín

Ex funcionaria de la UNESCO,Presidenta de Honor de la Fundación Juan Negrín

Mirta Núñez Díaz-Balart

Historiadora,Directora de la Cátedra“Memoria Histórica del
siglo XX”, de la UCM,miembro del Consejo Editorial de Crónica Popular

Luis Otero Fernández

Fundador de la Unión Militar Democrática (UMD) y Presidente del Foro Milicia y Democracia (FMD)

Carlos París.(† 31 de enero de 2014)
  Filósofo y escritor, catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, Presidente del Ateneo de Madrid

Gonzalo Puente Ojea

Embajador de España retirado,escritor

Ignacio Ramonet

Periodista y escritor,director de Le monde diplomatique en español

Rosa  Regás

Escritora,Premio Planeta,Premio Biblioteca Breve,ex Directora de la Biblioteca Nacional

Fernando Reinlein

Miembro de la Unión Militar Democrática (UMD) y vocal de la Junta Directiva del Foro Milicia y Democracia (FMD),periodista

Miguel Riera

Editor,director de ElViejoTopo

Julio Rodríguez Puértolas

Catedrático emérito de Literatura de la Universidad Autónoma de Madrid

Isaac Rosa

Escritor,Premio Rómulo Gallegos y Premio Fundación José Manuel Lara

David Ruiz

Historiador,catedrático emérito de la Universidad de Oviedo

Nicolás Sánchez-Albornoz

Historiador,catedrático de la Universidad de NuevaYork,ex Director del Instituto Cervantes

Rodrigo Vázquez de Prada y Grande

Periodista,co-director de Crónica Popular

Angél Viñas

Economista,historiador,catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, ex Embajador de la UE ante las Naciones Unidas,en NuevaYork

 

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La amenaza fascista en Venezuela

images«Lo que está en juego es no sólo el futuro de Venezuela sino, indirectamente, el de toda América latina».
Atilio Boron, sociólogo argentino
La escalada desestabilizadora que actualmente sufre la Venezuela bolivariana tiene un objetivo no negociable: el derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro. No hay un ápice de interpretación en esta afirmación. Fue expresada en reiteradas ocasiones no sólo por los manifestantes de la derecha sino por sus principales líderes e inspiradores locales: Leopoldo López y María Corina Machado.
En algunas ocasiones se refirieron a sus planes utilizando la expresión que usa el Departamento de Estado: “Cambio de régimen”, forma amable de referirse al “golpe de Estado”. Esta feroz campaña en contra del gobierno bolivariano tiene raíces internas y externas, íntimamente imbricadas y solidarias en un objetivo común: poner fin a la pesadilla instaurada por el comandante Hugo Chávez desde que asumiera la presidencia, en 1999.

Para Estados Unidos, la autodeterminación venezolana –afirmada sobre las mayores reservas comprobadas de petróleo del mundo– y sus extraordinarios esfuerzos a favor de la unidad de Nuestra América equivalen a un intolerable e inadmisible desafío. Para la oposición interna, el chavismo significó el fin de su coparticipación en el saqueo y el pillaje organizado por Estados Unidos y que tuvo a los líderes y organizaciones políticas de la Cuarta República como sus socios menores y operadores locales.

Esperaban unos y otros la derrota del chavismo una vez muerto el comandante, pero con las presidenciales del 14 de abril del 2013 sus esperanzas se esfumaron, si bien por un porcentaje muy pequeño de votos. La respuesta de estos falsos demócratas fue organizar una serie de disturbios que cobraron la vida de más de una decena de jóvenes bolivarianos, amén de la destrucción de numerosos edificios y propiedades públicas.

Se aplacaron porque la respuesta del gobierno fue muy clara y con la ley en la mano y además porque confiaban en que las elecciones municipales del 8 de diciembre, que concibieron como un plebiscito, les permitirían derrotar al chavismo para exigir de inmediato la destitución de Maduro o un referendo revocatorio anticipado. La jugarreta les salió mal porque perdieron por casi un millón de votos y nueve puntos porcentuales de diferencia.

Atónitos ante lo inesperado del resultado –que por primera vez le ofrecía al gobierno bolivariano la posibilidad de gobernar dos años y administrar la economía sin tener que involucrarse en virulentas campañas electorales– peregrinaron a Washington para recibir consejos, dineros y ayudas de todo tipo para seguir llevando adelante el plan. Ahora la prioridad era, como lo exigiera Nixon para el Chile de Allende en 1970, “hacer chirriar la economía”.

De ahí las campañas de desabastecimientos programados, según recomienda el experto de la CIA Eugene Sharp, la especulación cambiaria, los ataques en la prensa en donde las mentiras y el terrorismo mediático no conocían límites y, luego, “calentar la calle” buscando crear una situación similar a la de Benghazi en Libia que desbaratase por completo la economía y generase una gravísima crisis de gobernabilidad que tornase inevitable la intervención de alguna potencia amiga, que ya sabemos quién es, que acudiese en auxilio para restaurar el orden.

Nada de eso ha sucedido, pero no cejarán en sus propósitos sediciosos. López se entregó a la Justicia y es de esperar que ésta le haga caer, a él y a Machado, todo el peso de la ley. Llevan varias muertes sobre sus mochilas y lo peor que le podría pasar a Venezuela sería que el gobierno o la Justicia no advirtieran lo que se oculta dentro del huevo de la serpiente.

Un castigo ejemplar, siempre dentro del marco de la legalidad vigente, y la activa movilización de las masas chavistas para sostener a la Revolución Bolivariana es lo único que permitirá aventar el peligro de un asalto fascista al poder que pondría sangriento fin a la gesta bolivariana. Y lo que está en juego es no sólo el futuro de Venezuela sino, indirectamente, el de toda América latina.

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Anguita : “La república no va a venir. Dejen de soñar. Hay que ir a por ella”

descarga (1)Del diario Publico.es

Aula Magna de la Facultad de Historia de la Universidad de Sevilla. Filas de bancas repletas de ciudadanos de todas las edades. Muchos escuchan en la puerta, en pie.

Hay quien incluso se sienta en las escaleras de acceso al estrado, que acoge un busto adornado con claveles rojos, amarillos y morados. Sobre él, una amplia mesa cubierta por dos banderas: la andaluza y la republicana.

En el centro, una de las voces más incómodas de los últimos años disecciona la situación y propone negociar un camino: la tercera república. Julio Anguita, que pasó por esas mismas clases cuarenta años atrás, tenía claro su objetivo: “Quiero hablar de la tercera república. Y no de cuando venga, sino de cuando usted y yo la traigamos”, dijo en una intervención en clave de desafío.

EL DIAGNÓSTICO

Anguita propone una tercera república que sepa responder a lo que considera una gran crisis de civilización. “No es una crisis económica, estamos ante algo muchísimo más gordo, más importante, más grave”.

Un escenario de fin de régimen en el que se enfrentan los dos grandes pilares del sistema, capitalismo y democracia representativa. “Hasta ahora, el poder económico y las instituciones han estado echando un pulso. Pero ese pulso lo ha ganado el poder económico”, aseguró el andaluz, “cuando un gobierno dice yo ya no puedo hacer nada porque los mercados lo dicen, la democracia representativa es una farsa”.

La soberanía de los ciudadanos ha caído ante las leyes económicas. “El poder político no tiene fuerza. ¿Quién manda? ¿En qué ha quedado el proyecto de Unión Europea? En dos nombres, Draghi y Merkel. Merkel y Draghi”. Ante ese escenario, Anguita propone salir del euro y ver cómo es posible articular otra comunidad política.  “Nuestro país está perdiendo soberanía. La más grande, la de la moneda. Quien no controla su moneda, no controla nada”, explicó, “Salirse del euro es una medida urgente”. En el camino para recuperar esa soberanía, la deuda. Anguita es rotundo: “No se paga. ¡Punto!”, dijo ante las risas del público.  En otros motivos, porque no se puede.

Un dato: España paga todos los días 105 millones de euros. “Traería problemas, pero prefiero esos problemas con la gente unida a terminar muriendome lentamente. Puede que estemos al borde del colapso de aquí a unos meses”.

En ese escenario, los poderes incumplen sistemáticamente las leyes. Así, explica Anguita, aparece el doble estado -concepto acuñado por el socialdemócrata alemán Ernst Frenkel- , ese que hace el trabajo sucio cuando el estado oficial no es capaz de cumplir su propia legalidad.

Y cuando se va aún más allá, el estado mafioso, en el que estamos instalados, ese en el que las instituciones son reemplazas por mafias económicas o políticas, que juegan a favor de sus intereses. Corrupción generalizada, que alcanza todos los niveles. Ese juego de poder se manifiesta, por ejemplo, en los indultos, “delincuentes que se ponen en la calle porque son cercanos al poder”.

El ciudadano es la única clave para invertir la situación: movilizados, activos y conscientes. Ante un movimiento obrero que ha perdido la batalla, una apuesta decidida por la educación. “Hasta que los sindicatos no les digan a sus afiliados que hay que leer y aprender no se v a conquistar nada”, defendió, “La ignorancia no sirve para nada. Es una pieza muerta”.

Es precisamente esa pasión por la educación lo que destaca de las dos repúblicas españolas.

Con él coincidió Carmen Lobo, exconcejal del Ayuntamiento de Camas que destapó un caso de corrupción en su municipio: “Mi corazón se convierte en un acerico -dijo parafraseando a Anguita- cuando veo lo que está pasando a mi alrededor y mis vecinos prefieren ver la televisión antes de salir a la calle a protestar. Cuando veo que el libro de Belén Esteban ha sido número uno en ventas, me avergüenzo de ser española”.

LA PROPUESTA

Los ciudadanos españoles, dice Anguita, hemos sido abducidos en dos ocasiones. Y la responsabilidad está repartida entre todas las fuerzas políticas. Una fue en la transición. “Entonces la democracia se convirtió en el mito, en el sentido de que iba a resolver todos los problemas”. Democracia como un fin y no como un medio, como una fase más de la lucha.

La segunda, la firma del tratado de Maastricht, la Unión Europea y el Euro, que se tomó como un milagro. “Tengo miedo a la tercera”, dijo el político: una abdicación de Juan Carlos y la llegada al trono de su hijo, el Príncipe Felipe, o la instauración de una república de mínimos. “El problema no es que tengamos una república formal, sino qué tipo de república”.

El excoordinador general de Izquierda Unida esbozó ayer las líneas generales de suPropuesta para la III República -así se llamaba la conferencia- ante una audiencia entregada. Sigue la línea de la Constitución jacobina de 1793: república es democracia y democracia es república. Y república también es un estado garantista, que tome la carta de derechos humanos como referencia.

El modelo que propone pasa por varios ejes fundamentales. Anguita apuesta por avanzar hacia una democracia más completa con un cambio de la legislación electoral o medidas para fomentar la participación -como hacer la figura del referéndum sea vinculante-. El ciudadano debe ser necesariamente la clave. Ese es precisamente, dice, uno de los fallos de la Constitución del 78. Los partidos no pueden ser únicamente los órganos que encaucen la participación.

Ahora dice, el rey es capaz de pastorear a los partidos: “El golpe de Tejero triunfó el 24, al día siguiente, cuando los representantes de los partidos van todos como buenos chicos y el rey como la gallina clueca los acoge a todos”.

Ese sistema deberá servir, además, para controlar al poder, luchar “a muerte” contra la corrupción e contar con contrapesos efectivos -“El defensor del pueblo es una plañidera”, dijo-. Atención especial a las separaciones: de los poderes entre sí, máxima fundamental, y entre iglesia y estado, en todos los ámbitos.

En cuanto a la articulación de esa nueva república, el modelo federal es el objetivo. Pero, a la vez, unitario -”No puede ser un estado de reinos taifas”- para garantizar los servicios sociales y que la economía no se imponga al poder político en ningún territorio.

Para el exterior, apuesta por la construcción de una nueva U.E con los países del sur, mirar más hacia Iberoamérica y un unión con Portugal -una república Ibérica-; para la defensa, un cambio del concepto de seguridad. No es concepto militar, sino civil: “Una sociedad segura es una sociedad que come, que tiene educación y trabajo. Lo otro es una sociedad armada, pero no segura”.

Anguita no quiere ponerle apellidos a su propuesta de tercera república. Ni socialista, ni comunista, ni nada que se le parezca. Sin embargo, aunque admite que sería una parte menor del proceso, si apuesta por mantener la bandera tricolor y el himno por su carga sentimental. Y contra los que quieran invocar a fastasmas del pasado , información: “¿Por qué no nos convertimos en militantes de la república?”. Así lo practica él, dice, cuando va al mercado, charlando con los clientes mientras espera en la cola.

Tanto la primera como la segunda república llegaron en momentos de crisis monárquica y en un contexto económico complicado . El escenario es similar hoy, ¿es factible una tercera república? “Hasta que no seamos más y no tengamos un proyecto de república que de manera democrática impongamos, vamos a dejarnos ya de cuándo va a venir la república”, defendió Anguita, “¡Dejen ustedes de soñar!”.

Para conseguirlo, solo hay una receta: consenso y unidad.“Yo digo, aquí está mi propuesta de república. Destrozadla. Pero, puñetas, ¡destrozadla”, dijo entre las risas del público, “En la oposición somos más narcisistas que la leche. Estamos todo el día mirándonos en el espejo. Espejito, ¿hay alguien más rojo que yo?”.

En los últimos minutos del acto, la voz de una joven interrumpió las palabras de Anguita. “¡Viva la república! ¡A por la tercera! ¡A por la tercera”, dijo antes de romper a llorar.

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La crisis política española y sus causas

descargaIgnacio Sánchez-Cuenca.

«La crisis económica, a veces llamada la Gran Recesión, comenzó en el otoño de 2008. En aquellos momentos era impensable que en 2014 tuviéramos niveles de paro por encima del 25%, jóvenes españoles con formación yéndose al extranjero a buscarse la vida, una tasa de crecimiento anémica, la Administración y el Estado de Bienestar en proceso de desguace, una deuda pública cercana al 100% del PIB y el mayor nivel de desigualdad de la Unión Europea.

También era difícil imaginar que la clase política y, sobre todo, los dos grandes partidos, iban a ser rechazados por buena parte de la ciudadanía. Para un segmento mayoritario de la opinión pública, los bancos pueden tener un alto grado de responsabilidad en el desencadenamiento de la crisis, pero son los políticos quienes no son capaces de sacarnos del agujero en el que estamos sumidos.

Este juicio es tanto más llamativo cuanto que en marzo de 2008, en las elecciones generales celebradas justo antes de la crisis, el PSOE y el PP obtuvieron entre ambos el 83,8% del voto válido, el máximo de nuestra historia democrática reciente. En aquel año, la opinión pública española era una de las que más alta valoración tenía de los partidos políticos en las encuestas europeas, y era también una de las más satisfechas con su democracia.

Da vértigo echar la vista atrás y comprobar lo mucho que ha cambiado el país. En 2008 España era todavía un país admirado internacionalmente. Estábamos viviendo un ciclo de crecimiento económico muy prolongado, iniciado en 1994, que nos llevó a superar a Italia en renta per cápita y a aproximarnos a Francia. Habíamos fortalecido la red de infraestructuras, con inversiones masivas en autovías, trenes de alta velocidad, puertos y aeropuertos.

Nuestro país era una potencia mundial en energías renovables. Algunas denuestras grandes empresas tuvieron una expansión internacional impresionante. A partir de 2004, con la formación de un gobierno del PSOE, se inició un periodo de crecimiento enorme del gasto público en I+D. Por lo demás, la deuda pública llegó a estar por debajo del 40%, en cifras muy inferiores a las de la media europea, y el Estado tuvo superávit fiscal por primera vez en democracia.

España se puso a la vanguardia en materia de derechos civiles y sociales. Fuimos uno de los primeros países en aprobar una ley de matrimonio homosexual. El país recibió, entre 1990 y 2010, cinco millones de inmigrantes, que venían atraídos por la prosperidad sin fin, y consiguió integrarlos, de una u otra forma, evitando el surgimiento de movimientos xenófobos.

El paro bajó del 10%. Los españoles cosechaban grandes éxitos internacionales en deportes, cine, gastronomía, literatura e incluso en ciencia. En fin, el país iba como un cohete.

El 24 de septiembre de 2012, The New York Times publicaba una crónica sobre la vuelta del hambre a España, acompañado por un reportaje fotográfico escalofriante con el título Hambre y austeridad en España.

Ese mismo periódico, el más influyente del mundo, colocaba en su portada el 4 de mayo de 2013 una historia sobre La Muela, un municipio de 5.000 habitantes a menos de 25 kilómetros de Zaragoza. La periodista Suzanne Daley eligió La Muela como muestra de todo lo que había ido mal en España. La alcaldesa de la localidad, María Victoria Pinilla, su marido, su hijo, un concejal y 16 técnicos y empresarios fueron detenidos en 2009, en la llamada Operación Molinos. Pinilla y su familia habían amasado una fortuna de más de 20 millones de euros en una gestión disparatada de especulación urbanística.

El caso llamó la atención de la periodista norteamericana por los excesos que se cometieron: la corporación municipal de La Muela se embarcó en proyectos faraónicos como la construcción de una plaza de toros cubierta, un centro deportivo con capacidad para 25.000 espectadores, un aviario y dos museos, uno sobre el aceite y otro sobre el viento. Alguno pensará que hay algo de justicia poética en la decisión de la alcaldesa de dedicar un museo al viento.

¿Cómo reconciliar las dos Españas de estos últimos años, la que quería comerse el mundo y la que hoy es incapaz de consensuar un proyecto de futuro? Hemos pasado de una etapa de euforia a otra de depresión, de una fase de extroversión orgullosa a otra de introversión vergonzante y melancólica.

Una forma muy tentadora de encajar ambas percepciones del país pasa por concluir que la fase de crecimiento fue un espejismo, una pompa de jabón que tenía que explotar. España, según esta tesis, ha despertado del ensueño y se ha dado de bruces con la realidad.

Y se ha encontrado con que nada aprovechable queda de todo aquello.Urbanizaciones fantasma, aeropuertos sin uso y trenes de alta velocidad que atraviesan el país sin apenas pasajeros: ese es el desangelado legado de los años del dinero fácil.Este tipo de análisis ha dado lugar a un resurgimiento del regeneracionismo de factura “noventayochista”.

Lo que la crisis ha dejado al descubierto, según esta visión, son caracteres nacionales que nos impiden tener las instituciones y las economías de los países europeos avanzados: una ilustración insuficiente, el cainismo hispánico, la primacía de los particularismos, una pesada herencia católica, el desprecio a la legalidad, etcétera. Se trata de explicaciones que recurren a la cultura y a la moralidad para dar cuenta de nuestro desgraciado presente.

Su manifestación más emblemática es el reciente libro de Antonio Muñoz Molina Todo lo que era sólido, que ha cosechado gran éxito de público y crítica (Antonio Muñoz Molina, Todo lo que era sólido, Madrid, Seix Barral, 2013. Publiqué una crítica dura de este libro, con el título Ideas gaseosas sobre la solidez, en la revista tintaLibre, 5, julio-agosto, 2013, pp. 50-51.

El libro defiende algunas tesis verdaderamente sorprendentes, como la de ligar la crisis económica a la memoria histórica y a la descentralización territorial del país). Una característica general de este tipo de enfoques es su profundo “provincianismo”, en el sentido de que se abren y se cierran con España, sin pararse a considerar, ni por un momento, que otros países, con sociedades e instituciones muy distintas de las nuestras, están sin embargo sufriendo dificultades parecidas a las que tenemos aquí.

A partir de este discurso noventayochista sobre los males seculares de la patria, han surgido multitud de propuestas regeneracionistas: basta asomarse a las páginas de opinión de El País para encontrarse con ellas a diario.

El formato se repite cansinamente: el autor comienza realizando un diagnóstico sombrío del estado de la nación para, a continuación, presentar una letanía de reformas que España “tiene que” acometersi quiere superar sus problemas (Entre otros muchos posibles, valgan estos dos ejemplos: Guillermo de la Dehesa, ¿Una segunda transición?,El País, 2/2/2013; Jonás Fernández, España está por reformar, El País, 24/12/2013). 

“Hay que” reformar la administración, “hay que” reformar la justicia, “hay que” reformar el sistema educativo, “hay que” reformar la estructura del Estado, “hay que” reformar el funcionamiento de los partidos, y así hasta el agotamiento.

Muchos de los regeneracionistas parten de un relato común sobre las razones que nos han llevado hasta aquí. En síntesis, dicho relato es este:tras la muerte de Franco, las fuerzas políticas del régimen y de la oposición pactaron unas reglas de juego que favorecían la estabilidad de los gobiernos, según queda reflejado, entre otros aspectos, en el fuerte componente mayoritario de nuestro sistema electoral, que propicia un bipartidismo imperfecto, y en la naturaleza constructiva de la moción de censura, en la que el primer ministro solo cae si un candidato alternativo obtiene apoyos suficientes.

La apuesta por la estabilidad suele explicarse como una reacción comprensible ante la fragilidad de los gobiernos que se formaron durante el periodo de la Segunda República. A causa del diseño constitucional de 1978, en España se consolidaron dos grandes partidos, que han tenido un poder enorme en el sistema.

Esos partidos han ido “colonizando” nuevos territorios, lo que ha generado un elevado grado de politización de muchas instituciones del Estado, incluyendo los niveles superiores de la Administración, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y muchos de los organismos reguladores, así como las cajas de ahorros.

Todo ello ha favorecido prácticas corruptas, pues el sistema funciona con poca transparencia y no hay instrumentos adecuados de control de la acción de los partidos. Al mismo tiempo, el proceso de descentralización ha generado patologías similares en cada una de las 17 comunidades autónomas, con sus correspondientes elites regionales.

La crisis económica, continúa el argumento, ha sacado a relucir las limitaciones de las instituciones nacionales y del Estado autonómico. Si a todo esto se suma la crisis de legitimidad del sistema, tal y como se manifiesta en la falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones y los partidos, no queda más remedio que decretar el fin de una etapa.

Llegados a este punto de inflexión (no otra cosa quiere decir el término “crisis”), son legión quienes optan por una refundación del régimen democrático de 1978. Tales empeños adoptan dos formas.

En sus versiones más extremas, frecuentadas por el movimiento 15-M y por los partidos a la izquierda del PSOE, se concluye que nada tiene arreglo en el seno del régimen vigente, por lo que hay que poner el contador a cero, es decir, hay que ir a una situación constituyente en la que se definan unas nuevas reglas de juego que superen para siempre el régimen de la transición, el de la Constitución de 1978.

En sus versiones más moderadas, la apuesta consiste en someter al país a un tratamiento de choque mediante reformas institucionales y económicas (las famosas “reformas estructurales”), siempre dentro del terreno de juego que define la Constitución, que debe ser modificada, pero de acuerdo con los procedimientos establecidos al efecto.

Entre tales reformas institucionales se incluirían la del sistema electoral, la del funcionamiento interno y financiación de los partidos, la de la independencia de la justicia y la de la modernización de la Administración.

En este libro soy más bien escéptico sobre muchas de las propuestas  regeneracionistas. No es que no crea que la corrupción es un problema gravísimo de la democracia española: desde luego que lo es. Igualmente, estoy convencido de que hay margen para mejorar la racionalidad del sistema autonómico.

Ahora bien, tiendo a desconfiar de las reformas institucionales que circulan en el debate público sobre la crisis por varias razones. En primer lugar, muchos de los análisis que he podido leer pecan del “provincianismo” al que me he referido antes con respecto al libro de Muñoz Molina: hacen una lectura exclusivamente española de los problemas políticos que quieren corregir, sin sacar consecuencias ni extraer lecciones de la experiencia comparada.

Es crucial, sin embargo, y así voy a insistir una y otra vez en las siguientes páginas, entender que si otros países atraviesan problemas parecidos de insatisfacción con la democracia y desconfianza hacia los partidos, la causa no puede estar en lo que es específico de cada país, sino, más bien, en aquello en lo que son similares.

Resulta imprescindible, para caracterizar con precisión nuestra crisis, elevar la vista más allá de nuestras fronteras. Con todo, el debate en España sigue siendo, en lo esencial, un debate introspectivo, con muy pocas referencias a lo que sucede en otros países europeos. Curiosamente, esto no sucede en los análisis económicos, pues todo el mundo da por supuesto que la evolución de las principales magnitudes económicas solo puede interpretarse a la luz de lo que sucede en el resto de Europa.

En segundo lugar, buena parte de los problemas que sufre el país no depende tan solo, ni siquiera principalmente, de las reglas institucionales. Hay algo de ingenuo en la idea de que basta cambiar las reglas para que las personas modifiquen su comportamiento.

La historia está llena de ejemplos de reformas institucionales que no tuvieron efecto alguno o que tuvieron efectos muy distintos a los previstos originalmente.

Las patologías políticas españolas pueden proceder en parte de un mal diseño institucional, pero hay también otros factores, de naturaleza social, que se pasan por alto en las propuestas regeneracionistas.

Por poner una ilustración que desarrollo en el capítulo 2, en el caso de la corrupción hay explicaciones institucionales, relativas al funcionamiento de los partidos y la politización de la Administración, pero hay también explicaciones sociales: sabemos que aquellos países cuyos ciudadanos tienen bajos niveles de información política tienden a desarrollar mayor corrupción.

La información política de la gente, medida por ejemplo a través de la circulación de periódicos en la población, no es algo que pueda determinarse a golpe de BOE. El cambio en una variable como esta solo puede producirse de forma gradual, en el medio y largo plazo.

En tercer lugar, es frecuente en las propuestas regeneracionistas encontrar un elemento de oportunismo político: se trata de aprovechar la crisis económica para justificar reformas institucionales que no guardan una relación clara con dicha crisis. Puesto que toda crisis es una oportunidad para el cambio, son muchos quienes en este contexto pretenden conseguir apoyos para moldear el país según sus principios ideológicos.

Es como si en los malos momentos todo el mundo buscara arrimar el ascua a su sardina. De hecho, algunas de las reformas que se propugnan son perfectamente razonables, pero lo eran también hace 10 años, cuando todavía no había llegado la crisis económica.

Lo que resulta intelectualmente deshonesto es presentar las reformas políticas como la condición necesaria para superar la crisis. Quien desee que las reformas políticas se lleven a cabo debería justificar su posición con razones políticas, sin apelar de forma tramposa a las supuestas consecuencias milagrosas que tendrán sobre la economía.

Finalmente, creo que los diagnósticos de los que parten los regeneracionistas, aun siendo correctos en buena medida, resultan insuficientes y parciales. Por una parte, llama la atención que rara vez presten atención a la dimensión distributiva de la crisis económica, perdiendo de vista que esta crisis tiene consecuencias muy distintas sobre los países y, dentro de cada país, sobre las distintas clases sociales.

Por otra, debe recordarse que hay una dimensión específicamente europea en la crisis política. Uno de los problemas principales, si no el principal, es que la pertenencia al euro estrecha muchísimo el margen de maniobra de los gobiernos, lo cual no puede sino generar una enorme frustración en la ciudadanía.

A mi juicio, la impotencia de los gobiernos en el área euro es una de las causas del descrédito de la política en estos tiempos. Y eso, me temo, es algo que no cabe arreglar mediante la clase de reformas que defienden los regeneracionistas.

Frente a las lecturas regeneracionistas de la crisis, en este libro trato de ofrecer una interpretación distinta, que parte de un principio absolutamente obvio, pero que, sorprendentemente, suele pasarse por alto en muchos análisis: la crisis política está estrechamente ligada a la crisis económica.

La naturaleza exacta de esa relación, no obstante, es muy compleja de analizar, pues los vínculos entre ambas crisis se dan a varios niveles. En el nivel más básico de todos, la gente rechaza la política tradicional por los malos resultados económicos.

No hace falta suponer un razonamiento muy sofisticado por parte de los ciudadanos, en virtud del cual estos atribuyen una responsabilidad directa a los políticos por la tasa de paro y la ausencia de crecimiento económico: sencillamente, cuando la tasa de paro se dispara y hay tanta gente sin ningún horizonte laboral, cunde el desánimo y la irritación, que se canalizan hacia los políticos.

Los ciudadanos, desde este punto de vista, no toleran que el paro se desborde, da igual si está en manos de los políticos o no solucionar el problema. Y lo mismo vale para el empobrecimiento de amplias capas de la población, los desahucios, la pobreza energética, la desnutrición infantil y otros problemas sociales que han surgido durante la crisis: todos ellos constituyen una razón muy poderosa para que el ciudadano se sienta fuertemente decepcionado con la política.

En un segundo nivel, la crisis económica tiene un efecto indirecto sobre la política: no son ahora los resultados económicos, sino la manera insatisfactoria en la que el poder político aborda el problema lo que acaba generando una crisis de legitimidad del sistema. Como argumento, en el capítulo 3 de este libro hay una percepción muy extendida, que cruza todo el espectro ideológico, de que la distribución de costes y sacrificios durante la crisis ha sido profundamente injusta.

No todo el mundo ha pagado igual: la crisis se ha cebado con los más vulnerables. Y no solo eso: quienes mayor responsabilidad han tenido a la hora de desencadenar la crisis no son precisamente quienes más han pagado por ello.

Por un lado, los trabajadores que han perdido su empleo han sido, sobre todo, los de menor cualificación (en los primeros años de la crisis, fundamentalmente del sector de la construcción, luego ya en todos los demás). Se ha producido asimismo una disminución importante de renta disponible que ha afectado más a quienes menos ingresos tenían. Ha habido además subidas fiscales importantes que han repercutido especialmente en los asalariados.

En el otro extremo, tenemos que ha aumentado el número de millonarios en España; no se ha reducido el fraude fiscal, el grueso del cual corresponde a grandes empresas y grandes fortunas; y el Estado ha perdido del orden de 40.000 millones de euros en ayudas al sector financiero que no recuperará jamás, mientras que no ha habido rescate alguno a las familias en bancarrota o a las víctimas de las preferentes.

Quizá la ilustración más lacerante de la injusticia de la crisis sea la de los desahucios. Los bancos son asistidos o rescatados por el sector público mediante préstamos blandos del Banco Central Europeo (BCE), avales del Estado e inyecciones de capital, pero esos mismos bancos se muestran inmisericordes con la situación desesperada de muchas familias que no pueden seguir pagando la hipoteca al perder el trabajo uno o varios de sus miembros, procediéndose al desahucio de sus viviendas ante la pasividad de los gobiernos, primero el de José Luis Rodríguez Zapatero y luego el de Mariano Rajoy. 

El divorcio entre la ciudadanía y sus representantes es máximo en este caso. Es importante subrayar que el gobierno de turno no puede refugiarse en constricciones económicas o en imposiciones por parte de instituciones supranacionales: dentro del pequeño margen de acción que conservan los ejecutivos europeos, la regulación de la ley hipotecaria es uno de ellos. Por eso mismo resulta tan desmoralizador, desde un punto de vista democrático, la ceguera y falta de sensibilidad de PP y PSOE ante esta cuestión.

La percepción de injusticia tiene un efecto deletéreo sobre el sistema político. El contrato social gracias al cual funciona la política democrática queda cuestionado cuando los ciudadanos consideran quela otra parte, el Estado, no ha actuado en el interés general de la población, sino en el interés de los poderosos y las grandes corporaciones.

En otros tiempos, una injusticia tan manifiesta podía provocar la rebelión de la ciudadanía y la quiebra del sistema político. En tiempos más pacíficos, sin embargo, la gente se desentiende de la política institucional, generándose un clima de desafección como el que se observa en los países europeos que han sufrido más con la crisis.

Hay un tercer nivel en el que la crisis económica se traslada a la política:la crisis ha sacado a relucir la impotencia del poder político ante los intereses financieros, las fuerzas de la globalización y, en el caso específico de la Unión Europea, la pérdida de soberanía de los gobiernos en beneficio de instituciones no representativas de naturaleza tecnocrática.

Desde que la crisis global de los países desarrollados mutó en una crisis de deuda en la Unión Europea, hemos visto las consecuencias dramáticas del conjunto de decisiones equivocadas que tomaron los gobernantes europeos a propósito del euro en los años noventa.

El euro, lejos de promover la convergencia de las economías europeas, ha provocado más bien su divergencia, produciéndose una ruptura en dos bloques: el de los países acreedores (con Alemania a la cabeza) y el de los países deudores (los países mediterráneos más Irlanda). Las políticas de ajuste que se han impuesto a los países deudores para satisfacer los intereses de los acreedores han sido un rotundo fracaso.

Tras años de recortes y reformas estructurales, la economía se ha hundido, produciéndose una caída de los ingresos públicos superior en muchos casos al monto de los recortes, lo que ha provocado que los déficit apenas bajen o incluso suban (como en España), que se dispare la deuda pública, que el paro esté en niveles altísimos y que aumente la pobreza y la desigualdad.

Los países deudores han sido intervenidos (Grecia, Irlanda, Portugal, Chipre) o se han impuesto soluciones de gobierno tecnocrático (como en Italia con Mario Monti). El episodio más elocuente sobre el respeto al principio democrático durante la crisis de la deuda europea tuvo lugar en los primeros días de noviembre de 2011, cuando Yorgos Papandréu convocó un referéndum popular sobre las condiciones de un nuevo préstamo a Grecia: los centros de poder europeos reaccionaron con verdadera indignación por el atrevimiento, que ponía en cuestión toda la arquitectura política de la austeridad, y al poco tiempo Papandréu se vio obligado a retirarse y dar paso a un nuevo gobierno.

En España no ha sido necesario ni el rescate ni la interferencia política, pues los dos gobiernos, el del PSOE primero y el del PP después, han cumplido como alumnos aplicados las exigencias procedentes de las instituciones europeas, con los resultados económicos que a la vista están.

Quizá lo más humillante en términos políticos haya sido que países que, al menos en teoría, son soberanos y se organizan democráticamente, dependieran enteramente del favor del BCE, institución no democrática que se ha erigido durante la crisis en el verdadero soberano europeo.

Los gobiernos nacionales de los países con mayores necesidades de financiación externa han sido marionetas en manos del BCE, que decidía si les ayudaba o no en función de una extraña mezcla de dogmatismo ideológico e intereses económicos de los países acreedores.

De forma muy esquemática: el BCE ha interpretado los problemas de la prima de riesgo en los países endeudados como resultado de desequilibrios internos de estos países, sin tener nunca en cuenta los incentivos que el diseño defectuoso del área euro generaba para que los inversores financieros atacaran la deuda pública de los Estados con mayor déficit de cuenta corriente.

Los Estados afectados, al haber cedido toda la competencia monetaria al BCE, se han encontrado inermes para hacer frente a los ataques.

Sin un prestamista de última instancia que apoyara sus deudas públicas, los gobernantes se han visto obligados a realizar penosos sacrificios económicos (los famosos recortes) con la intención de calmar a los mercados: dichos recortes no han servido para arreglar el problema de la prima de riesgo y, en cambio, han hundido las economías nacionales de los países periféricos.

Solo cuando el colapso del área euro parecía un peligro real, el BCE se decidió a actuar, mostrando a las claras que ha utilizado el problema de la prima de riesgo para imponer las políticas de la austeridad, pues el BCE, si hubiera querido, podría haber resuelto mucho antes el problema. De hecho, bastaron unas palabras contundentes del gobernador Mario Draghi en el verano de 2012 para que la presión sobre la prima de riesgo se relajara automáticamente.

La ciudadanía de los países más afectados por la crisis de la deuda se ha revuelto no solo contra sus gobiernos, sino también contra sus propios sistemas democráticos y, además, de forma muy acusada, contra la Unión Europea, que pasa por una crisis de legitimidad comparable en magnitud a la de los sistemas políticos de los Estados periféricos.

Los sindicadores de confianza en la Unión Europea se han hundido. En la actualidad, en un país tradicionalmente europeísta como España, la proporción de gente que confía en una institución como la Comisión Europea es incluso más baja que en el país euroescéptico por antonomasia, Gran Bretaña.

Aunque muchos ciudadanos tengan un nivel bajo de información acerca del funcionamiento del euro, que es un asunto técnicamente bastante complejo, la gente entiende que la capacidad de los gobiernos nacionales para hacer política económica se ha reducido de forma muy notable en la unión monetaria. El actual presidente, Mariano Rajoy, fue especialmente claro en su intervención en el Congreso el 11 de julio de 2012:

«Los españoles hemos llegado a un punto en que no podemos elegir entre quedarnos como estamos o hacer sacrificios. No tenemos esa libertad. Las circunstancias no son tan generosas. La única opción que la realidad nos permite es aceptar los sacrificios y renunciar a algo; o rechazar los sacrificios y renunciar a todo» (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, X Legislatura, 2012, nº 47, p. 12).

En esas circunstancias, que Rajoy describe con tanta crudeza, son muchos quienes se preguntar acerca del valor del voto en unas elecciones: si sabemos de antemano que quienquiera que sea el partido vencedor se va a ver obligado, con independencia de su ideología, a poner en práctica los “sacrificios”, ¿para qué votar? 

Si, además, esas políticas son claramente perjudiciales para el país, condenándolo a deshacer un camino recorrido con grandes esfuerzos durante muchos años, es lógico que se forme una corriente poderosa en la opinión pública de decepción profunda con la democracia, las instituciones y la política más en general.

La impotencia democrática que se ha instalado en los gobiernos españoles no puede explicarse únicamente a partir de factores nacionales. Es preciso tener en cuenta la inserción de España en el área euro y, más general, en la Unión Europea.

Lo curioso es que mientras que la opinión pública, según revelan múltiples encuestas, ha revisado sus convicciones europeístas y hoy muestra una posición muy crítica hacia la Unión Europea, las elites españolas, tanto económicas como políticas, continúan defendiendo un europeísmo incondicional y acrítico que les aísla cada vez más de la sociedad en la que viven.

Así como en Portugal o en Grecia ha habido vivos debates sobre las ventajas e inconvenientes de permanecer en el euro, en España ese debate no ha llegado a surgir. Impresiona leer las palabras finales de José Luis Rodríguez Zapatero en su libro sobre la crisis:

«La Unión Europea y el euro son proyectos irrenunciables, y más aún en la era de la globalización. La fuerza de los valores que inspiran la unidad europea es superior a cualquier circunstancia, por muy adversa que esta sea.

No podemos ignorar que los progresos de los 30 años de democracia en España se han logrado de la mano de Europa, por Europa y con Europa, y por muy duras que sean ahora las consecuencias y las limitaciones del euro, no deberíamos ni pensar por un momento en la renuncia al euro» (José Luis Rodríguez Zapatero, El dilema. 600 días de vértigo, Barcelona, Planeta, 2013, p. 377).

La adhesión absoluta a un proyecto técnico e instrumental como el del euro, al margen de las consecuencias que tenga para un país, responden a un cierto tipo de rigidez intelectual que está muy extendida en España. Y el hecho de que nuestro país se haya beneficiado más o menos en el pasado por su pertenencia a la Unión Europea no justifica que ahora o en el futuro España pueda ser castigada sin límite.

Más valdría admitir el daño que el euro está haciendo a la sociedad española y luchar para evitarlo, buscando coaliciones con partidos y gobiernos de otros países para hacer frente a los dictados perjudiciales del BCE y de la Comisión, estableciendo así un límite a lo que un país puede aguantar antes de abandonar el club.

Curiosamente, la única manera de que el sistema del euro se reforme en una dirección que lo haga aceptable para los países más débiles consiste en que estos exijan esa reforma en los términos más duros posibles.

Mientras los gobiernos y los establishments de los países del Sur porfíen en esa actitud de sumisa aceptación de todos los sacrificios en nombre de un ideal europeo que los propios países del Norte no respetan, estamos condenados a no tener futuro.

Aunque soy consciente de que defiendo una opinión minoritaria, me provoca sumo desconcierto que el debate público en España se centre en la reforma del modelo autonómico, el cambio en la financiación de los partidos y la modificación de la ley electoral y apenas hablemos del autoritarismo del BCE, de la insolidaridad de Alemania, que se niega a la mutualización de la deuda pública europea (los eurobonos), del apoyo de la Comisión a las políticas de austeridad y del limitado espacio democrático que queda en el seno de la unión monetaria.

Por supuesto que los economistas hablan de estos asuntos con frecuencia, pero su debate es esencialmente técnico. Lo que estoy reclamando en estas páginas es más bien un debate político, en el que se ponga sobre el fiel de la balanza los costes sociales y políticos (democráticos) de permanecer en el área euro.

Como ya he indicado anteriormente, estoy de acuerdo con todos aquellos que defienden que en España hay un problema grave de corrupción, que los partidos funcionan realmente mal y que hay graves patologías en el sistema autonómico.

Pero esos problemas existen desde hace tiempo y no explican el hundimiento de los indicadores de legitimidad del sistema político español. Para dar cuenta de ese hundimiento, resulta imprescindible hacerse cargo de los terribles resultados sociales de la crisis económica y de la impotencia de los gobiernos para hacer frente a los mismos. 

Aunque tenga matices propios y características específicas, la crisis política española, como se verá en el capítulo primero, es también portuguesa, griega o italiana: todas ellas están relacionadas en última instancia con los errores de diseño del euro y con el déficit democrático de la Unión Europea (se estrecha la democracia nacional mientras que no se abre paso una democracia supranacional).

¿Qué tipo de país será España cuando supere la doble crisis económica y política en la que se encuentra? Si no hay ningún cataclismo institucional, como la ruptura del área euro, lo más probable es que el país salga con una fractura interna muy fuerte, que se traduzca en niveles de desigualdad elevadísimos.

Habrá una minoría que se beneficie de las ventajas de la globalización y del euro y una gran mayoría de perdedores, con dificultades cada vez mayores para encontrar trabajos no ya estables, sino simplemente dignos.

El Estado de Bienestar español, que siempre ha estado muy por debajo de la media europea en cuanto a financiación y provisión de servicios, será aún más débil: las pensiones públicas solo asegurarán un mínimo de subsistencia y los servicios públicos irán quedando reservados para los más pobres. En general, el país se volverá más liberal y anglosajón en su forma de organizar las relaciones entre mercado, sociedad y Estado.

Desde un punto de vista político, es más difícil anticipar el futuro. Sabemos, por un lado, que en las democracias desarrolladas no se producen derrocamientos violentos. Esto, en principio, nos permite descartar episodios insurreccionales o revolucionarios que acaben con el sistema. Otra cosa es que si la situación sigue deteriorándose, en algún momento pueda haber saqueos o reacciones espontáneas de violencia, pero este tipo de sucesos no suele provocar grandes cambios políticos.

Por otro lado, muchos creen que el régimen que se inició con la Constitución de 1978 está agotado y que la única manera de relegitimar el sistema político pasa por una fase constituyente, en la que todo se cambie de forma pacífica. Es harto improbable que algo así ocurra, aunque si el Parlamento se fragmentara mucho, los partidos pequeños y medianos, que serán esenciales para formar gobierno, podrían forzar una revisión constitucional profunda.

Quisiera, sin embargo, situarme en un plano más abstracto para especular sobre las consecuencias más generales que tendrá la crisis en el mundo desarrollado. Para ello, creo que vale la pena volver la mirada hacia la crisis de los años setenta. Dicha crisis tuvo un impacto duradero, pero no porque hubiera revoluciones o grandes cambios políticos en el mundo desarrollado, sino más bien porque se modificaron las reglas de juego.

Fueron unos años en los que se habló mucho de crisis de la democracia y de crisis del Estado de Bienestar. Tres autores conservadores, Michel Crozier, Samuel Huntington y Joji Watanuki,escribieron, por encargo de la Trilateral, el libro The Crisis of Democracy: On the Governability of Democracies (1975). A su juicio, los regímenes políticos de los países desarrollados estaban en peligro por un “exceso de democracia”: los sistemas eran demasiado permeables a las demandas procedentes de la sociedad civil, lo cual los volvía ingobernables y excesivamente burocráticos.

En esas condiciones, los gobiernos carecían de autoridad para llevar a cabo las políticas anticrisis y no podían establecer planes estratégicos a medio y largo plazo. Desde la izquierda, James O’Connor publicó The Fiscal Crisis of the State en 1973, defendiendo la tesis de que el Estado de Bienestar era insostenible, pues la dinámica democrática conducía a un aumento constante del gasto social que no se veía compensado por un aumento equivalente de los ingresos.

Ese mismo año, Jürgen Habermas publicó su libro Problemas de legitimación en el capitalismo tardío, en el que argumentaba que el capitalismo destruía los valores precapitalistas que lo embridaban y lo hacían aceptable ante la ciudadanía.

La destrucción de dichos valores morales llevaba a la erosión de la legitimidad del Estado en su intervención en el sistema económico, de manera que o bien el Estado renunciaba a su papel activo o bien actuaba en un sentido meramente tecnocrático, no político.

A pesar de todas estas advertencias, las democracias desarrolladas consiguieron sobrevivir a las demandas sociales, los Estados de Bienestar no entraron en quiebra y el capitalismo, tras el hundimiento de la URSS y el socialismo real, se convirtió en el único sistema económico posible. A medida que la economía mejoró durante la década siguiente, la de los años ochenta, las preocupaciones de los setenta fueron quedando en el olvido.

No obstante, ya nada fue igual después: el consenso keynesiano o socialdemócrata de la posguerra empezó a perder fuerza ante el embate del neoliberalismo representado porRonald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Gran Bretaña.

La crisis actual también está transformando el terreno del juego. Al igual que con lo ocurrido en los setenta, creo que en esta crisis se está produciendo un cambio de gran alcance en la naturaleza de la democracia. La crisis ha acelerado algunos procesos de transformación que amenazan con convertir las democracias representativas que conocemos en algo muy distinto.

El problema general es el de la impotencia al que antes me he referido. Los gobiernos nacionales han ido perdiendo margen de maniobra, en parte debido a las fuerzas de la globalización, que generan mayor dependencia de la política con respecto al capital, y en parte debido al proceso de vaciamiento de la capacidad de autogobierno.

En los países desarrollados, se ha ido delegando el poder de decisión sobre materias esenciales, fundamentalmente económicas, a instituciones independientes o supranacionales que no tienen responsabilidad democrática alguna, y en muchos casos se han constitucionalizado reglas que atan las manos de los gobiernos (como la reforma constitucional española de 2011 que obliga a un déficit estructural nulo y que establece la prevalencia del interés de los acreedores sobre el de los deudores).

De esta forma, las decisiones colectivas sobre asuntos económicos ya no se toman en función de las preferencias de los ciudadanos (principio básico del autogobierno democrático), sino en función de lo que establecen agencias y reglas sin base popular.

La Unión Europea es, en este sentido, el proyecto más radical en el proceso de adelgazamiento democrático que están viviendo muchos países. Señala la dirección en la que evolucionarán las democracias en el futuro. En el epílogo del libro presento algunas reflexiones (un tanto sombrías) al respecto. Según lo veo, el porvenir político que dibuja la crisis es el de un régimen liberal y tecnocrático, con formas residuales de democracia (a nivel local o regional en todo caso), en el que las libertades y los derechos fundamentales estarán garantizados gracias al Estado de derecho, pero en el que no habrá autogobierno político.

No nos dirigimos, por tanto, hacia nuevas formas de autoritarismo, sino hacia un Estado liberal y tecnocrático sin autogobierno. Habrá libertad personal, sí, pero no se ejercerá políticamente.

El papel de los ciudadanos consistirá en controlar la honestidad y la capacidad de los gestores públicos, no en elegir entre alternativas políticas o ideológicas.

En un orden tecnocrático, el poder lo ejercerán expertos al servicio de los grandes intereses corporativos. Podrá haber formas de resistencia ciudadana cuando se cometan graves abusos, pero no habrá un debate auténtico sobre programas alternativos de gobierno.

Si estoy en lo cierto y estamos entrando en una nueva fase política, caracterizada por el liberalismo y la tecnocracia, no debería sorprender que la opinión pública de los países que más están sufriendo en esta gran transformación muestre actitudes de gran decepción con la política y la democracia.

Sin duda, son claves los malos resultados económicos, pero parece que muchos ciudadanos han empezado a entender también que el vínculo representativo se está deshaciendo: de ahí la profunda insatisfacción democrática que se observa en la mayoría de los países de la Unión Europea. La crisis política es, ante todo, resultado de la impotencia de los gobiernos».

 

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