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Carlos Martinez, Politólogo y activista social

«Solo les frenaremos si nos temen. Basta de paños calientes. Somos más, muchas más. Pero nos tienen aborregados frente al televisor que cuenta mentiras, nos engaña y nos divide.Solo acciones valientes, decididas y la preparación ya de una huelga general indefinida con el correspondiente trabajo de educación previo imprescindible nos pueden sacer de encima a esa piara de chorizos que nos gobierna».

Cuando el PP venció las elecciones pasadas gracias a los errores, miedos y traiciones de Rodriguez Zapatero, muchas y muchos si sabíamos lo que acabaría ocurriendo y entre ellos la cúpula del PSOE, que con el cambio constitucional del artículo 135 bis, dejó el camino expedito a los recortes y los copagos varios. El 135 bis sitúa el pago de la deuda por encima de los derechos humanos ¿Luego de que nos extrañamos?

El PP tenía un programa falso y un Plan B que ha resultado ser un Plan A, pero eso ya se sabía, el problema es que faltaban los instrumentos políticos para frenarlos y la autoridad moral para callarlos, por parte de otro partido. Ahora, estamos solos y solas en la arena y delante del toro derechista, es pues nuestra responsabilidad y coraje.

Hemos de decir alto y claro que la crisis del 2008 no ha sido sino una oportunidad para destruir todos los avances logrados por el movimiento obrero, por la lucha de clases desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. Es la reconquista del capitalismo de lo que perdió ante las luchas sindicales y políticas obreras ya fueran reformistas o revolucionarias. Es su reacción ante lo que tuvieron que ceder tras la derrota del fascismo europeo. Es el rearme de los ricos para ser más ricos y tener el poder. El poder absoluto.

En el mundo la llamada “comunidad internacional” es decir las potencias centrales capitalistas, están en retirada. Hay una guerra monetaria y comercial y Occidente judeo-cristiano, la está perdiendo. Por eso ahora sus nuevos esclavos somos otra vez las clases populares occidentales, europeas, blancas y cristianas. Los obreros y obreras del Occidente, de Europa, de España, somos sus nuevos criados sin derechos para que ellos puedan competir y seguir enriqueciéndose en un mundo que se les escapa.

No son sino vulgares ladrones que nos roban nuestra salud, educación, jubilación, trabajo digno, para mantener sus bancos, saldar sus deudas, las suyas, no la deuda pública, eso es mentira, la deuda la han generado ellos.

El PP es el partido de los ricos. Pero todavía no ha surgido con fuerza el partido de los pobres. Los pobres somos nosotras, las clases trabajadoras, las y los que creen fatuamente ser de “clase media”. Pero mientras tanto, tenemos los movimientos sociales, las plataformas de resistencia y los sindicatos. A pesar de todos los pesares.

A los sindicatos que afirman ser todavía mayoritarios hay que exigirles más lucha, compromiso, activismo y pedagogía social y de clase. Si no saben hacerlo –es humano, pues llevaban años sin movilizar- que pregunten. Los nuevos movimientos sociales, deben ser conscientes de sus limitaciones, pero también de que las cosas no se solucionan con manifestaciones limitadas y pequeñas concentraciones y desconfianza, mucha desconfianza.

Hace falta fraternidad, educación popular y convergencia. Menos cálculos y más sacrificios. Más ejemplo personal y más decisión. Cuando hace años se renunció a la lucha de clases, se dejó el camino abonado a los ladrones que ahora nos dominan y los banqueros que nos atracan. Cuando se dejó de hablar claro, las clases populares, el pueblo se quedó huérfano y se sintió solo muy solo.

La maldita modernidad que sustituyó a las ideas y le fe en un mundo nuevo fueron sustituidas por la gestión eficiente. Que resultó ser muy eficiente, pero para banqueros, poderosos, grandes industriales, grandes comerciales y grandes mafiosos que no pagan impuestos y encima tienen la desvergüenza de afirmar que el estado social es inviable y no puede mantenerse.

Hay que ir a los barrios y a los pueblos y decir alto y claro que mienten como bellacos y nos confunden para robarnos. Que si hay dinero, hay de sobra, pero lo tienen ellos y para ellos, para sus yates, sus fincas, sus putas, sus queridos, sus chalets de lujo, sus múltiples vacaciones, sus reyes inútiles y vagos.

Solo les frenaremos si nos temen. Basta de paños calientes. Somos más, muchas más. Pero nos tienen aborregados frente al televisor que cuenta mentiras, nos engaña y nos divide.

Solo acciones valientes, decididas y la preparación ya de una huelga general indefinida con el correspondiente trabajo de educación previo imprescindible nos pueden sacer de encima a esa piara de chorizos que nos gobierna. Pero sin sectarismos, sin recetas grupusculares, sin dirigentes de café. Unión, acción y valor. Decisión para el cambio.

Hay derrotistas que dicen: mirad a Grecia, múltiples huelgas generales y nada. Mentirosos cobardes, en Gracia están levantando una fuerte resistencia y tienen alternativa política propia y construida en las luchas y la confluencia. Aquí todavía NO HAY NADA SEMEJANTE. Pero debemos construirlo y es urgente el hacerlo.

Este otoño no debe ser caliente, debe ser ardiente.

Congelan y bajan las pensiones. Nos roban las becas. Nos hacen pagar las medicinas en las camas de los hospitales. Nos despiden cuando les da la gana aún ganando dinero ¿Y qué pasa? Nada. Encima las compañías eléctricas nos suben la luz a pesar de sus ganancias y este invierno mucha, mucha gente pasará frio en sus casas y volverán los braseros de picón y nada de nada.

Ya ha llegado la hora de plantar cara. Ha llegado la hora de la dignidad. Ha llegado la hora de que paradas, parados, pensionistas, que no tenemos nada que perder nos rebelemos.

Gentes pobres, humildes, no les hagáis caso, no os creáis sus patrañas, solo os quieren, nos quieren robar.

Pero sabed gentes esquilmadas y engañadas que si tenemos alternativas, si sabemos lo que hay que hacer, si tenemos esperanza en el reparto y sobre todo que si es posible vencerlos.

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«El sueño social-liberal (fundamento del llamado “gobierno de resistencia” en Andalucía)está acabado.

Un debate real sobre una perspectiva de cambio de modelo de desarrollo requiere la ruptura con el marco anterior y el sistema en crisis».

Ocaso institucional y cómo evitar que IULV-CA sea devorada por las sombras.

Por Francisco Sánchez del Pino y María Dolores Nieto Nieto. Asamblea Local de Izquierda Unida en Jaén.

Susana Díaz fue investida finalmente presidenta del gobierno de la Junta de Andalucía, el pasado día 7 de septiembre, tras un proceso de recomposición interna en el interior del PSOE-A, un proceso rapidísimo e inevitablemente condicionado por las previsiones de una posible imputación del anterior presidente, José Antonio Griñán.

Dicha posibilidad (derivada del papel que ha jugado la corrupción en la forma de gobernar Andalucía durante los últimos años) se ha visto aproximada justo después de conocerse la composición del nuevo gobierno andaluz, del que IULV-CA forma parte en las mismas condiciones que en la fase anterior y después de un proceso político en el que la falta de intervención consciente y diferenciada ha sido nota característica de una organización que acababa de salir de su XIX Asamblea sin un debate en profundidad sobre una presencia en el gobierno andaluz cuyo valor se daba por sentado. La constatación, también de forma inevitable por la dirección de IULV-CA, de las limitaciones y contradicciones de esa presencia, no ha llevado aparejado un proceso consecuente y necesario de cuestionamiento de las mismas.
La XIX Asamblea en Bormujos

La Asamblea de Bormujos (Sevilla) vino determinada por el propósito declarado de «evitar que se convirtiera en un debate sobre gobierno sí o gobierno no». El llamado “gobierno de resistencia” era un hecho consumado cuyo cuestionamiento resultaba impertinente, como ya lo fue de hecho en el referéndum de 2012 sobre el acuerdo de gobierno. Entonces se excluyó una respuesta que podía haber sido mayoritaria por su virtualidad de conectar con voluntades tanto de las bases de IULV-CA como de los movimientos sociales (a conectar con ellas y a conectarlas entre así ayudando reforzar alternativas): evitar el gobierno de castigo del PP, apoyar la investidura del PSOE condicionándola al compromiso con unas pocas exigencias básicas que están en el orden del día de lo que se mueve, y pasar a la oposición política y social contra las políticas de ajuste, con la posibilidad de avanzar en amplias alianzas con la movilización ciudadana en torno a un programa y un horizonte de transformación real.

Todo ello (porque hubiera sido mucho más coherente con el propio programa electoral de IULV-CA) como alternativa razonable a la suscripción de un, así llamado, Acuerdo Programático que, precisamente, asume la necesidad de esas políticas antisociales cuya aplicación, por imperativo legal, son la base de la cacareada estabilidad.

Resulta, empero, que más allá de lo chocante de esa devoción por la “estabilidad” (un lenguaje poco propio) en tiempos de convulsión social y de “estado de excepción”, ha sido la realidad la que ha puesto en cuestión y a pique de desbaratar, en muy poco tiempo, el núcleo fundamental del diseño.

En un artículo anterior (ver aquí) pusimos de manifiesto el riesgo de que las pretensiones de realismo posibilista se revelaran, paradójicamente, como las más irrealistas por su déficit de consideración de la realidad material. Algo de eso ha ocurrido ya, un poco antes quizá de lo que podía preverse, y eso a lo que llaman estabilidad anda puesto en cuestión.

Desde entonces

El viejo comunista italiano, ya fallecido, Lucio Magri, recoge en su último libro El sastre de Ulm. El comunismo en el siglo XX. Hechos y reflexiones (2010) un “relato” con el que se propone ayudar a ilustrar de forma amarga lo ocurrido al PCI en los años 60: «La frase es de Ramsay MacDonald, un primer ministro inglés que lideró un gobierno de gran coalición alrededor de los años treinta.

Al final de esa experiencia, de manera poco brillante, un periodista estadounidense le preguntó: «¿En síntesis, qué enseñanza puede sacar?». MacDonald respondió cáusticamente: «Antes había aprendido cuán frustrante puede ser el llegar a ser excluido largo tiempo del gobierno, pero luego he comprendido que hay algo peor: llegar al gobierno y caer en la cuenta de que no se puede hacer casi nada».

En ese sentido es necesario ser veraces, y en ese sentido se han sucedido, desde la XIX Asamblea, acontecimientos que sólo pueden ser tenidos en cuenta y que confirman aspectos esenciales de la crítica que desde el comienzo se viene haciendo a la línea desarrollada.

El gobierno del Partido Popular ha paralizado el “Decreto de la función social de la vivienda” mediante recurso al Tribunal Constitucional, un órgano gobernado por un militante del PP para la vigilancia del ajuste de la legislación a una Carta Magna que, reformada (o asaltada), consagra, por acuerdo bipartidista (entre el PP y el socio de IULV-CA en el gobierno de la Junta de Andalucía) la prioridad de aquello sobre la base de lo cual la troika impugna la medida: los intereses de los poderes financieros. Es un dibujo acertado del margen de maniobra en el co-gobierno con el PSOE andaluz: un decreto considerado por los movimientos antidesahucios como insuficiente, elaborado para obtener el permiso de “pasar” pero que desde luego es mejor que nada (como solución de emergencia limitada a algunas personas y familias a quienes puede ser útil), y que acaba siendo paralizado, sin apenas resistencia, por el Estado de Excepción establecido de hecho por los que mandan.En definitiva, un mal menor cuya realidad ni siquiera es posible en un marco como el asumido. La escasa o nula respuesta social a las llamadas a la movilización para defender el decreto del gobierno andaluz en la calle dan buena cuenta de un hecho fundamental relativo a una cuestión de procedimiento y de orientación general: una ley cuyo contenido ha sido trabajado fundamentalmente con el socio institucional y sólo parcialmente con la gente, no puede movilizar significativamente a quien no la siente como realmente propia, aun quedando reconocido el tímido avance que implica y la terrible agresión contra las víctimas de la crisis que supone el recurso del gobierno al TC. Cabe plantear, en primer lugar, una hipótesis: que no sea este, como al menos sugieren las imágenes de las mencionadas movilizaciones tomadas como símbolo, el camino hacia la construcción de una mayoría social y cultural ilusionada y con expectativas de un cambio real. En segundo lugar, un principio de confirmación de otra idea que se venía avanzando: que no hay perspectiva real de paliativo “social-liberal” significativo para las consecuencias más desgarradoras de las políticas de castigo a los de abajo, por razones tanto políticas (estado de excepción decretado por el “poder materialmente constituyente” de las elites gobernantes) como económicas (falta progresiva de recursos).
En relación a esto último, el Gobierno central ha fijado este verano el techo de déficit para las Comunidades Autónomas, que marca el margen de maniobra para la elaboración de los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2014. Si en 2013, con un límite fijado en el 1,58%, los recortes afectaron notablemente (a pesar del relato de la “minimización de daños”) a partidas como la destinada a sanidad (10% menos), la educación (8% menos), la protección social y el fomento del empleo, es razonable el temor a que con un margen considerablemente más estrecho el presupuesto venga a ser peor, más antisocial, más chocante con el programa de IULV-CA de lo que fue el de 2013. Eso en lo inmediato. Aún están por venir, además, las consecuencias de la reducción anunciada del 5% para las políticas de cohesión de la Comisión Europea para el periodo de 2014-2020 y las dificultades para la recaudación en un contexto de depresión creciente de la actividad económica, toda vez que ha saltado por los aires el modelo de “modernización dependiente” implantado en Andalucía por el PSOE, en cuyos esquemas, ni antes ni ahora, entraba ni por asomo la idea de un cambio de modelo para el desarrollo de una verdadera Autonomía que vaya más allá de las loas al papel; esto es, un modelo que planteara una superación del papel dependiente y subalterno asignado a Andalucía en el seno de la Unión Europea actual. El hecho de que las partidas presupuestarias correspondientes a las áreas gestionadas por IULV-CA puedan sufrir un recorte menos violento, supone un cuestionable consuelo ante la constatación del escaso peso financiero que tienen dichas áreas. Lo decíamos hace tres meses y lo decimos ahora con más razones ante la confirmación los datos: la base material para la tentativa social-liberal que fundamenta al actual Gobierno Andaluz es progresivamente menguante y convierte el propósito de mínimos en una ensoñación además claudicante. No se trata de una carencia coyuntural con previsiones de mitigarse en una irreal fase próxima distinta, sino de una limitación estructural insuperable y degenerativa mientras no se pongan en cuestión, con radicalidad, tanto el papel dependiente y sin base económica propia que la actual división internacional de funciones reserva a Andalucía y a otras zonas del sur de Europa, como la arquitectura institucional misma que sustenta ese reparto, esto es: la Unión Europea en su actual configuración. Asumir contractualmente el compromiso con el cumplimiento de las imposiciones de La Troika , que ahondan esa depresión y anulación económica, política y social creciente de áreas y regiones enteras, ayuda poco en ese sentido.
Los últimos sondeos dejan ver una “amenaza” de abstención de en torno a la mitad del electorado. Esto, casi sobra decirlo, manifiesta el desapego ciudadano hacia la política en general y una huérfana falta de esperanza en un sistema político inmerso en una crisis sin precedentes (una crisis de régimen como bien recogen los documentos de la X Asamblea Federal de IU). Una de las justificaciones de cierta euforia en la dirección de IULV-CA son los resultados que proyectan las encuestas electorales, pero sólo una parte de ellos: el sorprendente crecimiento porcentual. El hecho de que ese porcentaje lo sea sobre un porcentaje mínimo de participación previsto, sólo ahora parece que se comienza a tener en cuenta, por lo arrollador del asunto. Lo que está por ver es que de esa realidad se saquen conclusiones prácticas coherentes. Lógicamente es motivo de alegría que IULV-CA pudiera ver incrementada su fuerza parlamentaria para poder arrebatar terreno de representación al bipartidismo. Pero 1) el avance frente al bipartidismo se presenta limitado y se relativiza su valor cuando se sostiene a una de sus dos patas; y 2) los resultados de las encuestas no denotan un crecimiento de apoyo popular a la presunta alternativa, esto es, no se recoge y/o representa el descontento y la indignación de la población en general o de sectores de la misma especialmente castigados; ni una tendencia a la conquista de la llamada “masa silenciosa” ni una conexión real con los sectores en lucha. No aparecen, con nitidez, ni un diálogo con quienes han perdido la esperanza ni un refuerzo a quienes están convencidos o pretenden convencerse de que otra cosa es posible (movimientos sociales, mareas ciudadanas, otros sectores políticos,…). Cuando no van hacia atrás, son inexistentes los pasos hacia la constitución de ese Bloque Político y Social establecido como objetivo en la X Asamblea Federal de IU. La lectura positiva podría ser que aún no ha habido una merma tan aguda de la base de apoyo social y electoral como la que padecen otros partidos “del régimen”, y quizá aún no sea demasiado tarde para un cambio de rumbo. Pero puede serlo pronto, muy pronto.
Por último, está el asunto de la práctica imputación de Griñán. El intento de desvincular el acuerdo con el PSOE de la persona que preside el gobierno, para sostener que con aquello con lo que se ha pactado es con las políticas, es un intento poco convincente. Efectivamente no se trata de Griñán en particular (si bien, el apoyo a la continuidad del aforamiento del ex presidente con su nombramiento como senador crea problemas de solidez a ese discurso), sino de un modelo político que a lo largo de muchos años ha cohesionado una clientela más o menos influyente haciendo uso de lo público en Andalucía. Más difícil se presenta la cuestión cuando la negación de lo personal se hace sobre la base de unas políticas que muestran tan corto recorrido.
Y para lo que viene

Corremos el peligro de incurrir en manipulaciones del lenguaje para velar, con una forma de decir, lo que realmente se hace. Decir y hacer lo que se dice, ser veraces, es la regla primera para conectar la gente.

Anunciar que el Presupuesto de 2014 será un presupuesto de “resistencia”, puede suponer no sólo una aceptación de las reglas del juego de las políticas de ajuste contra las poblaciones, sino, precisamente por ello, también de las reglas del juego de la manipulación de masas mediante la distorsión del lenguaje. Se sea más o menos consciente de ello, se incurre en el peligro de profundizar en el distanciamiento entre la mayoría de la población y el mundo de la política, hablando lenguajes distintos y perversos, y de desconectar del acervo identitario de la izquierda, de los movimientos sociales, y en general de los comunes y corrientes que, de una manera u otra, inventan sus prácticas de resistencia material, real, al poder.

Otro tanto se puede decir del uso del término “estabilidad”, que es lo que busca el sistema actual ante los estragos y la desestabilización de la crisis, en conflicto abierto, radical, y en ocasiones explícitamente violento, con las demandas democráticas de las gentes.

Como se decía en un artículo reciente firmado, entre otros y otras, por Manuel Monereo y Tania Sánchez, “lo que define el momento político que vivimos es la disputa del respaldo de las mayorías sociales entre el bloque que aspira a algún tipo de restauración de las viejas reglas del juego (al precio social que eso implique) y el bloque, todavía en construcción, que aspira a desbordar y profundizar la democracia actual en la construcción colectiva de un proyecto de futuro.”

Se impone la necesidad de dejar de utilizar esquemas que lo son para tiempos de “normalidad”. Hablar y actuar como si el momento fuera “normal” supone otro paso más en el distanciamiento de unas gentes que son conscientes de la excepcionalidad de la crisis. El intento de jugar a la calle de en medio, el “que nos quedemos como estamos”, no es realista, por mucho que suene a ello.

Estamos en medio de una crisis institucional sin precedentes, y en el origen de esa crisis está el modelo de la Transición y de la consecuente integración en el “modelo atlántico” a través de una Unión Europea que reservaba a Andalucía, y a otras zonas periféricas, un papel subalterno para uso y disfrute del capital financiero y multinacional, que ha obtenido el premio de las privatizaciones y ha alimentado el necesario endeudamiento para suplir tanto los efectos del déficit en la balanza comercial como de la reducción del peso de los salarios en el PIB.

Esa política ha llevado a la situación actual, pero su impulso no se ha detenido y continúa hacia el asalto de los últimos nichos de beneficio. Es en este marco el que hay que explicar también el asalto a los ayuntamientos y servicios municipales, cuya legalización se prepara a través de la llamada Ley de Sostenibilidad de la Administración Local, elaborada por el gobierno del Partido Popular en consonancia tanto con la línea de “estabilidad financiera” marcada desde hace años por la UE, consagrada a través del Pacto Fiscal Europeo e impulsada decididamente y sin tapujos por el Banco Central Europeo, como con la introducción del equilibrio presupuestario (constitucionalización de la doctrina neoliberal) en la Constitución Española, por obra y gracia del golpe bipartidista.

No es ninguna broma: acabar con la autonomía local significa una vuelta de tuerca más, definitiva, en la crisis institucional que vivimos y un elemento más de confirmación de la irrealidad de la proclama del “que nos quedemos como estamos”.

No hay posibilidad de detener el deterioro masivo dentro del orden actual de las cosas que conduce al desmantelamiento global de derechos sociales y políticos. El sueño social-liberal (fundamento del llamado “gobierno de resistencia” en Andalucía)está acabado.

Un debate real sobre una perspectiva de cambio de modelo de desarrollo requiere la ruptura con el marco anterior y el sistema en crisis. Puede no gustar lo de coger de las superficies comerciales el material escolar o alimentario para repartirlo entre las gentes necesitadas, pero andar hoy por la vida política y social en Andalucía (a la deriva y hacia una destrucción social acelerada) creyendo que los cambios sustanciales necesarios se consiguen a base de agitación política-institucional coyuntural es peor. Las alternativas necesitan también crítica y lucha material contra el sistema existente.

Conviene, para empezar, avanzar y hacerse eco de la propuesta del SAT, el Frente Cívico y otras muchas organizaciones, de comenzar a poner en marcha, con fuerza y pasión, un trabajo paciente que lleve a una movilización general para el mes de marzo que ayude a unificar fuerzas y reivindicaciones para que el movimiento real adquiera autonomía, firmeza y conexión con los habitantes.

Se trata, en definitiva, de ayudar a poner en marcha una amplia alianza social y política que ponga sobre la mesa la urgente necesidad de un “proyecto de país (o de países)”, un proyecto que haga recuperar la ilusión y la esperanza, que restablezca los derechos robados y avance en la soberanía real hacia el horizonte de una base económica y productiva propia, basada en los recursos propios y en la posibilidad de crear nuevas oportunidades materiales con perspectiva de salida para las necesidades de la población.

Para ello se requiere una apuesta rupturista con un marco que no ofrece más posibilidades que las de ahondar en el sufrimiento y en el malestar de la mayor parte de la gente. Y ello implica también una mirada a los países del sur de Europa y el arco Mediterráneo, como dijimos en el anterior artículo mencionada, sin la cooperación con las cuales no es posible la conquista de la autonomía que permita una salida real de la crisis y favorable a las personas.

Una perspectiva semejante choca con la perpetuación del papel de sostén de una de las patas del poder institucional en crisis, la cual dificulta, además, y con razón, las posibilidades de diálogo y alianzas sociales. El tiempo apremia.

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Primer aniversario del 25S:
Dijeron que seguirían en las calles y lo han cumplido

Ana Barba, periodista

El día 25 hizo un año. Un año en el que ha quedado de manifiesto que las razones para salir a la calle estaban justificadas. Un año de expolio continuado de los derechos sociales adquiridos con siglos de lucha y sufrimiento. Hoy hay más motivos, si cabe, para volver a salir a la calle y exigir nuestros derechos. Podemos volver a leer el manifiesto de entonces y comprobar que está totalmente vigente (*)

El 25 de septiembre de 2012 atrajo al Rodea el Congreso a numerosas personas de fuera de Madrid. Venían en coches particulares y en autobuses. Muchos de estos autobuses fueron los detenidos en las afueras de la capital e identificados por la policía sus ocupantes. Se incautaron las máscaras de Anonymus que algunos portaban. Al parecer las consideraban peligrosas. Pero lo auténticamente peligroso era el armamento del que dotaron a la policía ese día: fusiles de asalto y fusiles repetidores.

Muchos temimos entonces un resultado sangriento de la jornada. En todo caso, la represión fue totalmente desproporcionada con un movimiento pacífico de ciudadanos desarmados. Porque, no debemos olvidarlo, fue un acto pacífico. Incluso los once diputados de Izquierda Plural que decidieron salir a la calle fueron maltratados por la policía.Estos once diputados de Izquierda Plural que se unieron al 25S y salieron del Congreso fueron criticados y alabados casi por igual.

Desde los analistas afines al 15M se valoró como un primer paso, pero se le achacó tibieza a este grupo: deberían haber renunciado a su acta de diputados antes de salir a la calle. Otros analistas, más reflexivos, opinaban que era importante tener dentro a alguien que defendiera la voz de la calle.

De igual modo, el llamamiento inicial de PEP de acampar hasta que se iniciara el proceso constituyente y el más realista de la Coordinadora 25S de pedir la dimisión del Gobierno y la disolución de las Cortes, fueron apoyados y criticados a partes iguales. Una mayoría de la población estaba de acuerdo en que había un problema, incluso en el análisis de dicho problema, pero no se ponía de acuerdo en cual debía ser el mecanismo para resolverlo.

El despliegue policial, la imagen de los manifestantes sentados, los cánticos y los lemas que coreaban, circularon por las redes sociales, incluso por los medios tradicionales,  y están en la memoria de todos.

Las imágenes de la represión policial dieron la vuelta al mundo y dejaron en entredicho el talante supuestamente democrático del Gobierno. Se hizo muy popular el valiente camarero de la cafetería del paseo del Prado que defendió a los manifestantes.

Fue una noche muy larga, con mucha tensión, incluso miedo. Al día siguiente, la Coordinadora emitió un comunicado:

1. A pesar de los graves incidentes de ayer, queremos transmitir una idea positiva: el 25s ha sido un éxito de afluencia masiva. Dos generaciones han roto el consenso de hierro de la transición y generado una protesta social sin comparación en la reciente historia española. Pase lo que pase a partir de ahora, el 25s es ya un punto y aparte.
2. Ha resultado imposible evitar el desborde un escenario que había sido crispado y criminalizadohasta la exageración y la caricatura por la Delegación de Gobierno. Como se ha mostrado, las personas, de toda edad y condición, que han salido a la calle no querían dar ningún golpe de Estado, sino visibilizar el secuestro de la democracia que, a pesar de nuestra protesta, sigue teniendo lugar bajo la excusa de la crisis económica. En este sentido, es un hecho que la convocatoria ha sido un ejemplo de coraje político de la ciudadanía frente al intolerable chantaje del miedo.
3. Ante un poder que es sordo y ciego, nos reafirmamos en nuestra posición de desobediencia civil no violenta, así como condenamos las estrategias de provocación y de infiltración policiales que, como aparecen en algunos medios, fueron utilizadas en la concentración de ayer para disolver a los participantes de la concentración. Somos los primeros en lamentar que el foco en las escenas violentas que ayer desgraciadamente se produjeron deje de lado la cuestión de fondo que nos sacó a la calle y que no es otra que la ocupación efectiva de nuestra capacidad de decisión política. Hasta el momento de las cargas, la convocatoria transcurrió de forma cívica y responsable y ha quedado de manifiesto que la acción no perseguía interferir el transcurso normal de la Cámara. El apoyo que la convocatoria ha tenido por parte de algunos diputados y grupos parlamentarios evidencia asimismo que la iniciativa no buscaba, como se anunció, “ocupar” literalmente el Congreso, sino llamar la atención sobre la funesta distancia que existe entre este y la ciudadanía. Que varios cargos públicos de Izquierda Plural que simplemente se encontraban en la acera sufrieran también la actuación desproporcionada del cuerpo policial muestra la irracionalidad de un Gobierno que solo acierta a esconder su debilidad y falta de legitimidad de forma autoritaria.
4. Esta no ha sido una simple manifestación de quejas, sino una manifestación política. Sería un grave error que, tras estos hechos, el Gobierno no escuchara esta voz y siguiera haciendo caso omiso a la desesperación y sufrimiento que está causando su gestión en la población española.

Seguimos en las calles y sin miedo.”

Fue tanta la fuerza ciudadana desplegada esos días que el 29 de septiembre se volvió al Congreso. No voy a contarlo yo, lo van a contar ellos, mediante el comunicado que emitieron sobre ese día:

La democracia está secuestrada. desde el 25s vamos a rescatarla.

Rodearemos el Congreso de los Diputados para rescatarlo de un secuestro que ha convertido a esta institución en un órgano superfluo. Un secuestro de la soberanía popular llevado a cabo por la Troika y los mercados financieros y ejecutado con el consentimiento y la colaboración de la mayoría de los partidos políticos. Partidos que han traicionado sus programas electorales, a sus votantes y a la ciudadanía en general incumpliendo promesas y contribuyendo al empobrecimiento progresivo de la población.

Rodeamos el Congreso después de más de un año de intensas movilizaciones en todos los sectores sociales y tras comprobar que no puede haber democracia cuando las instituciones que dicen representarla se mueven por intereses que no son los de la mayoría. Porque no tenemos nada que hablar con un poder que ha demostrado sistemáticamente ser ciego, sordo y mudo a justas y concretas demandas de igualdad y justicia social. Lo rodeamos para rescatar a la política de un régimen económico insostenible y depredador: el sistema capitalista.

Rodeamos el Congreso porque queremos dar un salto en la movilización social y poner en el centro la recuperación de la soberanía y del poder ciudadano, es decir, de la democracia. Hemos creado numerosos procesos de lucha, espacios de participación y discusión en las redes y en las plazas, en los barrios y en los centros de trabajo, y hemos llevado a cabo iniciativas que queremos seguir desarrollando desde abajo, sin atajos y paso a paso. Porque creemos que el tiempo de las decisiones tomadas por unos pocos ha terminado; porque, frente a quienes quieren dejarnos sin futuro, tenemos los medios y la inteligencia colectiva para decidir y construir la sociedad que queremos; porque no necesitamos falsos intermediarios, sino recursos y herramientas colectivas que fomenten activamente la participación política de todas las personas en los asuntos comunes.

Rodeamos el Congreso para decirles a quienes dicen mandarnos que no, que desobedeceremos sus imposiciones injustas, como la de pagar su deuda, y que defenderemos los derechos colectivos: la vivienda, la educación, la salud, el empleo, la participación democrática, la renta. Para iniciar un proceso que permita que los responsables de la crisis dejen de ser impunes, para que los pirómanos que han provocado nuestra crisis no sean recompensados y empiecen, en cambio, a ser juzgados.

Nos manifestaremos alrededor del Congreso porque queremos recuperar la responsabilidad sobre nuestro propio futuro sin aceptar imposiciones. Para decirles a quienes tienen secuestrada la democracia que ha llegado el momento de irse y para exigir la dimisión de este Gobierno como primer paso, porque vamos a liberarla iniciando un proceso constituyente. Un proceso de participación directa abierto en el que determinemos y pongamos en marcha las instituciones políticas, herramientas de participación y mecanismos jurídicos y políticos que necesitamos para garantizar que las decisiones colectivas sean completamente efectivas. Un proceso constituyente sostenido y cuya definición colectiva comienza, pero no termina, el 25S.

Rescatar el Congreso es lanzar una invitación a que se articulen y unan otros movimientos sociales como la lucha de los funcionarios por la defensa de los servicios públicos, las diversas “mareas” y otras luchas por la igualdad y la justicia social. Significa negarnos a aceptar el miedo, la impotencia y la desorientación surgidas de la reducción de lo político a lo económico y sus consecuencias fascistas, xenófobas, racistas y machistas. Y buscar una salida colectiva.

Invitamos a todas las personas que quieran acompañarnos a rodear el Congreso, a decir ¡basta! y a continuar este camino para rescatar la democracia y la soberanía.

Queremos derechos, democracia, justicia y libertad para todo el mundo.
Hasta aquí hemos llegado, no tenemos miedo.
 Nos vemos el 25S… y más allá.

*Este manifiesto es fruto del debate en las asambleas de esta Coordinadora, un esfuerzo de síntesis de los motivos para rodear el Congreso que compartimos y otra de las voces por las que puedes sentirte apelado/a para acudir.

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Miguel Manzanera Salavert

El estremecedor informe que Intermón-Oxfam  hizo público el pasado 18 de septiembre, nos informa de que la brecha entre ricos y pobres está aumentando estos años, y de que, si todo sigue igual, en el 2025 en España habrá 8 millones de nuevos pobres. Uno de cada tres nuevos pobres europeos será español. Esta noticia no pillará de sorpresa a nadie.

Las encuestas que elabora el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) para confeccionar su barómetro de opinión, muestran que desde principios de este año los españoles piensan que la situación económica y política es desastrosa. Cerca del 90% de los españoles cree que la situación económica es mala o muy mala y muy pocos pronostican que vaya a mejorar próximamente. Otro tanto opina que situación política es muy mala, y tampoco se cree que vaya a mejor.

La cuestión es si los españoles van a dejar que todo siga igual, y si la resignación es el sentimiento predominante entre nuestros conciudadanos. Aunque ya ha habido algunas reacciones ante la calamidad que se nos avecina, la movilización de la ciudadanía resulta todavía escasa para la magnitud de los problemas que tenemos por delante. La razón de esa atonía puede tal vez encontrarse en que los españoles todavía están despertando del sueño del bienestar en el que han estado sumidos.

El sistema político y económico español parecía muy sólido a la mayoría de los españoles hace tan solo cinco años. Si miramos los resultados electorales del 2004, con una participación de más del 75%, el bipartidismo alcanzó más del 80% de los votos. En el 2008, con una participación similar, el bipartidismo alcanzó el 83,7%.

Según auguran las encuestas el resultado de las próximas elecciones europeas en mayo de 2014 será muy diferente, y se pronostica que entre los dos grandes partidos de la monarquía, PP y PSOE, apenas juntarán entre el 50% y el 60% de los sufragios.

Sin duda será en ese momento cuando comience el proceso de cambios que requiere nuestro orden social, para evitar el vaticinio de Intermón-Oxfam. Pero ¿realmente sabemos qué resulta necesario para evitar caer en el abismo? A tenor de las experiencias de este último lustro, el pasado desde que sufrimos la crisis, la respuesta a esa pregunta debería ser no.

Ni los gobernantes saben qué hacer, ni los ciudadanos saben a quién encomendarse. Pero las recomendaciones del Informe son claras: Invertir en personas (dar prioridad al empleo, al estímulo económico y al desarrollo). Invertir en los servicios públicos (educación y sanidad). Fortalecer la democracia institucional (participación y transparencia, y democracia en el ámbito laboral)Desarrollar sistemas fiscales justos (reformas fiscales progresistas).

Justo todo lo contrario es lo que hace el actual gobierno de España. Como consecuencia, si queremos que nuestro país no se hunda completamente, parece necesario cambiar urgentemente este gobierno y las políticas que nos están llevando a la miseria.

Esperemos que esa conciencia no llegue demasiado tarde a la ciudadanía.

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Documento de Economistas y juristas

Los economistas y juristas firmantes de este Documento lo han elaborado con objeto de rebatir y desautorizar el Informe de la Comisión de expertos designada por el gobierno y para denunciar la nueva contrarreforma de las pensiones que con base en él pretende acometer  el PP.

Los ciudadanos deben saber que reducir las pensiones no es un medida que sirva para combatir la crisis económica sino que implica un paso en el desmantelamiento del estado social que se está llevando a cabo.

LA SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES, PROBLEMA POLÍTICO, NO ECONÓMICO.

Pensamos que la manera de plantear un problema condiciona su solución. La sostenibilidad del sistema público de pensiones se ha planteado siempre, en unos casos por ignorancia y en otros por intereses espurios, de la peor forma posible. Se ha tratado  como un problema técnico cuando es un problema político. Se ha querido enmarcar como una cuestión de insuficiencia de medios, cuando en realidad el quid de la cuestión es la distribución de la renta. Se pretende que creamos que la sostenibilidad del sistema público de pensiones depende de “cuántos son los que producen”, cuando la variable importante es “cuánto se produce”.

Conscientes de que se trata de un problema político y no económico, consideramos que nuestro papel debe centrarse únicamente en desenmascarar los intentos de justificar mediante planteamientos aparentemente técnicos las posturas ideológicas previamente tomadas.

Hace ya muchos años que todos los servicios de estudios de las entidades financieras y similares, apoyados y jaleados por los organismos internacionales, comenzaron a emitir informes acerca de la inviabilidad del sistema público de pensiones. La postura oscilaba desde los más radicales, demandando su sustitución por planes privados, hasta los medianamente posibilistas, que tan solo pretendían su reforma, de manera que los gastos sociales no se incrementaran e incluso se redujeran. Por citar tan solo un ejemplo, allá por 1993 la Fundación BBV contrató a treinta y cuatro sabios, expertos, técnicos para que estudiasen el tema de las pensiones. En realidad, querían que se pronunciasen sobre la viabilidad, más bien inviabilidad, del sistema público. Trabajaron durante veinte meses para llegar a la conclusión de la imposibilidad de mantener el sistema público si no se reformaba. Una vez más se empleó la expresión quiebra de la Seguridad Social. El resultado de sus cálculos, que fueron facilitados a la prensa, consistía en el pronóstico de que para el año 2000 el desajuste entre ingresos y gastos de la Seguridad Social habría aumentado en una cantidad equivalente al 2% del PIB. ¿Cataclismo?, ¿quiebra? “Será incompatible con Maastricht”. Lo cierto es que el año 2000 llegó y no se produjo prácticamente nada de lo que pronosticaron. De hecho, se registró un superávit del 0,4%.

La argumentación de todos estos informes era similar: el incremento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad dibujaban una pirámide de población que haría inviable en el futuro el sistema público de pensiones. Vaticinaban que en un determinado número de años se produciría la quiebra de la Seguridad Social. El tiempo ha ido transcurriendo y hemos llegado a las fechas fijadas sin que se cumpliese ninguno de sus pronósticos, lo que parece natural ya que no tuvieron en cuenta determinados factores tales como la incorporación de más mujeres al mercado laboral o el incremento en el número de inmigrantes. El estrecho encuadre de las proyecciones demográficas y el hecho de considerar solo la población total no pueden constreñir el complejo problema de la viabilidad de las pensiones. A cualquiera se le ocurre que al menos otra variable, la tasa de actividad, tendrá algo que ver en la solución.

 

LA TASA DE ACTIVIDAD, UNA VARIABLE RELEVANTE

La incorporación de mayor número de mujeres al mundo laboral ha tenido como consecuencia el incremento sustancial de la tasa de actividad. Sin modificar la población total, el número de los trabajadores potenciales ha aumentado de forma considerable. España goza de un amplio margen para avanzar en esta variable, dado que la tasa de actividad femenina es aún baja, en cualquier caso menor que la de otros países. A su vez, las llegadas de trabajadores inmigrantes también incrementan la tasa de actividad, pues aunque se eleva la población total, todo el aumento producido es de activos. Es una ironía contemplar a la “Europa fortaleza” preocupándose por la reducida tasa de natalidad y el envejecimiento de la población. Si el problema radicara solo en estas variables, la solución sería bastante sencilla: se trataría simplemente de abrir las fronteras a los trabajadores inmigrantes.

Llegados a este punto, está claro que sería un grave error considerar la población activa como núcleo del problema. El factor más importante no es el número de personas dispuestas a trabajar, sino las que realmente puedan hacerlo. Si aceptamos esta premisa, la medida de retrasar la edad de jubilación carece de todo sentido cuando existe un altísimo nivel de paro. En 2013, en España, con 6 millones largos de parados, elevar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años no tiene demasiada lógica.

LA PRODUCTIVIDAD, FACTOR DECISIVO EN LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES        

Pero ahondando más en la materia, al plantear la cuestión de las pensiones hay que superar también la visión estrictamente cuantitativa del número de trabajadores para considerar, además, la productividad. Como ya hemos dicho, el problema no estriba en cuántos son los que producen sino en cuánto es lo que se produce. Cien trabajadores pueden producir lo mismo que mil si su productividad es diez veces superior, de tal modo que los que cuestionan la viabilidad de las pensiones públicas cometen un gran error al basar sus argumentos únicamente en la relación del número de trabajadores por pensionistas pues, aun cuando esta proporción se reduzca en el futuro, lo producido por cada trabajador será mucho mayor. Quizá lo ocurrido con la agricultura pueda servir de ejemplo. Hace cincuenta años el 30% de la población activa española trabajaba en agricultura; hoy únicamente lo hace el 4,5%, pero ese 4,5% produce más que el 30% anterior. En resumen, un número menor de trabajadores podrá mantener a un número mayor de pensionistas.

CONSECUENCIAS DE UNA VISIÓN SESGADA DEL PACTO DE TOLEDO

Ha sido el Pacto de Toledo, o una visión sesgada del mismo, lo que ha introducido al sistema público de pensiones en un laberinto de difícil salida. A ello ha contribuido la consideración de las cotizaciones sociales   como fuente exclusiva de financiación de las pensiones, no encontrando entonces otra salida que no sea la disminución de las prestaciones.

Se llama Pacto de Toledo al documento aprobado por el pleno del Congreso de los Diputados, en la sesión del 6 de abril de 1995, titulado «Análisis de los problemas estructurales del sistema de Seguridad Social y de las principales reformas que deberán acometerse». Su origen inmediato se debe buscar en la aprobación por el Congreso de una proposición no de ley, presentada por CiU, por la que se creaba una ponencia en el seno de la Comisión de Presupuestos para analizar los problemas estructurales de la Seguridad Social. Pero esta iniciativa parlamentaria no descendió del cielo, sino que surgió de un escenario formado por dos hechos que se complementan.

El primero es una ofensiva internacional en contra de las pensiones públicas y a favor de las privadas, que partía de ciertos organismos internacionales como el Banco Mundial o la Unión Europea. Estas maniobras tenían -y aún tienen- su eco en todos los países, potenciadas por las entidades financieras y por la mayoría de las fuerzas económicas y políticas.

El segundo hecho es nacional y reside en las acusaciones mutuas entre los dos partidos políticos mayoritarios de nuestro país, que se reprochaban poner en peligro el sistema público de pensiones. El PSOE, desde el gobierno, hacía propaganda del mérito de pagar a los pensionistas, y ante la amenaza de perder las elecciones generales -como así ocurriría en 1996- difundía la idea de que la llegada de la derecha al poder suponía un grave riesgo para esta prestación social. Al mismo tiempo, ante el déficit que en aquel momento mostraban las cuentas de la Seguridad Social, el Estado, en vez de enjugarlo con transferencias a fondo perdido, lo compensaba mediante préstamos. Esto, por una parte, lanzaba ya un mensaje negativo al presentar la Seguridad Social como una institución distinta del Estado y, por otra, desde el punto de vista financiero, la colocaba en una situación crítica de cara al futuro. Este hecho daba ocasión al PP para acusar al Gobierno de ponerla en peligro.

La presencia de ocho millones de pensionistas, convertidos en ocho millones de votantes, cuyo ámbito de preocupaciones, en esta etapa de su vida, se circunscribe en buena medida a cómo afrontar económicamente los últimos días de su existencia, es bastante aliciente para que los dos partidos mayoritarios utilicen el tema de las pensiones como arma electoral. Los jubilados son percibidos como presa fácil de la demagogia política.

Esta similitud de comportamientos entre los dos partidos mayoritarios resultaba preocupante porque sembraba la sospecha de que tanto uno como otro consideraban las pensiones públicas como algo graciable que podía reducirse. Cuando piensan que están perjudicando a la otra formación política, en realidad lo que hacen es descubrir su concepción espuria sobre el tema. El simple hecho de dar como posible la quiebra de la Seguridad Social es ya un atentado al Estado social que consagra la Constitución.

 

LA SEGURIDAD SOCIAL NO ES ALGO DISTINTO DEL ESTADO

La auténtica amenaza sobre las pensiones se cierne cuando se pretende presentar la Seguridad Social como algo distinto y separado de los servicios del al Estado. El divorcio solo es planteable desde una concepción neoliberal, pero no desde los principios constitutivos del Estado social. En su virtud, la protección social no es algo accidental al Estado sino una responsabilidad de éste, algo que sigue a su esencia. El Pacto de Toledo realizó una segregación entre Estado y Seguridad Social, estableciendo la separación de fuentes de financiación. Mientras determinadas prestaciones, como las no contributivas, pasan a ser responsabilidad del Estado y a financiarse con impuestos, otras, las contributivas, quedan confinadas en el ámbito de la Seguridad Social y financiadas con cotizaciones sociales. Bien es cierto que el Pacto de Toledo utilizaba la palabra “preferentemente” en lugar de “exclusivamente”, pero lo cierto es que, en la práctica, tal matización se olvida y se hace depender el mantenimiento de las pensiones únicamente de las cotizaciones sociales, con lo que su financiación se hace en extremo vulnerable.

Anteriormente no había sido así. De hecho, en los presupuestos del Estado aparecían transferencias de recursos del Estado a la Seguridad Social. La Ley de Presupuestos de 1989 estableció un cambio de modelo de financiación mediante el compromiso de financiar progresivamente con aportaciones públicas. Los complementos de mínimos de las pensiones y la sanidad Fue en 1994 cuando se introdujo un antecedente muy negativo al cubrir los desequilibrios entre cotizaciones y prestaciones con préstamos del Estado en vez de hacerlo mediante transferencias, prueba palpable de la distinción que se quería hacer entre el Estado y la Seguridad Social. El tema era tanto más grave cuanto que en 1995 se reduce un punto la cotización por contingencias comunes.

La separación de fuentes se ha entendido como algo estructural, no como un mero instrumento para la transparencia y una administración racional de los recursos del Estado. Este mecanismo se ha transformado en una característica esencial del sistema y, lejos de garantizar las futuras pensiones, ha dado ocasión a que algunos conciban la Seguridad Social como un sistema cerrado que debe autofinanciarse y aislado económicamente de la Hacienda Pública. Esta concepción es claramente abusiva y coloca a la Seguridad Social en una situación de mayor riesgo, dificultando además toda mejora en las prestaciones.

EL FONDO DE RESERVA

Este diseño de sistema cerrado que se da a la Seguridad Social tiene su contrapartida en el establecimiento por el Pacto de Toledo del fondo de reserva. Se estipula que en las épocas en que la recaudación por cotizaciones sociales exceda del gasto en pensiones se constituya un fondo para subvenir a financiar el déficit cuando los términos se inviertan. No es este fondo al que vulgarmente se llama “hucha de las pensiones” lo que puede ofrecer seguridad a los futuros pensionistas, sino la garantía de que detrás del derecho a la prestación se encuentra el Estado con todo su poder económico. La prueba evidente es que de nada ha servido que durante todos los años de bonanza se haya ido incrementando y que los distintos gobiernos de uno o de otro signo se hayan vanagloriado de ello. Ha bastado que se produjesen los primeros déficits en el sistema para que surja con virulencia una propuesta de reforma y de reducción de las prestaciones.

LAS PENSIONES NO TIENEN POR QUÉ FINANCIARSE EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE COTIZACIONES SOCIALES

En un Estado definido como social por la vigente Constitución, es inconcebible, y en todo caso inaceptable, que las pensiones se deban financiar exclusivamente mediante cotizaciones sociales. Son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese Estado, también a las pensiones. La separación entre Seguridad Social y Estado es meramente administrativa y contable pero no económica y, mucho menos, política; es más, el hecho de que la sanidad y otros tipos de prestaciones que antes se imputaban a la Seguridad Social hoy se encuentren en los presupuestos del Estado o de las Comunidades Autónomas prueba que se trata de una separación convencional.

La Seguridad Social es parte integrante del Estado, su quiebra solo se concibe unida a la quiebra del Estado y el Estado no puede quebrar. Como máximo puede acercarse a la suspensión de pagos, pero tan solo si antes se hubiese hundido toda la economía nacional, en cuyo caso no serían únicamente los pensionistas los que tendrían dificultades, sino todos los ciudadanos: poseedores de deuda pública, funcionarios, empresarios, asalariados, inversores y, por supuesto, los tenedores de fondos privados de pensiones. Los apologistas de estos últimos, que son los que al mismo tiempo más hablan de la quiebra de la Seguridad Social, olvidan que son los fondos privados los que tienen mayor riesgo de volatilizarse, como ha demostrado la pasada crisis bursátil. Ante una hecatombe de la economía nacional, muy pocos podrían salvarse, pero no tiene por qué ser ese el futuro de la economía española, a no ser que cierto dogmatismo económico nos introduzca en una coyuntura de difícil salida.

LAS PENSIONES, DERECHO DE LOS CIUDADANOS ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN

Afirmar que son los trabajadores y los salarios los únicos que han de mantener las pensiones es un planteamiento incorrecto. No hay ninguna razón para eximir del gravamen a las rentas de capital y a las empresariales. El artículo 50 de la Constitución Española afirma: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Las pensiones, en tanto que derechos subjetivos de los ciudadanos establecidos en la Constitución, tienen la consideración de “gastos obligatorios” que por su naturaleza no están ligados a la suficiencia de recursos presupuestarios, ni a la evolución de una determinada fuente de ingresos. El Estado ha de concurrir con los recursos necesarios para asegurar el pago de las pensiones, sea con las cotizaciones o con cualquier otro impuesto. Y si las cotizaciones no son suficientes para financiar las prestaciones en una determinada coyuntura, el desfase ha de ser cubierto por las aportaciones del Estado.

El denominado “déficit del sistema”, más allá de una forma impropia de hablar, carece totalmente de sentido. Realmente solo puede tener déficit el Estado, pero no el sistema de pensiones, y el desfase entre cotizaciones y prestaciones no es sino un componente de aquel, sin que tenga sustantividad propia. No se puede pretender que esté en cuestión la viabilidad del sistema de pensiones por el hecho de que en una coyuntura como la actual se necesite que a los ingresos por cotizaciones se sumen otras aportaciones del Estado.

Asimismo, vincular la viabilidad del sistema público de pensiones a la coyuntura actual de crisis, en la que la caída brutal del empleo (provocada en parte por la propia política económica adoptada a nivel europeo y nacional) ocasiona una reducción de ingresos por cotizaciones, no parece razonable. El hecho de que los ingresos por cotizaciones sean en este momento inferiores a los gastos en pensiones, si indica algo es que lo insostenible es la caída de los ingresos debida a la recesión, y que, por extensión, lo verdaderamente insostenible es la propia recesión. Lo que se debería estar haciendo de forma urgente es adoptar las medidas que permitan superar, de una vez por todas, la caída del PIB y del empleo. En ningún caso se puede afirmar que la viabilidad del sistema de pensiones puede estar siendo “seriamente cuestionada” por la severidad de la crisis económica. Lo que está en cuestión es la política económica seguida.

TAMBIÉN HAY QUE CONSIDERAR LOS INGRESOS

Es curioso que la cuestión se haya planteado siempre desde el lado del gasto para reducirlo, y nunca desde la óptica de los ingresos y de su posible incremento; más bien todo lo contrario, de vez en cuando surgen presiones para disminuir las cotizaciones sociales. Estas presiones que, en los momentos actuales, proceden incluso de la propia Unión Europea, añaden sin duda un factor más de inseguridad si hacemos depender exclusivamente las pensiones de las cotizaciones, tal como se asume en el informe de los expertos del Gobierno. Es una evidencia que las reivindicaciones para reducir las cotizaciones aumentarán en el futuro bajo el argumento de que estas constituyen un impuesto sobre las nóminas, y que deberían ser sustituidas por impuestos indirectos.

El gasto, en relación al PIB, del sistema público de pensiones español es reducido cuando lo comparamos con el de la mayoría de los países de nuestro entorno, por lo que no parece que tenga mucho sentido hablar de que su viabilidad esté en cuestión. Destinamos a ello el 10% del PIB, mientras que la media de la Eurozona tiene un gasto del 12,2%, y el conjunto de la UE, el 11,3%. Y aun cuando no se modificase el sistema, la situación no va a cambiar durante muchos años. Siempre siguiendo los datos de la Comisión Europea (que es la instancia que nos conmina a llevar a cabo reformas urgentes), en 2030 nuestro gasto en pensiones será del 10,6%, prácticamente lo mismo que hoy gasta Alemania (10,5%). Y aún en 2035, nuestro gasto será del 11,3%. Los datos no avalan, pues, en modo alguno, la premura ni la obligación por el lado del gasto.

Tras la reforma de 2011, el máximo de gasto en pensiones que alcanzaría España, según admite la Comisión Europea en su informe The 2012 Ageing Report, sería del 14% del PIB en 2050 (a partir de ese momento el gasto se reduce rápidamente debido a que la presión demográfica de la llegada a la edad de jubilación de las generaciones del baby boom es sustituida por el efecto contrario: la llegada de las generaciones de la más baja tasa de natalidad de la historia). Es decir, tendremos que destinar a las pensiones públicas lo mismo que hoy gastan sin demasiadas complicaciones países como Austria, Francia o Italia.

LA RENTA PER CÁPITA COMO VARIABLE ESTRATÉGICA

Por otra parte, la esperanza de vida, la pirámide de población y la proporción entre activos y pasivos no son las únicas variables que habría que tener en cuenta si se quiere comprobar la viabilidad o inviabilidad del sistema público de pensiones, sino también la evolución de la renta per cápita. Si la renta per cápita crece, no hay motivo, sea cual sea la pirámide de población, para afirmar que un grupo de ciudadanos (los pensionistas) no puedan seguir percibiendo la misma renta. Si la renta per cápita aumenta, las cuantías de las pensiones no solo deberían no reducirse sino que tendrían que incrementarse por encima del coste de la vida.

El problema de las pensiones hay que contemplarlo en términos de distribución y no de escasez de recursos. En los últimos treinta años la renta per cápita en términos constantes casi se ha duplicado y es de esperar que en el futuro continúe una evolución similar. Si es así, resulta absurdo afirmar que no hay recursos para pagar las prestaciones de jubilación, todo depende de que haya voluntad por parte de la sociedad -y, especialmente, de los políticos- de realizar una verdadera política redistributiva.

MÁS BIENES PÚBLICOS

Las transformaciones en las estructuras sociales y económicas comportan también que las necesidades que deben ser satisfechas cambien y, por tanto, haya una variación de los bienes y servicios que hay que producir. Es muy posible que la decisión que adopte el mercado referente a estos no sea la adecuada -en contra de lo que piensa el liberalismo económico- a las necesidades reales, ni en su composición cualitativa ni cuantitativa. La vida urbana y el trabajo en el sector industrial y en el de servicios presentan nuevas contingencias o, al menos, contingencias mucho más acusadas que en el mundo rural. La incorporación de la mujer al mercado laboral y el aumento en la esperanza de vida crean nuevas necesidades y exigen por tanto la necesidad de que las sociedades se doten de nuevos servicios.

John Kenneth Galbraith anunció ya hace bastantes años que todos estos cambios exigían una redistribución de los bienes y servicios que deben ser producidos y en consecuencia, consumidos, a favor de los llamados bienes públicos y en contra de los privados. Habrá quien diga que estos bienes y servicios, incluidas las pensiones, los podría suministrar el mercado. Pero llevar a la práctica tal aseveración significaría en realidad privar a la mayoría de la población de ellos. Muy pocos ciudadanos en España podrían permitirse el lujo de costearse todos estos servicios, incluyendo la sanidad, con sus propios recursos. ¿Cuántos ciudadanos tienen la capacidad de ahorrar una cuantía suficiente para garantizarse una pensión de jubilación digna? La única dificultad es ideológica. Bajo el poder absoluto del neoliberalismo económico, una sola tendencia pretende imponer su ley: más iniciativa privada y menos sector público.

El envejecimiento de la población de ninguna manera provoca la insostenibilidad del sistema público de pensiones, pero sí obliga a dedicar un mayor porcentaje del PIB no sólo a financiar las pensiones, sino también a pagar el gasto sanitario y los servicios de atención a los ancianos y los dependientes. Detracción por una parte perfectamente factible y, por otra, inevitable si no queremos condenar a la marginalidad y a la miseria a buena parte de la población, precisamente a los ancianos, una especie de eutanasia colectiva.

EL SISTEMA ESPAÑOL NO ES GENEROSO

El tema de las pensiones lleva ya muchos años acumulando tras de sí todo tipo de falacias y sofismas. Una de las más importantes quizá sea la afirmación de la OCDE y de otros organismos internacionales acerca de que las pensiones en España son muy generosas. Cosa curiosa, porque para generosidad la que estos organismos tienen con sus funcionarios. Trabajar unos pocos años en cualquiera de ellos garantiza una generosa pensión que ya quisieran para sí los trabajadores con mejor cualificación de nuestro país.

Esa versión alejada de la realidad de las pensiones españolas proviene de unos planteamientos que no se corresponden con los datos, Además, las comparaciones internacionales resultan muy complicadas en estos casos. Parten de la siguiente pregunta: ¿qué pensión le correspondería en relación con su último salario a un trabajador que hubiese cotizado el número mínimo de años para percibir la pensión máxima (en España, más de 35) y se jubilase a la edad legal (en nuestro país, 65 años, por ahora)? Este porcentaje, que se sitúa en España por encima del 90%, es superior al de muchos países de la Unión Europea, pero paradójicamente no a los de Portugal y Grecia. Por tanto, según este indicador, los países con menos ingresos de la Unión son los más generosos con sus jubilados.

En realidad, se trata de todo lo contrario, porque el indicador anterior es un porcentaje teórico que pasa por alto muchos factores: la dinámica del mercado de trabajo, la penalización de la jubilación anticipada, topes máximos, salario mínimo, bases sobre las que cotizan determinados regímenes, pensiones mínimas, sistema fiscal, etc. La tasa real en nuestro país está muy alejada de ese porcentaje. En vez del 90%, la cifra que se obtiene computando todos los factores, no alcanza siquiera el 60% del salario medio. En 2011, la media de las nuevas pensiones de jubilación ascendió a 1.200 euros mensuales, mientras que el salario medio bruto para el cuarto trimestre de ese año fue de 2.020 euros. El 20% de las pensiones contributivas y la totalidad de las no contributivas están por debajo del umbral de pobreza. En 2011, la cuantía de la pensión media de jubilación  ascendió a 915 euros, y el 72% de los jubilados cobran en la actualidad menos de 1.100 euros mensuales (el 49% no sobrepasa los 700 euros).

SE PRETENDE FAVORECER LOS FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES

Existen sospechas bien fundadas de que las múltiples campañas realizadas para sembrar dudas acerca de la viabilidad de las pensiones públicas tienen también como finalidad potenciar los fondos privados de pensiones. De ahí que en todas las reformas se plantee la necesidad de completar las pensiones públicas con pensiones privadas. Lo primero a considerar es lo incorrecto y cómo induce a engaño la denominación “pensiones” aplicadas a los fondos, al menos tal como se instrumentan en España, donde las aportaciones las realizan solo los particulares y no las empresas. De hecho, la única alternativa que se propone a las pensiones públicas es que cada persona de forma individual ahorre para la vejez. Pero para ese viaje no hacían falta tales alforjas. Si es así, lo que resulta aún más indignante es que pretendan decirnos en qué inversiones tiene que materializarse nuestro ahorro. ¿Por qué en fondos y no directamente en bolsa o en vivienda o en obras de arte o en cualquier otro activo? Los fondos de pensiones no son más que una forma de ahorrar y no precisamente de las más ventajosas para el inversor. Habrá que cuestionarse el motivo de incentivar un sistema de ahorro (los fondos de pensiones) en detrimento de otros.

Supeditar la solución de la contingencia de vejez a la cantidad de ahorro que cada individuo haya podido acumular a lo largo de su vida activa es condenar a la pobreza en su ancianidad a la gran mayoría de la población. Es bien sabido que el 60% de los ciudadanos carecen de capacidad de ahorro (no llegan a final de mes) y otro 30%, si ahorra, lo hace en una cuantía a todas luces insuficiente para garantizar el mínimo vital en la jubilación.

Los mal llamados fondos de pensiones solo benefician a las entidades financieras depositarias de las inversiones y que controlan a las gestoras. De hecho, dejarían de existir tan pronto como desapareciese la desgravación fiscal, tal como se encargaron de difundir sus propios defensores cuando se expandió el rumor de que iban a perder los beneficios fiscales. ¿Pero cuál es entonces la razón de ser de un producto financiero que sin desgravación fiscal nadie -ni ricos ni pobres- estaría dispuesto a demandar? Para el participante carecen de todo aliciente: ausencia de liquidez, carencia de control de la inversión, pago de importantes comisiones, etc. Pero, precisamente lo que son rémoras para el cliente, se convierten en ventajas para las entidades financieras: fondos cautivos que manejan a su antojo a través de las gestoras y que les dotan de enorme poder económico, a la vez que les permiten apropiarse mediante distintas comisiones de la casi totalidad de la rentabilidad que tales recursos puedan generar.

CAPITALIZACIÓN O REPARTO

Los propagandistas de los fondos de pensiones cantan las excelencias del sistema de capitalización sobre el de reparto, identificando el primero con el privado y el segundo con el público. En realidad, cuando se trata de un sistema público la distinción entre capitalización y reparto es más teórica que real. Si por una parte puede suponerse que las pensiones de los pasivos se financian con las cotizaciones de los activos -estaríamos entonces en un sistema de reparto- también puede suponerse, y esto sería más exacto, que en función de la unidad de caja del Estado todos los ingresos, incluidos impuestos y cotizaciones sociales, financian todos los gastos, también los de Seguridad Social.

Si esto es así, el sistema actual, al que llamamos de reparto, se convertiría en un sistema de capitalización. Podemos suponer que los recursos aportados hoy por las cotizaciones serían un préstamo que los trabajadores actualmente activos realizan al Estado y que este dedicará a financiar la inversión social y pública, desde la educación a la sanidad, pasando por carreteras, comunicaciones, tecnología, empresas públicas, etc. Dicho préstamo al Estado se devolverá junto con los intereses a los cotizantes de hoy en forma de pensiones. Del mismo modo, las prestaciones sociales que actualmente se pagan son el retorno a los jubilados de lo que cotizaron (préstamo al Estado) en el pasado. Que la distinción es más teórica que real se percibe con claridad en el hecho de que muchos fondos privados de pensiones terminan invirtiéndose en deuda pública, es decir, prestando al Estado. Lo que está en juego, por tanto, es la intermediación de las entidades financieras.

La argumentación anterior hace que carezca de sentido el reproche al sistema público de pensiones de que genera una situación intergeneracional injusta, ya que obliga a las generaciones futuras a mantener a un mayor número de pensionistas. Las cotizaciones y los impuestos de esos jubilados han hecho posible mediante la educación, las infraestructuras, la investigación, etc., que la productividad en una serie de años se haya multiplicado y que el trabajo de los activos de ahora y del futuro produzca mucho más y que la renta per cápita sea también mayor.

No obstante, todo lo hasta aquí afirmado responde a la óptica macroeconómica, analizando los efectos globales o a partir del análisis de la prestación promedio. Mas el punto de vista cambia cuando se trata de la conveniencia de un determinado particular, entonces sí puede haber una distinción radical y fundamental entre el sistema público y el privado. En el segundo, no se da ninguna redistribución de rentas. Existe una correspondencia unívoca entre cada prestación y la correspondiente cotización individual. Las diferencias que se pueden generar en el sistema privado son muy superiores a las de un sistema público, hasta el extremo de que para muchos colectivos los planes de pensiones son prácticamente inaplicables, teniendo que hacerse cargo el sector público en último término de las prestaciones.

CAMBIO EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA

El pacto de Toledo tuvo al menos un efecto positivo que es el que ahora se intenta desterrar: el compromiso de las distintas fuerzas políticas acerca de que las pensiones se actualizarían anualmente de  acuerdo con el incremento del índice de precios al consumo. La medida parecía justa y lógica. Justa porque así lo proclama nuestra Constitución y lógica porque con la inflación también se incrementan y a veces más que proporcionalmente los ingresos del Estado. Hay una afirmación que debería ser de común aceptación: mientras que la renta por habitante de una población se mantenga constante o crezca, ningún miembro de ella, bien sea pensionista, funcionario, escritor o bombero, tiene por qué ver empeorada su situación en cuanto a ingresos. La no actualización de las pensiones conduce a que los jubilados vean que su pensión se reduce año a año. El planteamiento de los expertos del Gobierno consiste en utilizar la inflación, aprovechando la ilusión monetaria, para reducir progresivamente las pensiones, de manera que se cierre el desfase existente por otras causas entre las cotizaciones y las prestaciones.

Si en un periodo determinado de tiempo las pensiones suben por término medio menos que lo que lo ha hecho la renta per cápita es porque otras rentas, bien sean las salariales, las de capital o las empresariales, lo hacen en un porcentaje mayor, es decir, se modifica la redistribución de la renta en contra de los pensionistas; ni que decir tiene que este efecto es mucho mayor cuando se pretende que ni siquiera mantengan el poder adquisitivo. Los expertos del Gobierno hablan de un factor de equidad intergeneracional, pero lo cierto es que todas las recomendaciones que ofrecen en su informe tienden a romper tal equidad, condenando a los pensionistas a un empobrecimiento progresivo en favor de otras rentas y es bastante lógico suponer que estas serán las de capital.

No es la pirámide de población, ni el incremento de la esperanza de vida lo que amenaza la sostenibilidad de las pensiones, sino la insuficiencia de nuestro sistema fiscal, presa del fraude y de las continuas reformas regresivas acometidas por los distintos gobiernos. El riesgo viene de una ideología liberal que contempla con satisfacción que la presión fiscal de España sea la más baja de la Europa de los quince (32,4%), inferior incluso a Grecia (34,9) y a Portugal (36,1), trece puntos de diferencia con Francia, y de diez y de ocho con Italia y Alemania, respectivamente (Eurostat), y de unos políticos que prefieren recortar las pensiones a los jubilados antes que acometer en serio la reforma fiscal. Esta sí que tendría que ser la primera y principal reforma que habría de llevarse a cabo.

ASEGURAR LAS PENSIONES PÚBLICAS ES TAREA DE TODO EL SISTEMA FISCAL

Asegurar pensiones públicas que permitan mantener un nivel de vida digno es una cuestión de la máxima importancia social y política. Los principios que deben regir la gestión de este derecho de la ciudadanía se encuentran en los textos fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico. Ya hemos mencionado el artículo 50 de la Constitución, que garantiza a todos los ciudadanos de la tercera edad pensiones adecuadas y actualizadas periódicamente. En consecuencia, y como ya se ha argumentado anteriormente, en épocas de déficit de la Seguridad Social ese derecho debe ser sufragado a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Ese esfuerzo no debería ser ningún problema, si se aplicara el principio de progresividad, establecido en el artículo 31 de la Constitución, y si las principales empresas del país y las grandes fortunas pagaran las cantidades que en justicia les corresponden y en estos momentos eluden. No se trata de confiscar el dinero de nadie: una contribución similar a la de sus equivalentes en otros países europeos -Estados social y democráticamente más avanzados- sería suficiente.

Para todos los que luchamos por la democracia y la justicia social, el máximo referente normativo no puede ser otro que la Declaración Universal de Derechos Humanos. Su memorable artículo 25 hace una mención expresa a la tercera edad, en relación al derecho a un nivel de vida adecuado y al bienestar, derecho que todo ser humano posee. Es más, el artículo 22 establece que “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social”.

 

DERECHO CONSTITUCIONAL

En tanto en cuanto recibir una pensión digna es un derecho constitucional y un derecho garantizado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, los abajo firmantes, economistas, profesionales y académicos de distintas procedencias y sensibilidades, no podemos dejar de denunciar enérgicamente la nueva reforma de las pensiones públicas que prepara el Gobierno, que supone un nuevo engaño a los ciudadanos para favorecer a entidades bancarias y aseguradoras:

– Denunciamos que esa reforma se hace en el peor momento, con argumentos falsos y sin participación de la sociedad, y solo dirigida a rebajar una vez más las pensiones.

Disminuir aún más el nivel de vida en medio de una crisis como esta y hacer ver a una parte tan numerosa de la población que seguirá bajando en el futuro es todo lo contrario de lo que conviene hacer para recuperar la confianza y el consumo imprescindible para salir de una recesión. Y además, justificar la reforma con argumentos falsos, solo para satisfacer a los grandes grupos financieros de presión es una verdadera traición a los intereses de la mayoría de la población.

– Denunciamos ante la opinión pública que es falso que una mayor esperanza de vida sea lo que ponga en peligro el futuro de las pensiones.

Es verdad que en los años próximos habrá más personas jubiladas y, en proporción, menos empleadas, pero no es cierto que de ahí se pueda deducir que inevitablemente se producirá un desequilibrio financiero de la Seguridad Social que impedirá pagar las pensiones, salvo que se reduzca su cuantía desde ahora, como se propone.

El equilibrio financiero depende no solo del número de pensionistas y empleados y de la magnitud de las pensiones, sino de otros factores de los que no se habla cuando se propone rebajar las pensiones:

• Del empleo, pues cuanto mayor sea el número de empleados más ingresos recibirá la seguridad social.
• De la productividad, pues a medida que aumenta (como viene sucediendo en los últimos años), se puede obtener más producto e ingresos para financiar las pensiones incluso con menos empleados.
• Del nivel de los salarios y, por tanto, de la participación de los salarios en los ingresos totales, pues cuanto mayor sea ésta más masa salarial habrá para financiar las pensiones.
• De la extensión de la economía sumergida, pues cuanto más pequeña sea más cotizantes habrá y, en consecuencia, también más ingresos para la Seguridad Social.

Por lo tanto, no es cierto que lo que pone en peligro el futuro de las pensiones sea que, afortunadamente, aumente la esperanza de vida sino el aumento del paro, la especialización de nuestra economía en actividades de bajo valor y poco productivas y la desigualdad que hace que los salarios tengan cada vez menos peso en el conjunto de las rentas. Es decir, lo que viene ocurriendo como consecuencia de las políticas neoliberales que han aplicado los gobiernos en los últimos años siguiendo las directrices de la Unión Europea y, en particular, como consecuencia de la respuesta que se está dando a la crisis cuyo único propósito es el de favorecer a los bancos y a las grandes empresas y que está produciendo, precisamente, todo estos fenómenos: aumento del paro y de la desigualdad

Si se logra aumentar el empleo, si conseguimos que la productividad aumente en los próximos años simplemente lo mismo que aumentó en los últimos decenios y si frenamos el proceso creciente de desigualdad en el reparto de la renta, España podrá hacer frente sin dificultades al mayor gasto en pensiones que lógicamente se producirá en los próximos años.

–                 Denunciamos que se está difundiendo de manera deliberada un mensaje engañoso y catastrofista sobre el futuro de las pensiones.

El engaño que llevan consigo las predicciones catastrofistas con las que se justifican los recortes es patente si se tiene en cuenta que el último informe de la Unión Europea sobre envejecimiento prevé que España llegue a un máximo de gasto en pensiones de algo más del 14% en 2050. Se dice que es un porcentaje excesivo pero se oculta que otros países ya lo han alcanzado en la actualidad. Asumir que Francia o Italia puede dedicar hoy día el 15 o 16% de su PIB a pensiones y que España no podrá dedicar más o menos esa misma proporción en 2050 o es de un irrealismo sospechoso o es aceptar sin más que el paro alcance niveles impensables y que los salarios españoles van a ser mucho peor que tercermundistas en los próximos años. Pero, en ese caso, resulta también completamente cínico y falso culpar de la crisis futura que puedan tener las pensiones al aumento de la esperanza de vida.

–                 Denunciamos que quienes ahora dicen saber lo que ocurrirá con las pensiones dentro de treinta años no han acertado nunca en las predicciones hechas anteriormente.

Ninguno de ellos acertó en ninguno de sus estudios en los que asustaban alegando que habría déficit del sistema de pensiones en 1995, 2000, 2005 o 2010. A pesar de lo cual, eran de nuevo contratados por los bancos y aseguradoras para que los repitieran para otros años, volviendo siempre a equivocarse y ahora vuelven a presentarse como si ellos fueran los que saben lo que hay que hacer para hacer frente a los problemas del futuro.

–                 Denunciamos también que la propuesta de aumentar la edad de jubilación para todos los grupos de trabajadores sin distinción es tremendamente injusta.

Sabemos sin lugar a dudas que las personas de mayor renta y de cualificación profesional más elevada tienen mayor esperanza de vida (en España hay una diferencia de casi 10 años entre lo que vive por término medio la persona de renta más alta y la de más baja). Por tanto, imponer que todos se jubilen a la misma edad significa obligar a que las personas de renta más baja financien de modo desigual las pensiones de las de rentas más altas, y también prolongar injustamente la vida laboral de quienes desempeñan actividades más molestas, insalubres o peligrosas. Tratar igual a los desiguales, como pretende el Gobierno con esta nueva reforma, es una injusticia inaceptable.

–                 Denunciamos que el grupo «de sabios» que ha elaborado la propuesta solicitada por el Gobierno ha tenido una composición claramente  sesgada y muy poco independiente.

La inmensa mayoría de ellos ha tenido o tiene una evidente vinculación con entidades financieras o de seguros que es obvio que van a beneficiarse de una eventual rebaja en las pensiones y de un aumento de la suscripción de planes de ahorro privados.

–                 Denunciamos que a pesar de que el Gobierno dice preocuparse por el equilibrio financiero del sistema de pensiones no toma nada más que la medida de recortarlas para alcanzarlo.

–                Concretamente, el Gobierno no adopta las decisiones que podrían aumentar los ingresos, no solo haciendo otras políticas que podrían aumentar el empleo o reducir la desigualdad, sino otras más inmediatas como impedir que se pacten jubilaciones forzosas, la prejubilación de iniciativa autónoma sin causa objetiva y los despidos en edad de posible jubilación anticipada o, por otro lado, revisar la baja cotización de casi cuatro millones de personas que se encuentran en los regímenes especiales y los niveles mínimos y topes máximos de cotización que suponen una fuga inmensa de recursos.

–                 Denunciamos que se oculta a los españoles que las cotizaciones sociales no son necesariamente la única vía de financiación de las pensiones públicas.

Como ya ocurre en otros países, en casos de crisis o de insuficiencia de las cotizaciones el sistema se puede financiar con recursos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado y se oculta también que se pueden obtener muchos más ingresos públicos para ello y para otros fines si se reforma el sistema fiscal para hacerlo más equitativo y eficaz y si se combate de verdad el fraude fiscal, en lugar de reducir constantemente los medios dedicados a su persecución.

–                 Denunciamos que lo que pretenden las reformas que se realizan de las pensiones públicas es promover la gestión privada de los recursos de la Seguridad Social.

Es evidente que difundir continuamente informes catastrofistas, estudios sesgados y predicciones terribles sobre el futuro de las pensiones públicas solo puede tener una consecuencia: que cada vez más gente desconfíe del sistema público y trate de asegurarse el futuro mediante planes de ahorro privado. Ese es el negocio que buscan las entidades financieras, pero se oculta a la población que la mayoría de los trabajadores no podrá ahorrar lo suficiente, que esos fondos son muy inseguros y peligrosos, y que solo son rentables gracias a las desgravaciones fiscales que los siempre enemigos de lo público reclaman para que las pensiones privadas puedan resultarles un negocio suculento.

–                 Denunciamos la complicidad de los gobiernos con estos intereses, por no abrir un debate público, transparente y plural sobre el futuro auténtico de las pensiones públicas y por doblegarse ante quienes vienen imponiendo las políticas que crean el paro, la concentración de la riqueza y el empobrecimiento productivo que las pone realmente en peligro.

Por todo ello, y a partir de nuestros conocimientos y experiencia como economistas y juristas, pedimos a la opinión pública que no se deje engañar por argumentos interesados que solo buscan obtener aún más ganancias, en este caso gestionando los fondos que ahora maneja la Seguridad Social.

Somos plenamente conscientes de que nuestras pensiones públicas corren un grave peligro pero, como hemos dicho, no por las razones que se aducen sino justamente por las que se callan y que los mismos gobiernos han provocado. Sabemos que el más lento envejecimiento aumentará nuestro gasto y que eso requiere disponer de más recursos, pero la solución «sabia» no puede ser reducir la cuantía de las pensiones, sino determinar cuántos nuevos recursos se van a necesitar y poner entonces sobre la mesa la forma en que hemos de generarlos. Tiene que ser así porque también sabemos con certeza que no todas las personas pueden financiarse ahorro privado para cuando lleguen a la vejez y que sin pensiones públicas casi siete de cada diez pensionistas estarían ahora o estarán en el futuro en situación de pobreza severa.

Llamamos, pues, a la denuncia de las propuestas que prepara el Gobierno, a manifestar el rechazo frontal a todas ellas y a reclamar con toda firmeza otra política económica frente a la crisis que no siga destruyendo empleo y generando cada día más deuda y empobrecimiento.

ELABORADORES DEL DOCUMENTO EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES

Francisco Álvarez Molina

Analista financiero. Doctor en Ingeniería Informática y licenciado en Matemáticas (Paris-Sorbona).Diplomado del Chartered Institute for Securities and Investment de Londres. Ex vicepresidente de la Bolsa de París y ex consejero-director general de la Bolsa de Valencia. Miembro del comité asesor de la Convention of Independant Financial Advisers, que a su vez asesora al comité socio-económico de la ONU. Miembro de la asociación española de analistas financieros. Presidente de la consultora independiente ÉTICA Family Office y presidente de la empresa de asesoría financiera independiente ÉTICA Patrimonios EAFI.

Lourdes Benería

Doctora en Economía por la Universidad de Columbia (USA), Catedrática de la Universidad de Cornell hasta jubilarse en 2009 donde fue Directora de varios programas como el Programa de Estudios Latinoamericanos y el de Género y Cambio Global; trabajó en el Programa de Empleo Mundial de la OIT y ha colaborado como consultora en otras agencias de las Naciones Unidas
como UNIFEM, PNUD Y el Consejo Económico y Social. Ha sido Presidenta de IAFFE (2005) y es miembro del consejo editorial de varias revistas académicas de Economía.

Francisco Javier Braña Pino

Catedrático de Universidad en el Departamento Economía Aplicada en la Universidad de Salamanca. Doctor en Ciencias económicas y empresariales, con una extensa y reconocida actividad investigadora, tiene también una amplia experiencia en el sector empresarial, tanto público como privado. Coautor del libro, editado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en 2007, «Extensión de la vida laboral o inserción temprana de jóvenes. Alternativas al sistema de pensiones”. Agusti Colom ha sido Sindic de Comptes de Catalunya.

Cristina Carrasco

Profesora de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona. Amplia investigación y  ublicaciones en temas de trabajo de las mujeres y economía feminista. Pertenece al consejo Editorial de la Revista de Economía Crítica y del Feminist Economics. Participa en el Seminario de Economía Feminista de Barcelona

Agusti Colom

Profesor de Teoría económica en la Universidad de Barcelona. Ha sido Sindic de Comptes de Catalunya. Miembros del Consejo Editorial de la Revista de Economia Critica.

Fernando Esteve Mora

Profesor Titular de Fundamentos de Análisis Económico. Universidad Autónoma de Madrid. Autor del trabajo «Justicia distributiva y sistemas de pensiones». Principios. Estudios de Economía Política, nº 13, 2009, y de otros artículos sobre el sistema de pensiones en colaboración con Rafael Muñoz de Bustillo, entre el que destacaría el informe «Extensión de la vida laboral o inserción temprana de jóvenes. Alternativas al sistema de pensiones» (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.2007).

Miren Etxezarreta

Economista. Ha  sido durante 35 años Catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, de donde sigue siendo Catedrática emérita. Entre sus diversas obras se pueden mencionar: ‘Que pensiones, qué futuro’  con otros colegas, Ediciones Icaria, 2009 y Privatisation of pensions, artículo con Mejra Festic, publicado en Privatisation against the european social model, Editado por Marika Frangakis et. al. Palgrave, 2009.

Ramón Franquesa

Profesor Titular de Economía mundial de la Universidad de Barcelona. Delegado sindical de CCOO en la JPDI de la UB. Coautor de Economía Mundial, JM Vidal Villa; McGrawHill , 2001.

Alberto Garzón

Licenciado en Economía por la Universidad de Málaga y Máster en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del Consejo Científico de ATTAC-España. Responsable de Economía Política Global y portavoz de Economía y Hacienda en el Congreso de los Diputados por  Izquierda Unida.

Antonio González González

Economista.  Ha sido Secretario General de Empleo (entre 2006 y 2008), así como Director del Gabinete del Ministro de Trabajo e Inmigración, vocal asesor en la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, Director del Gabinete Técnico de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT entre 1995 y 2004, e investigador en el Instituto Sindical de Estudios.

Adoración Guamán

Profesora Titular de Derecho del trabajo y de la Seguridad Social en la Universitat de València. Doctora por las universidades de València y Paris X – Nanterre. Su ámbito actual de trabajo y estudio son las consecuencias de la crisis económica sobre la regulación del trabajo y los derechos de las y los trabajadores. Colaboradora habitual con distintos movimientos sociales y sindicales, ha desarrollado la tarea de análisis, crítica y difusión de los contenidos y efectos de las sucesivas reformas laborales. Entre sus últimas publicaciones  destaca “El huracán neoliberal, una reforma laboral contra el trabajo”, junto con Héctor Illueca  y la coordinación del libro “Educación Pública, de todos para todos: las claves de la marea verde”.

Héctor Illueca Ballester

Doctor en Derecho por la Universidad de Valencia e Inspector de Trabajo y Seguridad Social, desde 2004. Participante habitual en sistemas extrajudiciales de solución de conflictos laborales, ha sido Árbitro en materia de elecciones sindicales durante los años 2005-2009. Ha impartido numerosos cursos y seminarios sobre diferentes materias vinculadas al ámbito de los derechos sociales y políticas públicas y es coautor del libro «El huracán neoliberal: una reforma laboral contra el Trabajo» (2012), que estudia críticamente los cambios percibidos en la configuración del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social desde la irrupción del neoliberalismo.

Juan López Gandía,

Catedrático de la Universidad de Valencia. Experto en materia de Pensiones, y firme defensor del Sistema público de pensiones en el Estado Social de Derecho. Ha publicado numerosos artículos especializados y es autor, entre otros, del libro “Las claves de la reforma de la Seguridad Social”, un análisis practico de la ley 27/2011.

Juan Francisco Martín Seco

Ha sido profesor de Introducción a la Economía, de Teoría de la Población y de Hacienda Pública. Pertenece a los Cuerpos de Interventores y Auditores del Estado y al de Inspección de Entidades de Crédito y Ahorro del Banco de España. Ha desempeñado, entre otros, los cargos de Interventor General de la Administración del Estado y de Secretario General de Hacienda.

José Luis Monereo

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Granada, durante 34 años. Experto  en materia de Seguridad Social y del Sistema de Pensiones. Autor, entre otros,  de los  libros y ensayos «Público y Privado en el Sistema de Pensiones», «Los planes de pensiones del sistema de empleo», «La edad de jubilación», «La política de pensiones en el Estado Social en Transformación», «Los planes de pensiones en el sector público», «Derechos sociales de la ciudadanía y ordenamiento laboral», «Planes y fondos de pensiones: propuestas de reforma» (Fundación Alternativas), «Ciudadanía y derechos de las personas mayores».

Pedro Montes

Miembro por  oposición del Servicio de Estudios del Banco de España, en el que trabajo durante 38 años, algunos de los cuales fue responsable del Sector Público. Autor, junto a Jesús Albarracín, de la investigación  “Las pensiones y la Sociedad del futuro”, publicada por la Universidad Carlos lll de Madrid. Autor, entre otros,  del libro “Golpe de Estado al Bienestar”.

Rafael Muñoz de Bustillo Llorente

Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca, donde ha sido profesor desde hace más de 30 años. Durante el curso 2012-13 ha sido Visiting Scholar de la School of Public Policy and Urban Affairs de la Universidad de Northeastern, Boston. Ha publicado numerosos libros y artículos sobre el Estado de Bienestar y distintos trabajos sobre el sistema de pensiones para el Ministerio de Trabajo y el Fondo de Investigación de la Protección Social de la SS. Participa de forma habitual en grupos internacionales de investigación con financiación de la Unión Europea y la Organización Internacional del Trabajo.

Vicenç Navarro

Catedrático de Políticas Públicas  de la Universidad Pompeu Fabra, y también de la The Johns Hopkins University en EEUU. Dirige el programa de Políticas Públicas y Sociales, de patrocinio conjunto por la UPF-Hopkins. Es uno de los autores más citados en la bibliografía científica internacional en Ciencias Sociales, que incluye Ciencias Políticas y Economía entre otros.

Carlos Ochando Claramunt

Profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia y experto en temas relacionados con el Estado del bienestar y las políticas sociales.

Albert Recio

Miembros del Consejo Editorial de la Revista de Economia Critica. Especialista en Economia laboral y represento en España el International Working Party on Labour Market Segmentation, soy miembro del Institut d’Estudis del Treball

Jordi Roca Jusmet

Catedrático  del Departamento de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona. Autor del libro Pactos sociales y política de rentas y coautor de Economía ecológica y política ambiental. Ha publicado numerosos artículos en revistas académicas internacionales. Ha sido profesor entre otras muchas materias de «economía laboral».

Julio  Rodríguez López

Estadístico superior del estado en el INE durante 2 años, por oposición (1969-71), después fue titulado del Servicio de Estudios del Banco de España a partir de 1971, también por oposición. Entre 1982 y 1985 fue consejero de Economía e  Industria de la Junta  de Andalucía; entre 1985 y 1994 fue presidente del Banco Hipotecario de España y entre 1994 y 2001 fue presidente de la Caja de Ahorros de Granada. Entre 2006 y 2008 fue gerente de la Universidad de Alcalá. Ha publicado numerosos artículos sobre mercado y política de vivienda. Fue miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE de Madrid (antigua FSM), negociando el Estatuto de Autonomía de Madrid con UCD y con AP.

Amat Sánchez

Profesor Titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de València. Especialista en Economía Laboral. Director de la Unidad de Investigación Economía y Política Laboral. Investigador asociado del Insitut d’Estudis del Treball.

Juan Torres López

Juan Torres López, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, catedrático del departamento de Teoría Económica y Economía Política de la Universidad de Sevilla. Ha sido decano de la Facultad de Derecho y Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Málaga. Ha desempeñado el cargo de Secretario General de Universidades e Investigación de la Junta de Andalucía.

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¿ESPAÑA EN GUERRA?

Eduardo Luque, Socialismo21.

«Según la prensa libanesa dos misiles balísticos contra Siria fueron lanzados el 3 de Septiembre desde la base Naval de Rota en España».

No ha sido gracias a esos ejemplos de prensa libre que tenemos en este país. No ha sido gracias a El país, La Vanguardia, ABC o el Mundo; su capacidad para hacer auténtico periodismo, no pasa en el mejor de los casos, de ir más allá de buscar en el BOE cual era la subvención a la que pueden acogerse y cual es la noticia a transmitir que convenga al partido gobernante o la oposición.

Ha sido el diario libanés As Safir quién citando fuentes diplomáticas rusas nos ha informado. Los teletipos de todo el mundo se han hecho eco, el día 3 de septiembre, en un confuso comunicado, se afirmó  que habían sido lanzados dos misiles balísticos contra Siria, los radares de alerta temprana del ejército ruso los habían detectado. Israel se atribuyó la autoría del lanzamiento argumentando que habían sido meramente unas maniobras conjuntas con la armada de los EEUU.

La información que ahora poseemos, procedente del citado diario libanés y otras fuentes, en especial los informes diplomáticos rusos indican, bien al contrario, que fue mucho más, muchísimo más.

La primera información es sencillamente gravísima. Los misiles balísticos habían sido lanzados desde la base Naval de Rota en España, dentro de aguas territoriales. Desde ese momento, fuimos objetivos de primer orden en la respuesta militar de Rusia. España, al permitir el lanzamiento, había entrado en guerra contra Siria y Rusia (si este país apoyaba a aquel) y el Parlamento español mirando al techo y viendo las goteras.

Las fuentes rusas afirman que los dos misiles fueron detectados y neutralizados por las fuerzas antimisiles de ese país. Los servicios de inteligencia rusos se comunicaron con los norteamericanos con el argumento siguiente: “atacar Damasco es atacar Moscú”, la determinación rusa de utilizar todos los medios para defender Damasco, provocó la confusión en el gobierno norteamericano y propició la búsqueda de soluciones diplomáticas. EEUU reaccionó y consiguió que Israel asumiera el lanzamiento de los misiles.

Reconocer los lanzamientos, el origen y la trayectoria de impacto implicaba iniciar una escalada militar de muy difícil control. Podría haber sido interpretado como una acción agresiva contra Moscú que implicaría una respuesta inmediata.

La Casa Blanca no tuvo más remedio que admitir el protagonismo del presidente Putin y su ministro de Asuntos Exteriores en la crisis Siria. El reforzamiento de la presencia de la Marina rusa  en el Mediterráneo Oriental y la propuesta de acuerdo que ahora se persigue, fueron también las condiciones impuestas por Rusia.  Se abre una ventana política para la negociación.

De haberse generalizado el conflicto, hoy ciudadanos de Rota, Barcelona, Madrid u otras ciudades  habrían pagado las terribles consecuencias.

Queda en el aire la misma pregunta, ¿Cuándo dará explicaciones Rajoy? ¿Donde está nuestra soberanía? ¿Que control tiene el Parlamento y el gobierno sobre las naves de guerra de otros países? ¿Dónde está nuestra democracia?

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» …La posible renuncia de Siria a su arsenal químico no es tan relevante.  La negociación está desnudando la impotencia de unos Estados Unidos que en la crisis siria exhiben una incoherencia y debilidad que anuncia el fin de la hegemonía de la que ha gozado EEUU desde el fin de la guerra fría».

Pablo Sapag Muñoz de la Peña

Profesor-investigador de la Universidad Complutense de Madrid y del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile

Desde hace medio siglo, con la crisis de los misiles en Cuba, que el mundo no vivía a una situación tan peligrosa. El por ahora frustrado intento de Estados Unidos por atacar Siria ha puesto al mundo en una situación límite porque a estas alturas es evidente que, más que a causas internas, la crisis siria responde a disputas de poder en los ámbitos regional y global.

En el primer caso, las potencias suníes —Turquía, Arabia Saudí y Qatar— frente al Irán chií. En la arena global, Estados Unidos y sus aliados están igualmente comprometidos en horadar las capacidades de Irán y al tiempo garantizar la supervivencia de Israel.

Una y otra cosa son vitales para que EEUU mantenga su hegemonía. Por eso choca con Rusia, China y potencias emergentes como India o Brasil. En una y otra esfera, y dado su valor estratégico, los muertos los pone Siria.

El empeño de la administración Obama por derribar al gobierno de Bachar al Assad ha sido explícito desde que a principios de 2011 y al calor de la mal llamada “primavera árabe”, apostó por la rápida caída del gobierno sirio. Por ahora no ha tenido éxito.

La financiación de la dividida oposición exterior siria, dominada por la islamista Hermandad Musulmana, no ha dado los frutos esperados. Tampoco ha funcionado el traspaso de armamento que directa o indirectamente ha hecho llegar a quienes combaten al Estado sirio.

En ese empeño EEUU ha utilizado a sus peones regionales, las dictaduras islamistas de Qatar y Arabia Saudí, y al islamista gobierno turco. Como nada de eso ha resultado y embarcado ya en una competencia abierta con una Rusia históricamente más coherente en su política siria —desde el siglo XVIII mantiene vínculos con el país—, la administración Obama ha dado el peligroso paso de las últimas semanas.

Se ha entregado con armas y bagaje a los grupos terroristas que operan en Siria. Deseosos de forzar una intervención armada occidental que les permitiera ganar un conflicto que militar y políticamente tienen perdido, los grupos que actúan al este de Damasco han colaborado con EEUU en el muy sospechoso episodio del supuesto ataque con armas químicas.

No parece creíble el uso de esas armas por parte del gobierno sirio cuando se imponía militarmente en casi todos los frentes y tres días después de recibir a observadores de la ONU que precisamente debían investigar el uso de esas armas por parte de los varios actores del conflicto.

Ese tipo de armamento, además, no se suele usar en escenarios como el sirio, en el que los combatientes de uno y otro bando están separados por apenas metros: las armas químicas afectarían por igual a las fuerzas del Estado y a quienes lo combaten.

A pesar de la evidencia, Washington pensó que sería secundado por sus aliados occidentales pero el pronto rechazo del Parlamento británico a un ataque contra Siria desnudó la confusión y debilidad del actual liderazgo estadounidense. Que no le siga un Reino Unido que tiene en la llamada “relación especial” con EEUU la piedra angular de su política exterior es muy revelador.

Sin embargo, el fracaso de EEUU también se debe a que los aliados de Siria, empezando por Rusia y siguiendo por China e Irán, han actuado de principio a fin con coherencia y responsabilidad. Mejor informados, supieron desde el principio que la única alternativa actual a Bachar al Assad era el integrismo islámico radical y violento. Por eso no se han movido de su posición.

A ello hay que añadir la fortaleza del aconfesional Estado sirio, que ha sorprendido por su capacidad de resistencia. Sometido a una presión brutal por parte de sus muchos enemigos regionales y globales, ha logrado mantener el pulso político y militar. Ambos factores están relacionados y conviene tenerlos en cuenta. Sin respaldo político de la mayoría de la población ningún ejército puede sostener tanto tiempo un desafío como el que enfrenta Siria y su liderazgo.

En Siria la mayoría de la población ha tenido claro desde el principio y pese a los muchos desafueros y errores que se puedan atribuir al gobierno, que la alternativa era una dictadura islamista contraria a la esencia de la sociedad siria, que es milenariamente multiconfesional.

Ese es el verdadero armamento con que cuenta Siria, un sofisticado mosaico construido a la par por cristianos y musulmanes de muy distintas denominaciones.

Por eso la posible renuncia de Siria a su arsenal químico no es tan relevante. Por eso también está desnudando la impotencia de unos Estados Unidos que en la crisis siria exhiben una incoherencia y debilidad que anuncia el fin de la hegemonía de la que ha gozado EEUU desde el fin de la guerra fría.

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