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Manuel Monereo, politólogo

«Se trata de definir un proyecto de país, de hacer política a lo grande, que organice un nuevo modelo de desarrollo al servicio de las necesidades básicas de las personas, que profundice y amplíe los derechos sociales y sindicales y, lo fundamental, que construya una democracia económica y ecológica. La pieza maestra: el poder de la ciudadanía. Lo que esto significa está claro: proceso constituyente y desarrollo de la soberanía popular para construir una nueva clase dirigente nacional-popular. A esto es lo que llamamos Revolución Democrática».

Uno de los conceptos más importantes de “la caja de herramientas” analíticas de Antonio Gramsci es el de “transformismo”. Esquematizando mucho, se podría decir que para el dirigente comunista italiano es el dispositivo por medio del cual las clases dominantes, sobre todo en tiempos de crisis política, cooptan a las élites (los intelectuales) de las capas subalternas, ampliando su base social y perpetuando su poder.

Para entender lo que se quiere decir, puede resultar útil poner el ejemplo de la crisis de la I República italiana. Como es sabido, la “tangentópolis” puso de manifiesto que la corrupción se había convertido en sistémica, comprometiendo a una parte sustancial de la clase política y atravesando todas las estructuras del Estado. La investigación de los jueces terminó por dinamitar el sistema de partidos, abriendo una gravísima crisis política y la transición a un nuevo régimen. El resultado de esa operación fue, al final, la llegada al poder de Silvio Berlusconi y la liquidación, nada más y nada menos, de la izquierda política, social y cultural italiana.

Lo sustantivo, las lecciones que se deberían sacar de dicha experiencia (Italia siempre ha sido un laboratorio para la izquierda europea) es que las crisis políticas están ahí y no se pueden eludir y que  las clases populares no son los únicas protagonistas del conflicto: los poderes dominantes siempre tienen la capacidad para usar las crisis en su propio beneficio, ampliando su control e influencia sobre la sociedad. El “transformismo” es, a mi juicio, el concepto que expresa mejor la sustancia de esa operación “a la italiana”.

En España vivimos hoy una grave crisis política (una crisis “orgánica “del capitalismo español) que puede culminar en un cambio de régimen, de hecho, a mi juicio, esto ya ha comenzado. Las similitudes con Italia son muchas. El centro, una corrupción sistémica, engarzada a un determinado modelo o patrón de crecimiento y conectada molecularmente con los poderes económicos. Como en el país transalpino, aquí el centro de atención mediático se dirige a los partidos políticos y a las múltiples formas de parasitismo, enriquecimiento personal y comportamiento mafioso ligado al ejercicio de la cosa pública. Los políticos, en masculino, son culpables y punto.

En Italia, y como hoy en España, hay un actor decisivo que desaparece: los poderes económicos. Este es el verdadero problema y el centro de la disputa hegemónica en el país. La cuestión de fondo en una democracia capitalista es complejo: ¿cómo mandan los que no se presentan a las elecciones?, es decir, ¿cómo controlan e influyen en las decisiones de la clase política los que tienen el poder económico?: la corrupción, directa o indirecta, ha sido y es el mejor instrumento, sabiendo, nunca se debe de olvidar, que ellos tienen un poder estructural en nuestras sociedades.

Para decirlo con mayor precisión: el problema, aquí y ahora, es la “captura”  del poder político por los grupos de poder económicos, mediáticos y financieros. La creciente homogeneidad, en los hechos y en la teoría, entre el PSOE y PP, la separación cada vez más profunda entre las demandas de las mayorías sociales y las políticas de los gobiernos, la sumisión absoluta ante las decisiones de la troika (auténticos chantajes a las poblaciones) son algunos de los datos más relevantes  del control que los poderosos ejercen sobre una clase política cobarde y dependiente que gobierna contra las personas.

Cuando se habla de la derrota de la política nos estamos refiriendo a esto: la soberanía popular tiene cada vez menos poder frente a los grupos económicos y la tupida red de tecnócratas que los representan.

La transición ya ha comenzado y se está haciendo a espaldas de la ciudadanía. Por ahora, la clase política bipartidista mal que bien controla la situación, pero las maniobras son muchas y aparecen por todos lados. Se puede decir que los poderes fácticos empiezan ya a definir opciones posibles, manteniendo la actual situación y apostando por futuros alternativos, inclusive intentando, y algo más, cooptar a dirigentes y cuadros de los movimientos alternativos, dando voz y medios a posiciones aparentemente rupturistas pero que acaban por consolidar un modelo de Estado y unas relaciones de poder funcionales a los grupos económico-financieros dominantes.

Ante una situación así definida caben, al menos, dos opciones: defender lo existente o disputarle la hegemonía a los poderes dominantes. Insisto, la transición ya ha comenzado y lo decisivo es que las clases subalternas, los “comunes y corrientes” participen y le disputen el gobierno de la misma a los poderes fácticos.

Se trata de definir un proyecto de país, de hacer política a lo grande, que organice un nuevo modelo de desarrollo al servicio de las necesidades básicas de las personas, que profundice y amplíe los derechos sociales y sindicales y, lo fundamental, que construya una democracia económica y ecológica. La pieza maestra: el poder de la ciudadanía. Lo que esto significa está claro: proceso constituyente y desarrollo de la soberanía popular para construir una nueva clase dirigente nacional-popular. A esto es lo que llamamos Revolución Democrática.

Pedro Montes. Economista. Socialismo 21.

«Ha sido la propia Comisión europea la que ha propinado ese golpe duro  a Rajoy, cuando apenas dos días después de su “triunfante” debate sobre el estado de la nación ha desmantelado las previsiones gubernamentales: en 2013 la recesión será más profunda, el paro seguirá aumentado, será mayor el déficit público y, en general,  más sombrías perspectivas después de más de cinco años ya de crisis».  

Apenas unas horas después de acabar el debate del estado de la nación, del que es justo reconocer que Rajoy escapó vivo, la sombra de Bárcenas ha reaparecido de nuevo,  posiblemente amenazando de muerte política al  Presidente del gobierno y la reata de socios implicados en lo que simplificadamente hemos de entender como la financiación ilegal del PP y los dichosos sobres. Como símbolo del verdadero estado de la nación el caso Bárcenas no tiene parangón.

En ese debate era lógico escuchar con atención el discurso del Coordinador general de IU, Cayo Lara. Sumergido y desacreditado el PSOE, era a Cayo Lara a quien correspondía hacer la verdadera intervención de la oposición de la izquierda. Y cumplió sobradamente con las expectativas, un discurso  coherente -la España oficial y la España real -, de denuncia firme ante la desolación económica y drama social que vive el país, y búsqueda política acertada del cuerpo de Rajoy,  en unos momentos en los que está malherido y anda sin legitimidad alguna. Había que empitonarlo  y dejarlo listo para que la ciudadanía en las calles acabase con él,  y con un gobierno traicionero, cruel, escondido en una mayoría parlamentaria sin legitimidad, sobre todo si se demuestran los fraudes que han podido cometer con la financiación ilegal del partido.

Lara se esmeró en demostrar que cabe otra política para salir de la crisis que no suponga más ajustes y recortes, proseguir con la austeridad y causar tanto daño y sacrificios. Cree encontrar en la reforma fiscal y la persecución coherente del fraude fiscal, muy importante sin duda pero no fácilmente compatible, la fuente de ingresos necesarios para neutralizar la compulsión por reducir el déficit público por la vía de disminuir los gastos públicos, que, por supuesto, también, permiten una redistribución que impida cargar en las partidas de los servicios y prestaciones sociales imprescindibles los recortes que se llevan a cabo. Parecería pues que IU  representa una alternativa  por la izquierda  firme, digna, coherente y sensata. El discurso en la tribuna del parlamento del Coordinador había   sido aprovechado y,  desdibujado el PSOE con el fácil “tú más”, cabe hablar hasta de éxito.

No obstante, hay un punto  débil en la posición de IU que Rajoy aprovecha una y otra vez para mostrarle que la supuesta coherencia falla en el fondo. En tromba saltó Rajoy a la tribuna y le vino a decir esto al dirigente de izquierda unida: usted quiere una política económica más activa y una política social más redistributiva y potente, pero este país está en quiebra y no dispone de los fondos necesarios más que si Europa nos los proporciona, y para ello nos exige  recortes y austeridad. Quien postule otra política no puede reclamarla con autoridad si al mismo tiempo no plantea romper con la zona euro o la Unión Europea.

Sin duda, la reacción de Rajoy es un golpe contundente a la política de IU,  que tendrá que aclarar internamente y dilucidar algo tan sencillo de formular y tan complejo de manejar políticamente: euro si o euro no. Para ello tiene previsto celebrar una conferencia sobre el tema de Europa a lo largo del semestre, imprescindible, pues el destino del país depende de la solución que se dé a la crisis del euro, y arriesgada, por el peligro de que no se adopte la alternativa correcta y se deje nuestro futuro al albur de los mercados y las imposiciones de la llamada “troika”.

La contundencia de los hechos también ha atrapado a Rajoy. Pintó una realidad económica muy sombría para no dejarse aprisionar por los datos negativos que habrá de soportar a lo largo de este año por lo menos, y al mismo tiempo abrió unas rendijas a la esperanza,  ilusas y sin justificación, con la intención de hacernos creer que su política por dura y cruda que sea acabará por promover la recuperación económica y la creación de empleo, según una coletilla que repiten sin pudor y monótonamente todos los portavoces del PP.

Aprovechó Rajoy  la aparente corrección del déficit exterior,  sin mencionar las condiciones dramáticas en que esto se ha logrado, con los 6 millones de parados como botón de muestra. Y pasó por alto que la desaparición del déficit no reduce ni un ápice la enorme deuda exterior acumulada desde la creación del euro. La economía española soporta unos pasivos exteriores,  públicos y privados, que se eleva a 2,3 billones de euros, que son la causa fundamental de la paralización del país y los problemas que atenazan el futuro.

Del mismo modo,  quiso sacar provecho a supuesta mejora del déficit público (ya veremos si  esa mejora es real o inventada),  pero dejo también sin aclarar que un déficit público  en torno al 7% del PIB  representa un desequilibrio muy agudo y sobre todo, de nuevo, que la reducción del déficit no implica mejora alguna en la deuda acumulada por el sector público. Los graves problemas de la deuda exterior y pública siguen pesando sobre la economía de un modo abrumador y por ello no cabe pronosticar mejoras ni salidas próximas de la crisis.

Ha sido la propia Comisión europea la que ha propinado ese golpe duro  a Rajoy, cuando apenas dos días después de su “triunfante” debate sobre el estado de la nación ha desmantelado las previsiones gubernamentales: en 2013 la recesión será más profunda, el paro seguirá aumentado, será mayor el déficit público y, en general,  más sombrías perspectivas después de más de cinco años ya de crisis.

Miguel Manzanera, profesor de filosofía

Necesitamos avanzar hacia un orden social que fuera capaz de sacarnos del marasmo en el que nos encontramos empantanados.  Las enormes movilizaciones de los ciudadanos en los últimos años han puesto en cuestión el propio sistema político, pero todavía no está claro que se hayan creado las fuerzas necesarias para la transformación social que requiere la actual coyuntura histórica.  La situación no es insurreccional, ni siquiera pre-revolucionaria.

Muchas cosas están cambiando en este país como consecuencia de la crisis económica.  Por ejemplo, la percepción que tienen los españoles de la realidad en la que viven.  Según el barómetro del C.I.S. (Centro de Investigaciones Sociológicas), en diciembre de 2012 más del 90% de los encuestados pensaban que la situación económica de nuestro país es mala o muy mala.  Es obvio que esa opinión subjetiva se corresponde con los datos objetivos de la economía.

Tomemos algunos datos: 1. el paro registrado por el I.N.E. (Instituto Nacional de Estadística) se situaba en 2011 más del doble por encima del paro del año 2007, y ha seguido aumentando hasta alcanzar valores cercanos a los 6 millones según algunas estimaciones.  2. Como consecuencia, el Estado español, que oficialmente había recibido cerca de 5 millones de inmigrantes en la última década –posiblemente la cifra alcance cerca de 7 millones contando con los ilegales-, ha vuelto a tener un saldo migratorio negativo en el último año.  Por poner ejemplo significativo, algunos jóvenes españoles con preparación universitaria están estudiando inglés para ir a trabajar como camareros en Londres y otras capitales europeas.  3. Otro dato preocupante: el diario Expansión alertaba hace unos meses ‘de una fuga de capitales a gran escala en España’. Etc.

Que los políticos de Madrid no han sabido gestionar la crisis es algo evidente también para muchos ciudadanos.   En la misma encuesta del C.I.S., el 76% de los encuestados consideran que la situación política es mala o muy mala.  La mayoría además es pesimista acerca de evolución de los acontecimientos en los próximos años.  Por eso las manifestaciones y protestas de los ciudadanos son masivas en los últimos años, aunque todavía no haya resultados claros traducidos en el necesario cambio político.

Desde la movilización del 15 M, se está creando una cultura democrática renovada que tendrá que cristalizar en nuevas instituciones políticas.  Pues casi el 30% de los ciudadanos estima que la nula capacidad de nuestros políticos se encuentra entre los tres primeros problemas que tiene nuestro país (11,2% el primer problema) –si bien la mayoría, un 77%, considera que el paro es lo más preocupante-.  En consecuencia, los españoles sitúan la lucha contra el paro como el primer objetivo de la sociedad, seguido por la lucha contra la corrupción política como segundo objetivo (46,7%, casi la mitad de la población, entre primero y segundo objetivo).  Lo que significa que los ciudadanos relacionan la crisis de la democracia con la depresión que está llevando a la miseria a tantas familias, y que ese fracaso económico de nuestro país afecta la estabilidad política de la actual forma del Estado.  Hacía mucho tiempo que las instituciones del Estado -la monarquía y su sistema de representación ante la opinión pública-, no estaban tan desacreditadas entre la ciudadanía como hoy lo están.

La corrupción de los políticos y las instituciones salta continuamente en los titulares de los periódicos; es degradante y nos conduce al borde del abismo.  Pero lo más patético de la política actual es comprobar la desorientación del gobierno español.  Su acción a remolque de los hechos, desmiente su capacidad de gestión y sus ideas trasnochadas; los políticos que dirigen el Estado se muestran carentes de cualquier iniciativa para afrontar los problemas de manera constructiva.  Sus dogmas neoliberales carecen de sentido, y han demostrado su incapacidad para proporcionar una economía productiva desarrollada tanto aquí como en los países vecinos: Grecia, Portugal, Italia.  Pero en realidad eso ya se venía venir.  En Europa se está repitiendo un escenario conocido: el hundimiento de la economía latinoamericana en los años 90, por la aplicación de las mismas políticas neoliberales que ahora nos toca padecer.  Frente a las negras perspectivas de futuro, al presidente del gobierno y sus ministros solo se les ocurre ofrecer mentiras descaradas y jaculatorias bienintencionadas: los papeles de Bárcenas son falsos, tenemos derecho a equivocarnos, lo peor de la crisis ya ha pasado, etc.

Necesitamos avanzar hacia un orden social que fuera capaz de sacarnos del marasmo en el que nos encontramos empantanados.  Las enormes movilizaciones de los ciudadanos en los últimos años han puesto en cuestión el propio sistema político, pero todavía no está claro que se hayan creado las fuerzas necesarias para la transformación social que requiere la actual coyuntura histórica.  La situación no es insurreccional, ni siquiera pre-revolucionaria.  Pues más que un proyecto renovador de la sociedad, la protesta se nos muestra como un movimiento reactivo ante el desmoronamiento de las expectativas sociales en España y en Europa.  El hundimiento de la economía capitalista por las políticas neoliberales ha revelado la verdadera naturaleza del sistema: el sistema político de la monarquía parlamentaria no es capaz de representar los intereses a largo plazo y los deseos de justicia de la mayoría social.  Las instituciones democráticas existentes están desacreditadas –el sistema electoral bipartidista, la monarquía, la judicatura-, o vaciadas de contenido por su subordinación a los poderes fácticos de la burguesía –los sindicatos mayoritarios-.

Pero todavía no se ha visualizado la necesidad de un nuevo orden social, seguramente porque aún no se han constituido las fuerzas que lo harían posible.  Las que pueden servir de recambio, andan en estado embrionario y deben desarrollarse a partir de las actuales luchas políticas –la auto-organización de la sociedad civil-.  O bien se encuentran en un estado de precariedad manifiesta: se caracterizan por sufrir altibajos coyunturales y por pertenecer a ámbitos políticos periféricos al poder del Estado –IU, ICV, ERC, CUP, Anova, Bildu, Compromís, a lo que añadiríamos los sindicatos más radicales y el asociacionismo organizado de los movimientos sociales-.

Esa sopa de letras, representativa de la pluralidad de la izquierda, es también indicativa de las enormes divergencias que anidan en ella y las dificultades para crear un bloque social que ofrezca una alternativa a la podredumbre del sistema.  En el proceso de auto-organización de la sociedad civil pasa lo mismo: hemos visto nacer un buen puñado de organizaciones al calor de la protesta social: Democracia Real Ya, Indignados del 15 M, Constituyentes, Socialismo 21, Frente Cívico, Asamblea de Andalucía, etc.

Si bien es fácil constatar que esos movimientos y su actividad política refuerzan las posiciones de izquierda, no debe ser menos evidente que esos progresos no se harán efectivos a menos que exista un plan general para el combate por el futuro: se hace necesario un acuerdo general entre todos los protagonistas del cambio para avanzar hacia un proceso de transformación social efectivo.  Para ello es imprescindible una clarificación de las distintas fuerzas que constituyen el motor del cambio en el Estado español, de modo que los diferentes actores puedan actuar de forma complementaria, en un frente común para avanzar hacia una democratización más radical de la sociedad española.

La propia intelectualidad crítica del Estado español se muestra desorientada y dividida ante cuestiones tan básicas como el papel que deben jugar las instituciones políticas existentes en el diseño de la transformación social.  El primer problema que nos sale al paso es la definición frente a las desacreditadas organizaciones que han servido para integrar a los trabajadores en el orden social Juancarlista desde hace 35 años.  ¿Son recuperables los sindicatos mayoritarios para un orden político más democrático? ¿En qué condiciones sería posible esa recuperación?  ¿Es el PSOE un cadáver político o puede todavía servir para defender los intereses de los trabajadores y las clases populares?  Ese debate está generando un fuerte conflicto dentro de IU en regiones como Extremadura y Andalucía, ante la decisión de tener que apoyar o no, gobiernos del PSOE con minoría mayoritaria en las cámaras regionales.  Creo que también existe larvado en otras comunidades que no han tenido que tomar la decisión.  No parece posible, pero tampoco sería de extrañar, que ante la pudrición política de la derecha, de nuevo algunas gentes de izquierdas sintieran la tentación de arrojarse en los brazos del PSOE.  No sería la primera vez que pasase; más bien ésa ha sido la tónica en el funcionamiento de la democracia juancarlista.  Pero la crisis es tan profunda que ni esa alternativa parece quedarle al sistema.

Si tengo razón en esto, debemos entonces preguntarnos por la posibilidad de plantear la República como alternativa política, por qué medios sería posible instaurarla y qué clase de República queremos.  En eso también andan las opiniones divididas.  En primer lugar, porque es claro que hay fuertes movimientos fascistas en nuestro país y en Europa, lo que exige actuar con extraordinaria prudencia, sabiendo lo que puede llegar a pasar.  Incluso planteando la alternativa al orden político actual, se haría necesario defender la trinchera parlamentaria.  ¿Podría nacer de nuevo una III República a partir de una transformación del actual orden constitucional, tras unas elecciones decisivas como sucedió en 1931?  Sin duda, merecería la pena intentarlo sin ingenuidad, contando con los movimientos de auto-organización de la sociedad civil en el avance hacia una democracia participativa, y solo como primera fase en la lucha por la transformación del Estado.  Las fuerzas políticas democráticas y los movimientos sociales deben establecer un programa de acción que contemple como primer medida la realización de un referéndum sobre la forma del Estado.

Pero aquí aparece una segunda objeción, y es que los proyectos republicanos presentes en nuestra sociedad son variados y diferenciados.  Existe en el Estado español un republicanismo catalanista, euskaldún, galleguista, andalucista,…, al lado del republicanismo centralista.  Existe también una tradición confederal, el iberismo, además de la centralista y del término medio federalista.  Sin duda, el problema de decidir la forma del Estado puede resolverse mediante procedimientos democráticos formales, fundados en la regla de las mayorías y el derecho de autodeterminación de las nacionalidades.  Para tomar esa decisión es necesario llegar a un compromiso leal entre las fuerzas que representan las diferentes posiciones políticas, y estén dispuestas a avanzar en la profundización de la democracia económica, política y social.

Suponiendo, que se abriera esa vía parlamentaria hacia la regeneración del Estado mediante la República, para lo que sería necesario un acuerdo entre las fuerzas parlamentarias y extraparlamentarias que permitiera iniciar el proceso de cambio, queda todavía el obstáculo más importante para la constitución de ese bloque histórico.  Pues en efecto, la regeneración política exigirá de forma paralela la transformación económica, poniéndonos ante la posibilidad de superar el modo de producción capitalista.  Sin embargo, la legítima aspiración a abolir el capitalismo, se enfrenta al bloqueo histórico que ha sufrido el socialismo en las últimas décadas, de modo que las Repúblicas Democráticas que reconocen la perspectiva socialista como horizonte futuro, han adoptado, provisionalmente o no, formas y valores mercantiles en la organización de la producción económica.  Sirva eso de advertencia ante las tentaciones de correr demasiado en el proceso de la transformación.

Desde Marx y Engels sabemos que el elemento determinante en la construcción de la sociedad futura viene dado por la organización de las relaciones internacionales.  La transformación del modo de producción exige una perspectiva mundial sobre el desarrollo de la humanidad; hoy en día que la economía se ha globalizado, eso es más cierto que nunca.  Elementos importantes para la construcción del socialismo en el siglo XXI vienen dados por la construcción del consenso mundial sobre la protección de los derechos humanos y la asunción de la normativa internacional emanada de la ONU.  Y la cuestión política puede plantearse a partir de ahí, como la búsqueda de mecanismos eficientes para dar satisfacción universal de los derechos humanos, para las generaciones presentes tanto como para las futuras.  En este sentido el fracaso del orden mundial capitalista es palmario y por eso es de justicia aspirar a un orden internacional socialista.  Basta observar la incapacidad del sistema mundial para satisfacer los objetivos del milenio propuestos por la ONU, o la insostenibilidad ambiental del derroche capitalista que pone en riesgo la vida de las generaciones futuras.

Por tanto, plantear la construcción del socialismo equivale a presentar un cuadro de las relaciones internacionales, sobre el que se debe intervenir políticamente.  Y aquí las discrepancias entre las fuerzas políticas del movimiento social se muestran más agudas si cabe; las discusiones y divergencias acerca de la posición a tomar en la arena internacional parecen irresolubles.  Empezando por la actitud hacia la Unión Europea -¿debemos no salirnos del euro?-; siguiendo por las posiciones ante la guerra en Oriente Medio promovida por la OTAN –Irak, Afganistán, Siria, Irán, Pakistán, Turquía, etc.-, y ahora también en África –Libia, Chad, Sáhara, etc.-; añadiendo las discrepancias sobre los rumbos que debe tomar el socialismo en el siglo XXI, a partir de los resultados en América Latina; y además la evaluación que merece la hegemonía china, anunciada para las próximas décadas, por ejemplo en sus relaciones con el continente africano, importante suministrador de materias primas; etc.  Son algunos ejemplos de falta de unanimidad entre las vanguardias sociales y los intelectuales críticos, que indican la existencia de proyectos alternativos en los agentes políticos, y tal vez también importantes oscuridades en la comprensión de los fenómenos históricos.

Ese obstáculo solo se podría salvar con acuerdo de mínimos; y para mí el mínimo es un principio recogido en la Constitución de la II República: renunciar al uso de la fuerza militar y la violencia bélica en las relaciones internacionales.  Esto es renunciar al imperialismo; lo que significaría salirnos de la OTAN.  Creo que ese principio echaría atrás a la mayoría de los españoles.  Por varios motivos.  El primero es lo que la renuncia al imperialismo significaría en términos de riqueza material.  Con suerte, eso significaría vivir como los cubanos: el PIB se situaría por debajo de la actual media mundial, y en esas condiciones habría que sostener, si fuera posible, el Índice de Desarrollo Humano ya alcanzado.

La burguesía española no aceptará ese cambio que le despojaría de su poder, y combatirá por evitarla.  Esa oposición no sería muy importante, y el combate político se podría ganar para la República, si el pueblo tuviera claros los objetivos políticos republicanos.  Pero en segundo lugar, pesan importantes motivos culturales: ¿podrá el español medio aceptar ese sacrificio de la tradicional prepotencia imperialista que ha caracterizado el Estado español, desde su fundación por los Reyes Católicos como aspirante al dominio de la Tierra en el nombre del Dios católico?  Desde la amarga experiencia del siglo XX, como colofón de una terrorífica historia de cinco siglos imperiales, no es fácil responder con un sí a esta pregunta.  Esa me parece la causa más profunda de la desorientación de la izquierda española.

Por tanto, la cuestión es que fuera de la República no hay otro camino para avanzar hacia el socialismo para nuestros países ibéricos, y ese camino parece bloqueado hasta hoy.  Es evidente que todavía estamos lejos de que se den las condiciones mínimas que nos hagan emprender esa marcha revolucionaria a los pueblos de nuestra maltratada piel de toro.

Carlos Martinez,Politólogo y activista social. Miembro de Construyendo la Izquierda

«La pregunta que queda en el aire es ¿cómo pasamos del tiempo del evento al tiempo del proceso? ¿Cómo hacemos para que la Marea arrastre y genere sedimento, para que no sea sólo espuma, para que tras su paso no queden  «cuatro lapas» como decía un cargo del PP? ¿Cómo tumbamos al gobierno y al sistema actual de partidos y avanzamos en el proceso democrático que ya está, irremediablemente, encima de la mesa? En definitiva, ¿cómo rompe la Marea?»

Madrilonia.org

«El mito de la huelga general era capaz de evocar de forma instintiva todos los sentimientos (…) La huelga general agrupaba todos esos sentimientos en una imagen coordinada, y poniéndolos todos juntos, le daba a cada uno la mayor intensidad»

Hugo Martínez Abarca, escritor y bloguero

Si quienes defendemos valores emancipatorios (la gente que somos de izquierdas) queremos construir un país distinto tendremos que generar una mayoría social que hasta ahora no se ha tejido. Ello será imposible sin ir de la mano de gente que, por los motivos que sean (familiares, religiosos o incluso estéticos) se ha ubicado en la derecha. Basta afinar el oído para encontrar a conocidos que han venido ubicándose en esa derecha pero que acuden a las protestas populares por la democracia y los derechos sociales. O ver cómo colectivos tradicionalmente conservadores (los médicos, por ejemplo) se han arrancado a reivindicar lo público con constancia y esfuerzo.

El último barómetro del CIS incorporaba una tanda de preguntas muy interesante sobre qué valores consideraba la ciudadanía que se asociaban con “ser de izquierdas” y cuáles con “ser de derechas” (pregunta 10, en la página 7). Sólo en el valor “eficacia” había cierta igualdad, aunque se asociara un poco más con ser de derechas (21% lo relacionaba con la derecha y 18% con la izquierda). En el resto de valores arrojaban diferencias como mínimo del 13%, por lo que claramente se asocian a uno de los dos polos ideológicos. Así, la gente relaciona con ser de izquierdas la igualdad, la honradez, los derechos humanos, la libertad individual (gran derrota de las soflamas de la derecha neoliberal), el progreso, la solidaridad, el idealismo y la tolerancia. Con ser de derechas sólo se asocia, según esta encuesta del CIS, el orden y la tradición.

Intuitivamente podemos adivinar que una amplísima mayoría de la sociedad defiende esos valores que asocia con la izquierda: entre orden y tradición o igualdad, honradez, derechos humanos, libertad… parece claro qué valores defendería, al menos retóricamente, una abrumadora mayoría social. Pero eso se traslada muy amortiguadamente a la escala ideológica: la media de autoubicación es un centrista 4.7/10.

Las palabras son instrumentos para entendernos. Si con “izquierda” y “derecha” entendiéramos siempre lo que aparece en esa pregunta número 10 del sondeo todo sería muy fácil (y bastante razonable). Sin embargo está claro que muchísima gente entiende que cuando decimos “la derecha” estamos hablando del PP y si decimos “la izquierda” estamos hablando del PSOE o, en el mejor de los casos, el PSOE y otros, independientemente de qué valores y propuestas defienda cada uno en la realidad concreta. Aunque vemos que la ciudadanía tiene claro qué es ser de izquierdas y quéser de derechas, después la izquierda y la derecha juegan en España un papel parecido al del Madrid y Barça. Ello se traduce en que decisiones políticas como el voto obedecen más que a la conquista de los valores y propuestas que uno defiende (lo cual daría una gran ventaja a la izquierda) a una suerte de pertenencia identitaria que no obedece necesariamente a los intereses de clase social ni a los valores que uno defienda.

Tendríamos mucho ganado si pudiéramos defender lo mismo (la igualdad, la libertad, los derechos humanos… todo eso que se resume en la emancipación colectiva e individual) con un lenguaje nuevo, es decir, un discurso de izquierdas que evitase apelar a la izquierda como esa identidad recogida en una de las dos patas del bipartidismo que tanto ha dificultado la consecución de políticas de izquierdas. El empleo de un lenguaje que no apele a esa lógica bipartidista no sería ninguna traición a nuestros objetivos: es difícil escuchar a líderes latinoamericanos inequívocamente de izquierdas hablar de izquierda, no les hace falta; tampoco es fácil encontrar el uso de la palabra izquierda en los textos de nuestros clásicos.

Pero prescindir de la apelación a la izquierda tampoco es fácil por razones históricas y sociológicas de este país. Los orígenes de la dictadura franquista están en el fascismo que negaba la lucha de clases y por ello se ubicaba fuera de la escala izquierda-derecha. Y definirse de derechas en este país, pese a todos los intentos de rearme moral de la derecha empeñados por Esperanza Aguirre y José María Aznar han tenido un sonoro fracaso. Por eso en esa misma encuesta del CIS sólo un 13% se definía en la parte derecha de la escala frente a un 37% que se ubicaba en la izquierda. La derecha tiene tan mal nombre que todos sabemos que cuando alguien se define como “ni de izquierdas ni de derechas” es de derechas o muy de derechas.

Si las palabras nos sirven para entendernos, en el caso de la izquierda y la derecha tenemos una polisemia infernal que dificulta enormemente el entendimiento: la lógica bipartidista hace que la apelación a la izquierda repela a mucha gente que comparte los valores y propuestas que consideramos que forman parte de ser de izquierdas; pero el rechazo expreso a la retórica izquierda-derecha nos granjea una merecidísima sospecha de estar ubicados en la derecha más dura (y tramposa).

Según la tradición las palabras derecha e izquierda nacieron porque los que se sentaban en un lado de la cámara defendían unos intereses asociados con un tipo de valores y propuestas y los que se sentaban en el otro defendían otros antagónicos: es decir, los intereses de unas capas sociales ubicadas en lo alto de la escala social los sentados en la derecha y los de quienes están abajo los sentados en la izquierda. Andando el tiempo hemos perdido el valor político e incorporamos a la lógica colectiva que la derecha es la que se sienta en la derecha del Congreso y la izquierda la que se sienta en la izquierda, aunque desde las sillas de la derecha y de la mayoría de la izquierda geográfica se defiendan, con los matices que sean necesarios, los intereses de la élite económica y social.

Si quienes defendemos valores emancipatorios (la gente que somos de izquierdas) queremos construir un país distinto tendremos que generar una mayoría social que hasta ahora no se ha tejido. Ello será imposible sin ir de la mano de gente que, por los motivos que sean (familiares, religiosos o incluso estéticos) se ha ubicado en la derecha. Basta afinar el oído para encontrar a conocidos que han venido ubicándose en esa derecha pero que acuden a las protestas populares por la democracia y los derechos sociales. O ver cómo colectivos tradicionalmente conservadores (los médicos, por ejemplo) se han arrancado a reivindicar lo público con constancia y esfuerzo.

Lo que toca es pensar si debemos esperar a que estos sectores canten su derrota (“es verdad, la derecha era mala, me hago de izquierdas, porque izquierda es un conjunto de valores y propuestas con los que me identifico, no esos señores que se intentan apropiar de la palabra izquierda”), algo más que improbable, o preparamos una pista de aterrizaje. No podemos pretender que quien era del Barça se pase al Madrid, sino que entienda que esa lógica identitaria (que tan útil ha sido al bipartidismo en la política como en el fútbol) ya no vale.

No se trata de afirmar que no somos ni de derechas ni de izquierdas, afirmación que siempre se lanza para reforzar los intereses y valores de derechas, sino establecer la retórica del conflicto social en términos distintos que permitan a quienes defendemos lo mismo (esos valores que la gente señala como ser de izquierdas) luchar juntos por esos objetivos. Si llevamos décadas viendo que se puede estar en la izquierda sin ser de izquierdas preparemos un espacio simbólico y retórico que permita ser de izquierdas sin necesariamente estar en la izquierda.

Decía Julio Anguita en su presentación en Madrid del Frente Cívico: “En mis intervenciones yo no hablo de izquierda y soy comunista. No entro al trapo de la definición, entro al trapo de lo concreto”: por ahí habrá que indagar para buscar generar mayorías sociales constituyentes. En la calle están surgiendo nuevas retóricas que reconvierten el conflicto geográfico horizontal (izquierda-derecha) en el conflicto social vertical original (99%-1%; los de abajo-los de arriba; pueblo-banca…). No es una tarea fácil, pero es imprescindible si asumimos que no estamos en una lucha de léxico sino de clases y que es urgente cambiar el país para que deje de gobernar la clase dominante y lo hagan las capas populares.

Carlos Martínez, politólogo

«… Esta vez, el proceso constituyente lo hemos de controlar nosotras y nosotros. Esta vez las oligarquías deben ser despojadas de su poder de veto, esta vez hay que regular los derechos y libertades mejor y dotarnos de una jefatura del estado electa. Esta vez no hay un ejército de Franco con cuatrocientos mil efectivos acantonado en las afueras de las ciudades, esperando salir a la mínima oportunidad…»

Febrero el loco está demostrando que la calle es nuestra. Que debemos estar en la calle, forjar la alianza de las calles y abrir amplias avenidas de libertad que diría el socialista chileno asesinado Salvador Allende, por ser socialista claro. Yo añadiría avenidas de libertad, de justicia y de reparto. Amplias avenidas frente a los barrios altos y las urbanizaciones privadas del neoliberalismo, clasista, excluyente, estafador y privatizador.

Desde la lucha contra los desahucios, frente a dictadura del los mercados y contra las políticas de austeridad, la calle, es nuestra.

En la pre-transición, un ministro del interior franquista, Manuel Fraga Iribarne, responsable del asesinato de tres obreros huelguistas de Michelín en Vitoria afirmo “la calle es mía” . Sabía el viejo león tornado de falangista en liberal autoritario, que controlar la calle, era esencial. Debemos saber nostras y nosotros, que es clave para cualquier avance y resistencia social o democrática.

Estos días me he emocionado oyendo como en el Parlamento Portugués el neoliberal primer ministro, era interrumpido por el solemne y bello canto del “Grandola vila morena” el himno de la revolución portuguesa, el himno de su revolución democrática, pero también social y de progreso e igualdad. Cuando los capitanes de Abril al son sus estrofas pusieron las tanquetas y los camiones en marcha, querían acabar con la dictadura pero Maia u Otelo también querían acabar con el hambre, la guerra de África y la emigración. Pero sobre todo los capitanes de Abril querían la dignidad y un pueblo digno, los acompañó en las calles, se lanzó a las calles y plazas y conquistó su libertad. Ahora portuguesas y portugueses defiende su dignidad y sus derechos y por suerte tienen un hermoso y desgarrado grito que les une: “terra de fraternidade o povo e que mais ordena…”

En el estado español, por aquellas fechas muchas y muchos contemplamos con envidia e ilusión a los soldados con claveles en la bocacha de los fusiles de asalto. Al pueblo repartiendo vino a la tropa y acompañándolo a la toma del palacio presidencial o contemplamos con regocijo, como los fusileiros de la marina, detenían a los agentes de la PIDE -policía política hermana de nuestra Brigada Social- y les humillaban en publico dejándolos en calzoncillos para que no huyeran.

Pero en esos mismos años y hasta 1981, 233 personas, si 233 eran asesinadas en el ya Reino de España, por fuerzas de orden de la dictadura o por la extrema derecha falangista por conquistar sus derechos y lograr la democracia. Miles de huelgas y de manifestaciones y 233 muertos lograron los derechos laborales y sociales que ahora se nos roban. Porqué nadie y menos el Borbón, nos regaló nada. La llamada transición, no fue un paseo, ni la democracia una dádiva real.

Salimos a las calles, nos despidieron de los trabajos, tuvimos huelgas sectoriales de cientos de miles de obreros y obreras. Nos detuvieron, nos dispararon, nos mataron. Y en estos meses  se recorta sanidad y educación. Se ha acabado con la libertad sindical y la negociación colectiva ya no tiene valor. Por tanto, no nos queda otra que la vuelta a empezar.

Pero esta vez, el proceso constituyente lo hemos de controlar nosotras y nosotros. Esta vez las oligarquías deben ser despojadas de su poder de veto, esta vez hay que regular los derechos y libertades mejor y dotarnos de una jefatura del estado electa. Esta vez no hay un ejército de Franco con cuatrocientos mil efectivos acantonado en las afueras de las ciudades, esperando salir a la mínima oportunidad.

En esos años que José”Zeca” Alfonso componía su hermoso y solemne canto alentejiano de Grándola, Labordeta el recio aragonés cantaba donde podía su canto a la libertad. Pero como la Transición fue un coitus interruptus y un pacto, no una revolución, el canto a la libertad levantó los espíritus de miles de personas, pero no puso en la calle a millones, ni sacó al Regimiento 20 de Guadalajara a luchar por la democracia, salió sin embargo el 23F a las Calles de Valencia, para eliminarla.

Por eso la lucha por la democracia quedó incompleta.  Hay que acabarla y hacerlo bien. Se lo debemos a 233 personas muertas por nosotras y nosotros. Se lo debemos a nuestros hijos que vivirán peor que nosotros si no le echamos coraje y valor. Se lo debemos también a nuestros mayores a los que quieren recortar sus jubilaciones y encima arrojarlos del sistema de salud para que mueran antes y gasten menos. Esos viejos que el neoliberalismo quiere asesinar, conquistaron lo poco que todavía tenemos.

El paso hacía atrás que la reforma del articulo 135 de la Constitución ha supuesto poniendo los derechos bancarios privados, el déficit público y la deuda por encima de los derechos humanos y la dignidad una agresión cruel, que exige salir las calles y volver a conquistar una Constitución, esa si verdaderamente democrática y no solo por su texto.

Por todo hoy, los jóvenes sin futuro, las mujeres excluidas o ninguneadas, los trabajadores de los astilleros, altos hornos o fabricas que ya no existen, deslocalizadas por la globalización neoliberal o la Europa del capital, pero cuyos obreros que si estamos y somos, debemos salir juntos. Todas y todos juntos y llenar las calles. Esas son las nuevas fabricas. Las calles neoliberales llenas de franquicias y supermercados sanguijuelas y llenarlas, llenarlas el 23, el 28 en Andalucía, el 13 de Marzo en toda Europa. Ojalá el recio Labordeta nos acompañara con su canto a la libertad, ojala tuviéramos nuestro Grándola. Ojala tengamos valor para hacerlo y dignidad para lograrlo. La Troika no nos machacará. La dictadura liberal, no nos sojuzgará. Esta vez, la calle será nuestra.

Pablo Iglesias Turrión, Profesor de Ciencia Política de la Complutense

«Ahí está una de las claves de la posibilidad de apertura de un proceso constituyente; en el simple hecho de que el proyecto histórico de reforma social de la socialdemocracia que jamás puso en cuestión la propiedad privada como base constitucional de nuestros sistemas políticos, sencillamente se ha agotado. No tiene que ver sólo con el peso electoral que se tenga, sino con las transformaciones en las condiciones materiales de la estructura social que es lo que ha permitido que, en este país, los bancos, el máximo símbolo de la propiedad, puedan ser vistos como criminales. Así es como el miedo cambia de bando».

Decía Sieyès en sus escritos políticos sobre la Revolución, que los no propietarios no son más que una muchedumbre sin libertad ni moralidad. Con la única excepción de la Revolución haitiana, todas las tradiciones revolucionarias ilustradas sobre las que se construyeron los edificios constitucionales liberales y social-liberales, se asentaron sobre la propiedad privada como eje jurídico vertebrador de las relaciones entre economía y política.

La democracia estadounidense de los padres fundadores se basaba, de hecho, en la protección de los intereses de los propietarios de tierras y de esclavos y es que, como escribió John Adams, desde el momento en el que se instala la idea de que la propiedad no es tan sagrada como las leyes de Dios, comienzan la anarquía y la tiranía.

La Revolución francesa que en su digna etapa jacobina, proclamó la igualdad como principio unido a la libertad y la fraternidad, vio como el desarrollo de los acontecimientos terminó convirtiendo la igualdad en un derecho puramente formal, al tiempo que constitucionalizaba las relaciones materiales derivadas de la propiedad privada. Nuestros queridos ilustrados identificaron al hombre político con el hombre propietario y sólo así se explica la criminal exclusión de los revolucionarios haitianos, esos jacobinos negros que pusieron de rodillas a las potencias coloniales de la época, de la tradición “democrática” del pensamiento occidental.

En estos tiempos en los que los jóvenes de la izquierda española tratan de enfrentarse a la decrepitud política de sus jefes, hablando de proceso constituyente, pocos se han percatado de que el primer paso en esa dirección lo ha dado el movimiento contra los desahucios.

Quienes critican la reivindicación de la dación en pago por “reformista”, quienes añoran un tiempo pasado que jamás conocieron de fuego, barricadas y banderas rojas, quienes en su arrogante miopía senil piensan que la correlación de fuerzas se mide por los resultados electorales, parecen no percatarse de que la PAH ha disparado con éxito al corazón del Capital, al hacer incuestionable entre los ciudadanos la idea de que el derecho a la vivienda debe estar por encima del derecho a la propiedad y la de que el crimen no deriva sólo de comportamientos individuales, sino también de las leyes que permiten la existencia de entidades financieras que se lucran a costa de la vida de la mayoría.

Si a ello añadimos el hecho de que han incorporado a la lucha política a los sectores subalternos de la fuerza de trabajo colectiva más afectados por la crisis (trabajadores migrantes, parados y precarios) frente a los sindicatos tradicionales que siguen representando fundamentalmente a los sectores de la clase trabajadora en retirada (trabajadores industriales con convenios colectivos decentes, trabajadores públicos y clerks) podríamos afirmar que el partido de los comunistas del siglo XXI en España es sin duda la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Ahí está una de las claves de la posibilidad de apertura de un proceso constituyente; en el simple hecho de que el proyecto histórico de reforma social de la socialdemocracia que jamás puso en cuestión la propiedad privada como base constitucional de nuestros sistemas políticos, sencillamente se ha agotado. No tiene que ver sólo con el peso electoral que se tenga, sino con las transformaciones en las condiciones materiales de la estructura social que es lo que ha permitido que, en este país, los bancos, el máximo símbolo de la propiedad, puedan ser vistos como criminales. Así es como el miedo cambia de bando.