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La soberanía parece estar condenada por su propia etimología. Procedente del latín, superanus, es quien ejerce el oficio de estar o ponerse encima, quien tiene autoridad encima de todos. En España, el superanus podría ser Draghi, Merkel, el Deutche Bank, el FMI, Florentino Pérez o Botín. El pueblo, por ahora, salvo que logre lo contrario, tiene poco de soberano.

                                                    La soberanía es un término muy abusado en estos tiempos, paradójicamente, de ultra dependencia de las grandes fortunas económicas. La soberanía es otra burbuja más, como la democrática, que permite legitimar cualquier toma de decisión para el negocio de unos pocos a costa del malestar de las mayorías.

En España, a pesar de la constitución del 78 (en su artículo 1.2, dice que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”), hace años que son otros, una minoría de grandes fortunas, hiper-representada, quienes toman las decisiones.

Cuentan los teóricos que es soberano quien tiene el poder de decidir; en el caso español, es evidente a qué nos referimos, a los grandes capitales y sus instrumentos en forma de organizaciones internacionales hegemónicas y los gobernantes de la UE en todas sus instituciones. El bipartidismo dominante español es sólo un vehículo para que desde afuera, en sintonía con la minoría enriquecida de adentro, continúen decidiendo qué política económica se debe llevar a cabo en las próximos años.

España es un buen ejemplo de país subordinado que acata a raja tabla el papel de periferia dependiente del centro europeo. La Unión Europea, la neoliberal, está forjada sobre la base de una España periférica sumisa a los intereses de las economías europeas centrales, Alemania y Francia, y a sus capitales industriales y financieros, en connivencia armoniosa con los grandes empresarios españoles.

En estas décadas sumisas, la economía española es un vértice importante en la división desigual europea del binomio capital-trabajo. La economía española firmó su sentencia desde la aceptación de los criterios de convergencia nominal, que no real, y quedó a la deriva de un intercambio y desarrollo desigual en clave europea-mundial.

Esta dependencia de la economía española se demuestra de mil y una formas. Hay fuerte dependencia comercial, productiva y tecnológica; España exporta productos de menor valor añadido que los que importa, sobre todo a la Unión Europea. Hay dependencia de capital extranjero; la fuga de capitales (de no colocación a largo plazo) en los últimos meses viene acompañada por un aumento de inversión extranjera directa buscando nuevos sectores privatizados.

Hay dependencia financiera; la gran mayoría de la acreedores de la deuda, directa o indirectamente (vía encadenamientos financieros), están en manos de la banca alemana y francesa, bajo aseguradoras estadounidenses.

Además, hay dependencia monetaria. Hay dependencia en política agrícola y pesquera. Hay dependencia salarial. Y sin lugar a dudas, lo que hay es una fuerte dependencia política. Con la crisis, los grandes capitales europeos abogan por una transición que reconfigure el negocio.

Cualquier atisbo de soberanía, estorba. La soberanía, cuanto menos, mejor. Hace poco, obedeciendo la directriz franco-alemana, el gobierno español (PP-PSOE) aprobó la reforma constitucional que amputa la política fiscal como resto de instrumento soberano en materia económica.

Implementó la reforma laboral exigida por la gran patronal (europea y española) en un acto de devaluación de derechos y represión salarial sin parangón. Optó por sanear activos tóxicos privados intoxicando a toda la población. Continúa sustituyendo deuda privada por mayor deuda social. Esta senda parece no tener frenos: lo próximo, luego de la estrategia de siempre (basada en publicitar la insostenibilidad), quizás sea otra reforma para privatizar totalmente el sistema de pensiones. Los grandes capitales precisan nuevos negocios, nuevas burbujas, y esto no tiene límites.

La soberanía parece estar condenada por su propia etimología. Procedente del latín, superanus, es quien ejerce el oficio de estar o ponerse encima, quien tiene autoridad encima de todos. En España, el superanus podría ser Draghi, Merkel, el Deutche Bank, el FMI, Florentino Pérez o Botín. El pueblo, por ahora, salvo que logre lo contrario, tiene poco de soberano.

Al mismo tiempo la cabeza de las personas activas bulle y se proponen cien iniciativas a la vez, para lograr la unidad de los cabreados y cabreadas, los desahuciados del sistema y la sobre-explotación de personas precarias. Anoche lo pensaba serenamente, hoy, todas y todos somos precarios. Si los planes de la Troika y del Gobierno se imponen y no se frenan, todos somos precarios incluidos los funcionarios. Uno que ya va cumpliendo años, recuerda y contempla como inexorablemente volveremos a los tiempos del plato único, el ir andando a todos lados -cosa esta muy sana y sensata-,un par de zapatos cada dos o tres años y la tortilla de patatas casi diaria. Vuelve la pobreza extrema.

Y pienso, si todas y todos los digamos concienciados, estamos por frenar esto y por oponernos, no ha una mayor austeridad y racionalidad de vida sencilla, sino a el expolio y la estafa de las clases populares, en beneficio de bancos y ricos, ¿Porque nos importa más señalar las diferencias que buscar la unidad, al menos en lo básico? Tanta plataforma unitaria y tanto referente ¿No es un contrasentido?

Siempre en las izquierdas, hay alguien dispuesto a situarse a tu izquierda y decirte que no te enteras y que eres un vendido o un reformista, un socialdemocráta. Siempre hay un o una compañera, dispuesto a darte una lección. Salvador Allende decía que cuando comenzó a militar en el Partido Socialista de Chile -que ese si era socialista- habían amigos que lo tildaban de moderado. Con los años los izquierdistas, -refería él-, se hicieron ricos, mientras Allende siguió siendo socialista, lo pagó con la vida y fue consecuente hasta el final.

Ese es hoy nuestro triple problema, creo. Una sociedad preocupada y asustada por su futuro. Una izquierda fragmentada y por contra excesivas propuestas de unificarla y organizarla, incluso renunciando a sus valores. Y me pregunto, si todas las historias de buscar la unidad y la convergencia, son para juntarnos ¿Porqué no lo hacemos ya y dejamos de organizar más foros,mesas, convocatorias…?

Lo que tengo claro es que el 15 de Septiembre a Madrid y ha seguir dándole a los poderosos y peleando. La Cumbre Social, es por ahora el instrumente más unitario que tenemos, pero lo que no pueden hacer los dirigentes sindicales mayoritarios, es que sigamos con una estructura poco participativa o dejarnos en la estacada, -si se diera el caso-, tratando de salvar los muebles en alguna negociación de esas infumables, como antaño ocurrió. Digo esto, yo que estoy a tope por la Cumbre Social y por tanto, puedo exigir y advertir lealmente, pero con sinceridad.

El problema es que no tenemos una opción política clara. Seré todavía más transparente: una dirección política participativa y novedosa, pero identificable. El PSOE ha dilapidado su herencia. Además Iglesias, Prieto, Caballero o Negrin, les resultan ya desconocidos. De hecho les estorban. Ya no son el partido ni siquiera de 1980. El PSOE ya no convence y ha defraudado profundamente al pueblo de izquierdas, incluso a los votantes del mal menor. Sus dirigentes no tienen credibilidad y la gente sobre todo la más activa, informada y joven, los desprecia. IU no tiene fama de estar muy unida, pero ya comienza a tener también votos de mal menor o no entusiatas. IU sube aún sin entusiasmar a muchas personas dispuestas a votarle, pero a pesar de ello no se amplia su expectativa de voto lo suficiente como para ser la alternativa y no algo subsidiario o influyente, pero no gobernante. Además muchas personas de IU no han perdido el halo sectario o la costumbre del debate bronco de las izquierdas antiguas. Lo de la refundación debe ser la fundación y en ese cesto, no solo están ellos, los aparatos, los diputados. No lo quieren entender, algunos y algunas. Un 12,4 % es cierto que dá de comer a bastantes niños, pero no se trata de eso y necesitamos más. Es urgente avanzar más.

También hay quien esto le sabe a poco. IU también es parte del sistema y eso no es cierto pero… La caza del político y la política está de moda. Mientras tanto los banqueros tranquilos, con ellos no vá la cosa. Lo fácil es exigirle a un alcalde, que no un gran empresario, a un capitalista, eso, no. Dá miedo, enfrentarse al poder del dinero. Es más fácil meterse con un concejal o pedir la rebaja de sueldo de un diputado, que de un banquero, especulador, amo o futbolista. Esta sociedad cómoda y posmoderna a encontrado ya su judío, su chivo expiatorio. Los que mandan realmente ya han lo han conseguido. El malo ya no es el inmigrante solo, comienza a  ser el político, dejándose en paz al banquero, el rico defraudador, el corruptor. De hecho ellos que son los que mandan, han logrado casi ya, su objetivo. Han provocado la crisis, nos están robando o estafando, pero el malo es la concejala de deportes de mi pueblo. Los ricos pueden dormir tranquilos, además saben que las trifulcas y divisiones por ideas solo se dan en las izquierdas. El electorado de los partidos conservadores, derechistas y liberales nunca falla. Vota por valores y le da igual todo.

El panorama no es muy alentador. Paro, empobrecimiento, más impuestos indirectos y menos libertad. Pese a ello, no aprendemos. Si se ha sido capaz de organizar la Cumbre Social ha sido porqué los sindicatos mayoritarios se han visto obligados a hacerlo, pues en esto les va la vida. Pero también nos vá a la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. También al objeto de buscar complicidades imprescindibles en los nuevos tiempos y por recuperar prestigio social. Los sindicatos además nos son necesarios. Pero la Cumbre Social solo es el inicio y los creadores pueden tener un gran fracaso social de no ver lo que viene y lo que las clases trabajadoras exigen.

Pero en el panorama político, hace falta ya de la misma forma un compromiso similar. Una herramienta parecida pero política.

IU sola no puede. Su alianza gallega con los sectores que representa Beiras y otros, demuestra el camino. Pero también la que hubo en Aragón en las elecciones generales. Es necesaria una convergencia mayor de las distintas familias y tradiciones de las izquierdas. Esto en IU muchas personas lo saben, como las de Izquierda Abierta. En el Partido de la Izquierda Europea, también lo saben. Lo sabemos. Pero aquí algunos no se han enterado todavía.

El PSOE ya abandonó la izquierda hace años. Sigue por la senda de la profunda crisis de la socialdemocracia europea. No representan ya los socioliberales más que un capitalismo de rostro humano. Pero esa fase ya no le sirva al sistema y por tanto el sistema capitalista prescinde de la socialdemocracia europeista tipo tercera vía. Ya no le interesa. Ahora las oligarquías venden nuevamente un capitalismo duro, agresivo, feroz.

La confrontación frente al capitalismo financiero internacional y al nuevo imperialismo bancario, militar y neo-colonial globalizado, exige nuevas propuestas y cambios sociales. Herramientas ideológicas como el ecosocialismo y el socialismo del siglo XXI, además de democracia económica y economía sostenible y sana ambientalmente. Soberanía alimentaria y reparto. Ante estas únicas  soluciones viables hoy y la nueva reordenación mundial la socialdemocracia oficial actual, no tiene respuestas, ya no están en su programa. Renunciaron al marxismo y por tanto no conocen ya ni el neomarxismo, ni el altermarxismo, ni siquiera el pensamiento critico y alternativo. No tienen ya nada que proponer, salvo plagiar de aquí y de allá, pero ojo, para proponer o montar programas electorales. No para gobernar de forma diferente y menos para construir el socialismo.

Pero hay socialistas. Hay personas fieles a las ideas de democracia económica, democracia social, poder ciudadano y reparto de la riqueza. Esas personas se deben comprometer a luchar en algo diferente, útil a las clases obreras y populares y transformador. Muchas de esas personas estamos ya dispuestos a participar en la construcción de la izquierda.

Tenemos muy poco tiempo en el Estado Español. El mes de Noviembre hay que tener una confluencia organizativa en ciernes, o en construcción. Las elecciones se pueden anticipar. Pero también la revuelta social. La respuesta en las calles de los precarios, las desahuciadas o las victimas de tanto atropello. Ante esto hace falta una estructura convergente político-social.

Respetuosos y reconociendo realidades, si. Pero con los nuevos tiempos y las horizontalidades exigidas. No se trata de volver a los esquemas de Octubre de 1917 más que en aquello sea útil y por cierto lo hay. Sino de la acción, democrática y coordinada de las y los antineoliberales.

Tras el 15S, tras la marcha a Madrid hay que verse. Tras las acciones de Septiembre hay que comenzar a organizar ya la respuesta. La Cumbre Político-Social. Los poseedores de la verdad, los guardianas del fuego sagrado, no les sirven a las victimas que necesitan desesperadamente otra forma de entender la política y la economía.

Le Unión Europea neoliberal, subsidiaria del imperialismo estadounidense y alejada del nuevo sistema-mundo que está emergiendo, tampoco es ya util para los pobres, los pensionistas, los pequeños agricultores y empresarios, las clases obreras. Hay que ser radicales frente a tanta injusticia y hacer propuestas valientes y justas. El pacto social, ya no volverá en el reino de España, hay que buscar otras alternativas y las tenemos.

Pero mientras lo caduco existe y lo nuevo aún no ha llegado, luchemos. En el reino de España, que vive bajo la dictadura de los mercados, la única solución de empleo que la derecha conservadora y liberal ofrece es la prostitución, el juego, los casinos y ser sirvientes de ricos caprichosos y consumistas del imperio, de donde sea. Juego,servicio y nada de derechos. Es la nueva esclavitud. Esto hay que detenerlo y ya.

Por Rubén Martínez Dalmau, Profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de València.

Al contrario de lo que pudiera parecer echando una simple ojeada al pasado, la construcción de las sociedades democráticas no ha sido fácil ni, desde luego, lineal. Como han demostrado autores propios y extraños, se ha tratado de una lucha histórica y constante de ideas que se han quedado en meras pretensiones cuando no contaban con una voluntad popular que las aplicara. Pero eso sí: en el momento en que la reflexión ha pasado a la acción, el pensamiento democrático ha dado a la humanidad los más relevantes avances en los derechos, en las condiciones de vida y en la dignidad de las personas.

Sin pretender entrar en las inabarcables discusiones teóricas sobre qué es la democracia, que además seguramente nunca contarán con un resultado concluyente, lo cierto es que las grandes oleadas democráticas han fundamentado el progreso después de siglos de existencia del orden político.

Y de entre todas estas oleadas, el constitucionalismo democrático que nació en la costa este norteamericana y en Francia a finales del siglo XVIII fue un punto de inflexión. Hasta entonces, el poder político había atravesado un verdadero calvario para encontrar el origen de su razón de ser, eso que en teoría política se conoce como legitimidad del poder.

Como también ha demostrado la historia, cualquier organización política ilegítima, en especial la basada exclusivamente en la fuerza y la represión, es derrotada a largo plazo por las sociedades a la menor oportunidad para hacerlo. La legitimidad no es otra cosa que la fuente del poder aceptada socialmente, y ha tomado muy diferentes modelos desde las primeras organizaciones políticas. Cuando la legitimidad falla y se dan las condiciones, todo lo construido sobre ella colapsa.

De ahí la imperiosa necesidad en las sociedades contemporáneas de encontrar el origen legítimo de su poder, y de ahí el progreso que supuso hacer depender todo los construido de la voluntad del pueblo.

De esa forma, el liberalismo democrático del siglo XVIII, y las pocas pero importantes experiencias que le siguieron en los dos siglos y medio posteriores, propusieron una nueva configuración de las relaciones legítimas de poder: lo construido (lo constituido) en toda sociedad democrática depende de la voluntad del pueblo (el constituyente).

Por eso, el gran avance de los norteamericanos y los franceses, fundamento por otra parte de la existencia de las Cortes de Cádiz y del resto de las escasas oportunidades en que pudo aplicarse en España, fue la diferenciación entre gobernantes y gobernados.

«Todo poder reside en el pueblo, y, en consecuencia, deriva de él; los magistrados son sus administradores y sirvientes, en todo momento responsables ante el pueblo», concluyeron los liberales de Virginia en el artículo segundo de su Declaración, en 1776; «Un pueblo tiene siempre el derecho a revisar, reformar y cambiar su Constitución. Una generación no puede imponer sus leyes a las generaciones futuras», afirmaba rotundamente la Constitución francesa de 1793 en su artículo 28 y, algo más allá, no daba lugar a paliativos: «Hay opresión contra el cuerpo social cuando uno sólo de sus miembros es oprimido. Hay opresión contra cada miembro cuando el cuerpo social es oprimido» (art. 34), «Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para cada una de sus porciones, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes» (art.35).

Aunque las reacciones antidemocráticas no se hicieron esperar, los avances que derivaron de la aplicación del constitucionalismo democrático fueron tan intensos que aun hoy el mismo concepto de contemporaneidad se basa en ellos. Entender que el poder surge del pueblo y es ejercido por lo constituido es arrinconar cualquier sombra de falta de legitimidad del poder.

De hecho, en buena medida las luchas por una sociedad democrática durante los siglos precedentes tuvieron como eje de la reivindicación hacer realidad esta soberanía popular y dependencia del gobierno. Si se es demócrata, se entiende que el poder reside en el pueblo; cualquier otra decisión definirá diferentes cauces de explicación del poder más o menos razonables, pero desde luego no democrática.

La Constitución democrática es por lo tanto fruto de la voluntad popular; nunca del poder constituido. Y requiere de un proceso constituyente democrático: un hecho político cuyo propósito es construir colectivamente nuestro destino.

La Constitución democrática sirve para decidir conjuntamente quiénes queremos ser y cómo gobernarnos, pero desde la participación que supone un proceso constituyente, plural e integrador.

En puridad, se trata de deshacerse de todo lo constituido -categoría donde se encuentran esos tertium genus entre lo público y lo privado que son los partidos políticos- para crear, con las manos libres y sin tapujos, el denominador común que existe en cualquier sociedad dispuesta a progresar. Se trata, finalmente, de una refundación, cuyo resultado será exclusivamente la voluntad de la decisión colectiva.

Ahora bien; un análisis realista sobre la activación de un proceso constituyente en el país debe tener en cuenta principalmente tres cuestiones: su conveniencia, su posibilidad y su procedimiento.

En efecto, la primera pregunta que se nos viene a la mente es si es conveniente, en estos momentos, un nuevo proceso constituyente. Algunas opiniones denigran el pacto fundador de la Constitución de 1978, poniendo el énfasis en su procedencia de la legalidad franquista y en el hecho de que no se decidió en particular sobre grandes cuestiones comunes, como la forma de Estado (monarquía/república), que sí pudieron realizar otros pueblos, como los italianos después de la II Guerra Mundial.

Se busca, así, deslegitimar desde su origen la Constitución de 1978. Otros, por el contrario, nos recuerdan que estas más de tres décadas constitucionales han servido para el avance colectivo hacia la conformación de nuestro modelo de Estado de bienestar, democracia y estado de derechos. Quizás haya parte de razón en las dos posturas.

Pero la naturaleza del poder constituyente es de avanzada, no de retroceso. De nada sirve entrar ahora en disquisiciones bizantinas si lo que importa es construir colectivamente nuestro futuro: decidir sobre la forma de Estado, la participación de las colectividades, la composición territorial, los derechos y la organización económica. Y hacerlo sin disimulo, pacíficamente, rechazando cualquier imposición por parte de los poderes constituidos, de hecho o de Derecho.

Que la capacidad transformadora de la Constitución de 1978 se agotó está en la mente de todos. Tres de cada cuatro españoles actuales no pudo votar su adopción, y la forma como se redactó, a través de padres -sólo tres de los siete permanecen vivos- que representaban a intereses varios, fundamentalmente partidistas, era probablemente el instrumento posible en aquel momento pero inadecuado en la actualidad.

Por otro lado, las debilidades de la propia Constitución, entre ellas la falta de un modelo definitivo de organización territorial y de mecanismos decisivos de participación democrática, así como la ambigüedad sobre los derechos y sus garantías y la degradación de los derechos sociales, han hecho mella después de tres décadas de erosión. Finalmente, la voluntad del poder constituyente se ha sustituido por la de los partidos políticos en las dos reformas que ha sufrido el texto constitucional.

Hoy en día, la Constitución es más la voluntad de los gobernantes que la de los gobernados, por lo que es políticamente incapaz de conformarse como la Constitución que necesitamos para encarar esta crisis económica, social, política y de valores. Un problema global exige soluciones globales.

Cuestión más compleja es la posibilidad real de refundar el Estado a través de un proceso constituyente democrático. El poder constituido es, por naturaleza, reproductivo, a diferencia de la regeneración que conforma el leit motiv de la naturaleza constituyente.

El poder constituido se esfuerza en conservar, y se resiste siempre a la renovación democrática que, necesariamente, transforma la realidad. Recordemos que todo poder constituyente es originalmente un poder destituyente. De ahí las dificultades de convencer a los decisores políticos, fundamentalmente los partidos, de la necesidad de regenerar el ámbito de decisiones políticas y avanzar hacia otro tipo de condiciones.

El ambiente internacional, generalmente mucho más proclive a insistir en la protección de la seguridad jurídica antes que cualquier experimento que pudiera alterar el orden de los factores, tampoco suele ser proclive a los cambios democráticos. A mayor abundamiento, no cabe descartar la actuación de facciones ideologizadas de las fuerzas armadas, o la reactivación de elementos sociales radicales, que podrían aprovechar el mar revuelto para intentar obtener ganancias de las más diversas índoles.

Razones de más para insistir en la importancia de legitimar ampliamente el proceso constituyente. Sólo de esa forma podría plantearse realistamente su activación sin que indeseables elementos antidemocráticos tuvieran éxito en sus posibles intenciones, y se mostrará a la comunidad internacional la determinación de asumir una trayectoria diferente a la clásica en la construcción de una solución colectiva a la crisis generalizada.

Cabe recordar que los procesos constituyentes han sido transformadores en países con graves problemas estructurales, como muchos latinoamericanos, algunos magrebís, o Islandia en Europa. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la soberanía del pueblo es un hecho o no lo es. Si, finalmente, la voluntad constituida se superpone a la democrática, todos se habrán quitado la máscara y los elementos antidemocráticos habrán mostrado su verdadero rostro.

Respecto al último de los elementos a tener en cuenta, el procedimiento, escapa realmente a un análisis sistemático: a través de la historia, la activación del poder constituyente ha asumido las más variadas maneras. Una de ellas, y posiblemente la menos traumática, que sirva para saltar los escollos jurídicos que la Constitución de 1978 incluye en su Título X, sería la celebración de un referéndum constituyente en una convocatoria propia o a través de una segunda papeleta, al estilo colombiano de 1990, que podría acompañarse a las próximas elecciones de carácter general.

Lo importante sería que el referéndum se diera después de un amplio debate social, y se entendiera como un hecho político que sólo asume una dimensión jurídica en cuanto a la necesidad de conocer la voluntad mayoritaria; por lo tanto, no podría ser propiamente declarado inconstitucional porque, en todo caso, sería aconstitucional.

Referéndum que debería ir seguido de un proceso de construcción colectiva desde abajo, que huya de elites de cualquier tipo, y que no soslaye ninguno de los debates que, como sociedad madura, deberíamos ser capaces de llevar adelante y decidir responsable y pacíficamente. Sólo de esa forma responderíamos a la necesidad de amplia legitimación del proceso constituyente.

Toda Constitución es, finalmente, una Constitución de transición. La Constitución de 1978 lo fue, y la que vendrá, si existen las condiciones para un avance democrático, también lo será. La necesidad de regenerarnos como sociedad y como organización es patente; si no lo hacemos por la vía democrática, quizás cuando nos demos cuenta de cuál ha sido el resultado sea demasiado tarde para reaccionar.

Rubén Martínez Dalmau es miembro de la Fundación CEPS, y coautor de «Por una Asamblea Constituyente. Una solución democrática a la crisis» (Sequitur-Fundación CEPS, 2012).

“Debemos construir un nuevo sistema político que permita un nuevo modelo de vida y una nueva y verdadera democracia del pueblo”. ¿A qué esperamos?

Por Salvador López Arnal

Probablemente los compañeros de Socialismo XXI y Xarxa Socialista Unificada de Catalunya no sean de todos conscientes de la emoción que los ciudadanos de izquierda que vivimos en Catalunya hemos sentido al leer su comunicado sobre la próxima diada. Gracias, mil gracias.

Lleva por título: “Por una Diada en defensa de la Democracia, el autogobierno, la República Federal y el Socialismo” y se afirma y razona en el escrito tesis y posiciones -es decir, solidarias verdades como puños- como las siguientes:

El gobierno de la Generalitat, el que ha apostado hasta el último momento por Eurovegas, lo mismo que el gobierno de doña Aguirre y Gil de Biedma, convoca a la ciudadanía a la manifestación de la Diada, una manifestación que tiene como lema “Catalunya (la de Mas y sus amiguetes corruptos), nuevo Estado de Europa (neoliberal)”. Lo justifica, señala el comunicado, en defensa de su propuesta de Pacto Fiscal a negociar con el Gobierno de Rajoy.

Nos convoca, prosigue el texto de Socialisme XXI y XSUC, “el mismo gobierno de CiU que recortó el PIRMI provocando más pobreza y exclusión social, los mismos que agravan las desigualdades sociales quitando impuestos a los ricos y aumentando la presión fiscal a la mayoría en un ejercicio de expolio fiscal a los más débiles. Nos convoca el mismo gobierno que defendía las políticas de ajuste impuestas por Angela Merkel, la Comisión Europea y el BCE y las aplicaba “ejemplarmente” en Cataluña recortando en salud y educación a pesar de las protestas masivas de la ciudadanía.

Nos convocan las mismas fuerzas cuyos parlamentarios capitaneados por el “ultraliberal” Duran i Lleida han votado a favor y endurecido la “Contrareforma Laboral” que ha provocado más desempleo y pobreza. Los mismos que votaron en el Congreso de Diputados a favor de la “Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria” presentada por el gobierno de Rajoy en cumplimiento del último Tratado de la UE o “Pacto Fiscal” que profundiza los recortes sociales y facilita la recentralización y disminución del autogobierno autonómico y municipal. Nos convoca el mismo gobierno cuyo Consejero de Interior Sr. Felipe Puig ha utilizado a los “Mossos” sistemáticamente contra las movilizaciones ciudadanas y que preconiza un brutal endurecimiento del código penal contra los derechos y libertades públicas. Nos convoca los mismos que, los mismos que se han beneficiado del episodio de corrupción del caso Palau y de tantos otros… »

¿Se pasan? ¿Alguna exageración? Nada de eso. Memoria bien acuñada y racionalismo temperado que diría Francisco Fernández Buey, quien por cierto, en tiempos del franquismo, silencio y represión, se manifestó repetidamente a favor de las libertades nacionales catalanas y el ejercicio del derecho de autodeterminación mientras algunos dirigentes actuales de CiU, que ya no eran niiños, estaban en la playa o de fin de semana en Cadaqués.

La contradicción, señala el comunicado, es “escandalosa, demasiado evidente como para permanecer ciegos, sordos y en silencio”. Lo es desde luego. El Gobierno CiU de la Generalitat sostenido con los votos del PP, recuerdan, “cómplices ambos de las políticas de ajuste neoliberal que desde la UE someten a los pueblos de Grecia, Irlanda, Portugal, Italia y Estado Español a un brutal saqueo de recursos para asegurar la devolución de la deuda a la Banca alemana, francesa, y europea” (y española habría que añadir), reclama el reconocimiento de la independencia y soberanía de Catalunya como nuevo estado en la Unión Europea que bajo “la dominación de Angela Merkel y el Bundesbank, impone gobiernos tecnocráticos no electos, envía cónsules de la llamada “Troika” a imponer sus dictados con actitud neocolonial, desconociendo y sojuzgando las soberanías democráticas de las ciudadanías de los países que llaman despectivamente “PIGS”.

¿Qué hacer entonces? Lo evidente, lo que hemos hecho siempre: la izquierda transformadora y federalista rechaza tamaña manipulación, “y llamamos a la clase trabajadora, a la ciudadanía democrática y solidaria, a las víctimas de los recortes del Gobierno de CIU a no participar en esa ceremonia de confusión que será utilizada por el gobierno de Artur Mas para seguir chalaneando con el Gobierno de Rajoy y continuar desmontando el “Estado de Bienestar” en Catalunya repartiendo sus despojos entre las “400 familias” de la gran burguesía catalana”. Insisto: a no participar en esta interesada ceremonia de confusión

¿Se trata entonces de quedarse mudos y quedar con los amigos? No. La izquierda transformadora y federalista llama “a defender el autogobierno de Catalunya y de los ayuntamientos como instituciones que estén al servicio de los intereses y necesidades de la clase trabajadora y la ciudadanía”.

Para que no haya confusiones, señalan, se oponen “consecuentemente al proyecto recentralizador autoritario que se deriva del Pacto por el Euro Plus y la consiguiente reforma constitucional del artículo 135 que prioriza los objetivos de devolución de la deuda y reducción del déficit sobre el gasto público y social, así como del reciente Tratado de Estabilidad Presupuestaria o “Pacto Fiscal“ de la Unión Europea”.

Socialisme XXI y XSUC hacen un llamamiento a todas -¡a todas!- las fuerzas políticas “a denunciar y desvincularse de dichos tratados antisociales y antidemocráticos, a establecer una moratoria en el pago de la deuda exterior, su auditoría y apertura de una negociación y restructuración de la deuda compatible con el bienestar social y el desarrollo económico sostenible”.

Llaman a impulsar y participar “en un proceso constituyente desde abajo que culmine en una nueva Constitución donde la economía y sus instrumentos estén al servicio de las personas, que garantice el conjunto de derechos sociales, laborales y políticos, la igualdad efectiva, la profundización de la democracia, el respeto al equilibrio ecológico, en el marco de una república federal entendida como una “casa común libremente compartida” que tenga como garantía el derecho de autodeterminación”.

El programa de la hora, como le gustaba decir a Sacristán (que también escribió a favor del derecho de autodeterminación de los pueblos), es tan claro como éste: “Frente a los juegos y maniobras divisionistas y de distracción de los poderosos, de las oligarquías, de las cancillerías europeas, y de las “400 familias” de la burguesía catalana, construyamos la alianza social de los de abajo, de la mayoría ciudadana víctima de la crisis y el neoliberalismo, con el conjunto de pueblos del estado español víctimas de la crisis y el expolio fiscal de sus élites”.

Gracias, compañeros, gracias. Algunos pensábamos -erróneamente- que, de nuevo, nos habíamos quedado sin voz, sin palabra y sin discurso para insumisos razonables e indignados como gustaba decir al autor de Leyendo a Gramsci.

                                        Hace mucho que las grandes batallas sociales, políticas y económicas se juegan en el campo del lenguaje. Quién consigue imponer su diccionario, con su propio catálogo de términos y definiciones, ha conseguido el triunfo por adelantado.

Cuando has logrado que el adversario utilice tu propio repertorio lingüístico para describir y comprender la realidad habrá perdido el combate sin tan siquiera haberse dado cuenta de ello. Más tarde comprobará con angustia su derrota porque habrá quedado cercado, encerrado dentro de un laberinto cognitivo en el que todos los caminos le conducen frente al muro.

 

Algo así ha sucedido con esa manida etiqueta política conocida como “Izquierda”. Cuando la supuesta izquierda asume una categoría sociológica fabricada por los ideólogos del estado moderno, juegan a perdedores desde el primer momento. La democracia liberal capitalista creó un concepto, funcional a sus intereses, para definir el arco parlamentario que tomaba asiento en una determinada zona de la cámara de delegados de la Francia post-revolucionaria. Diseñada por los futuros grandes propietarios occidentales de finales del S. XVIII para dar legitimidad a sus revueltas antimonárquicas, aquella cámara nunca atendió las necesidades y anhelos de las clases trabajadoras porque sencillamente no fue creada para ello.

 

Nadie jamás escucharía a K.Marx o M.Bakunin (por poner como ejemplo las 2 voces de referencia incuestionables del socialismo moderno) definir sus planteamientos como  “de izquierdas”. ¿En qué lugar de los anales que recogen los dabates teóricos de la Primera Internacional puede encontrarse alguna mención a algo expresamente definido como “Izquierda”?. Aquellos importantes revolucionarios no se hubiesen reconocido en esa hueca y difusa categorización.

 

Seguramente ellos se hubiesen mofado de esa etiqueta, tachándola de “invento burgués” o quizás de “juego de bengalas  del reformismo contrarevolucionario”. Esa etiqueta se hubiese quedado inmensamente pequeña para dar cabida a su mensaje y a su propuesta política. Marx y Engels trascendían claramente con su “Manifiesto Comunista” el concepto político que conocemos hoy como “Izquierda”. De hecho expresan en el citado documento la frase “¿Qué oposición, a su vez, no ha lanzado a sus adversarios de derecha o izquierda el epíteto zahiriente de comunista?”. Se autodefinían por tanto como “comunistas” no como “izquierdistas”.

 

Evidentemente la “Lucha de clases” que ellos proclamaban no era cuestión de izquierdas y derechas sino, nada más y nada menos, que la lucha entre los ricos y los pobres, los explotadores y los explotados, los de arriba contra los de abajo. En este sentido, como en tantos otros, el 15M y el movimiento “occupy” han conseguido captar con mucha más precisión el núcleo real de nuestros problemas que los partidos de izquierda.

 

En el caso de los libertarios aún resultaría más ridículo, incluso pueril, definirlos como “gente de izquierdas” porque esa categoría estaba pensada para operar dentro de un juego partitocrático parlamentarista que ellos siempre rechazaron de manera furibunda. Definir a los comunistas marxistas o a los anarquistas como de “Izquierdas” los empequeñece y los desdibuja, en cierta forma casi podríamos decir que los jibariza, los diseca, les clava alfileres en las alas para presentarlos, cual mariposas, en un capitalista panel expositivo de insectos curiosos.

 

Bajo nuestro punto de vista harían bien los partidos que utilizan esa etiqueta en sus siglas en transformarla ya que de otra forma están adoptando una descripción política creada por sus adversarios para arrinconarlos en un apartado segmento de la línea del posicionamiento electoral, línea en la que el poder y su lenguaje ya han reservado para si mismos el lugar dorado del podium, un lugar de privilegio que define a los “más limpios, puros y eficientes” partidos capitalistas de centro-centro.

 

Un lugar distante de los “extremismos indeseables que siempre terminan por tocarse” según reza en los diccionarios oficiales del pensamiento. Se trata de todo un espacio euclídeo pensado desde, por y para la legitimación de un poder ideológico omnímodo, abarcante e implícito, que no por invisible resulta menos totalitario.

 

Si la opción de los partidos de esa designada y autoasumida “izquierda”, tales como la “Izquierda Anticapitalista” de Esther Vivas o la “Izquierda Unida” de Cayo Lara, es competir en el mercadeo electoral harían bien, bajo nuestro humilde punto de vista, en cambiar ya el fallido “hashtag”, emulando a otros partidos como la Syriza griega o el Bildu-Amaiur de Euskalerría, claros modelos de éxito mercadotécnico más adaptados para participar con soltura en el juego de los partidos que la falsa democracia liberal ha preparado para nosotr@s. Ellos al menos parece que sí pueden llegar a tener opciones de convertirse algún día en “trending topics” de sus respectivos ámbitos geoparlamentarios.