El pasado 4 de abril el Parlamento Europeo aprobó el Reglamento por el que se va a imponer una legislación homogénea en los estados miembros de un producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP, Pan-European Personal Pension Product). Sin debate público, sin que en las elecciones anteriores sus principales partidos hubiesen planteado en sus programas electorales nada parecido y a pocas semanas de las nuevas elecciones a ese fantasmal parlamento. Se trata a todas luces de una maniobra realizada de espaldas a los pueblos que dicen representar y bajo la presión de los lobbies que ejercen en las instituciones de la UE el mando real. En la apresurada votación, una gran parte de los parlamentarios lo aprobaron (populares y liberales) o permitieron aprobarlo con su abstención (socialistas).
Este reglamento ha sido una propuesta del sector financiero, que ha contado con el servil impulso de la Comisión Europea y del Consejo Europeo. El proyecto concentra todos los conceptos liberales que imperan en las estructuras de gobierno de la Unión y que inspiran a la mayoría de los gobiernos que forman parte de la misma. Y ello, sin que la UE tenga competencias sobre pensiones, ya que no hay política común de ningún derecho social, para que los países compitan entre si para degradarlos. Se trata de un nuevo paso de las fuerzas que se oponen a la defensa de los sistemas de pensiones públicas, promoviendo una legislación paneuropea de pensiones privadas. Es una declaración explícita en favor de los sistemas privados y una presión sobre los Gobiernos para que faciliten e incentiven el desarrollo de los planes privados de pensiones, en detrimento de los sistemas públicos.
El argumento central del legislador es que la base de población trabajadora se reduce por relación al incremento de la población en edad de jubilarse. Pero se trata de consideraciones y estimaciones sesgadas y poco rigurosas, que no tienen en cuenta factores decisivos como los flujos migratorios, el retraso creciente en la edad de solicitud de pensiones, la posibilidad del desarrollo de políticas destinadas al incentivo de la natalidad, ni (un aspecto clave) la generación de políticas activas de empleo. De nada sirve tener una significativa población en edad de trabajar, si esta no consigue empleo o es de carácter precario, sin empleo pleno y digno, no es posible asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Con la aprobación del PEPP la UE se ha hecho portavoz de dos tipos de intereses. De un lado los intereses empresariales reticentes de forma creciente a las contribuciones por cuotas sociales a los sistemas públicos de pensiones. Del otro, los intereses del sector financiero para el cual la mera existencia de los sistemas públicos de pensiones constituye una seria competencia, y los PEPP un brillante negocio carente de riesgo. Todos los argumentos de la Comisión Europea se encaminan a la necesidad de aumentar la edad de jubilación de la población activa y de reducir la cuantía de las pensiones, como proporción de los ingresos salariales de la población activa.
En este último punto la CE en realidad lo que busca es reducir la presión sobre los presupuestos públicos, del compromiso esencial de la sociedad del bienestar: garantizar unas pensiones dignas a la población con el argumento de que este objetivo se torna insostenible. Se prescinde de un factor fundamental: la existencia de las contribuciones por parte de trabajadores y empleadores durante la vida laboral. En este contexto va de suyo que en materia de ”productos paneuropeos de pensiones individuales” las empresas no estarán obligadas a efectuar contribuciones de ningún tipo complementarias de los aportes de sus empleados.
El mismo Reglamento en su justificación expresa claramente a quien sirve. No se trata de preservar un derecho social, sino que el objetivo del legislador es crear un mercado financiero único y asegurar que la masa de dinero acumulado en estos productos de pensiones se convierta en activos de inversión de largo plazo. Según se afirmaba en el Plan de acción de la Comisión para la creación de un mercado de capitales de septiembre de 2015, cabría prever una pensión individual europea, de carácter facultativo, como modelo reglamentario basado en un nivel adecuado de protección del consumidor y que podrían utilizar los proveedores de pensiones cuando ofrecieran sus productos en toda la UE.
El mercado de pensiones privadas europeo pretende crear un mercado de capitales de muy largo plazo que tendera por naturaleza a invertirse en proyectos con similares periodos de maduración de incierta recuperación. El reglamento afirma que “la propuesta pretende permitir a una amplia gama de promotores (bancos, compañías de seguros, gestores de activos, fondos de pensiones de empleo, empresas de inversión) ofrecer PEPP y garantizar unas condiciones de competencia equitativas. Los PEPP podrían ofrecerse en línea, incluido el asesoramiento, y no requerirían una red de sucursales, facilitando el acceso al mercado. Las normas en materia de pasaporte ayudarán a los promotores a introducirse en nuevos mercados nacionales. La normalización de los elementos clave debería reducir también los costes de los promotores y ayudarles a agrupar las contribuciones de los distintos mercados nacionales, con el fin de canalizar activos hacia inversiones a escala de la UE”.
Los planes de pensiones privados suponen además un ingreso plano para sus gestores, que cobran un porcentaje sobre la masa de dinero en gestión, un negocio redondo para todos los promotores implicados. No asumen riesgo por el rendimiento de los planes y cobran por disponer a su servicio de una inmensa masa de dinero que la CE espera que se sume al mercado único de capitales europeo, para estabilizar su moneda cada vez menos solvente.
Frente las especulaciones falseadas de la UE, la realidad es muy clara. La historia reciente de los planes de pensiones privados no es satisfactoria en condiciones de crisis económica y financiera. En este sentido los ejemplos de Argentina y Chile son flagrantes. El modelo al que pretende migrar la UE es el de pensiones públicas decrecientes, con menor presión sobre los presupuestos públicos de los estados miembros y una reducción de cargas sociales sobre las empresas con el argumento de que los sistemas públicos de pensiones no son sostenibles. Lo que cabe preguntarse realmente es si un sistema económico que para su supervivencia tiene que reducir las pensiones públicas es sostenible.
En realidad, lo que pone en dificultades a los sistemas de pensiones es la reducción y bonificaciones de las cuotas sociales de las empresas de un lado, los bajos salarios de los trabajadores sometidos a una devaluación interna feroz que redujo sus aportes y las altas tasas de paro o subempleo. Todo lo cual solo es reversible poniendo fin a las políticas de austeridad impuestas por la UE y el BCE.
Pero el proyecto de la Comisión Europea va bastante más allá de esta incoherencia ya grave de por si. que este objetivo. El Reglamento PEPP también abre la puerta a una progresiva privatización de los sistemas públicos de pensiones, que tienen una causa bien distinta a la que describe la retórica del legislador. Ante la cercanía de un nuevo ciclo recesivo, el poder financiero teme que la deuda publica provocada por los rescates bancarios derivados de la crisis del 2008 no permita nuevos rescates y por ello el sector financiero está husmeando un nuevo yacimiento de solvencia de los estados, que están arruinados y han perdido gran parte de sus empresas públicas. La cesión parcial o total de las pensiones públicas, puede permitir una nueva bombona de oxígeno a los sectores financieros en agonía perpetua, siendo este Reglamento una ventana abierta a la privatización de las pensiones a las puertas de una nueva crisis.
La coordinadora denuncia esta nueva imposición de las instituciones de la UE, destacando su aprobación de espaldas a la opinión pública que (salvo en países donde el movimiento de los pensionistas es fuerte como España) desconoce absolutamente esa nueva erosión de sus derechos. Recordamos finalmente con toda energía al sector financiero y a las oligarquías, que no vamos a reconocer ninguna deuda, ni derecho, que en el futuro se derive de este marco legislativo ilegitimo, antipopular y extremadamente injusto.
Roma, 14 abril 2019
