«El miedo parece haber pasado ahora al otro campo, al de nuestros gobernantes y supuestos representantes. Estos, temerosos de perder el lucrativo negocio de su ejercicio del poder (no podemos detenernos aquí en la interminable lista de los casos de corrupción en que están inmersos, como sabemos, desde los partidos a los sindicatos, pasando por la propia casa Real) no se resignan a cejar en sus quehaceres mafiosos y mucho menos a reconocer que la experiencia cotidiana de la democracia por parte de la ciudadanía los hace cada día más ilegítimos, amén de innecesarios».
Marisa Pérez Colina de la Fundación de los Comunes
Este nombre sería mucho más apropiado para una ley que la inteligencia popular ha rebautizado también como ley anti-15M, a tenor de quienes son los realmente protegidos por la misma y quienes los directamente apuntados por sus desproporcionadas sanciones. Es decir, del lado de los beneficiados, la mafia que nos gobierna y dice representarnos; y del lado de los criminalizados, las personas que nos expresamos y organizamos como buenamente podemos para enfrentarnos a un poder cada vez más corrupto e ilegítimo.
Desde 2008, el ritmo vertiginoso al que se han ido recortando nuestras posibilidades de sostener unos proyectos de vida dignos (hemos ido perdiendo nuestras viviendas, nuestros empleos, el acceso a la salud, a la educación pública de calidad, a sueldos merecedores de tal nombre, etc…), ha ido acompañado, como bien explicita el Ministerio de Interior en el epígrafe sobre la oportunidad de la ley de protección de la seguridad ciudadana, de una ampliación del ejercicio del derecho de manifestación en los dos primeros años de la actual legislatura.
El “no nos representan” de mayo de 2011 expresó, en su grito masivamente compartido, tanto el rechazo a seguir en manos de instituciones (los partidos mayoritarios) que privilegian sus propios intereses por encima de los de la ciudadanía, como el deseo consecuente de asumir desde una democracia real (no formal) el gobierno de nuestros asuntos comunes.
A partir de aquí, la ilusión y la pérdida del miedo en esta senda de profundización democrática nos ha lanzado, como bien reconoce el Ministerio de Interior, a un uso intensivo de la libertad de expresión y del derecho a manifestarnos, así como a la autodefensa cotidiana de nuestras atacadas condiciones de vida mediante prácticas de desobediencia civil.
De esta suerte, el miedo parece haber pasado ahora al otro campo, al de nuestros gobernantes y supuestos representantes. Estos, temerosos de perder el lucrativo negocio de su ejercicio del poder (no podemos detenernos aquí en la interminable lista de los casos de corrupción en que están inmersos, como sabemos, desde los partidos a los sindicatos, pasando por la propia casa Real) no se resignan a cejar en sus quehaceres mafiosos y mucho menos a reconocer que la experiencia cotidiana de la democracia por parte de la ciudadanía los hace cada día más ilegítimos, amén de innecesarios.
Y mientras ellos tiemblan tratando de defender lo indefendible, las gentes de a pie seguimos peleando con dignidad por lo que nos importa y aprendiendo un montón de cosas por el camino. Porque ¿quién nos iba a decir que los otrora insondables misterios de los conceptos económicos, financieros y bancarios nos iban a resultar familiares en tan poco tiempo? ¿Y quién no sabe ahora qué son y, sobre todo, qué consecuencias tienen sobre nuestras vidas términos antes desconocidos como una dación en pago, una hipoteca subprime, la prima de riesgo o la deuda soberana?
Además de este máster acelerado en economía financiera, la intensidad del ejercicio legislativo de nuestros gobernantes nos ha convertido asimismo, y con igual velocidad, en personas avezadas en la lectura de los textos normativos. Es decir, en hábiles traductores y traductoras de las muchas leyes que tratan de expoliar nuestros bienes y servicios públicos, así como de socavar nuestros derechos y libertades individuales y colectivos.
En el caso concreto del proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOPS), ¿cómo no deducir su impúdico intento de asfixiar, vía sanción económica, las nuevas prácticas de democracia directa ejercidas durante los últimos dos años por la gente? Concretamente, la LOPS trataría de impedir vía sanciones económicas absolutamente desproporcionadas:
- en primer lugar, la práctica de la libertad de expresión. Así, concentraciones en torno al Congreso o manifestaciones durante el día de reflexión pre-electoral, serían infracciones graves (Infracciones graves 3 y 8). ¿Cómo no pensar en las convocatorias de rodea el congreso y en el mismísimo 15M? De aprobarse esta ley, tales “violentísimas” tomas de la palabra serían sancionadas con multas de 1.001 a 30.000 euros.
- en segundo lugar, la autodefensa de bienes de primera necesidad como la vivienda. Así, se contemplan igualmente como falta grave las acciones antidesahucio (Infracciones graves 5) y los escraches a los responsables de este ataque a un derecho a techo reconocido por la propia Constitución (Infracción leve 6). Las infracciones leves conllevan sanciones de 100 a 1.000 euros.
- en tercer lugar, el uso de las redes sociales y las herramientas tecnopolíticas. Así, en varias de las infracciones se iguala la convocatoria “por cualquier medio” a los actos concretos de protesta. En su argumentación sobre la conveniencia de esta ley, el legislador escribe, además: “nuestra sociedad ha sufrido notables cambios, de manera especial en el ámbito de las TIC’s […] y hemos podido comprobar la aparición de nuevas conductas violentas y antisociales que debemos tener en cuenta”. Es decir, donde ellos ven amenazas penalizables (sus temores), nosotros encontramos herramientas actualmente claves para la construcción de una democracia digna de tal nombre (nuestra fuerza).
- en cuarto lugar, el uso del espacio público en general, las calles, plazas, etc (Infracciones leves 3 y 17)
En definitiva, de lo que se trata es de impedir la política. Es decir, de obstaculizar el acceso a los mecanismos que nos dotan de la posibilidad de tomar decisiones sobre la organización de nuestras relaciones sociales y económicas ahora expropiados por la mediación de unas instituciones de representación en acelerado declive.
Por todo ello, el rechazo a esta ley no puede ser del mismo palo que la ley misma, no debe caer en su trampa. La imaginación, la fuerza y la inteligencia colectivas han caracterizado, desde el 15M a la actualidad, el potente ciclo de luchas contra la violencia de las políticas de la Troika aplicadas por los gobiernos títeres de la UE. Toca seguir desarrollando estas nuestras armas, también en la oposición a la acelerada deriva represiva del Gobierno. Para empezar, en el próximo Rodeamos el Congreso convocado para el 14 de diciembre.
Cabría interpelar, por último, a las propias fuerzas de seguridad del Estado. ¿O acaso estas no tienen nada que decir contra la nueva vuelta de tuerca represiva que les da cheque en blanco para reprimir a una ciudadanía empeñada en defender sus libertades y en aspirar a mejores condiciones de vida?, ¿O acaso estos conflictos no tienen relación alguna con sus propias vidas?
Jose Manuel Sánchez Fornet, presidente de honor del SUP, escribía en un tuit: “La ley de seguridad privada se explica muy fácil: mercado, dinero. Los derechos civiles de la ciudadanía… ¿Eso qué es?”. ¿No correspondería aplicar el mismo juicio a la LOPS y actuar en consecuencia?
