La impunidad de los
crímenes franquistas, caso de la desbandá. De aquellos polvos estos lodos
Carlos Martinez es secretario general del Partido Socialista (PSLF) y
politólogo
Las proximidades de la fecha entorno al 18 de Julio
siempre reverdecen recuerdos y reflexiones sobre un verano trágico en el que la
República Española sufrió un golpe de estado que provocó una guerra en defensa
de la Constitución de 1931 y la libertad.
Lo terrible es que tanto el golpe, los crímenes de guerra,
como la dictadura posterior siguen siendo impunes. No se ha juzgado al
franquismo, ni a los franquistas, ni al dictador y todo ello al contrario de lo
ocurrido en Alemania, Italia o Francia tras la derrota del fascismo en 1945 y
esa es la explicación de muchas de nuestras pesadillas actuales. Las derechas
siguen siendo franquistas y/o liberal-autoritarias, hay un poder judicial cuyas cúpulas nunca fueron depuradas como en las
democracias alemana o italiana y que sigue politizado, legitimando el
franquismo, imponiendo duras penas contra la libertad de expresión y
manifestación e interpretando la constitución otorgada por el heredero de
Franco, el rey, desde una óptica parcial de forma que en aspectos de derechos
humanos lo normal en el reino de España es buscar la justicia en los tribunales
europeos. Pero no nos engañemos, los jueces y juezas aunque con una visión
claramente conservadora acaban aplicando la legislación vigente. Lo cierto es
que la ley de amnistía de la transición las leyes como la ley “mordaza” o la de
partidos políticos, son ultraconservadoras, dignas todas ellas de Polonia o de
Hungría como poco. Por eso la impunidad franquista cuyo fin tampoco se
vislumbra en la próxima ley de memoria democrática, nos pasa factura y no somos
una democracia liberal como Francia, Inglaterra o Italia. No olvidemos el papel
de la corona, que debe su reinado al dictador y por tanto su blindaje superior
a cualquier jefatura de estado democrática, necesita igualmente de la impunidad.
Veamos el crimen de la
desbandá, es un ejemplo de libro de crímenes contra la humanidad que nada
tiene que envidiar a las matanzas de las recientes guerras de la extinta
Yugoeslavia o los genocidios de Ruanda o el Congo. Miles de civiles que huían a
pie y con lo puesto, de las tropas de Franco cuando estas comienzan a tomar la
ciudad de Málaga en Febrero de 1937 y que son ametrallados y bombardeados por
aviones y barcos de guerra españoles, alemanes e italianos en la carretera
hacía Motril y Almería que circula paralela a la costa. Se trataba no de tropas
en retirada sino de civiles huyendo, insisto.
Málaga incomprensiblemente, dada su industria y su puerto que
era clave para los intereses de Franco fue defendida con pocos medios al mando
del ineficaz y seguramente traidor coronel Villalba y esto provocó un avance de
las unidades motorizadas italianas del CTV que luchaban perfectamente armadas y
pertrechadas al servicio de Franco y de la causa fascista. El CTV estaba
integrado por unidades de fascistas italianos, los “flechas negras” y soldados
profesionales, más numerosos, con abundantes medios motorizados, acorazados y
con artillería y aviación propias. Los italianos eran la vanguardia pero tras
ellos venían los falangistas, las fuerzas africanas y tropas franquistas que
ejercían una represión sanguinaria, que provocó la huida de miles de refugiadas
y refugiados de toda la provincia, así como habitantes de una ciudad
mayoritariamente republicana y muy sindicalizada.
La resistencia republicana a la asonada pro-monárquica del
18, fue dispar y en ocasiones mal organizada frente a unos golpistas que
llevaban meses con Mola al frente, preparando el golpe de estado y que lo
primero que hicieron fue fusilar a los generales, oficiales republicanos leales
así como a los mandos de la Guardia Civil o de Asalto fieles a la Constitución
y tras ellos a todos los cuadros políticos y obreros republicanos. Los
sindicatos obreros fueron en un primer momento la punta de lanza de la
oposición a la rebelión monárquica y fascista. La CNT y la UGT fueron claves y
ellos organizaron las primeras columnas y
batallones, luchando junto con Guardias Civiles, Carabineros, Guardias de
Asalto y militares con honor, frente al golpe. Por eso Hitler y Mussolini deben
intervenir al objeto de hacer triunfar a los golpistas.
La clase obrera de Málaga venció al golpismo y tomó los
cuarteles sublevados, pero el Ejército del Sur tardó en organizarse, se
improvisó mucho y eso que al frente de los golpistas estaba Queipo de Llano, un
general bien preparado y muy violento y cruel que sabía perfectamente que para
dominar la irredenta y rebelde Andalucía necesitaba aplicar una represión
metódica, con métodos terroristas y planificados de la que ni hombres, ni
mujeres se libraron, tampoco los niños y niñas. Hoy el crimen contra la
humanidad de la desbandá que tuvo su
inicio el 8 de Febrero de 1937, sigue sin ser depurado y Queipo de Llano está
enterrado en la Iglesia de la Macarena
para escarnio de la Iglesia Católica y de Sevilla a pesar de la protestas
ciudadanas y promesas incumplidas del PSOE.
La defensa republicana de Málaga mal planteada, con tropas
escasas y mal armadas, fue un paseo triunfal para la “guerra celere” de las
unidades blindadas italianas con el general Roatta al frente, aunque
posteriormente fueran derrotadas por el ejercito republicano en la batalla de Guadalajara, pero invencibles
hasta ese momento. La persecución y ametrallamiento de la población civil
refugiada llegó de un empujón hasta Calahonda, pasando por Motril ya en la
provincia de Granada. Perseguidos, ametrallados y cañoneados durante 110 km
mujeres, hombres, menores y personas ancianas, hasta que tropas republicanas
llegadas a Guadix desde Utiel en tren y procedentes
del frente de Teruel con dos batallones internacionales como el Chapayev y otros batallones del
Ejército Popular como el Juan Marco
integrado por confederales valencianos, así como algunas fuerzas al mando de
un capitán de Carabineros llegados desde
Almería iniciaron la resistencia e incluso contraatacaron los internacionales.
En Castell de Ferro se organizó la
primera ayuda y se trasladaron los refugiados supervivientes a Almería,
Valencia incluso Barcelona, en camiones.
Restablecido el frente en la línea Castell-Gualchos y Sierra
de Lujar hasta Sierra Nevada, que resistió ya con mucha eficacia todo el resto
de la guerra, finalizó un episodio que nada tiene de menor comparado con el de
Guernica. Fue superior en muertos la desbandá también contra población civil
desarmada.
El ejército de Franco practicó durante toda la guerra
posterior al golpe del 18 de Julio, bombardeos y represalias contra civiles al
objeto de debilitar no el poderío militar de las tropas republicanas sino de
castigar y aterrorizar a población civil. Todos esos crímenes siguen impunes y
sin condena efectiva, porque una declaración verbal, una moción o una PNL no es condenar el franquismo. Una ley
de fosas tampoco hace recuperar la justicia, porque la cuestión no es
desenterrar y enterrar dignamente, lo cual es necesario, sino juzgar el
genocidio franquista y los crímenes contra la humanidad cometidos a docenas en
España.
Carlos Martinez es
politólogo y secretario general del Partido Socialista (PSLF), fue dirigente
sindical
El reciente acuerdo sobre pensiones entre gobierno,
sindicatos “mayoritarios” y la patronal ha suscitado un amplio debate dentro y
fuera del movimiento pensionista. Hay que recordar que es el movimiento y las
mareas pensionistas las que con amplias movilizaciones durante el final de la
etapa del PP-gobierno Rajoy, hasta la fecha ponen en la agenda el tema de las
jubilaciones y retiros y comienzan a defender un incremento de su cuantía y la
defensa del sistema público de pensiones que ha sido puesto en peligro por el
poder y las patronales.
Se da la circunstancia de que la mayoría de las personas pensionistas
que impulsan las manifestaciones y concentraciones son afiliadas y afiliados
sindicales y muchos de ellos y ellas de los sindicatos mayoritarios pero que
metidos estos de lleno en la rueda de las negociones y pactos y el
anquilosamiento de las burocracias sindicales rompen con su conservadurismo
crean sus propias asociaciones y mareas mucho más representativas que las
propias estructuras de jubilados y jubiladas de CCOO y UGT, que por cierto
desde hace unos años en convenios colectivos y acuerdos con la patronal en una
flagrante contradicción –una más- introducen los fondos privados de pensiones
entre las capas trabajadoras con empleos más estables y remunerados. Pero en
las negociones el movimiento pensionista asambleario es marginado, ignorado por
“mayoritarios”, ninguneado por el gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos y
desconocido para la CEOE.
Lo que hay tras estos movimientos de pensionistas e incluso
sectores sindicales de otras centrales de clase e incluso CCOO y UGT es el
futuro de las pensiones, la defensa del sistema público de pensiones y su
viabilidad así como lograr unas pensiones dignas.
La ofensiva contra los sistemas públicos de pensiones viene
de la Unión Europea la cual solo trabaja para los grandes capitales y su
proyecto político es la privatización y que bancos y aseguradoras hagan negocio
con las jubilaciones y/o pensiones. Ese es el proyecto europeo y hay numerosos
documentos que así lo atestiguan. Pero claro aunque la burocracia de Bruselas
militantemente neoliberal haga propuestas solo en favor de los capitales
privados y el mercado, en la UE quien en definitiva manda son los gobiernos y
sin los gobiernos no hay nada que hacer, luego los gobernantes son participes
de las medidas de desmoche y privatización del sistema público de pensiones.
Que no engañen a nadie los miembros de gobiernos europeos.
En el caso español, la “reforma” lo que trata de hacer es por
un lado defender un Pacto de Toledo que carga la recaudación sobre las y los
trabajadores en activo y no a través de la recaudación de impuestos, con una
caja que maneja el gobierno de turno y a la que el PP dio un atraco descomunal,
pero que continua siendo una bolsa que los gobiernos utilizan ante el
grandísimo incremento de la deuda pública.
Por otra parte el ministro Escrivá y la señora Calviño siguen
diciendo de forma más o menos clara que el actual sistema es insostenible y que
muy pronto los y las trabajadoras en activo van a tener que hacer un gran
esfuerzo al objeto de poderse pagar las pensiones y dado el incremento de la
precariedad será muy difícil mantener la cuantía.
Esto indica dos cuestiones, uno que el Pacto de Toledo no es
la solución y otra acabar con la precariedad laboral y los contratos de mierda
de los que las patronales se enriquecen y hacen caja en tiempos de crisis
capitalista y del Covid-19 no hay dinero para pensiones.
La solución es muy sencilla, el Pacto de Toledo no garantiza
el futuro de las pensiones, sino los impuestos. La UE obliga a revisar los
sistemas y privatizarlos, pero en la UE mandan los gobiernos por lo que es
cuestión de que alguien se oponga o como hacen estados con más criterio social,
ignorar estos “consejos” y ante-proyectos. En tercer lugar garantizar los
sistemas públicos porque para más inri los fondos de pensiones privados son
deficitarios y lo que quieren es chupar dinero público para ellos hacer más
negocio todavía.
La cuestión es que los propios estados y el español de forma
muy especial para nosotras, renuncian a redistribuir riqueza y prestar
servicios públicos, es decir se pegan un tiro en el estómago y en beneficio del
interés privado, cada vez recaudan menos impuestos en favor de las grandes
empresas y fortunas (Este gobierno PSOE-UP como el que más), así como permiten
la precarización del trabajo y consienten la destrucción del empleo de calidad.
Un caso paradigmático es la banca. Cada vez hay menos recaudación, cada vez las
cotizaciones a la seguridad social son peores y menores, cada vez los salarios
son más pobres y cada vez hay más destrucción de empleo digno. Luego cada vez
el estado dispone de menos fondos para pensiones, sanidad, educación…
Cuando más falta hace la unidad en la defensa de las
pensiones el gobierno logra el objetivo de dividir y enfrentar a mareas,
movimientos pensionistas y sindicatos. Algunos sectores de las coordinadoras de
pensionistas culpan a los grandes sindicatos de la concertación de claudicar,
pero ocultan que en primer lugar la UE presiona con los fondos de recuperación
económica al objeto de conseguir la privatización de las pensiones que es su política
y en segundo lugar que el gobierno de coalición está comprometido con esas
políticas “europeas” y las impulsa.
Solo la derogación de la reforma laboral, el freno a la
destrucción de empleo, el fin del precariado masivo y la justicia fiscal pueden
garantizar pensiones y servicios públicos y para ello hace falta la unidad de
la clase trabajadora y un sindicalismo de clase y combativo.
Las vacunas del
coronavirus convertidas en guerra comercial y especulativa
Carlos Martinez es
politólogo, del consejo científico de Attac y secretario general del PSLF
La necesidad de una vacuna, contra el covid 19 al objeto de
evitar muertes es sin duda necesaria y más tras el desmantelamiento de la
sanidad pública que las doctrinas neoliberales han impuesto en el mundo. A
falta de medios sanitarios e inversión sanitaria, vacunas, esa es la consigna
de los neoliberales que nos gobiernan. La salud de las personas ha sido
convertida en negocio y precisamente ha sido la pandemia la que ha vuelto a
poner de manifiesto lo pernicioso para la humanidad de las sanidades privadas y
las industrias farmacéuticas privadas.
En este keynesianismo para ricos y poderosos que vivimos en
el que las clases populares son atracadas, mal tratadas y expropiadas de los
bienes públicos, las multinacionales de farmacia vuelven a hacer negocio y
encima con dinero público. Los estados del mundo rico occidental han donado
cantidades muy grandes de dinero nuestro y aportando científicos-funcionarios
al objeto de investigar y trabajar para la industria farmacéutica provocando
que ésta ahora no solo amase muchos millones de dólares, sino que especule,
time y engañe a sus subvencionadores. El “premio Nobel” a la estupidez y la corrupción,
se lo ha llevado la Unión Europea.
Nada más iniciarse la pandemia China, Rusia, Cuba, India y
varios países europeos incluida España iniciaron investigaciones y en su mayor
parte institutos y universidades públicas junto a hospitales públicos emprendieron
proyectos. Pero desde el primer momento en la Europa/Unión y los EE.UU se
señalaron con nombres y apellidos a empresas occidentales mostrando ya una
preferencia puramente comercial y no sanitaria ni de capacidad de producción
como se está demostrando. Se hizo además mucha publicidad y se gastó dinero al
objeto de desprestigiar e incluso bromear con los proyectos chinos y rusos
además de silenciar a Cuba, que es una potencia sanitaria independientemente de
la posición politica de cada cual.
La Unión Europea pre-reservo y firmó contratos tan leoninos
como secretos con la industria privada de la especulación farmacéutica y en esto
AstraZeneca con su vacuna especulativa y Pfizer la más cara todavía y con una
logística difícil y carísima, fueron primadas. Esto se deberá investigar pues o
hay corrupción o hay trato de favor o estupidez, sino todo a la vez. Mientras
tanto otros países comenzaban ya a vacunar con vacunas, chinas, indias, cubanas
y sobre todo la rusa Sputnik V.
No es que rusos o chinos sean hermanitas de la caridad y que
no busquen beneficios y fortalecer su posición geo-estratégica, pero como todos.
Por tanto hacía falta diversidad y no entregarse de atados de pies y manos a
dos o tres marcas occidentales, cuando ya muchos estados del mundo están
utilizando otras vacunas. Es más, la española, que se está investigando en el
CSIC, que es público, debiera haber recibido mucho más aporte económico y debe
ser fabricada desde lo público y en lo público, por eso lleva retraso a pesar
de ser muy buena según dicen investigadores e investigadoras. Mientras tanto
miles de personas siguen muriendo todos los días gracias a la burocracia de
Bruselas en Europa UE, tanto es así que Hungría está comprando ya vacunas rusas
y Alemania, que impone al resto de la UE sus políticas y también la vacuna de
Pfizer, está explorando una colaboración con Rusia.
Lo que ha ocurrido con la anglo-sueca y capital alemán y
estodounidense AstraZeneka es que no solo Gran Bretaña ya fuera de la UE sino
sobre todo los EEUU se han hecho con las vacunas destinadas a la Unión Europea.
Los defensores de lo privado en sanidad son en mi opinión criminales y
corruptos, pues favorecen la especulación comercial y provocan miles de muertes
diarias.
De todo esto se deduce que la sanidad pública es
imprescindible, que en el reino de España está bajo mínimos y encima convertida
en un sector precarizado y que a pesar de tantas muertes y tantos sufrimientos
no se han tomado medidas de urgencia al objeto de fortalecerla. Encima en más
de una Comunidad, se ha despilfarrado el dinero de nuestros impuestos que el
Gobierno les entregó y ahora de forma igualmente corrupta se tira de la sanidad
privada pagando de más por sus servicios. Esto no solo es demencial, repito, es
criminal.
El Gobierno de España tampoco está a la altura de las
circunstancias y duda, miente, es cobarde y su sumisión a la Unión Europea cada
vez cuela menos. Entristece ver como otros gobiernos europeos sí que toman
medidas de todo tipo y actúan como lo que son, gobiernos soberanos. La ministra
de Industria y Turismo debiera ser cesada de inmediato por haber afirmado que
un sector que al fin se está demostrando, no es tan positivo como el turismo,
se iba a recuperar en semana santa, lo cual no solo es mentira, sino que es
imposible. En lugar de mentir se debieran estar haciendo planes de
reindustrialización y de apoyo a la agricultura y no de hundirla gracias a la
PAC de la UE.
Mientras tanto en la Unión Europea nadie exige
responsabilidades a los eurócratas corruptos y/o timados. Ningún tribunal ni
comisión parlamentaria audita que está pasando en España con el dinero del
Covid-19 ni si se está actuando con diligencia. En Cataluña por menos se aplicó
un 155, mientras en una pandemia con miles de muertes ni flores.
La defensa de la sanidad pública es imprescindible, pero la
nacionalización de la industria farmacéutica es clave al objeto de garantizar
los sistemas públicos de salud y la justa distribución de las vacunas por todo
el mundo, pues si no, no se frenará la pandemia. Así como la justicia y el
reparto del bienestar y no que los millonarios que controlan el mundo, se hagan
todavía más millonarios a costa de nuestras vidas de “pringaos” y encima
contentos. Cada día que pasa el socialismo es más necesario para nuestra supervivencia.
Subida generalizada y
especulativa de precios, congelación de salarios y pensiones de facto. La
“recuperación” ¿Otra vez a costa de las clases trabajadoras?
Leandro Piedra es ingeniero,
del Partido Socialista (PSLF)
Carlos Martinez es politólogo,
secretario general del Partido Socialista (PSLF)
La “reocupación económica” que
propició Rajoy y la UE tubo una formula
muy sencilla, abaratar costes patronales, hurtar derechos laborales, liquidar
la libertad sindical y el derecho de huelga y reducir salarios, creando un
amplio precariado sin derechos, mal pagado al objeto de favorecer la hostelería
y el turismo masivo y todo ello protegido por la ley mordaza, amén de una
drástica reducción de servicios públicos en pensiones, sanidad y educación.
Hoy, si seguimos las
afirmaciones y las caras de Nadia Calviño, su fórmula es casi idéntica, excepto
en una subida hace meses de un salario mínimo ya ampliamente insuficiente por
la subida consentida de la luz, el combustible y los suministros básicos con
una importante subida de frutas, verduras y legumbres. Subidas muchas de ellas
puramente especulativas y el caso de la luz eléctrica un verdadero robo
generalizado que Calviño y Teresa Ribera amparan. Claro Calviño, no es la mala
de la función, el presidente Sánchez le y sigue, de no estar de acuerdo con
ella la hubiera cesado, también a Ribera. Esto nos lleva nuevamente a exigir la
derogación de la reforma laboral, la ley mordaza, la represión policial y
judicial y un salario y pensión mínima de 1200 euros mensuales.
En medio de todo esto, aparece
un convidado de piedra, Alberto Garzón al que se le hurtan competencias de
consumo y se le impide proteger a los y las consumidoras, seguro que con su
complacencia, pues de lo contrario hubiera dimitido. Un servicio básico como es
el del suministro de luz a más de 22 millones de hogares españoles, no puede
gestionarse desde las instancias del estado como un bien de lujo y menos frenar
su subida a costa de impuestos, que no de frenar y controlar precios, tarifazo
de la mafia eléctrica.
Así pues como es el “tarifazo”
eléctrico lo más sonado y que más sufrimiento causa a las familias de las
clases populares, nos pararemos en esta cuestión y sus porqués. Nos enfrentamos
y somos conscientes, a un proceso de descarbonización de los países
industriales, ello supone que los gobiernos deben gestionar dicho proceso, y
aplican para ello, mediante medidas legislativas, el control de la reducción y
emisión a la atmosfera de dicha contaminación. No es aceptable que se impute a
la factura de la luz, los costes de estas medidas.
Pues tal proceso y sus costes
deben fijarse sobre el conocido binomio de:
“QUIEN CONTAMINA PAGA”
Una familia en situación
vulnerable poco puede contaminar, y un jubilado o jubilada, que vive con una
escasa pensión tampoco puede contaminar.
Así pues, esta cuestión se ha
convertido en una injusticia de estado, y todo el mundo mira hacia un lado, ya
que los pobres subvencionan la contaminación de los ricos, y esto desde la
izquierda se debe evitar o luchar para ello. Pues una parte importante de la
factura de la luz es la llamada huella
de carbono, en realidad una fuente de ingresos más para las eléctricas.
De otro lado, debemos señalar
que en España viven millones de españoles y españolas, jubilados, viudas,
viudos, solos y solas, y que en su inmensa mayoría, según fuentes de INE,
tienen dificultades para llegar a final de mes, y por tanto su HUELLA DE
CARBONO ES MINIMA, ya que en su mayoría no disponen de coche o vehículo. Sin
embargo, ellos y ellas pagan la descarbonización al mismo nivel que los ricos,
esto supone una INJUSTICA SOCIAL DE
ESTADO.
Debemos recordar que los
grandes consumidores pueden, y así la legislación se lo permite, NEGOCIAR
directamente con las empresas suministradoras sus tarifas para sus potencias y
sus consumos de Kwh, por uno o más años, a tarifa plana, algo que no podemos
hacerlos usuarios de a pie.
Negociación en la que empresas
familiares, pymes, agricultores y agricultoras y autónomos no entran, porque el
tarifazo, perjudica el empleo hundiendo pequeñas empresas y hace cerrar al
pequeño comercio. La mafia eléctrica es junto con la banca y la ausencia de
banca pública el mayor cáncer del estado español.
Por todo ello, PROPONEMOS al
Sr. Ministerio de consumo y al gobierno, que para la defensa de los pequeños
usuarios de la luz de sus hogares y para las familias más vulnerables de
nuestra sociedad como medida transitoria, implante tarifas disuasorias por
bloques de consumo y de paso se elimine el engorroso bono social y su gestión
correspondiente que encima se encarga a instituciones públicas.Y, de esta forma, también se obtiene el
control de consumo, ya que cada familia se adaptará de forma voluntaria a sus
necesidades de consumo. Desde el PSLF proponemos que el Ministerio de consumo
se implique en un asunto tan sensible para la inmensa mayoría de los ciudadanos
y ciudadanas de España y aplique en la factura de la luz el mismo criterio que
con el que se aplica, en toda España, el sistema tarifario del suministro de
AGUA.
Dicho
esto, como socialistas que no como usurpadores de tal denominación, proponemos
que la producción, comercialización y distribución de energía eléctrica sea
pública. Desde empresas nacionalizadas, empresas locales y municipales o
cooperativas ciudadanas y no como un negocio especulativo cuyo siguiente paso
va a ser privatizar el sol y el aire y hacer un serio esfuerzo en energías
alternativas y limpias en el estado con más horas de sol de Europa, que como el
sol y el aire son de todos sus beneficios también sean de todas y todos que no
de los especuladores.
La
única forma de controlar la escalada de precios, es el control estatal de la
economía, la regulación de precios y tarifas y no la privatización, sino la
recuperación de servicios públicos por parte del gobierno y los ayuntamientos
según el principio de subsidiariedad y control democrático que no el negocio
privado sobre población cautiva y sin derechos frente a especuladores sin
escrúpulos ni decencia que en demasiadas ocasiones obtienen las concesiones
mediante la corrupción.
La pandemia de la covid-19 ha hecho emerger las consecuencias que hemos ido arrastrando desde la crisis de 2008. Los recortes en los servicios públicos, su creciente privatización y externalización, el aumento de la desigualdad social y la crisis ecológica son problemáticas que estamos sufriendo corregidas y aumentadas. Y en la educación no ha sido diferente.
Durante el confinamiento constatamos cómo la desigualdad social afecta a la educación de una gran parte del alumnado. La brecha digital, la pobreza y las viviendas precarias han hecho evidente que la educación digital no podía ser de ninguna manera igualitaria. Y el resultado fue que la segregación escolar ya existente se consolidó y amplió. Y solo se vio compensada por el sobreesfuerzo de muchos docentes, que también estaban en condiciones desiguales para ejercer la educación virtual.
La necesidad de la educación presencial es otra de las lecciones que hemos aprendido con el confinamiento. Primero, por equidad, porque las aulas son el único espacio en el cual todos los niños, chicos y chicas, disfrutan de los mismos recursos, tanto materiales como humanos: espacios, mesas, luz, ordenadores, conexiones, libros…, y una persona adulta que los atiende, mientras que en sus domicilios los recursos de que disponen son terriblemente desiguales. También, porque en la educación y en el aprendizaje es fundamental la socialización, la interacción entre iguales, el debate, el trabajo colectivo, la resolución de conflictos, la convivencia en la diversidad, la cooperación, y tantas otras cuestiones, todas imposibles desde la individualidad de la educación virtual. Y, finalmente, porque el mismo aprendizaje, en etapas no adultas, no se puede lograr ante una pantalla con la misma profundidad que interaccionando con los compañeros y compañeras y con el profesorado.
Pero también hemos constatado que las nuevas tecnologías, que ya hace tiempo que han entrado en la educación, intentan sustituir la escuela tradicional por una educación en línea, sobre todo por parte de las grandes empresas del sector, que ven en la educación un mercado altamente rentable y que están aprovechando la pandemia para materializar sus planes. Estas corporaciones son los principales actores políticos beneficiarios de la transformación digital de la educación en esta emergencia sanitaria, puesto que son las que tienen las herramientas, el hardware, el software, las plataformas, las redes y todos los medios necesarios para producir material de aprendizajes no presenciales. No es por casualidad que el pasado 29 de octubre nació en el Estado español la Alianza por la Educación HAZ. Una red política conformada por Fundación La Caixa, Fundación Endesa, Google, Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI) y Fundación Vodafone España, que la ministra de Educación, Isabel Celaá, presentó como una alianza “público-privada para transformar el sistema educativo”. Un paso más hacia la privatización y neoliberalización a través del filantrocapitalismo y del capitalismo digital.
Neoliberalismo y privatización
El objetivo final de la educación debería ser la emancipación, tanto personal e individual como colectiva y social. En estos momentos de crisis de todo tipo –económica, social, cultural, ecológica…–, en los que todo apunta a que nos espera un mundo peor, es más importante que nunca que nuestra gente joven tenga herramientas para comprender el funcionamiento de la sociedad, defenderse y ser capaz de mejorarla. Para ello es indispensable un acceso igualitario al conocimiento, no solo técnico y científico, sino también filosófico, histórico y artístico. Ya que es el conocimiento el que nos ayuda a entender las causas (de la desigualdad, de la injusticia social, del racismo, del machismo, del agotamiento del planeta…) y a poder pensar soluciones alternativas.
Pero la expansión neoliberal en un mundo cada vez más globalizado llegó también a la educación y en muchos países de la UE, incluyendo el nuestro, la política educativa oficial se ha modificado con el objetivo de responder a la sociedad de mercado y a las necesidades del mundo financiero, lo que implica un cambio del sentido y los objetivos que durante muchos años ha tenido la educación. Se trata de abandonar la idea de la educación como servicio público, como un derecho básico de toda la ciudadanía con el objetivo de proporcionar una formación integral, para redefinir y planificar una educación al servicio de la economía, entendida ya no como un derecho universal, sino como una inversión personal (Cañadell, 2013).
El neoliberalismo en la educación tiene como objetivos principales: abrir el mercado educativo para que las empresas privadas puedan realizar negocios en este mercado; ofrecer una formación al servicio de las empresas, adecuándola a las necesidades del mercado de trabajo; disminuir la capacidad de la educación de generar conocimiento y pensamiento crítico; transmitir los nuevos valores neoliberales de competitividad y desigualdad, y precarizar las condiciones del trabajo docente.
El aumento de los centros privados que, a pesar de funcionar con dinero público, cobran cuotas a las familias, así como el aumento de universidades privadas, es una de las fórmulas de mercantilización de la educación. La desigualdad social y la libre elección son dos de las características del neoliberalismo que, junto con la privatización, han terminado con la igualdad de oportunidades para nuestros chicos y chicas. Por lo que la educación puede terminar siendo una fórmula más de consolidación de las desigualdades sociales y económicas, entorpeciendo la movilidad social y aumentando la segregación educativa.
En España, solo el 67,1% de los alumnos escolarizados acude a un centro público, mientras que la media en Europa es del 81% (newtral.es). Y en ciudades como Barcelona las matrículas en la pública solo suponen el 44% del total.
La educación puede terminar siendo una fórmula más de consolidación de las desigualdades sociales y económicas
Esta doble red educativa (centros públicos y centros privados que funcionan con dinero público y además cobran cuotas a las familias) tiene consecuencias varias que afectan al conjunto del sistema educativo. Desde la perspectiva económica, son totalmente injustos ya que con el dinero de todos y todas se pagan los privilegios de los más privilegiados. Según el Ministerio de Educación y Formación Profesional, en 2018 los centros privados concertados alcanzaron los 6.342 millones de euros del erario público estatal, 1.129 millones solo en Catalunya, la comunidad que transfiere mayor cantidad a los centros privados-concertados, lo que repercute en una infrafinanciación de los centros públicos que también obliga a las familias a pagar cuotas para compensar.
Por otro lado, si tenemos en cuenta que la gran mayoría de estos centros privados-concertados pertenece a la patronal de la Iglesia, estos centros son también ideológicamente peligrosos, ya que tienen un ideario propio, mayoritariamente religioso y conservador, por no decir fundamentalista, como los centros del Opus Dei. Actualmente, más de un millón y medio de escolares estudian en dichos centros. Del alrededor de 4.000 centros privados concertados que existen en España, los de ideología católica suponen el 65% y aleccionan al 75% de los alumnos.
Segregación
Pero la mayor consecuencia de la privatización es la desigualdad educativa y la segregación que genera a partir de un alto porcentaje de concentración escolar según la renta económica y el origen cultural o, lo que es lo mismo, escuelas para pobres y escuelas para ricos. Si atendemos a niveles socioeconómicos, España es el quinto país con más segregación escolar de la Unión Europea (Murillo, 2019), por debajo de países del Este tales como Hungría, Rumanía, Eslovaquia, República Checa y Bulgaria. El 44% del alumnado en España asiste a centros que sufren concentración. En el caso del alumnado más vulnerable el porcentaje llega al 72%. La Comunidad de Madrid es la que lidera la segregación escolar (0,36) y también lidera el ranking a nivel europeo (solo por detrás de Hungría). Catalunya es la segunda (0,30) (Save the Children).
Las causas de la segregación escolar son una combinación de diferentes factores, de los que unos tienen que ver con cuestiones sociales, como el aumento de la desigualdad y la diferente distribución territorial de los hogares en función de su renta, pero otros tienen que ver con las propias políticas educativas.
Una de las primeras causas de la segregación escolar es la doble red educativa: unos centros públicos que acogen todo tipo de alumnado y unos centros privados concertados que cobran cuotas y seleccionan el alumnado. La segunda causa es la creciente desigualdad entre los centros públicos y una política que fomenta la estratificación de los centros y la competitividad entre ellos. Todo ello, junto a la libertad de elección de centro, hace que el alumnado con más recursos económicos y culturales termine escolarizado en centros concertados o en centros públicos con proyectos singulares, mientras el alumnado con menos recursos y de origen extranjero se concentra en los centros públicos menos valorados, que pueden acabar convirtiéndose en verdaderos guetos.
En España, cada vez hay una mayor tendencia a potenciar la elección de centro haciendo competir a las escuelas públicas entre ellas, y a las públicas con las privadas. La crisis de 2008 ha influido en el aumento de la segregación escolar, rompiendo la disminución que se estaba produciendo desde el año 2000.
Esta situación es una de las injusticias más flagrantes de nuestro sistema educativo. Mientras los centros concertados tienen instalaciones de gran calidad y muchos recursos, los centros públicos cada vez tienen edificios más degradados y menos recursos. Cabe recordar que, además, los recortes a la educación han sido en la red pública y no en la concertada.
Pero no solo es una cuestión de justicia social, sino también de qué futuro estamos creando con esta segregación escolar. Cuando los niños y jóvenes de clases más acomodadas están juntos desde pequeños y en situación de privilegio, los estamos socializando en la idea de que sus privilegios son derechos inalienables, acostumbrándose así a sentirse superiores y propiciando una actitud clasista en el futuro. Además, al no convivir con los otros niños/as y jóvenes que están en situación precaria, no pueden establecer empatía con los menos favorecidos. Así, la segregación escolar reduce las probabilidades de interacción de niños y niñas con iguales de otros contextos sociales y disminuye sus oportunidades de adquirir aptitudes sociales de empatía y no discriminación.
Igualmente, cuando los alumnos provenientes de familias con menos recursos y/o inmigradas se escolarizan todos juntos en espacios más degradados y con menos recursos, les estamos también enviando el mensaje de que aquel es su sitio, no permitiéndoles que se empoderen y reivindiquen los derechos que les corresponden. Si los chicos y chicas de las diferentes culturas, orígenes y religiones no se escolarizan juntos, tampoco pueden disfrutar de la riqueza de la diversidad y es mucho más fácil que aparezcan las actitudes xenófobas y racistas y más difícil que el alumnado de otras culturas pueda integrarse, ya que no tiene la oportunidad de relacionarse con el alumnado autóctono.
Finalmente, a nivel pedagógico, la concentración de un tipo de alumnado en los mismos centros es negativo: los informes nos dicen que los sistemas educativos donde el alumnado se escolariza todo junto los resultados escolares mejoran. Las aulas donde hay diversidad, de clase social, de nivel cultural, de religión y de capacidades, son un estímulo para el aprendizaje de todos. Mientras que la concentración de alumnado con más dificultades entorpece la posibilidad de éxito escolar.
Resumiendo, la segregación en el ámbito educativo consolida las desigualdades sociales, reduce las oportunidades educativas de una mayoría del alumnado y pone en riesgo la cohesión social. Si queremos construir una sociedad más justa y más igualitaria, necesitamos un sistema educativo que elimine todo tipo de segregación. Y para ello es necesario conseguir una única red educativa, pública, gratuita e igualitaria, la desaparición progresiva de los conciertos educativos, la limitación de la libertad de elegir centro, y recursos suficientes para que todo el alumnado pueda desarrollarse personal, intelectual, cultural, social y laboralmente.
Menosprecio del conocimiento
La deriva neoliberal no solo mercantiliza la educación, sino que está introduciendo, a partir de la llamada innovación educativa, nuevas fórmulas de aprendizaje con el objetivo de que los conocimientos, valores y actitudes de la educación estén directamente al servicio de las necesidades de las empresas y del propio sistema.
Ya en 2014, la Unión Europea en sus Líneas programáticas de la política educativa alertaba de la necesidad de “cambiar el planteamiento tradicional y academicista del currículum escolar para orientarlo hacia algunos cambios que impone el desarrollo económico y social”.
La primera reflexión es que no se ha dado una revisión a fondo de los currículos actuales, sobre todo en Educación Secundaria. Estos son terriblemente extensos, por lo que es imposible poder impartir toda la materia, y tampoco ha habido una reflexión sobre su sesgo patriarcal, la ideología que subyace o cómo asegurar que los contenidos más relevantes se lleguen a impartir. El resultado es que al final de la escolarización aparecen grandes lagunas de cuestiones que deberían ser importantes, como por ejemplo nuestra reciente historia, las luchas obreras, el porqué de las olas migratorias, el cambio climático o la violencia contra las mujeres.
Tal y como denuncia Enrique Díez, a partir de un estudio sobre los libros de texto de historia, “lo que se refiere a la Segunda República, la represión tras el golpe de Estado franquista y la posterior lucha antifranquista, permanece invisibilizada, ocultada e, incluso, tergiversada en buena parte del material curricular que utiliza el alumnado en ESO y Bachillerato” (Díez, 2020).
Sin embargo, si bien en los discursos sobre innovación educativa no se menciona ninguna revisión de los contenidos, en los últimos años hemos asistido ya a cambios importantes que nos acercan a cuáles son los nuevos objetivos de la educación. En la educación obligatoria van desapareciendo las horas dedicadas a Filosofía, Literatura, Música, Historia…, o sea, todos aquellos contenidos que aportan elementos de reflexión, ampliación cultural y espíritu crítico, pero que no tienen un valor en el mercado laboral.
Y, al mismo tiempo que van desapareciendo los contenidos más humanistas, aparecen nuevos contenidos con un claro sesgo ideológico neoliberal, como son la Educación Financiera, la Emprendedora, la Educación Emocional o las Competencias Básicas.
Al mismo tiempo que van desapareciendo los contenidos más humanistas, aparecen nuevos contenidos con un claro sesgo ideológico neoliberal
Las competencias básicas son el nuevo catecismo neoliberal y han sido introducidas en nuestro sistema educativo sin ningún debate ni evaluación. Pero lo más importante es que la educación por competencias no es un método pedagógico que sale del mundo educativo, sino que viene del mundo empresarial. Se trata de aquellas habilidades apropiadas a los nuevos puestos de trabajo o de aquellas capacidades que los empleadores necesitan: resolución de problemas, flexibilidad y espíritu emprendedor.
Con el aprendizaje por competencias, como explica Nico Hirtt (2010): “El papel de la escuela ya no es el de transmitir saberes concretos (lo que en buena pedagogía implica evidentemente el ser capaz de aplicarlos), sino solamente el de enseñar a utilizar cualquier saber, preferentemente en situaciones complejas e inéditas”. En la práctica, ello implica aparcar todo aprendizaje que vaya en el sentido de ampliar la cultura, estimular el espíritu crítico, fomentar la creatividad, el pensamiento libre, la capacidad de análisis de la realidad y la capacidad de transformar la sociedad…
Sin embargo, dentro de un sector de profesorado progresista, este enfoque ha encontrado un cierto consenso, pues se ha asimilado a las pedagogías constructivistas. Pero no es así, en el enfoque constructivista, las distintas prácticas pedagógicas tienen el objetivo de ayudar a consolidar los saberes, mientras que en el enfoque por competencias los conocimientos quedan reducidos a una herramienta al servicio de la actividad del alumno, o sea, de la competencia correspondiente. Su objetivo es más el aprendizaje en el saber hacer que en el aprender y con la evaluación por competencias se refuerza aún más la devaluación del conocimiento, ya que lo importante es saber lo justo para poder aplicarlo. Como explican los autores de Escuela o barbarie: “El planteamiento por competencias… es el de un sistema que profundiza en las desigualdades y que abandona por completo su misión ilustrada de elevar el nivel cultural e intelectual de la población”(Liria, 2017).
Es un grave error confundir la información que podemos encontrar en Internet con
Por otro lado, se insiste también en que la función del profesorado no debe ser ya la de enseñar, sino la de acompañar. Este cambio de rol va también en detrimento del conocimiento, ya que la función de instruir, de transmitir conocimiento y saberes corresponde al profesorado, que es quien tiene estos conocimientos y la capacidad de seleccionar aquello que es más relevante: destruir su figura es destruir el saber. Si se devalúa la función del profesorado, se destruye el respeto por el que sabe y puede enseñar. Si el profesorado solo acompaña, ¿quién va a enseñar? La excusa es que “todo está en Google”, pero la información que podemos encontrar en Internet es inmensa, sesgada, desordenada, verificada o inventada…, y en todo caso es un grave error confundir la información que podemos encontrar en Internet con el conocimiento. Para que la información se convierta en conocimiento es preciso analizarla y procesarla, y ¿quién, sino el profesorado, es la figura que puede y debe hacerlo?
El menosprecio de las clases magistrales, de la utilización de la memoria, de los libros de texto (convertidos en digitales) y de todo aquello que se venía haciendo, son también elementos que dificultan la transmisión del conocimiento. La memoria es absolutamente necesaria para retener los conocimientos y sin conocimientos no hay cultura, no hay comprensión de la realidad, no hay capacidad de análisis, no hay posibilidad de tener espíritu crítico, ni tampoco hay posibilidad de ampliar el propio conocimiento. “Cuanto más se desprecia la memoria y el aprendizaje de datos, más se favorece que el alumnado recurra al memorismo mecánico, puesto que no tienen en la cabeza los datos y referencias que les permiten articular una comprensión significativa de lo que estudian” (Galindo, 2019).
Otro mantra es el que dice que hay que adaptar la educación a las necesidades de la sociedad del siglo XXI, olvidando que las sociedades no son un todo igualitario, que existen diferencias de clase, de género, de cultura, y que no son lo mismo las necesidades de los empresarios que las de la clase trabajadora. Y por todo lo que hemos visto, parece ser que se atiende más a las necesidades empresariales que a las del conjunto del alumnado. La educación debería servir no solo para adaptarse a las nuevas necesidades de un sistema injusto y desigual, sino básicamente a dar elementos para enfrentarse al mismo.
Conclusión
Como decía al principio, el objetivo de la educación debería ser la emancipación individual (cultural, artística, literaria, científica, laboral) y la emancipación colectiva (capacidad de comprender el funcionamiento de la sociedad, las causas de sus males y tener elementos para mejorarla). Y, para ello, el conocimiento y el saber acumulado por la humanidad son estrictamente necesarios. Alejar a los alumnos del acceso al conocimiento implica tener ciudadanos sin capacidad crítica, lo que les convierte en ciudadanos dóciles y fáciles de manipular. Y los más perjudicados son precisamente los que más lo necesitan, los más desfavorecidos socialmente, pues se les estafa los contenidos culturales que les permitirían comprender las causas, políticas y económicas, que les han llevado a su situación (Cañadell, 2020).
Finalmente, es evidente que hay que mejorar la educación, pero cualquier innovación educativa tendría que tener como objetivo buscar aquellas prácticas educativas que mejor ayuden a aprender y a preparar personas libres y cultas, críticas y solidarias y no trabajadoras/es productivos o emprendedores competitivos. La escuela no puede ser una mera fábrica de jóvenes precarios, sumisos e incultos, y esto es precisamente lo que se está intentando con la deriva neoliberal en la educación y con algunas de las nuevas prácticas innovadoras.
Rosa Cañadell eslicenciada en Psicología, profesora y cofundadora del SIEC (Seminari Ítaca d’Educació Crítica
