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Artículos CARTA PUBLICA AL GOBIERNO DE ESPAÑA SOBRE LA LEY DEL INGRESO MINIMO VITAL
CARTA PUBLICA AL GOBIERNO DE ESPAÑA SOBRE
LA LEY DEL INGRESO MINIMO VITAL
La aprobación por el gobierno de España del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo 2020, que
establecía la ley del Ingreso Mínimo Vital y los primeros pasos en su implementación, infundieron esperanzas
y levantaron expectativas entre las personas y familias vulnerables.
Según las informaciones publicadas en la web de la Moncloa el Ingreso Mínimo Vital podría ser
solicitado por 850.000 hogares y beneficiaría a 2,3 millones de personas en situación de vulnerabilidad. El
presupuesto anual de esta prestación ascendería a 3.000 millones de euros anuales.
En 2019, el porcentaje de la población en España en riesgo de pobreza, según la tasa AROPE, alcanzaba
el 25,3%. El porcentaje en situación de privación material severa era del 4,7%, más de 2,2 millones de personas.
Los efectos económicos y sociales de la Pandemia del Covid-19 han empujado a la pobreza y exclusión social
a nuevos sectores de la sociedad. La ley del Ingreso Mínimo Vital podía reducir el impacto de la pobreza,
mientras se preparaban las medidas para relanzar el trabajo digno y avanzar hacia el pleno empleo.
Sin embargo, tras los inicios prometedores de la Ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV), el desarrollo y
gestión de su implementación hasta la fecha han provocado una gran decepción y frustración entre las
personas vulnerables que han solicitado dicha prestación. Los datos publicados el 16 de diciembre por
Seguridad Social son muy preocupantes: De 1.136.173 expedientes válidos de solicitud de la prestación del
IMV, solo se habían aprobado 159.482 y denegados 466.973, estando el resto pendientes de subsanación y
análisis. Es decir, solo 159.482 hogares donde viven 462.508 personas les ha sido reconocido el IMV. A esta
cantidad hay que descontar los 74.119 hogares que percibían prestaciones por hijo a cargo sin discapacidad o
con discapacidad menor del 33 y que el mes de junio recibieron la prestación de manera automática sin
necesidad de presentar solicitud. En el caso de alguna provincia, como es el caso de Barcelona, las 1.596
solicitudes de IMV aprobadas solo representan el 1,9 % del conjunto de solicitudes presentadas a partir del 15
de junio 2020.
Ante la triste e indignante realidad de la implementación del IMV, tras un primer análisis de la propia
ley, y su contraste con la experiencia en la implementación de otras prestaciones como es el caso de la ley de
la Renta Garantizada de Ciudadanía, las personas y entidades firmantes de esta carta al gobierno proponemos
como primeras medidas para mejorar la gestión de la implementación y el contenido de la ley del IMV:
1.- Con carácter de urgencia dotar del personal necesario para una tramitación rápida y efectiva de las
solicitudes de IMV.
2.- Resolver de forma inmediata y efectiva la intercomunicación entre las distintas administraciones públicas,
central, autonómica y local, para la resolución de las solicitudes y la articulación del IMV con las prestaciones
similares que existen en las comunidades autónomas.
3.- Modificar el apartado 2 del artº 18 “Cómputo de los ingresos y patrimonio” de la ley del IMV, reduciendo
el periodo de cómputo de los ingresos obtenidos por el solicitante “durante el ejercicio anterior a la solicitud”
a solo dos meses antes de la solicitud, tal como establece en la actualidad la ley de la Renta Garantizada de
Ciudadanía de Catalunya.
4.- Modificar el apartado 3 del artículo 25 “Tramitación” de la ley del IMV, del Real Decreto ley 28/2020 de 22
septiembre que modifica el Real Decreto ley 20/2020 del Ingreso Mínimo Vital, al ampliar el plazo de
resolución del INSS a la solicitud de la prestación de tres a seis meses, reduciendo dicho plazo a dos meses. -
Artículos CARTA PUBLICA AL GOBIERNO DE ESPAÑA SOBRE LA LEY DEL INGRESO MINIMO VITAL
Comunicado
Hoy 6 de enero de 2021 se ha vuelto a registrar en la web de La Moncloa la “CARTA PUBLICA AL GOBIERNO DE ESPAÑA SOBRE LA LEY DEL INGRESO MINIMO VITAL” con las nuevas firmas de entidades de una amplia pluralidad y diversidad de ámbitos y de nuevas personas que han firmado a título personal.
Agradecemos a todas las entidades y personas firmantes su apoyo a la Carta y a sus propuestas.
En cuanto tengamos la respuesta del gobierno os la haremos llegar por email o washapp, y tras analizar su contenido valoraremos las nuevas iniciativas o acciones a emprender.
Rogamos colgar en webs y distribuir por las redes la presente carta.
Grupo Promotor de la Carta Pública al Gobierno de España sobre el Ingreso Mínimo Vital
Nota: Se adjunta en formato PDF la Carta con las firmas actualizadas
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Artículos Abriendo sendas por el socialismo (1)
Abriendo sendas por el socialismo (1)
Carlos Martinez Secretario general del Partido Socialista Libre Federación
La revitalización de los ideales y la esperanza socialista que se abre en diversos países del mundo contrasta con la ausencia de un debate eficaz sobre la causa socialista en la vieja Europa entre amplias capas militantes excepción hecha en Gran Bretaña y con serias dificultades o en el movimiento feminista.
Una y mil veces hemos de repetir que el socialismo no se corresponde con la acción comprometida con el capitalismo y las derechas parlamentarias de la “tercera vía” el “felipismo” o el socioliberalismo que no representan sino un abandono total de las ideas emancipadoras de la clase trabajadora, del género humano. Eso es una burda apropiación carente de ética y de vergüenza de la palabra socialismo y lo que sobre el entendían sus precursores y precursoras incluidos, no solo Marx y Engels, sino Kaustky, Pablo Iglesias o Rosa Luxemburgo y los ya más cercanos como Salvador Allende o Jeremy Corbyn. Vamos, hasta Bernstein se rasgaría las vestiduras ante tipos que tanto han hecho por destruir sus ideas y acabar con las conquistas del movimiento obrero.
No se puede avanzar en socialismo, sino lanzamos ideas utópicas, pero posibles, acerca de cómo cambiar la producción y cómo distribuir con equidad y responsabilidad la riqueza entre todas y todos y no solo entre unos pocos. Pero tampoco podemos avanzar hacia el socialismo, sin hacer una crítica del capitalismo y lo nefasto que resulta para la humanidad. Un capitalismo que está destruyendo el planeta y sumiendo en la miseria a millones de personas. Un capitalismo que a su crisis, que es la continuación de la de 2008, incrementada por el coronavirus, se va a enfrentar a ella de forma cada vez más salvaje y destructora del bienestar, la alimentación y la felicidad de las clases populares.
Esta tarea a la que humildemente pretendo contribuir no la podemos abordar en un artículo y por tanto serán necesarios dos más al menos, pero de forma sencilla y didáctica, aunque parezca simplista.
Lo primero que hemos de saber es cuál será la reacción de la derecha ante cualquier intento de que las clases obreras y populares traten de avanzar en la toma de poder político y por tanto caminar hacía el reparto. El populismo de “izquierda” ha hecho mucho daño a las izquierdas pues además de renunciar a la clase, se abstrae de denunciar que es y que significa realmente el poder burgués con el que acaba colaborando en nombre del patriotismo, al igual que lo hace el socioliberalismo o falso socialismo de carácter burocrático, profesional y colaboracionista no solo con el capitalismo, sino con las derechas, la monarquía en el estado Español y con las posiciones cerradas entorno a una Constitución otorgada y en gran medida impuesta en 1978, siendo lo peor que ciertos personajes de ese entorno, incluso colaboran con los reduccionistas y revisionistas de extrema derecha de esa Constitución y todavía no doy nombres porque en mi opinión son más de los que encabezaron la escisión del PSOE en Suresnes.
Bien vamos al primer apartado, la toma incluso democrática del poder por parte de las clases trabajadoras y por la vía parlamentaria. En este sentido recomiendo leer a Karl Kaustky, este de forma muy clara denuncia que si la burguesía viera peligrar sus privilegios y riquezas por parte del proletariado organizado y/o los partidos y sindicatos socialistas antes destruiría el parlamento y la democracia que consentirlo. Por eso cuando un o una socialista escucha las peroratas golpistas de VOX, el PP y los movimientos militaristas reaccionarios, no se extraña, no le puede extrañar, no los llama a que sean buenos y se dejen de radicalismos, saben que ese golpismo es intrínseco a las derechas y las instituciones derechistas pues su idea es sostener el capitalismo. Lo que hace, es organizar a la clase trabajadora y las clases populares y proponer un discurso de liberación e igualación ilusionante y apoyado en hechos, no en titulares.
En nuestro mundo, en nuestra España, en Europa cualquier peligro ha sido conjurado antes de que pudiera cuajar y los casos de Sanders y sobre todo Corbyn son muy elocuentes. A Allende simplemente lo liquidaron, le dieron el golpe y acabaron con él. En el reino de España la destrucción a martillazos de la lápida de Largo Caballero es una demostración de lo que están dispuestos a hacer con cualquier socialista las derechas. Por eso surgió Felipe González y su escisión del PSOE es la base fundamental del apoyo a la monarquía. Cuando Casado recrimina a los ecisionistas del PSOE sus alianzas y exige vuelvan a la senda “constitucional”, lo hace porque sabe que sin ellos es imposible mantener la corrupción institucionalizada y una corona al menos pre-democrática.
También Kaustky afirma que el paso inicial para construir el socialismo es la república democrática. Democracia republicana imprescindible para cualquier avance por tanto para el socialismo y no hablo de quienes usurpan su nombre, la República es algo más que una forma de jefatura del estado. Pero la cuestión republicana supera a los partidos y debe ser popular, por ello el republicanismo advenedizo y exclusivista que Podemos intenta monopolizar, puede ser fatal para la causa republicana, advierto.
Estamos ante una cuestión de poder. Sin poder cambiar las leyes y las constituciones, poder construir una alternativa no habrán avances. Esto es algo que los socialistas sabían de sobra y saben en muchos lugares del mundo. Sin cambio constitucional no habrá democracia. Los parecidos entre España y Chile en cuanto a su origen constitucional contemporáneo son más parecidos de lo que a muchas y muchos les gustarían. Por eso hay que ir a una constituyente.
El socialismo es imprescindible al objeto de impedir el cambio climático, el capitalismo verde llega tarde ya y encima es un engañabobos. La lucha por la igualdad de las mujeres y el fin de la opresión y explotación violenta que se ejecuta contra su sexo es parte fundamental de la lucha por la igualdad y el reparto justo. Sin feminismo no hay socialismo, pero sin ecosocialismo no hay futuro.
Para ello es imprescindible reconstruir el discurso socialista tal y como autores y economistas latinoamericanos y anglosajones están haciendo ya.
Que nadie se alarme, desde Miguel Mazzo, Paul Cockshott, Allin Cottrel, Cynthia Lub, Josefina L. Martinez, Tasia Aranguez a Owen Jones se está entre otras y otros muchos, reflexionando y proponiendo la construcción de la senda de la igualdad, el socialismo, la lucha de clases y la lucha de las mujeres oprimidas a las muchas experiencias prácticas y declaraciones del ecosocialismo al objeto de cambiar el mundo y para ello superar el capitalismo, se está trabajando y mucho, ahora hace falta recuperar el discurso socialista y hacerlo llegar a los y las pobres del mundo, a las clases populares y obreras.
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Artículos CARTA PUBLICA AL GOBIERNO DE ESPAÑA SOBRE LA LEY DEL INGRESO MINIMO VITAL
CARTA PUBLICA AL GOBIERNO DE ESPAÑA SOBRE
LA LEY DEL INGRESO MINIMO VITAL
La aprobación por el gobierno de España del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo 2020, que establecía la ley del Ingreso Mínimo Vital y los primeros pasos en su implementación, infundieron esperanzas y levantaron expectativas entre las personas y familias vulnerables.
Según las informaciones publicadas en la web de la Moncloa el Ingreso Mínimo Vital podría ser solicitado por 850.000 hogares y beneficiaría a 2,3 millones de personas en situación de vulnerabilidad. El presupuesto anual de esta prestación ascendería a 3.000 millones de euros anuales.
En 2019, el porcentaje de la población en España en riesgo de pobreza, según la tasa AROPE, alcanzaba el 25,3%. El porcentaje en situación de privación material severa era del 4,7%, más de 2,2 millones de personas. Los efectos económicos y sociales de la Pandemia del Covid-19 han empujado a la pobreza y exclusión social a nuevos sectores de la sociedad. La ley del Ingreso Mínimo Vital podía reducir el impacto de la pobreza, mientras se preparaban las medidas para relanzar el trabajo digno y avanzar hacia el pleno empleo.
Sin embargo, tras los inicios prometedores de la Ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV), el desarrollo y gestión de su implementación hasta la fecha han provocado una gran decepción y frustración entre las personas vulnerables que han solicitado dicha prestación. Los datos publicados el 16 de diciembre por Seguridad Social son muy preocupantes: De 1.136.173 expedientes válidos de solicitud de la prestación del IMV, solo se habían aprobado 159.482 y denegados 466.973, estando el resto pendientes de subsanación y análisis. Es decir, solo 159.482 hogares donde viven 462.508 personas les ha sido reconocido el IMV. A esta cantidad hay que descontar los 74.119 hogares que percibían prestaciones por hijo a cargo sin discapacidad o con discapacidad menor del 33 y que el mes de junio recibieron la prestación de manera automática sin necesidad de presentar solicitud. En el caso de alguna provincia, como es el caso de Barcelona, las 1.596 solicitudes de IMV aprobadas solo representan el 1,9 % del conjunto de solicitudes presentadas a partir del 15 de junio 2020.
Ante la triste e indignante realidad de la implementación del IMV, tras un primer análisis de la propia ley, y su contraste con la experiencia en la implementación de otras prestaciones como es el caso de la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía, las personas y entidades firmantes de esta carta al gobierno proponemos como primeras medidas para mejorar la gestión de la implementación y el contenido de la ley del IMV:
1.- Con carácter de urgencia dotar del personal necesario para una tramitación rápida y efectiva de las solicitudes de IMV.
2.- Resolver de forma inmediata y efectiva la intercomunicación entre las distintas administraciones públicas, central, autonómica y local, para la resolución de las solicitudes y la articulación del IMV con las prestaciones similares que existen en las comunidades autónomas.
3.- Modificar el apartado 2 del artº 18 “Cómputo de los ingresos y patrimonio” de la ley del IMV, reduciendo el periodo de cómputo de los ingresos obtenidos por el solicitante “durante el ejercicio anterior a la solicitud” a solo dos meses antes de la solicitud, tal como establece en la actualidad la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía de Catalunya.
4.- Modificar el apartado 3 del artículo 25 “Tramitación” de la ley del IMV, del Real Decreto ley 28/2020 de 22 septiembre que modifica el Real Decreto ley 20/2020 del Ingreso Mínimo Vital, al ampliar el plazo de resolución del INSS a la solicitud de la prestación de tres a seis meses, reduciendo dicho plazo a dos meses.
5.- Modificar el párrafo final del apartado 3 del artículo 25, que establece la norma del silencio negativo “Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa, se entenderá desestimada” y sustituirla por la norma de silencio positivo que protege mejor los derechos de la persona solicitante, con el siguiente redactado: Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución a la persona interesada debe entenderse estimada la solicitud.
Como puede comprenderse exigir un año de carencia de ingresos antes de la solicitud del IMV y luego esperar seis meses a la resolución bajo la norma de silencio negativo a las personas en situación de vulnerabilidad es prolongar injustamente el sufrimiento a dichas personas, empujarlas a la exclusión social, a que abandonen la esperanza de solicitar el IMV.
6.- Modificar el artículo 32 “Financiación” y sustituirla por el siguiente redactado: “La prestación económica del Ingreso Mínimo Vital se financia a cargo del presupuesto General del Estado. Para asegurar la cobertura suficiente de la prestación, los créditos tienen el carácter de ampliables, de acuerdo con la legislación vigente”.
De este modo se asegura la financiación del Ingreso Mínimo Vital sin depender de los fondos de la seguridad social.
Finalmente, tras comprobar casos de solicitudes de IMV resueltas favorablemente, a las que se ha descontado de la cuantía de la prestación de IMV en 2020 las prestaciones de desempleo percibidas durante varios meses en 2019, lo cual ha motivado la presentación de la correspondiente demanda al juzgado de lo social, solicitamos la apertura de una investigación y la rectificación de dicha gestión devolviendo la parte detraída de la prestación del IMV a las personas que hayan sufrido dicha reducción.
Esperamos que nuestras propuestas sean atendidas y expresamos nuestra disposición a dialogar con el gobierno de España para mejorar la Ley del Ingreso Mínimo Vital en base a la experiencia acumulada con la implementación de otras prestaciones similares.
22 de diciembre de 2020
Entidades y personas que suscriben la carta y peticiones
Primeras entidades firmantes:
Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía de Cataluña, Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones-COESPE, Alianza de Mareas y Movimientos Sociales, Afectats BB Serveis, Agrupació TAXI Company, Aigua es Vida, Alianza contra la Pobreza Energética, Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía, Asociación por la remunicipalización de los Servicios Públicos, Amigos del deporte el ocio y la cultura del Prat de Llobregat, ASSEMBLEA GROGA, ATTAC España, ATTAC Acordem, CICLO, COBAS, Colectivo Ronda, Colectivo sin vivienda de Terrassa, Confederació Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya, Coordinadora de Asambleas de trabajadores/as en paro de Cataluña, Coordinadora Residencias 5+1, CUT de Aragón, Dones abolicionistes, Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona-FAVB, FSOC Canarias, Intersindical Alternativa de Cataluña, Intersindical Valenciana, LINEAS ROJAS, Marea Blanca Gaditana, Marea Blanca Rioja, Marea la Colomense, Marea de Mareas, Marea Pensionista de Cataluña, Marxa Dignitat Catalunya, Moviment de les Pensions Dignes de Terrassa (MPD), Movimiento de Resistencia Vecinal, NO+PRECARIETAT, Pastoral Obrera de Cataluña, Plataforma Afectados por la Crisis Badalona-PAC, Plataformas de Afectados por las Hipotecas catalanas-PAHs, Plataforma SAD Cataluña, PRESSENZA-Agencia noticias Internacional, RidersxDerechos, Sindicato Las Kellys Cataluña.
Si desea suscribir esta carta al gobierno de España puedes enviar el nombre de la entidad, colectivo social o bien a título personal indicando su nombre, apellidos y profesión o actividad social al email: carta.imv@gmail.com
Primeras personas firmantes:
Eva Abellán Costa. Síndica Municipal de Greuges de Sabadell.
María José Alarcón. Activista de Afectats BB Serveis.
Vidal Aragonés Chicharro. Diputado en el Parlament de Catalunya.
Vania Arana Ganoza. Activista por los derechos humanos.
Miguel Arenas Gómez. Abogado laboralista, profesor asociado Universidad Autónoma Barcelona.
Christine Arnaud. Activista social.
Jordi Ballart Pastor. Alcalde de Terrassa.
Antonio Barbará Molina. Médico y activista de Marea Blanca.
Assumpta Barbens. Secretaria General de IAC-CATAC.
Josep Bel Gallart. Activista de Procés Constituent y de cobas.
Gregorio Belmonte. Presidente de la Germandat Obrera d’Acció Catòlica (GOAC), diocesana de Barcelona i Sant Feliu.
Luis Blanco Maldonado. Movimientos sociales IAC.
Cecilia Belza Palomar. Traductora en paro.
Albert Botrán i Pahissa. Diputado en el Congreso.
Santi Boza. Presidente de Acción Católica Obrera de España.
Carmen Burgos Gómez. Portavoz de Marea la Colomense.
Rafi Cáceres. Directora de la Pastoral Obrera diocesana de Barcelona.
Francisco Cañadas Guzmán. Activista de Alianza de Mareas y Movimientos Sociales y Movimiento Resistencia Vecinal.
Rosa Cañadell Pascual. Activista defensa de la educación pública. Assemblea Groga.
María José Carcelén Romero. Presidenta Coordinadora Residencias 5+1.
Antonio Castan Sanclemente. Activista de Marea Pensionistes.
Francisca Castillo González. Activista Coordinadora Residencias 5+1.
Washigton Castro Méndez. Activista Marea Pensionista.
Daniel Cedrun Martin. Activista sin hogar.
Pedro Cervera. Educador social.
Jorge Cortegana López. Delegado CGT de SEAT.
Francisco Crespín Gómez. Activista Marea Pensionista de Sant Adriá del Besós.
Sylviane Dahan. Feminista y activista vecinal.
Lucía Delgado Ramisa. Portavoz Plataforma de Afectados por la Hipoteca-PAH de Barcelona.
Javier Dibitonto. Miembro de la comisión de políticas públicas en el Frente Amplio.
Enrique Elejalde Martínez de Pancorbo. Activista de Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía.
José Miguel Esteban Lupiañez. Activista del movimiento de la discapacidad.
Josefina Esteve Llussa. Activista Marea Pensionista.
Èrika Fabregat. Secretaria de la Pastoral Obrera diocesana de Barcelona.
Raúl Fernández Cháves Calabuig. Desempleado.
Esperanza Fernández Martínez. Colabora en la redacción de agencia de noticias Pressenzacat y activista de Marea Blanca.
Rosa Maria Fernández Sansa. Fundadora y primera presidenta del Casal de la Dona de Terrassa.
Josep Lluis Franco Rabell. Exdiputado del Parlament de Cataluña.
Ramón Franquesa Artès. Portavoz de COESPE.
Enrique Fuentes Álvarez. Concejal del Ayuntamiento de Cardedeu.
Antonio Fuertes Esteban. Miembro de ATTAC Acordem.
Dolores García Cures. Desempleada.
Enrique García. Activista social.
Gloria García de la Casa. Activista Coordinadora Residencias 5+1.
Ciriaco García Gil. Portavoz de COESPE.
Pedro García Ramirez. Expresidente de la Agrupació Taxi Companys.
Sixte Garganté Petit. Jurista, representante de la Comisión Promotora de la Renta Garantizada Ciudadanía.
Anibal Garzón. Analista política internacional en diversos medios de comunicación.
Francisco Garzón Baena. Expresidente del c.d. Can Parellada.
Manolo Gómez Muñoz. Sindicalista de la DAMM, activista sanidad.
Charo Gómez Perez. Activista de la Aliança contra la Pobreza Energética.
José Antonio González Espada. Abogado laboralista del Colectivo Ronda.
Maria Jose Gonzalez Osuna. Vicepresidenta Asociación Vecinos Can Parellada. Activista vecinal.
José A. Gracia Martínez. Portavoz Marea Blanca andaluza.
Asunción Hernández García. Expresa política de la dictadura Franquista, delegada sindical de CCOO.
Sebas Huguet Sánchez. Sindicalista de OEPB y activista de CICLO.
Núria Ibáñez. Presidenta de la Joventut Obrera Cristiana (JOC), de Catalunya i Les Illes.
Miquel María Ibarz Vidal-Barraquer. Miembro de la Comisión Promotora Renta Garantizada.
Pedro Jiménez Muñoz. Sindicalista SEAT y activista Marea Pensionista.
Salvador López Arnal. Colaborador revista Viejo Topo.
Luis López Guerra. Presidente de la Agrupació Taxi Companys.
María Eugenia López López. Psicóloga educadora social y mediadora familiar, activista social y feminista.
Encarna López Gil. Miembro de la secretaría de la Dona de la Intersindical Alternativa de Cataluña.
Eduardo Luque Guerrero. Periodista y analista político.
Joan Llambrich Olivé. Activista de Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía.
María José Maqueda Ortega. Concejala En Comú Podem Canovelles.
Xavier Marín. Activista de Líneas Rojas.
Isabel Marquès i Amat. Síndica Municipal de Greuges de Terrassa.
Pere Jodar Martínez. Profesor ciencias políticas y sociales Universidad Pompeu Fabra Barcelona
Roberto Martínez. Activista de Afectats BB Serveis.
Juan Vicente Martínez Navarro. Activista de Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía.
Evangelina Martínez Martínez. Funcionaria autonómica jubilada y colaboradora en AVUSAN (Comisión de Sanidad de AVACU -Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios).
Ana Menéndez Martínez de Bartolomé. Presidenta FAVB.
Joan Mestres. Portavoz Coordinadora asambleas de trabajadores/as en paro de Cataluña.
Patrizia Manzo Apice. Activista Asamblea trabajadores/as en paro de Barcelona.
Maite Melich Artaso. Activista de Marea de Mareas, de Marea Pensionista y del Espacio Calabria 66.
Neus Molina Moreno. Sindicalista de CCOO y abogada jubilada.
Manolo Monereo Pérez. Politólogo, exdiputado del Congreso.
Pedro Montes Fernández. Economista, representante asociación Socialismo 21.
Agustín Moreno García. Profesor de Instituto.
Pablo Moschini. Activista de Activat+45.
Hermógenes Rafael Muñoz Perpiñá. Activista Social.
Jesús Alfonso Muñoz Redondo. Sindicalista.
Carmen Murias Bustelo. Activista de la Marxa Mundial de les Dones.
Arcadi Oliveres Boadella. Economista, expresidente de Justicia i Pau de Barcelona
Araceli Ortiz Arteaga. Sindicalista.
Manuel Ortiz Torres. Activista de Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía.
Cecilio Oyonarte. Activista social.
Ramiro Pàmpols. Representante dels capellans obrers de Barcelona.
Antonio Pérez García. Miembro Coordinadora de CO.BAS Cataluña y responsable acción sindical.
Joaquín Pérez Gómez. Activista de Aigua es Vida.
Pere Pérez. Director de la Pastoral Obrera diocesana de Terrassa.
Mirian Planas Martin. Activista de Aigua es Vida.
Antonio Pons Lasala. Presidente Asociación vecinal Sant Joan Baptista de Sant Adria del Besós.
Silvia Ramos de la Rosa. Presidenta Asociación AFAV, Asociación Familias Afectadas Patología Dual.
Diego Rejón Bayo. Sindicalista CGT SEAT.
Concepción Ribera de la Barrera. Portavoz de COESPE.
Juan Rivera Reyes. Profesor de Geografía e Historia en Córdoba y miembro de Colectivo Prometeo.
Pepe Rodado. Director de la Pastoral Obrera de Cataluña.
Luis Ros Cortés. Activista Plataforma Afectados por la Crisis Badalona-PAC.
José Ruiz López. Activista Marea Pensionista.
Josefina Salazar Farré. Activista de la Plataforma SAD Cataluña.
Fernando «Topo» Saz. Presidente de Ecologistes en Acció de Catalunya
Quim Segarra. Psicólogo i Educador Social, colaborador Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados. Especialista en Adolescentes en Exclusión Social.
Enrique Seijas Saavedra. Miembro de ATTAC.
Pedro Serra Guerrero. Miembro De la comisión de organización de la Marea Pensionista de Cataluña.
Nuria Soto Aliaga. Representante de RidersxDerechos.
Elva Tenorio. Activista de Dones Abolicionistes.
Diosdado Toledano González. Representante Comisión Promotora Renta Garantizada Ciudadanía.
Xan da Torre Varela. Activista de Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía.
Albert Torrents Miguez. Trabajador social.
Francisco J. Treviño Carrillo. Técnico en informática de sistemas y activista social.
Jordi Trujillo i Agullo. Activista de la Asamblea de trabajadores/as en paro de Terrassa.
Dolors Vallejo Calderón. Síndica Municipal de Greuges de Sant Boi de Llobregat.
Joan Valls. Director de la Pastoral Obrera diocesana de Lleida.
Ramiro Vega. Representante de la Pastoral Obrera diocesana de Sant Feliu.
Mireia Vehí i Cantenys. Diputado en el Congreso.
Antonio Vergara de Campos. Médico.
Enric Violan Galan. Productor ejecutivo MAREA TV.