Bruselas apuesta por la deuda
No habrá reconstrucción económica manteniendo la corrupción institucional
La Unión Europea ha acordado el establecimiento de un fondo de 750.000 millones de euros: 390.000 en subvenciones y 360.000 en préstamos, para tratar de reactivar la economía, que pasa por la mayor quiebra económica internacional desde la Segunda Guerra Mundial. Recesión generalizada que vivimos en medio de una grave guerra económica y comercial de las principales potencias. Se han aprobado también los presupuestos de la Unión para el periodo 2021-2027.
Espacioindependiente nº 366, jueves 23 de julio, 2020
Pese a las diferencias conocidas entre socios, ha sido Merkel la que ha acabado imponiendo sus planes a todos los demás. Se ha establecido que las subvenciones de dicho plan se financiarán por primera vez con emisiones de deuda conjunta. El reino de España recibirá de dicho fondo, según lo acordado, un total de 140.000 millones, incluyendo ayudas directas de 72.700 millones. Con todo lo aprobado en Bruselas, la Deuda Pública se viene a constituir en la principal palanca del sistema capitalista en crisis, garantizando la rentabilidad ficticia del capital financiero y preservando el papel dominante y parasitario de los bancos privados.
El control político y económico de Bruselas sobre los países miembros se incrementa con estos acuerdos, negando el derecho de los pueblos de Europa a gobernarse a sí mismos, minando las expresiones de soberanía nacional. Los controles sobre las cuentas y los presupuestos de cada Estado miembro por la burocracia de Bruselas se convierten en la norma con la que se tratará de impedir las demandas sociales y democráticas de los trabajadores y pueblos.
En el caso español, los acuerdos de Bruselas se traducen en el mantenimiento de las contrarreformas sociales establecidas, tanto por los dirigentes del PSOE como por el PP, sin subidas de salarios y pensiones, y la misma vigencia de leyes contrarias a los derechos democráticos, como es el caso de la permanencia de la ley mordaza.
El acuerdo europeo contrasta con el desacuerdo establecido en la comisión parlamentaria de “reconstrucción” que se ha reunido en Cortes las últimas semanas. La maniobra del Gobierno tendente a preservar los apoyos de republicanos y nacionalistas, mientras tiende la mano y cede ante las derechas el mantenimiento de todo tipo de privilegios, ha resultado un fracaso. El giro a la derecha del Gobierno no ha conseguido, como era su interés, reestablecer el consenso con el PP.
El saneamiento económico no es posible sobre la base de la corrupción política e institucional. Esa es la verdadera responsabilidad del Gobierno de Sánchez y, de otra parte, de la mayoría de partidos que le permitió la investidura. El abuso de poder y la corrupción exigen soluciones democráticas para resolver democráticamente la crisis de la Jefatura del Estado.
Por ello, los partidos republicanos exigen que se investiguen a las direcciones de las grandes empresas que propician el pelotazo. La corrupción de las altas esferas de la sociedad española combina el despotismo político de las instituciones con los comportamientos mafiosos las altas direcciones de las grandes empresas privadas, con prácticas reiteradas de caciquismo clientelar, donde las desviaciones y corruptelas no son la excepción. Las instituciones políticas más corruptas son las que más poder detentan y menos control tienen; y las empresas más corruptas son las que se identifican con las más rentables.
Felipe González, ha roto recientemente el silencio político, que mantenía después de ser acusado por los papeles del Departamento de Estado Norteamericano de ser la X del Gal, para salir en defensa de Juan Carlos de Borbón, pidiendo el respeto a la presunción de inocencia del Rey emérito antes de dar “credibilidad” a lo que diga “una señora”, en alusión a las acusaciones de la favorita real, Corina Larsen. González, que colaboró durante muchos años con Juan Carlos, gobernando para él y para la Corte de banqueros, vino a defender -como monárquico de ocasión- el “fantástico servicio de D. Juan Carlos como Jefe de Estado”, reconociendo que mantuvo una “relación fluida” con el monarca. Relación que se prolonga hasta nuestros días -cuarenta años después- por los nuevos titulares de los palacios de la Zarzuela y la Moncloa, que siguen manipulando en común de espaldas a la población, tratando de continuar con la misma política de salvar el papel antidemocrático de la monarquía, para así ejercer el control despótico de la jefatura del Estado sobre toda la sociedad.
Una de las muchas campañas que tratan de desvelar el papel de la Monarquía en el Estado vienen a exigir al Gobierno que retire a Juan Carlos el título vitalicio y honorífico de rey emérito. Hay que subrayar que, tras la abdicación del año 2014, a Juan Carlos de Borbón, por acuerdo de Rajoy y Rubalcaba (del PSOE y del PP), se le quiso acorazar ante las posibles demandas de terceros y de la misma justicia ordinaria, otorgándole un nuevo título honorifico y vitalicio. Y ahora es el Gobierno de Sánchez, el que pese a todo lo que se conoce de las actividades ilegales del emérito, mantiene a todo precio los honores. ¡Bastaría con revocar el Real Decreto 470/2014 para poner término a esta situación insultante para la inmensa mayoría!
El Parlamento de Cataluña ha dado un paso más, demandando la abdicación de Felipe VI, reprobando también al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diciendo que “independientemente de la celebración de un referéndum de autodeterminación en Catalunya, por salud democrática, consideramos necesaria la abdicación de Felipe VI, una investigación exhaustiva sobre las interferencias políticas y la corrupción de la Monarquía borbónica, y un referéndum sobre monarquía o república en el resto del Estado”.
La Monarquía se ha convertido en el verdadero callejón sin salida de la política española; por ello, debe ser examinada y puesta al descubierto en sus privilegios y corruptelas. El Gobierno no puede pretender que se va a reconstruir la economía manteniendo el despotismo, el abuso de poder y la corrupción de Estado.
Existe en esta situación un amplio espacio independiente para una fuerza política a construir, luchando abiertamente contra la corrupción de las instituciones de Estado y de la gran patronal; exigiendo la ruptura del gobierno con las políticas e instituciones no democráticas, que solo benefician a una minoría. Impulsando un amplio movimiento republicano, respetuoso con los derechos de trabajadores y pueblos; lo que pasa por reorganizar a la mayoría en torno a un proyecto plurinacional de naturaleza republicana y socialista. Espacio político que debe y puede ser ocupado por una nueva representación política de la mayoría social, fiel a sus intereses y aspiraciones