El importante incremento del desempleo tras finalizar el pasado mes de agosto (1), notablemente superior a los últimos años, el dato que los ultra-ricos en España se ha casi triplicado (2) desde el estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera en 2007/2008, junto a la preocupante evolución de la economía capitalista a escala mundial hacia un nuevo ciclo recesivo, de profundidad y consecuencias imprevisibles, nos obliga a reflexionar, proponer medidas alternativas, e impulsar iniciativas y movilizaciones en defensa de objetivos concretos, en la perspectiva de una transformación social que supere un sistema injusto, violento, obsoleto, que amenaza la propia existencia de la humanidad, de los seres vivos y el planeta.

En efecto, desde el anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos en 2015 de la retirada de los estímulos económicos para superar la grave crisis sistémica simbolizada por el derrumbe del banco Lehman-Brothers, se han producido siete subidas de los tipos de interés. Las consecuencias de estas subidas han provocado graves crisis económicas en los países endeudados con dólares, especialmente en América Latina, así como movimientos del capital que se retiran de dichos países para hacer negocio en Estados Unidos. Impasible ante las graves consecuencias de sus decisiones fuera de Estados Unidos, la Reserva Federal anuncia nuevas subidas para este mes de septiembre.

Por otra parte, las políticas expansivas del Banco Central Europeo prestando cientos de miles de millones de euros a interés cero a los bancos europeos (3), no a los estados ni a la ciudadanía, y que ha permitido a los tiburones de las finanzas enriquecerse a costa de inflar nuevas burbujas especulativas, tienen fecha de caducidad. El anuncio por el BCE que el programa de compra de deuda pública y privada (QU) termina este año y que a partir del segundo semestre de 2019 subirá el precio del dinero, va a tener consecuencias negativas en una economía que se ralentiza y se acerca a una probable recesión económica.

Las políticas de ajuste y austeridad impuestas por las instituciones europeas, Eurogrupo, Comisión Europea y BCE, particularmente a los países del Sur de Europa, Grecia, Italia y España con el objetivo de asegurar el pago de la deuda a la banca y fondos prestatarios, ha tenido graves y dolorosas consecuencias sobre las clases trabajadoras y la mayoría social, incrementando el desempleo, la precariedad, la pobreza y el deterioro de los derechos básicos a la salud, la educación, las pensiones públicas, e hipotecando el futuro de esos países.

En ausencia de un presupuesto común suficiente de la UE, sin mecanismo de mutualización de la deuda, etc., no se ha podido reequilibrar los efectos del libre comercio sin tasas aduaneras entre países con diferentes niveles de desarrollo y productividad, provocando importantes desequilibrios en las balanzas comerciales, y las consiguientes acumulaciones de deuda y déficit público entre los países con menor capacidad industrial y financiera. Sin instrumentos económicos para desarrollar otras políticas económicas más efectivas y equilibradas socialmente, más ecológicas, los países del Sur de Europa han sido forzados por el Eurogrupo a modificar constituciones (4), implementar contrarreformas laborales para devaluar los salarios, reducir los costes laborales mediante el desempleo masivo y la precarización del trabajo, privatizar servicios públicos, y recortar el gasto en las pensiones públicas.

La situación laboral y social en España a las puertas del ciclo económico recesivo

Las medidas y contrarreformas para reducir el gasto social y público en España se sucedieron desde 2011 bajo los gobiernos de Zapatero y Rajoy.

Con el gobierno del PSOE se aprobó la reforma de las pensiones en julio de 2011 que alarga la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, además de otros recortes; en septiembre del mismo año promueve con el apoyo del PP, en un contubernio elocuente del régimen bipartidista, la modificación de la Constitución española con el artº 135 que prioriza el pago de la deuda y la disminución del déficit público, a costa de los derechos sociales fundamentales.

Tras ganar las elecciones generales el 20 de noviembre de 2011, la primera medida del gobierno de Mariano Rajoy es el Real-Decreto ley de 10 de febrero de 2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que elimina la ultraactividad de los convenios, reduce la capacidad negociadora de los sindicatos, favorece los despidos e incrementa la precariedad, elimina o reduce las cuotas a la seguridad social en determinados colectivos, etc.

A continuación, promueve la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que se aprobará el 27 de abril del mismo año, implementando el Pacto de los jefes de gobierno de la zona euro el 9 de diciembre de 2011 y el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria firmado el 2 de marzo de 2012, aunque entró en vigor el 1 de enero de 2013 tras ser ratificado por los estados miembros de la eurozona.

Para blindar el sistema político y su gobierno, frente al malestar social creciente que tuvo una importante expresión en las Marchas de la Dignidad de 22 de marzo 2014, el gobierno de Rajoy aprobó la ley orgánica de 30 de marzo 2015, la llamada Ley Mordaza, que supuso una seria regresión de los derechos cívicos.

Las consecuencias de esta legislación social, laboral y fiscal regresiva, fue en lo inmediato una gran destrucción de empleo, más de un millón de puestos de trabajo desaparecieron con la aplicación de la reforma laboral de Rajoy, el desempleo se elevó a finales de 2012 al 26%, y alcanzó la cifra de más de la historia con 6,2 millones de personas sin empleo, 27,6% en el primer trimestre de 2013. Estas políticas de austeridad comportaron una drástica reducción del gasto social en salud, educación y protección social.

Mientras, la fiscalidad en el estado español se mantenía 8 puntos por debajo de la media de la UE, y la corrupción y el fraude fiscal alcanza cifras escandalosas según los informes del sindicato de técnicos del Ministerio de hacienda GESTHA, que ya denunciaba en 2011, que el estado perdía 90.000 millones de euros anuales debido al fraude fiscal, el 72 % realizado por grandes empresas y fortunas del país (5).

Sin embargo, las desastrosas políticas neoliberales de austeridad aplicadas por el gobierno de Rajoy, se beneficiaron de una coyuntura económica internacional favorable, con un importante descenso del precio del petróleo del que la economía española es una gran importadora, de las políticas expansivas del BCE con créditos a cero de interés, y de la recuperación y crecimiento de la economía global.

Son estos factores los que explican la recuperación del crecimiento económico en España estos últimos cuatro años.

Sin embargo, la expansión de la economía española tocó techo este año, y las diferentes instituciones económicas y financieras advierten los signos de frenada de la economía motivadas por factores externos, como la elevación del precio del petróleo y las políticas de la Reserva federal de EEUU, e internos, especialmente el crecimiento de la nueva burbuja inmobiliaria vinculada a la especulación de los fondos buitre, y del crecimiento de la deuda exterior neta de España, consecuencia de la acumulación de la diferencia entre el valor de las importaciones, siempre superior al de las exportaciones desde la implantación de la moneda única.

Ante el próximo cambio de ciclo económico, la situación del mercado de trabajo es de una gran fragilidad causada por la gran precariedad laboral existente.

En efecto, el desempleo en España a finales de agosto alcanzó la cifra de 3,18 millones, con un repunte significativo del desempleo estacional respecto años anteriores.

La precariedad laboral sigue creciendo, los contratos temporales a tiempo completo y parcial forzosos alcanzaban en 2017 el 29,8% del mercado de trabajo, y los contratos indefinidos a tiempo completo solamente el 47,9% (6).

España lidera la pobreza laboral en la UE (7), un 15% de hogares cuenta con un miembro cuyo salario está por debajo del umbral de pobreza. En 2017 el 47% de trabajadores/as cobraba salarios inferiores a los 1.000 euros mensuales, y seis millones el 34,4% del mercado de trabajo cobraban por debajo del salario mínimo, una gran parte de estos por debajo del umbral de pobreza (8).

En estas circunstancias de elevada precariedad y pobreza laboral, y con un suelo de más de 3 millones de personas sin empleo, la entrada en un nuevo ciclo recesivo, la tasa de desempleo puede elevarse rápidamente hasta la cifra alcanzada en 2012 y 2013.

Además, el margen de maniobra que dispone el BCE para aplicar políticas de expansión monetaria que neutralice los efectos de la nueva crisis es más limitado, al mantenerse los tipos de interés de los créditos que concede en el cero%.

Ante la perspectiva de la nueva crisis, con el riesgo de rápidos incrementos de la prima de riesgo, y de relanzamiento de políticas austericidas más duras, y habiendo comprobado el desastre social provocado por dichas políticas, hemos de anticiparnos proponiendo un giro de 180 grados en las políticas económicas, para que estén al servicio de la mayoría social, de la clase trabajadora, en definitiva de las personas, y no de una minoría ultra-rica, especulativa y ladrona.

Los objetivos inmediatos: defensa del pleno empleo con trabajo digno y redistribución de la riqueza

La asamblea de trabajadores/as en paro de Barcelona, en su constitución el 1 de abril de 2009 en las cocheras de Sants, aprobó la Plataforma reivindicativa. En torno a dichas reivindicaciones, y con un funcionamiento basado en la democracia asamblearia y la autonomía respecto de las instituciones, partidos y sindicatos, ha impulsado numerosas acciones, e iniciativas, con voluntad unitaria y solidaria.

Con la experiencia acumulada se fue actualizando la Plataforma reivindicativa, asumiendo nuevos retos. El objetivo, por un puesto de trabajo digno y estable para todas las personas sin empleo, además de encabezar la Plataforma, fue defendido a lo largo de su trayectoria (9). Para implementar dicho objetivo, en la Plataforma se acompañaban de otras medidas, como la reducción de la jornada de trabajo sin disminución del salario, y la derogación de las contrarreformas laborales y la legislación que blindaba y fomentaba la precariedad laboral.

La propuesta de redistribuir la riqueza y combatir la desigualdad social inspiró las principales reivindicaciones de la plataforma. El objetivo de reducir la jornada laboral sin reducir el salario se basa en los aumentos de productividad y plusvalías que durante un largo periodo de tiempo se han acumulado y no se han concretado en aumentos salariales significativos o en la reducción del tiempo de trabajo. De hecho, la distribución de las rentas en España en los últimos años muestra que la porción de las rentas del capital ha crecido, mientras las del trabajo ha disminuido. La justificación de la patronal y élites políticas que, la acumulación de las plusvalías, permitiría nuevas inversiones en la creación de más y mejores puestos de trabajo se demostró falsa, y por el contrario fomentó burbujas especulativas con el final por todos conocidos.

La asamblea de trabajadores/as en paro de Barcelona y, posteriormente, la Coordinadora de asambleas de trabajadores/as en paro de Cataluña constituida el 12 de marzo de 2012, impulsaron diversas iniciativas para reducir el tiempo de trabajo, denunciando especialmente las horas extras forzosas y no pagadas (más de 200 millones de horas extras anuales), y el lanzamiento de una encuesta con seis temas, entre ellos el objetivo de la semana de 30 horas, que fue cumplimentada por las principales organizaciones políticas, sociales, sindicales y cívicas de Cataluña. Con resultados muy interesantes y que mostraban una empatía general hacia la propuesta de reducir la jornada de trabajo, concretada en reducir de inmediato la semana laboral a 35 horas y avanzar hacia las 30 horas semanales.

Las estimaciones efectuadas, mostraban que dicha medida tendría un gran impacto en el reparto del empleo, y por tanto en la reducción de la desocupación. Con las 35 horas se daba un gran paso, y con las 30 horas se generaba una situación de pleno empleo.

Sin embargo, las principales organizaciones, especialmente los grandes sindicatos, no adoptaron medidas efectivas y de lucha para avanzar hacia este objetivo. Los factores del desempleo masivo, la precariedad laboral, y los efectos de la contrarreforma laboral del gobierno del PP, que debilitaron la capacidad de negociación y el poder de los sindicatos, explican una gran parte, pero no todo.

La alternativa de redistribuir la riqueza también inspiró el impulso de la Iniciativa legislativa popular de la Renta Garantizada de Ciudadanía por la Asamblea de trabajadores/as en paro de Barcelona el 15 de septiembre de 2011. Garantizar el mínimo vital a las personas y familias que no lo tienen, apoyándose en el artículo 24.3 del Estatut de autonomía de Cataluña, dio lugar al contenido de la ilp, que con el apoyo de una gran pluralidad de entidades cívicas, sociales, políticas y de personas a título individual, recogió más de 121.000 firmas. Tras superar importantes obstáculos, a lo largo de su tramitación parlamentaria, gracias a las movilizaciones realizadas, tres marchas de personas en paro, dos huelgas de hambre, manifestaciones, actos, etc., culminó con la aprobación de la ley por unanimidad el 12 de julio de 2017.

Si bien, en el inicio, esta ley se implementó correctamente con el paso a la RGC de quienes percibían la anterior Renta Mínima de Inserción y con la actualización de los complementos de las pensiones con contributivas con el umbral de la RGC, posteriormente, los responsables del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat dieron instrucciones al personal que ha tenido como consecuencias la denegación masiva e injustificada de las solicitudes presentadas a partir de 15 de septiembre de 2017, de las 113.693 solicitudes acumuladas, solo 2.076 solicitudes de RGC y 1.752 de complementos de RGC han sido aprobadas, es decir el 3,37% de dichas solicitudes.

Este incumplimiento escandaloso de la ley muestra la resistencia del sistema político y administrativo en Cataluña a distribuir la riqueza, reducir la desigualdad, cumpliendo con los derechos de la ciudadanía y en particular, de las personas más vulnerables. La lucha por defender los derechos gobierne quien gobierne nos concierne y convoca a todas las personas dignas y solidarias.

Ante la nueva coyuntura política, tras la expulsión del gobierno del gobierno del PP, y la formación del nuevo gobierno del PSOE, presidido por Pedro Sánchez, hemos de tomar la iniciativa por el pleno empleo digno y la redistribución de la riqueza.

Las promesas de Pedro Sánchez, entre otras, la derogación de la contrarreforma laboral del PP, políticas fiscales progresistas, pueden desvanecerse o diluirse bajo la presión de los poderes económicos y las derechas de España y Cataluña.

Es necesario y urgente recuperar la centralidad del conflicto entre capital y trabajo, impulsar la movilización de la clase trabajadora, elevar su conciencia, facilitar su reorganización y capacidad de lucha. El empoderamiento de la clase trabajadora, con empleo estable o precario, personas desempleadas, mujeres y jóvenes, será determinante para recuperar los derechos y superar el sistema capitalista. También debemos impulsar la movilización de la mayoría social y ciudadana, golpeada y empobrecida por las políticas neoliberales.

Debemos movilizarnos, de manera decidida y unitaria, en defensa de los siguientes objetivos:

Por el pleno empleo digno y la abolición de la precariedad laboral:

• Derogación de las contrarreformas laborales de los gobiernos del PP y PSOE, empezando por la última contrarreforma del gobierno Rajoy dada su enorme regresividad social y conculcación de derechos laborales.

• Abolición de la legislación que blinda y favorece la precariedad laboral.

• Reducción del tiempo de trabajo sin disminución salarial, empezando de inmediato por la aplicación de una ley que establezca la semana laboral de 35 horas, y avanzar a continuación hacia la semana de 30 horas.

• Puesta en marcha de un salario mínimo de 1.200 euros al mes.

Por unas prestaciones sociales dignas y el cumplimiento de los derechos básicos:

• Derogación de la contrarreforma de las pensiones del gobierno Zapatero, recuperando la jubilación a los 65 años.

• Por una pensión mínima de 1.080 euros mensuales.

• Por la actualización del poder adquisitivo de las pensiones con el IPC y el abono de los retrasos causados por la aplicación de índices de actualización inferiores al IPC en años anteriores.

• Por la recuperación e incremento del subsidio de desempleo a los 52 años.

• Por el pleno cumplimiento de la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía, revisando todas las resoluciones denegatorias o de desistimiento injustas.

• En defensa del derecho a la salud y educación públicas universales y de calidad.

Participemos en la movilización estatal contra la precariedad laboral los días 24 y 27 de octubre, defendiendo estas reivindicaciones, y las propuestas de esta jornada que concretan los lemas de la convocatoria de octubre: Por la distribución de la riqueza, en defensa de los derechos, salvemos el Planeta y por una Vida Digna.

Preparemos las condiciones para la convocatoria de una Huelga General, con voluntad de continuidad, hasta conseguir la derogación de la contrarreforma laboral, de la legislación de la precariedad, por la semana laboral de 35 horas, en defensa de las pensiones públicas, por un salario mínimo de 1200 euros y avanzar en el conjunto de objetivos señalados

Medidas para abordar los desequilibrios económicos de fondo: derogación ley orgánica de estabilidad presupuestaria, condonación de la deuda, fiscalidad progresiva, el papel de la banca pública y la recuperación de los instrumentos económicos para construir otro modelo económico

Para impulsar las medidas sociales justas y necesarias, y distribuir la riqueza, es necesario romper con las normas y legislación que nos encadenan a las políticas de ajuste y austeridad:

• Derogación del artº 135 de la constitución española, y en el caso de negarse las fuerzas conservadoras y del bipartidismo, promover un proceso constituyente en el conjunto del estado español.

• Derogación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que impone las políticas de ajuste a las comunidades autónomas y ayuntamientos, limitan el autogobierno y recentralizan el estado.

• Denuncia y desvinculación del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Europea, y de otros tratados similares (euro plus).

• Suspensión del pago de la deuda y exigencia de su condonación:

La deuda privada exterior de España y Cataluña es impagable e hipoteca a las generaciones futuras. El monto principal de dicha deuda es consecuencia de las operaciones especulativas de las empresas, bancos y transnacionales; de una relación comercial y financiera desigual entre países, o de la socialización por el estado de las pérdidas y bancarrotas de bancos y empresas.

Medidas para obtener ingresos inmediatamente y poder financiar la aplicación de las medidas sociales, y garantizar la sostenibilidad de las pensiones:

– Combate del fraude fiscal (decenas de miles de millones de euros anuales). Prohibición y aumento de la penalización por evasión y fraude fiscal de las empresas y grandes fortunas. Publicación lista de defraudadores.

– Anulación de exenciones y bonificaciones fiscales, etc., a bancos, grandes empresas y grandes fortunas

– Incremento de la fiscalidad a partir de ingresos superiores a 60.000 euros anuales.

Los bancos privados, fondos buitres, y empresas energéticas, están en el origen de la especulación, el robo, la estafa, la concentración del poder y corrupción de la élite política, y la crisis económica. Cualquier proyecto de cambio razonable, debe adoptar medidas para someter a control público y popular a bancos y empresas, y expropiar y penalizar a los fondos y empresas buitre.

Un gobierno que gobierne para el interés de la mayoría social, para el bien común, para las personas, debe de dotarse de instrumentos que lo hagan posible. Ello exige nacionalizar la banca y someterla al control democrático, y también, de las principales empresas energéticas.

Es urgente recuperar la soberanía alimentaria que permita desarrollar la agricultura de manera equilibrada con la naturaleza, apostando por recuperar la variedad y la calidad. También debemos recuperar la soberanía en otras actividades, energéticas e industriales que permitan un desarrollo más equilibrado con la naturaleza y la creación de empleo digno.

Sí las instituciones de la Unión Europea persisten en aplicar políticas injustas de austeridad, si continúan negándose a disponer de un presupuesto redistributivo suficiente, y siguen oponiéndose a la mutualización o condonación de la deuda, debemos plantear con decisión, la recuperación por el estado, de los instrumentos económicos que en su día se cedieron en beneficio de un proyecto que en la actualidad está estancado, sirve a los intereses del gran capital centroeuropeo, y se encuentra en una crisis difícilmente reversible.

Ante el agotamiento del sistema capitalista neoliberal

El agotamiento del sistema capitalista ha dado señales de sus graves contradicciones e incapacidad para garantizar los derechos y las necesidades sociales de la humanidad en condiciones de armonía y paz.

La caída de Lehman-Brothers y el estallido de la crisis económica internacional fueron una señal evidente. De manera creciente, economistas de prestigio, anuncian las dificultades del sistema capitalista para resolver con éxito nuevas crisis, al disponer de menor margen de maniobra ante la descomunal deuda acumulada a nivel mundial fruto de una especulación descontrolada.

La reflexión, el debate, es mas necesario que nunca, para construir otra economía al servicio de los seres humanos y que respete el equilibrio ecológico, que se fundamente en los valores de justicia, igualdad, cooperación, solidaridad y fraternidad, en lugar de los valores bárbaros del ánimo de lucro, la codicia, la avaricia, el egoísmo, en que se fundamenta el capitalismo, sistema que provoca gran violencia social, la xenofobia, la guerra y amenaza la supervivencia en el planeta.

Espero que esta jornada contribuya a avanzar en esta reflexión y la construcción de la alternativa al desorden neoliberal imperante.

Barcelona, 10 de septiembre de 2018

Diosdado Toledano González (*)

(*) Esta aportación recoge gran parte de los trabajos, debates y propuestas de la Coordinadora de asambleas de trabajadores/as sin empleo de Cataluña (ver Plataforma reivindicativa)

Notas:

1. El 31 de agosto de 2018 descendió el número de personas ocupadas en 304.602 empleos, como consecuencia de la eliminación del empleo o finalización del contrato, superando ampliamente las cifras de años anteriores (266.362 el 31/8/2017, 257,014 en 2016, 236.687 en 2016). El Departamento de trabajo publicaba los datos de la afiliación a la Seguridad social, con una caída en agosto de 202.996 personas. El paro registrado en las oficinas del INEM subió en agosto respecto al mes anterior en 47.047 personas en España, y 11.594 en Cataluña.

2. https://www.telecinco.es/informativos/economia/ultra-ricos-triplican-espana-decada_0_2621850139.html

https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/1177047/ultra-ricos-concentran-catalunya

(3) La última subasta del BCE en 2017 ascendió a 233.500 millones de euros

(4) https://www.publico.es/politica/zapatero-no-publico-carta-trichet.html

(5) http://www.gestha.es/?seccion=actualidad&num=221

(6) https://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/precariedad-laboral-marca-espana/20180403133237150431.html

(7) https://elpais.com/economia/2018/05/09/actualidad/1525891014_281592.html

(8) https://www.publico.es/economia/47-trabajadores-cobra-menos-1000.html

(9) CARTA REIVINDICATIVA POR EL TRABAJO DIGNO, EL PLENO EMPLEO, Y LOS DERECHOS SOCIALES

1.- Por un puesto de trabajo digno y estable para todas las personas sin empleo.

1.0.- Salario mínimo de 1.200 euros/mes.

1.1.- Rechazo de las políticas de ajuste y austeridad que destruyen el empleo y recortan derechos sociales. Suspensión inmediata del pago por el Estado de la deuda ilegitima y odiosa. No a las leyes y tratados injustos que nos empobrecen. Derogación de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Derogación artº 135 de la Constitución española.

1.2.- Derogación de la legislación que sostiene y favorece la precariedad laboral. Derogación de las contrarreformas laborales, la de 10 de febrero 2012 con carácter de urgencia.

1.3.- Prohibición de los despidos laborales, deslocalizaciones y rechazo de los ERE’s. Prioridad del trabajador/a para elegir su reincorporación al puesto de trabajo en caso de despido improcedente.

1.4.- Reforzamiento de la gestión pública del empleo. No a la privatización de los servicios de empleo ni al recorte en políticas activas de empleo. Prohibición y penalización de las diversas formas de prestamismo laboral.

1.5.- Puesta en marcha de una bolsa de trabajo municipal que gestione de manera transparente y con la participación de las AA.VV, los sindicatos y las asambleas de parados/as el empleo generado en los servicios y empresas municipales (nuevos empleos, sustitución vacantes, etc.), el empleo creado por planes gubernamentales en marcha o que pudieran crearse. No a las empresas subcontratadas. Que la contratación se lleve a término directamente desde los ayuntamientos. Por la remunicipalización de los servicios privatizados.

2.- Reducción drástica de la jornada de trabajo sin disminución del salario para garantizar el pleno empleo. Semana laboral de 30 horas. Prohibición de las horas extras y destajos. Penalización de las Empresas que abusen y coaccionen a los trabajadores/as para realizar horas extras.

3.- Por el Pleno cumplimiento e implementación de la ley de la Renta Garantizada Ciudadana aprobada el 12 de julio 2017.

4.- Prestación de desempleo indefinida con la correspondiente cotización a la SS hasta la recolocación definitiva.

5.- Prohibición de desahucio de su vivienda habitual a las personas y familias desempleadas. Por un parque público de vivienda de alquiler accesible.

6.- Servicios básicos de agua, electricidad y gas gratuitos para todas aquellas unidades familiares donde todos los miembros estén sin empleo.

6.1.- Gobierno de la Generalitat y ayuntamientos deben gestionar el pago del alquiler en el caso de vivienda habitual, la electricidad, el gas, el agua, los medicamentos las tasas municipales, la matrícula y libros de las escuelas públicas y la universidad. Implantación de una tarjeta similar a la de los pensionistas para los trabajadores en paro para asegurar la gratuidad de tales servicios básicos.

7.-Transporte gratuito para todas las personas sin empleo para poder buscar trabajo con facilidad, realizar las gestiones necesarias y disfrutar del ocio con sus familias.

8.- Garantizar la formación de las personas sin empleo a través de las instituciones públicas. No a la externalización, privatización y fraude en la formación. La asistencia a los cursos de formación garantizará una prestación económica a las personas sin empleo que no perciban ninguna prestación o subsidio.

8.1.- Control democrático de la formación ocupacional por sindicatos, AA.VV, asambleas de parados, etc., con el objetivo de asegurar su transparencia, calidad y efectividad.

8.2.- No a las sanciones por abandonar cursos que no cumplan unos requisitos mínimos de calidad o se evidencien pruebas de fraude.

9.- Renovación automática de la tarjeta de residencia bien se esté trabajando o en el paro.

10.- Cesión gratuita por los ayuntamientos de un local permanente para las necesidades de los desempleados (información, asesoramiento) y la utilización de un local grande para realizar asambleas.

11.- Acceso gratuito y universal a los derechos sociales básicos de salud y educación. Defensa de su carácter público. Nacionalización de los recursos, hospitales, colegios, etc., actualmente en manos privadas.

12.- Defensa del carácter público de las pensiones. Derogación de la contrarreforma de las pensiones de julio 2011, recuperación de la edad de jubilación a los 65 años, para avanzar progresivamente hacia los 60 años. Por una pensión mínima de 1080 euros mensuales.

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