Ante el 1 de Octubre ¿ Qué hacer antes y después?

El gobierno de Mariano Rajoy, con su inmovilismo político ante el conflicto de encaje de Cataluña en el Estado Español, su lastre permanente de corrupción y sus políticas antisociales, se ha convertido en el factor decisivo que favorece y estimula el independentismo.

El expresidente Artur Mas y su partido CiU, campeones de la corrupción y de la aplicación de las políticas de ajuste y austeridad impuestas por las instituciones de la Unión Europea, privatización de la sanidad, de la educación, recorte del PIRMI, etc.; que apoyaron con su voto en el congreso de diputados la contrarreforma laboral y la ley orgánica de estabilidad presupuestaria, que es el instrumento político y fiscal para imponer los recortes sociales (incluida la actual intervención de Montoro en el gobierno de la Generalitat), han utilizado el malestar social para canalizarlo hacia el sueño de una independencia de Cataluña que devolverá el bienestar social perdido.

En esta ilusión han encontrado el apoyo de las fuerzas independentistas de larga tradición como ERC y la CUP. En su apuesta prioritaria por la “independencia formal de Cataluña”, el bloque independentista no ha respetado el propio Estatut y las reglas parlamentarias, ha traicionado la defensa de los intereses la mayoría social y de la clase trabajadora al aprobar unos presupuestos antisociales, o una “ley de transitoriedad” que preserva la relación de esclavitud de la ciudadanía de Cataluña con la deuda ilegítima con las fondos y bancos de la Unión Europea, que conserva las leyes de ajuste y austeridad que tienen su matriz en la UE, y que se compromete a aplicar las nuevas leyes que esta pueda acordar en el futuro….Por no hablar del modelo presidencialista con rasgos autoritarios de la República catalana donde el poder judicial ve disminuida su independencia.

Esta renuncia a la soberanía económica, además de traicionar los fundamentos de una independencia real, muestra el verdadero carácter del independentismo de Cataluña: una lucha por el reparto del poder político para perpetuar la dominación sobre las clases populares.

Ante la erosión de la movilización independentista, como demuestran las encuestas del Centro de estudios de opinión vinculado a la Generalitat, y los cambios del mapa político en España, donde la irrupción de Unidos-Podemos y los cambios en el PSOE, caminan a la par con el desgaste de un Partido Popular lejos de la mayoría absoluta y que puede ser expulsado del gobierno ante una moción de censura exitosa, el bloque independentista ha puesto el acelerador.

Apostando a cuanto peor mejor, ha promovido un referéndum de autodeterminación sin garantías democráticas, sin un mínimo de participación para darle legitimidad, sin la transparencia exigible para obtener su reconocimiento internacional. En estas condiciones dicho referéndum pone en bandeja al Partido Popular y partidos centralistas el argumentario para quitarle credibilidad democrática ante la mayoría social en Cataluña que no es independentista y provoca su aislamiento y hostilidad entre la gran mayoría social en el estado español.

Lejos de negociar y buscar el consenso con fuerzas políticas emergentes como “Cataluña Si Que Es Pot” o “Catalunya en Comú” con el objetivo de ampliar las alianzas en Cataluña y en el resto del estado, el bloque independentista se dirige a una derrota segura, arrastrando a una gran parte de su base social a la frustración, el victimismo o la resignación.

La enorme división social provocada, tiene carácter transversal, y puede provocar daños difíciles de reparar en la sociedad. En estas circunstancias, es comprensible que Catalunya en Comú al no reconocer el carácter de referéndum de autodeterminación, rechazar su carácter vinculante y en consecuencia oponerse a la declaración unilateral de independencia, ha optado por una propuesta suficientemente flexible para que su afiliación se encuentre cómoda y no se divida. La reducción a una movilización política por el derecho a decidir persigue mantener lazos de comprensión con una parte de la ciudadanía y reconstruir los puentes sociales y políticos que permita impulsar una alternativa que pueda dar una solución satisfactoria a un problema político de envergadura. Sin embargo, el interés del bloque independentista para implicar en el proceso la posición de Catalunya en Comú tiene como objetivo elevar la participación en el referéndum y ganar en legitimidad para declarar la independencia unilateral. Los riesgos de confusión y división en la base electoral de Catalunya en Comú son muy elevados, y solo podrán ser neutralizados con un discurso claro y firme de no reconocimiento de su carácter vinculante, y por tanto, desobedeciendo cualquier tentación del Presidente Puigdemont de declarar la independencia de Cataluña.

La crisis del régimen de transición en España tiene sus raíces en la pérdida de soberanía popular y económica con la integración en una Unión Europea al servicio de las oligarquías centro europeas, particularmente de Alemania. Mientras no se aborde esta cuestión crucial, y sigan aplicándose las políticas neoliberales antisociales, la crisis social y política en España y Cataluña continuará su curso y adoptará diversas formas en el futuro.

Ante la grave crisis institucional que abre la aventura del bloque independentista y la cerrazón del gobierno del estado, las organizaciones de la izquierda transformadora y soberanista en Cataluña y España, hemos de promover una alternativa política y social que impida la regresión centralista del estado y la extensión de las prácticas antidemocráticas que el gobierno intentará justificar ante el pulso independentista.

El objetivo que puede unir a las clases populares y los pueblos del estado español es la articulación de una amplia alianza para echar al Partido Popular del gobierno del estado, mediante una moción censura. Pero esta solo será posible si es promovida por una movilización popular sostenida en calles y plazas, dirigida también a derogar todas las leyes injustas como la contra-reforma laboral, de las pensiones, la ley orgánica de estabilidad presupuestaria, la ley mordaza, privatizaciones, etc., así como avanzar en las principales reivindicaciones sociales que permitan superar el desempleo, etc. Este proceso debe basarse en reclamar soberanía popular real, preservando la unidad y autonomía de los movimientos sociales, así como las relaciones basadas en el diálogo, la racionalidad y la fraternidad ante un conflicto particularmente emocional.

En este proceso debemos oponernos a toda irracionalidad, al cultivo del odio, a los enfrentamientos fratricidas que buscan dividir a las gentes, a todo ejercicio de violencia por defender opiniones distintas. Ni detenciones, ni depuraciones, ni exclusiones resolverán las cosas. Llamamos a preservar en los objetivos comunes de emancipación y los derechos democráticos de las gentes. Muy en particular en el seno de los movimientos sociales y de las fuerzas transformadoras

En Cataluña ante el fracaso de la estrategia sin salida del bloque independentista, debemos impulsar el desarrollo de la fuerza transformadora y alternativa que desaloje del gobierno de la Generalitat a las fuerzas conservadoras y falsamente soberanistas.

En esta tarea, debemos abordar con decisión la movilización social y popular para romper con el régimen de la monarquía y abrir un proceso constituyente en el conjunto del Estado que permita el encaje de las legítimas aspiraciones de los pueblos de España en una federación de libre adhesión, y para que sea un paso real en la recuperación de la soberanía económica y popular, para superar el capitalismo y avanzar hacia el socialismo.

Septiembre 2017

Xarxa Socialisme 21

Cataluña, la constitución y los derechos

Apoyamos la República Federal de los Pueblos de España. En ese sentido, reclamamos los derechos de todos los pueblos, naciones y nacionalidades de España a decidir su futuro sin exclusiones ni primacías. Por un proceso constituyente ya. Solo un proceso constituyente es la solución, por lo que no podemos perder tiempo.

Pensamos en democracia y por ello defendemos el derecho a decidir de los pueblos y la libre federación. En tanto que internacionalistas, nos preocupa la clase obrera en su conjunto y sin fronteras. El embrollo de Cataluña es fruto de la torpeza y el autoritarismo del PP y de Rajoy, que es entre otras muchas cosas un irresponsable.

También del sectarismo y la política de supervivencia profesional de sectores independentistas que además ignoran la voluntad de todos los catalanes y catalanas que no piensan como ellos y que por cierto no son una minoría.

Todo este proceso además está dividiendo a la clase obrera catalana y sectores populares en origen de lo que son y fueron “Los otros catalanes” y al final solo acabará beneficiando a los profesionales de la política, las derechas de ambos lados del Ebro y las instituciones internacionales que coartan nuestra soberanía popular.

El PP es un partido autoritario y heredero del franquismo, luego no está capacitado ni para defender la democracia, ni para ser creíble como interlocutor válido de la otra parte. Escondido tras los jueces, tan solo ha utilizado hasta ahora la fuerza. Mientras el Gobierno catalán que dice servir a los intereses populares sigue imponiendo políticas Troika y de austeridad así como privatizando sectores públicos, sin apartar de la dirección política catalana a un partido carcomido por la corrupción, financiado fraudulentamente y heredero del 3%. Independencia, sí, pero defensa del sector público y medidas contra la Troika y la austeridad, no. Ese es el lema del liberalismo independentista catalán que no solo defiende la “nueva CiU”.

Los interlocutores no nos representan. Pero ¿Qué hacer? Lo primero es respetar la democracia y esta debe tener garantías, pero también facilitar la posibilidad de acudir a votar. Censos limpios y depurados y garantías de participación y libertad de expresión de todos y todas. Derecho a votar. También en este sentido el gobierno del PP es responsable por haber impedido cualquier negociación y facilitado medios.

Además los independentistas han roto la clase trabajadora y esto solo beneficia a las derechas. El PP no ha puesto las cosas fáciles y ha emponzoñado todo, pero la menestralía que representan los independentistas tampoco.

Por otro lado el proceso pro-independencia ha dejado muy claro que la Constitución del 78 ya no resuelve los problemas del estado. La corona es una institución cuestionada por amplios sectores de las clases populares. Ha puesto en evidencia el régimen. Recurrir a la represión de la libertad de expresión no soluciona nada y no lo podemos consentir, por coherencia democrática.

La solución, no consiste tan solo en echar a Rajoy. Eso es cortoplacista y no soluciona nada. Ante la crisis de régimen, que la hay, la única propuesta válida y valiente es iniciar y ya, un proceso constituyente. No una reformita constitucional, no, sino una nueva Constitución que proponemos federal y republicana.

La dinastía de los Borbones nace del centralismo y es centralista, por lo que rompe España. En este sentido proponemos: iniciar ya una negociación constituyente de todas las fuerzas democráticas y pedir al PSOE que abandone su apoyo al PP de forma incondicionada, pues eso conlleva situarse con la represión. Una cosa es exigir garantías y otra reprimir con fuerzas policiales.

Situaciones difíciles exigen propuestas valientes y desde luego como socialistas no vamos a ir tras el PP, ni somos un partido dinástico. Además el PP tiene una posición tan dura, pues espera sacar redito electoral de ella y de paso se olvide su corrupción y saqueo de las arcas del estado; sus políticas de recortes y de austeridad, contra las clases trabajadoras.

El socialismo es transformador y es la herramienta política de las clases trabajadoras. No vamos a apoyar nada que ponga en peligro las condiciones de vida de las y los trabajadores, ni a quienes se apoyan en la austeridad que es la principal ofensiva anti obrera y anti laboral. En ese sentido, tanto los gobiernos catalán cono central siguen los dictados de la Troika.

Es pues la hora de hacer política y ya. De dejar de practicar la inacción y que todo se pudra. Exigimos de todos los partidos impulsen la negociación, para ya, ahora.

Debemos de reclamar una nueva ley electoral, exigir la apertura de un proceso constituyente que facilite un encuentro de las fuerzas de cambio para eliminar la herencia de la dictadura y avanzar hacia la 3ª República.

Nosotros como socialistas y por tanto internacionalistas, creemos en la libre federación (lo cual conlleva el derecho a decidir y a referéndum) y apoyamos la República Federal de los Pueblos de España. En ese sentido, reclamamos los derechos de todos los pueblos, naciones y nacionalidades de España a decidir su futuro sin exclusiones ni primacías.

Por un proceso constituyente ya. Solo un proceso constituyente es la solución, por lo que no podemos perder tiempo.

ALTERNATIVA SOCIALISTA

A diferencia de la plataforma de “Madrileños por el derecho a decidir” que sigue la tradición de la izquierda que en los 70 defendía la autodeterminación de las naciones históricas, este otro manifiesto ( No votes) sólo muestra el nivel de degeneración política de una parte de esa izquierda aliada en lo sustancial con la rancia derecha. ¡Pena!

Ramón Zallo, Catedrático de la Universidad del País Vasco-Euskal (Herriko Unibertsitatea)

El manifiesto contra el referéndum catalán “1-O estafa antidemocrática. No participes. ¡No votes!” suscrito por unas mil personas de izquierda –buena parte vinculada a la órbita del PSOE- ha tenido su contrapunto en otras iniciativas que dicen exactamente lo contrario, defendiendo su legitimidad: las Diadas multitudinarias; 1500 profesores de todo el mundo que han firmado otra declaración; la plataforma “Madrileños por el derecho de decisión”; las 32000 personas que nos manifestamos en Bilbao el pasado 16; o las 1640 firmas que recabamos en Euskal Herria a favor del referéndum del 1-O en activism.com

No repetiré los argumentos que publiqué aquí mismo el 5-9-17 (“En apoyo al referéndum de Catalunya” http://www.vientosur.info/spip.php?article12973) pero la denuncia de la convocatoria del referéndum desde ese manifiesto en términos de “fraude” o “estafa antidemocrática”… con su texto autoritario, tramposo y superficial, me ha producido vergüenza ajena. Busca deslegitimar el procés agarrándose a la inevitable forma acelerada que ha tenido que adoptar en sede parlamentaria catalana la Ley de Referéndum y la Ley de desconexión para poder sortear la espada de Damocles represiva del Estado (Gobierno y Tribunal Constitucional a su servicio) que se cernía sobre cualquier consulta.

Si tanto se quejan del forzado procedimiento express lo lógico es que hubieran exigido diálogo y facilidades al Estado para que el pueblo catalán hiciera con comodidad sus deberes. Y sin embargo no hay referencia crítica alguna al Gobierno Rajoy sobre cómo ha gestionado el caso catalán (con amenazas y represión). Silencian que son el Estado y su gobierno quienes impiden consultar desde hace años, forzando un choque de legalidades, obligando a una convocatoria unilateral -puesto que en otro caso no se celebraría- y sustituyendo la perspectiva político-constitucional por el Código Penal, como dice Pérez Royo.

El manifiesto toma el rábano por las hojas y culpabiliza a la víctima por recurrir a la legítima defensa. Ninguna referencia al derecho que le asiste al pueblo catalán a pronunciarse. Lo razonable es que hubieran defendido, antes y ahora, el derecho a consulta –para votar que No, por ejemplo- con plenas garantías democráticas facilitadas por el propio Estado y con el compromiso de respeto a sus resultados como en Escocia o Quebec. Y sin embargo atacan a quienes quieren el cambio del régimen del 78 –ya se vote sí o no- y que abriría la oportunidad para la democratización real de la propia España y el avance general en derechos sociales hoy negados.

Al fondo ni siquiera hay un choque de legitimidades, puesto que la legitimidad catalana basada en el mandato popular reiterado como nación y como electorado, contrasta con la ilegitimidad autoritaria estatal que avalan estos firmantes.

Ni se desmarcan de la apuesta represiva de Rajoy. No le dicen que en ningún caso recurra al 155 de la Constitución; y con su silencio cómplice le dan patente de corso para todo lo que haga en adelante.

Diciendo ¡No votes! están diciendo ¡No a la democracia! por razones no confesadas: porque el Estado no lo quiere; porque la democracia española no alcanza hasta ahí y porque la foto finish de voto por la independencia es inasumible.

En efecto la negativa a consulta decisoria alguna -ahora ni nunca- es la implícita posición central del manifiesto cuando apunta a un “futuro común libremente (sic) elegido en el marco de una España plural”, o sea, que no se ponga nunca en cuestión la unidad de España, no pudiendo ser una opción la independencia de ningún territorio.

En suma, es un manifiesto nacionalista español o, al menos, patriótico excluyente, que apuesta en este tema central por una alianza con Rajoy al poner por encima de todo la patria española. Pero además es tan autoritario e intolerante que se formula a costa de negar tanto una democracia integral como que otros puedan tener sus propias patrias. ¡Españoles a la fuerza! Con esa posición están invitando a un enfrentamiento entre pueblos en lugar de defender los derechos democráticos de todos, de unos y otros.

Tendrían que preocuparse de la mayoría española que vota PP en lugar de arremeter contra una sociedad que mayoritariamente pone en cuestión el modelo de Estado haciendo los deberes que la izquierda española no ha hecho estos años: la ruptura democrática o una segunda transición. La apuesta catalana debería haberles motivado a hacer lo propio en España y no a ofender el sentido democrático catalán a años luz de la cultura política española del bipartidismo.

A diferencia de la plataforma de “Madrileños por el derecho a decidir” que sigue la tradición de la izquierda que en los 70 defendía la autodeterminación de las naciones históricas, este otro manifiesto solo muestra el nivel de degeneración política de una parte de esa izquierda aliada en lo sustancial con la rancia derecha. ¡Pena!

Utilizar la Constitución como un ariete y a los tribunales como mariscales de campo para resolver un problema político real en el que ya están inmiscuidas amplias capas sociales es una insensatez. A no ser que lo que se pretenda no sea solucionar el problema en Cataluña, sino eliminarlo, y de paso aprovechar la excepcionalidad para seguir un camino involucionista en España.

Daniel Bernabé, periodista de periódico La Marea

Cuando Rajoy compareció en rueda de prensa el pasado jueves 7 de septiembre, tras la aprobación de la ley catalana del referéndum, la situación parecía favorable para el presidente. Con el Tribunal Constitucional y el Gobierno funcionando a bloque sus palabras, de tono sereno y coartada sensata, le hicieron vencedor en la representación de la legitimidad frente a un Parlament que estaba atravesando unas sesiones confusas y atropelladas. Sin embargo, tras la multitudinaria Diada el escenario ha ido cambiando progresivamente, pasando la excepcionalidad del órgano legislador catalán al Gobierno central. “Nos van a obligar a lo que no queremos llegar”, dijo Rajoy el viernes 15 en la reunión de la directiva del PP de Cataluña, “no subestimen la fuerza de la democracia española”.

Este cambio de escenario no es más que el resultado de la postura inamovible del PP y sus socios, la de judicializar un problema político sin ofrecer ningún tipo de salida negociada a la situación, dejando el trabajo de despacho en manos de columnistas incendiarios, jueces salvapatrias y agentes del Instituto Armado. La legalidad, como es obvio, permanece a salvo, hermética al presente, mientras que la legitimidad se desliza hacia un referéndum, que aun teniendo una validez técnica simbólica, ya ha conseguido su objetivo: el de crear una crisis de Estado que sirva de contrapeso para una futura negociación. Al menos en teoría.

Como ya señalé en el artículo de hace un par de semanas, Defender el derecho a decidir en Cataluña es defender España, la cuestión catalana traspasaría sus límites geográficos llevando al resto del país debates en torno al Estado de derecho, a la naturaleza de la legalidad y los límites de la política institucionalizada. Pero también pondría de manifiesto, como así está siendo y así va a ser, el proyecto de restauración reaccionaria que la clase dirigente tiene para reformular España y barrer, definitivamente, el espíritu constituyente del periodo anterior, sus expresiones electorales y asociativas, así como el justo clima de ilegitimidad de un gobierno salpicado por la corrupción y que lo es, recordemos, gracias a un descabezamiento de la dirección, ya renacida, del PSOE. La lectura de la derecha es sencilla: la coyuntura catalana nos obligará a utilizar recortes democráticos, por lo tanto, ¿para qué quedarnos tan solo en un lugar y un momento concretos?

Ya estamos viendo los primeros resultados de tal operación. La casi segura intervención de las finanzas de la Generalitat, la amenaza de la fiscalía a los más de 700 alcaldes (de un total de 947) que van a colaborar con el referéndum, la ambigua advertencia del Constitucional a TV3 donde los límites entre información y apoyo al 1-O son poco claros y los registros de la Guardia Civil a publicaciones e imprentas sospechosas de imprimir cartelería y papeletas. El 155 planea como una guadaña sobre las espaldas de Puigdemont y Junqueras, pero sobre todo de una sociedad catalana que, si antes de este momento ya contaba con un sector notable que se declaraba independentista, favorable al derecho a decidir o simplemente dolido por lo que consideraban un reiterado menosprecio a su sentimiento nacional, ahora ve que sus miedos se convierten en certezas.

Fuera de Cataluña han sido dos, por el momento, los actos suspendidos por decisión judicial, uno en Madrid, el pasado día 12, y otro en Vitoria, el viernes 15. Este último fue interrumpido por la Policía Local de la capital vasca a instancias del juzgado tras la denuncia de Delegación del Gobierno cuando ya estaba en marcha, teniendo que abandonar la sala el público asistente y la ponente, Anna Gabriel, portavoz de la CUP, que declaró que “el derecho de libertad de expresión y de manifestación están amenazados”. El acto en Madrid, que tuvo lugar el pasado domingo en el Teatro del Barrio, iba a celebrarse en un principio en un local municipal. Esta fue una de las razones que el juez Yusty Bastarreche utilizó para obligar al consistorio madrileño a no ceder el espacio: la de que una dependendencia municipal debe servir a los intereses generales de la ciudadanía. El auto, además, interpretaba que si el referéndum había sido declarado ilegal por el Constitucional, un acto, supuestamente de apoyo al mismo, también lo era.

Podemos poner en duda la parcialidad de un juez declaradamente hostil a la alcaldía madrileña, a la que calificó de tropa de aspecto poco presentable, y al proceso soberanista catalán, ya que era firmante de un manifiesto contrario al mismo. Podemos volver a los debates circulares sobre el Estado de derecho como ente ideal. Incluso, hipotéticamente respetuosos con las leyes y contrarios a la independencia de Cataluña, mirar para otro lado considerando estas prohibiciones un mal necesario que se desprende de un conflicto mayor. O tener memoria.

El cierre del periódico Egunkaria en 2003 y la acusación a su directiva de colaboración con banda armada pasaron de puntillas por la sociedad española, incluso por la más progresista, que atemorizada de criticar la medida para no ser tachada de simpatizante de ETA, calló en su mayor parte. En 2010, la propia Audiencia Nacional absolvió a los acusados sentenciando que: “La estrecha y errónea visión según la cual todo lo que tenga que ver con el euskera y la cultura en esa lengua tiene que estar fomentado y/o controlado por ETA conduce a una errónea valoración de datos y hechos y a la inconsistencia de la imputación”. Episodios de esta índole, si el camino no se corrige, van a volver a tener lugar no solo en Cataluña sino en cualquier parte del país, independientemente de tener que ver o no con el referéndum.

El poder, si es efectivo, no requiere de recordatorios. De hecho, el poder de un Estado es más notable cuanto menos tiene que utilizar sus sistemas coactivos, bien por la connivencia de sus gobernados, bien por el temor de estos a las consecuencias. Que el Gobierno tenga que recurrir a herramientas como prohibiciones que afectan a derechos fundamentales, multas, imputaciones y suspensiones lo que revela no es su fuerza, sino su debilidad para imponer o negociar una solución política a un problema político. Y en último término no ya la debilidad de este Gobierno concreto, sino del propio Régimen que se ha mostrado incapaz de articular una solución territorial definitiva, de defender la soberanía del tan citado pueblo español frente a la Troika o de funcionar sin una corrupción generalizada que, por cierto, afecta de igual forma al ya lejano oasis catalán.

Tratar la cuestión catalana como un simple problema de legalidad, de orden público, puede tener que ver con cierta ceguera táctica (la misma que creó esta situación en parte), pero sobre todo tiene que ver con un proyecto, con un modelo político regresivo que entiende las leyes desde una visión de clase, no confesable pero desacomplejada. Una visión que sabe que las leyes, más allá de su intencional espíritu de equidad, son producto de correlaciones de fuerza, de situaciones de poder cambiante entre actores sociales con intereses contrapuestos. Claro que existen normas que parten de una necesidad cotidiana y son de un uso común y casi lógico (como el ya terco ejemplo del semáforo), como hay otras muchas que son la plasmación de un interés ideológico o una necesidad de un grupo social con poder para imponerlas. Tratar de hacer pasar este tipo de leyes por una especie de tablas sagradas grabadas por Dios en el monte Sinaí es de una arbitrariedad pasmosa.

En general, en los momentos de la mal llamada paz social, es decir, las etapas en que las clases dirigentes imponen su políticas sin una oposición firme, son precisamente las leyes más cotidianas las que se ponen en cuestión (el botellón, la limitación de velocidad o alcohol en la conducción) en debates tan desesperantes como estériles. Es en los procesos de conflicto estructural cuando los que nunca ven su voluntad y necesidades reflejadas en las leyes buscan que así sea, provocando avances políticos que quedan plasmados en el cuerpo jurídico, no por la buena voluntad de los de arriba, sino por la irrefrenable demanda de los de abajo. No hace tanto divorciarse o abortar estaba prohibido en España y, efectivamente, las que luchaban para que así fuera estaban planteando algo, obviamente, ilegal. Que nuestra Constitución apellide al Estado de social responde a una correlación de fuerzas de un momento histórico, que se reformara esa Constitución para introducir el 135, una cláusula neoliberal, a otra.

Con la cuestión nacional ocurre lo mismo, pueden consultar cuál era el contexto en 1978, qué significaban los militares, el café para todos, el balancín de Suárez o las manifestaciones populares no solo en Cataluña, Euskadi o Galicia sino también en Andalucía. Utilizar la Constitución como un ariete y a los tribunales como mariscales de campo para resolver un problema político real en el que ya están inmiscuidas amplias capas sociales es una insensatez. A no ser que lo que se pretenda no sea solucionar el problema en Cataluña, sino eliminarlo, y de paso aprovechar la excepcionalidad para seguir un camino involucionista en España.

Lo que no es legal no es democrático, ha dicho Rajoy, a lo que el veterano exdiputado comunista Alcaraz ha contestado, lo que no es legal no es democrático: la institucionalización fosilizada de la política.

De Blas Otero

«Bien lo sabréis. Vendrán
por ti, por ti, por mí, por todos
Y también
Por tí
Aquí no se salva ni dios, lo asesinaron»

Juan Rivera, Colectivo Prometeo, FCSM

La gestión que la Derecha Neofranquista, representada por Mariano y su cuñado Albert está haciendo de la convocatoria del referéndum catalán es paquidérmica.Como no logremos inmovilizarlos se van a llevar por delante , además de las cacharrerías de Barcelona, las libertades de todo el Estado.

Llama la atención que quienes hacen «santo y seña»de la Tauromaquia no agarren por los cuernos el problema catalán. Nos hubiesen ahorrado infinitos quebraderos de cabeza solo con haber tenido la valentía de convocar desde el Estado y con todas las garantías una consulta similar a las ya realizadas en Canadá o Escocia,permitiendo así conocer la voluntad real de Cataluña.

Pero ha primado el enroque en el Universo mental del Conservadurismo. Su horizonte ideológico no les permite ver más allá de la pulserita rojigualda, procesiones con mantilla y guardia civil flanqueado el paso ,colegios religiosos subvencionados, privatizaciones a mansalva y …corrupción, toneladas de corrupción hasta transferir la riqueza pública a sus particulares bolsillos, pozos sin fondo.

Si el empeño y ardor guerrero puesto en preservar sus intereses de clase lo dedicasen a la lucha contra el paro, combatir el fraude, defensa de los derechos laborales y sociales….ahora no tendríamos la marea humana que quiere abandonar el Estado al grito de «el último que apague la luz» sino que repartiríamos números para ordenar la cola de quienes aspiran a entrar.

Tiene toda la pinta que el próximo 1-O el gallego sube/baja no podrá ejecutar en la plaza su acreditada suerte de D. Tancredo. Por muchas rogativas y encomendaciones al brazo incorrupto de Santa Teresa esta vez parece que no va a funcionarle el «ya escampará».

Las provocaciones mezcladas con las torpezas que han hecho visible la pata del lobo porque llevan años sin molestarse en disfrazarse de corderos,han conseguido el efecto rebote de convertir un planteamiento político tradicionalmente marginal en otro que aspira a la hegemonía mediante la creación de independentistas por reacción al alimentar el victimismo de quienes siempre fueron los «socios preferentes» de Convergencia y Unió ( tanto con el lobbista González como con «vigoréxico Aznar», el presidente de gobierno que llegó a hablar catalán en la intimidad. Desconocemos si su dominio de la lengua logró arrancar al « honorable Pujol» un «molt be» en alguna de la cita a ciegas).La intolerancia ha dado una coartada de oro a quienes hasta ayer fueron sus Iguales con barretina en Corrupción, Represión y Recortes.

El ninguneo y desprecio al grito de « volem votar» se paga. De momento ha hecho aumentar exponencialmente el número de quienes practican la desconexión mental de España. La situación se torna peligrosísima para los adalides no del Fuero sino del huevo, a la par que deja sin voz a quienes en un proceso normal serían mayoría natural: los partidarios del Sí (a votar)/No (a la Independencia).

La Ataraxia en su fase de ausencia de temor es el primer paso. Como el «proces» le quite a Puigdemont el miedo a la inmolación, la siguiente zancada lo llevará a querer conseguir la palma del martirio. Vuelve a resonar en nuestra Historia el «¡Qué error, qué inmenso error!».

El «ansia viva» de los neofranquistas por avasallar les hace entrar al trapo que más conviene a sus antaño muletas,hoy oponentes: transformarlos en perseguidos. Han arrojado al cubo de la basura la única solución lógica del Referéndum con todas las garantías legales en el que primaría «una persona,un voto» y no se distorsionase la voluntad popular como cuando se sobrerrepresenta en las autonómicas a las provincias de Girona o Lleida frente a Barcelona.

¿Por qué se ha reaccionado con tanta desmesura? Fácil: el modelo de la República Federal no tiene encaje en el Felipismo Borbónico. Y si esta República lleva asociada la «cuestión social» tampoco tiene el apoyo de la Burguesía catalana hoy filo-independentista.

Y mientras la pista del circo sigue a pleno rendimiento. No faltan payasos, sobran espontáneos ejecutando chistes sin gracia. «Eugenio Rivera»-de naranja en lugar de negro- se ha sacado de la manga un patético «¿Saben aquel que diu?» para asustar con un» Cataluña puede terminar como Yugoslavia» ( claro o como Ucrania, Irak, Siria, Libia….si se le cruzan los cables al Imperio).

La hasta ayer indignada Arrimadas a la que una descerebrada vejó en Facebook deseándole una violación en grupo, se muestra pasiva ante las amenazas a muerte a la diputada de la CUP Gabriel.

O ese juez de ultraderecha, digno hijo de almirante franquista que lo mismo vomita artículos sobre la Memoria Histórica reivindicando la impunidad de esa dictadura tan plácida para su entorno, se tapa la nariz mientras define peyorativamente el pelaje de los ayuntamientos del cambio o se carga la libertad de expresión y pensamiento escudados en la demencial figura de «apología del Referéndum» Lo triste es que el delirio lo secunda esa Fiscalía que actúa contra los Ayuntamientos catalanes.

Los denostados españolitos de a pie no podemos aceptar la degradación de Libertades que nos quieren vender como normalidad sin combatir.Porque no puede calificarse una situación política de normal cuando no lo es..A quien esté dispuesto a aceptar pulpo como animal de compañía sin atragantarse sería mejor regalarle un poema de Blas de Otero Ya lo utilizamos el año pasado.Mala señal es volverlo a refrescar porque indica que el problema sigue. Ya sabéis lo que dice:

«Bien lo sabréis. Vendrán
por ti, por ti, por mí, por todos
Y también
Por tí
Aquí no se salva ni dios, lo asesinaron»

«Cada vez más franceses se sienten ofendidos por la retórica arrogante y la mentalidad de triunfador del joven presidente francés…»

Rafael Poch, periodista ( La Vanguardia)

Miles de pancartas, de esas artesanales, salieron ayer a la calle en toda Francia con el mismo mensaje: “Soy un vago”. Espontáneamente, la palabra fainéant se colocó en el centro de la protesta, avisando de que ésta ya no es sólo sindical, sino popular en el más genuino sentido de la palabra.

“Los vagos tomamos la calle”, rezaba el cartón que paseaba un joven ayer en el boulevard Diderot. “Que se vaya: vago, cínico y extremista”, decía la pancarta de un jubilado que incluía la foto del pre­sidente. “Nunca seremos winners, tonto”, proclamaba la que llevaban unos estudiantes, en letras azules sobre fondo de tela blanco. “Vagos” y “cínicos” por doquier. Y es que Macron ha ofendido a muchos.

Fue el viernes pasado, en un discurso ante la comunidad francesa en Atenas, donde se encontraba de visita. Macron dijo: “Tendré una determinación absoluta y no cederé nada, ni a los vagos, ni a los cínicos ni a los extremistas”. Esa declaración ha sido leída como un insulto arrogante a quienes se oponen a su política y no ha gustado nada. Sobre todo porque llueve sobre mojado.

El ahora presidente ya destacó como ministro de Economía de Hollande por algunas declaraciones despectivas hacia los de abajo. Caracterizó como “analfabetas” a las trabajadoras de una empresa bretona. Luego les dijo a unos parados que si querían comprarse un traje como los que él lleva no tenían más que trabajar. El que fracasa, el que es pobre, quien gana poco, es porque no espabila, era el mensaje. Más tarde, ya como presidente, soltó, al describir a la gente que te cruzas en una estación de tren, aquello de “gente que triunfa y gente que no es nadie”.

El desprecio verbal hacia los de abajo desprestigia a un presidente cuyos apoyos descienden

Todas estas declaraciones revelan la misma mentalidad de triunfador, de “niño mimado”, en palabras del economista Jacques Sapir, una “arrogancia de meritócrata”, según el sociólogo Emmanuel Todd, y, en definitiva, una torpeza de quien se siente muy seguro de sí mismo porque nunca ha fracasado en sus propósitos y se cree imbuido de unas razones que no todo el mundo alcanza a comprender. Ese estilo es peligroso en Francia, sobre todo cuando se ha sido elegido en votaciones tan frágiles como fue el caso de Macron (una abstención récord, el voto de sólo el 43,6% de los inscritos en el censo, de los que cerca de la mitad, el 43%, declaró votar por él para impedir una victoria del Frente Nacional y sólo un 16% por acuerdo con su programa), un político que lo apostó casi todo a su carisma personal, que ahora está derritiéndose, y cuando la política por él emprendida está tan claramente enfocada hacia ese 25% de franceses a quienes las ­cosas les van bien y hacia los ­empresarios en detrimento de los empleados.

Sea como fuere, las declaraciones no han caído bien. La CFDT es, sin duda, el sindicato mejor predispuesto hacia Macron. Su extesorera, Anousheh Karvar, ha sido nombrada directora de gabinete de la actual ministra de Trabajo y desde hace veinte años esta central apoya el desmonte del derecho laboral, actitud que mantuvo el año pasado con la reforma laboral socialista. Pues bien, ahora la CFDT, sin llegar a oponerse, se declara descontenta con el actual paquete legislativo de Macron y Laurent Berger, su secretario general, el sindicalista con el que todo empresario sueña, también ha respondido diciendo que él no es “ni vago, ni cínico ni extremista”.

Los colaboradores de Macron han tenido que apagar el incendio con improvisadas explicaciones. El ministro portavoz, Christophe Castaner, así como el viceministro de Economía, Benjamin Griveaux, han coincidido en decir que lo de “vagos” no iba dirigido a los fran­ceses. Según el primero, Macron se refería más bien a sus predecesores –Hollande, Sarkozy y Chirac–, pero según el segundo, el presidente pensaba más bien en personas como el líder de la izquierda, Jean-Luc Mélenchon.

“Los vagos, cínicos y extremistas son quienes a lo largo de treinta años lograron que este país no se moviera ni fuera capaz de realizar reformas difíciles”, esas reformas que tanto desagradan a los franceses, según otra famosa declaración de Macron, ésta en Rumanía, el 24 de agosto, en la que calificó a Francia como país “no reformable”.

“Mi ‘vagos’ se refería a todos aquellos que piensan que no hay que moverse en Francia ni en Europa”, ha dicho el presidente alertando contra “falsas polémicas”. Pero el asunto ya ha llegado a las pancartas, como los famosos brioches de María Antonieta. Y es peligroso porque retrata un estado de ánimo.