1. El impacto económico y social de la pérdida de soberanía de España con la moneda únicaLa menor productividad de la economía española, en relación con la media europea y las economías más desarrolladas como la alemana, generaba déficit comercial resultado del mayor volumen de importaciones que el de exportaciones, lo cual se traducía en una creciente deuda privada exterior. Dicho desequilibrio se corregía habitualmente con la devaluación de la peseta.
La introducción del euro provocó en España un rápido crecimiento del déficit de la balanza de pagos. El déficit y la deuda pública se incrementaron progresivamente. En 2019 la deuda pública asciende a 1.175.857 millones de euros, el 97,4 % del PIB (1). La deuda privada exterior, cuya deuda neta supera en la actualidad los 2 billones de euros (2), genera un gravísimo desequilibrio económico en el marco de la actual Unión Europea, que no dispone de mecanismos de redistribución fiscal y de mutualización de la deuda que corrija tales desequilibrios.
El aumento vertiginoso de la prima de riesgo en los momentos más graves de la crisis económica internacional fue utilizado por la Comisión Europea para imponer medidas de ajuste y austeridad que blindaban el objetivo de reducción del déficit y de la deuda a costa del gasto social y la garantía de los derechos sociales básicos. Una de las víctimas de estas políticas fueron las pensiones públicas, mediante la aplicación de una contrarreforma bajo el Gobierno de Rodríguez Zapatero (PSOE), que alargó la edad de jubilación a los 67 años en un pacto con las cúpulas de los sindicatos CCOO y UGT.
El objetivo general de estabilizar la economía con las medidas de austeridad se impuso a través de la involución de la Constitución española con la contrarreforma del artículo 135, que facilitaba la aplicación del Tratado europeo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como de la Ley Orgánica correspondiente.
Con el objetivo de aumentar las exportaciones y de reducir el déficit comercial en la balanza de pagos e incrementar los beneficios empresariales, se forzó la devaluación salarial mediante la contrarreforma laboral bajo el Gobierno del PP de Mariano Rajoy.
El rescate y saneamiento de bancos y cajas como Bankia (antigua Caja de Madrid) se realizó con dinero público cuyo monto ascendió a 77.000 millones de euros. Tras la superación de la crisis bancaria, el Banco de España y los gobiernos de turno, dieron por perdidos 60.600 millones de euros del rescate, negándose a recuperarlos a costa de los beneficios de los bancos saneados y de la lucha contra la evasión y el fraude fiscal de los directivos de la banca y de las grandes empresas (las grandes fortunas españolas tienen 144.000 millones en paraísos fiscales y representan el 71 % de la totalidad de la evasión fiscal, según los técnicos de hacienda). Con ayuda pública se ha contribuido a la concentración bancaria, reduciéndose radicalmente a una quinta parte las entidades existentes y generando un modelo en que tres bancos concentran el 84 % de los activos.
Las consecuencias sociales de estas políticas neoliberales han sido el aumento del desempleo que alcanzó la cifra de seis millones de personas en paro en 2013. En enero 2019 la tasa de paro es del 14,1 % (6,5 % en la UE) y afecta a más de 3,2 millones de personas, a pesar del crecimiento de la economía española en tasas superiores al 3 % desde 2015 a 2017. Dichas políticas también han producido un grave retroceso de los niveles de calidad en la salud y educación públicas, la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones públicas, la reducción de los niveles de protección social, la precarización del mercado de trabajo y el aumento de la pobreza laboral que afecta a uno de cada tres trabajadores y trabajadoras, con cinco millones que no llegan a mileuristas (mil euros/mes). Los altos niveles de desahucios de la vivienda por impagos de la hipoteca y de los alquileres persisten a pesar de la mejoría de la coyuntura económica.
Las políticas austericidas han extendido la pobreza y exclusión social, según el indicador AROPE la pobreza relativa en 2017 afectaba al 26,6 % de la población española y la tasa de pobreza severa al 6,9 %.
Otra consecuencia de las políticas impuestas por el Eurogrupo y el BCE en España ha sido el crecimiento de la desigualdad, mientras en 2008 el 10 % de los hogares más ricos tenían 9,7 veces más ingresos que el 10 % de los más pobres, en 2017 tienen 2,8 veces más. Los ultramillonarios aumentaron un 4 % (datos del último informe de Oxfan Intermon).
A todo ello hay que sumar el vaciamiento poblacional en amplios territorios de España fruto de las deslocalizaciones, desindustrialización, falta de inversiones, etc. España ha reducido su sector industrial, concentrándose en actividades cada vez con menos futuro y de menor componente innovador (ensamblaje automóvil), ha reducido su sector agrario de alta calidad frente a la competencia de productos de la agroindustria de baja calidad y precio (que además está pulverizando nuestra cultura gastronómica), se ha especializado en las actividades turísticas masivas, de alto impacto ambiental y de bajo ingreso que han llegado a ser el 13 % del PIB.
La acumulación del retroceso en derechos sociales y laborales, la progresiva erosión del bienestar, el aumento de la desigualdad, todo ello a pesar del crecimiento económico de los últimos años, ha provocado el aumento del malestar social, el cual ha explotado en diversas ocasiones a lo largo de los últimos años. Este malestar, también se ha traducido en desafección política hacia los grandes partidos y régimen de la monarquía. En este contexto las fuerzas nacionalistas de Cataluña, bajo la hegemonía de la derecha catalana representada por Convergencia i Unió que controla el Gobierno de la Generalitat presidido por Artur Mas, canaliza el profundo malestar social, alimentándolo con el discurso de «España nos roba», para lanzar una gran movilización independentista, de naturaleza insolidaria (3), en Cataluña.
Todo ello no ha evitado que vuelvan a situarse nuevas amenazas en el horizonte. En realidad, múltiples indicadores avanzan que todos los sacrificios no han revertido, sino agravado, el riesgo de nuevos colapsos. a) Tenemos una deuda pública del 97 % del PIB, b) utilizamos una moneda que el BCE ha expandido de manera imprudente, no para reactivar la economía sino para ayudar a la banca privada: en un decenio la masa monetaria del euro se ha multiplicado de 1 billón a 4,7 en la Eurozona y c) finalmente se recurre a la búsqueda de nuevas privatizaciones, como el reglamento PEPP que permitirá privatizar los fondos de pensiones públicos, que ha sido aprobado en las últimas sesiones del Parlamento Europeo de espaldas a la mayoría de la ciudadanía. En puertas del nuevo ciclo recesivo, de dimensión incierta e inquietante, las políticas de la UE han agotado gran parte de su munición, como los bajos intereses cercanos a cero de los créditos del BCE. La recuperación de la soberanía económica de los estados y la adopción de medidas que permitan superar un sistema capitalista agotado, son más necesarias que nunca.
2. La evolución política en España tras la pérdida de soberanía económica. Crisis del régimen bipartidista, convulsiones sociales y el surgimiento de nuevas fuerzas políticas como Podemos y Ciudadanos.
La evolución de la situación política en España ha estado determinada por el impacto de la crisis económica internacional que se inicia con la quiebra de Lehman Brothers el 15 de septiembre 2008, que incide sobre los desequilibrios acumulados en cada país, en España la crisis de la burbuja inmobiliaria que estalló a finales de 2007, y bajo el condicionante de la moneda única, el euro.
2.1.- Segundo y último mandato del gobierno de España presidido por Rodríguez Zapatero (PSOE) 14 de abril de 2008 a 20 noviembre 2011. El PSOE obtuvo 169 escaños y el 43,87 % de votos. El PP 154 escaños y 39,94 %
Las medidas de austeridad adoptadas en este periodo tuvieron como respuesta la convocatoria de una huelga general el 29 de septiembre de 2010. El rápido incremento del desempleo durante su mandato, que alcanzó la cifra de 5 millones en 2011, la contrarreforma de las pensiones públicas del 2 de febrero 2011 pactada con CCOO y UGT que alargó la edad de jubilación a los 67 años, entre otros retrocesos, provocaron un enorme malestar social que explotó el 15 de mayo con el movimiento de los indignados, el cual se extendió por plazas y calles de toda España, al grito de «no nos representan» y «PSOE y PP la misma mierda es». El apoyo social a dicho movimiento superó el 80 % en las encuestas.
El 2 de agosto la prima de riesgo se disparó más de 400 puntos y Zapatero cede a las presiones de Jean Claude Trichet presidente del BCE, impulsando una contrarreforma de la Constitución española, a través del artículo 135, para blindar los objetivos de déficit y deuda y las políticas de austeridad. Dicha contrarreforma, que contará con los votos favorables del PP, significa una involución de la Constitución.
2.2.- Relevo de la alternancia: Primer mandato del Gobierno de Mariano Rajoy (PP) 20 noviembre 2011 a 4 diciembre 2015
Paradójicamente la contestación social que se expresó en el movimiento de los indignados no produjo en lo inmediato un giro a la izquierda en las instituciones. En las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, el PP obtiene la mayoría absoluta con 186 escaños (+32) y el 44,6 % de los votos, mientras el PSOE retrocede hasta 110 escaños ( -59) y el 28,7 % de los votos. IU obtiene 11(+9) escaños y el 6,92 %.
La rápida aplicación de medidas de austeridad, con la contrarreforma laboral del 10 de febrero que tiene como objetivo eliminar derechos laborales, debilitar la fuerza sindical en la negociación colectiva, abaratar los despidos y devaluar los salarios, tendrá un efecto inmediato sobre la precarización del mercado laboral y la destrucción de un millón de puestos de trabajo hasta alcanzar seis millones de personas desempleadas en 2013. La agresión a los derechos laborales tendrá como respuesta dos huelgas generales, el 29 de marzo de 2012 contra la reforma laboral y el 14 de noviembre del mismo año contra las medidas de ajuste y austeridad.
El 27 de abril de 2012 el Gobierno del PP puso en marcha la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria que concreta en el ámbito de España el Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza en la Unión Europea que se firmó el 2 de marzo del mismo año. Tratado que refuerza coactivamente las políticas de austeridad dictadas por la Comisión Europea, el BCE y el Eurogrupo.
El malestar social volvió a expresarse de manera contundente el 22 de marzo de 2014 en las marchas de la dignidad que juntaron en Madrid más de millón y medio de manifestantes. Dicho movimiento tomaba el relevo al movimiento de los indignados.
El 30 de marzo, un Gobierno del PP a la defensiva frente al malestar social creciente aprueba la llamada «ley Mordaza» que recorta libertades y derechos ciudadanos en el derecho de manifestación, expresión, etc., con la excusa del mantenimiento del orden y la seguridad.
Dicho malestar tuvo su primera expresión política en las elecciones europeas del 25 de mayo de 2014, con el retroceso en escaños del PP (-8) y del PSOE (-9), el avance de IU (+2), y especialmente con la aparición por primera vez de Podemos que obtiene 5 escaños y 1.253.000 votos, y en menor medida de Ciudadanos con 2 escaños.
El malestar social y político, adquiere una nueva vertiente con la crisis territorial en Cataluña. Las sentencias del Tribunal Constitucional de 28 de junio de 2010 sobre el «Nou Estatut» de Cataluña aprobado en 2006, provocaron una gran frustración en sectores de la población catalana. El Gobierno de la Generalitat de Cataluña presidido por Artur Mas de Convergencia y Unió (derecha nacionalista) con el objetivo de frenar su rápido desgaste en la gestión económica social puesto de manifiesto en el cerco del Parlamento por el movimiento de los indignados en 2011, recogerá el malestar ciudadano sobre la cuestión territorial para levantar la bandera del «derecho a decidir» con el referéndum de 9 de noviembre de 2014, lo cual estimulará la movilización nacionalista e independentista en Cataluña, ante la actitud «quietista» y conservadora de Mariano Rajoy.
Estas elecciones anticipan la modificación del mapa político en España y la primera crisis del régimen bipartidista (PP y PSOE) que tendrán la siguiente expresión en las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo de 2015 que supondrán un vuelco histórico, donde el PP pierde el gobierno de importantes comunidades y ciudades y Podemos obtiene el gobierno de importantes ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Cádiz, A Coruña, etc.
Las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 confirmarán la crisis del bipartidismo, así como la consolidación del fenómeno representado por Podemos y Ciudadanos: El PP pierde 63 años (123), el PSOE baja 20 (se queda con 90), mientras Podemos + En Comú-Podem suman 52 escaños, Ciudadanos obtiene 40 escaños, mientras IU pierde 7 escaños, castigada por la ley electoral y los errores cometidos al no saber incorporar el fenómeno representado por Podemos
2.3.- Segundo mandato del Gobierno Rajoy hasta su cese con la moción de censura, 26 de junio de 2016 hasta 1 de junio de 2018.
La incapacidad o imposibilidad para formar una gobernanza de cambio frente a la derecha conservadora representada por el PP condujo a nuevas elecciones el 26 de junio de 2016. El resultado electoral donde el PP recuperó 14 escaños (137), mientras el PSOE se debilitaba al perder 5 escaños (85), facilitó un Gobierno en minoría de Mariano Rajoy. En esta ocasión, al contrario que en la convocatoria de diciembre de 2015, la suma de la confluencia entre Podemos, IU, Equo, En Comú, Las Mareas, etc., sumaron 71 escaños. Ciudadanos obtuvo 32 retrocediendo 8.
La acumulación de escándalos de corrupción que afectaban al PP fue creando las condiciones que provocaron la moción de censura exitosa el 1 de junio 2018.
En este periodo se sucedieron acontecimientos políticos de importancia:
– La dimisión de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE el 2 de octubre de 2016, creación de la gestora y periodo convulso donde la rebelión de una mayoría de las bases del PSOE devolvieron a Pedro Sánchez a la secretaría general tras ganar las elecciones primarias el 22 de mayo de 2017.
– La agudización del conflicto territorial en Cataluña, tras las sesiones del Parlamento de Cataluña de 6 y 7 de septiembre, donde se convoca el referéndum del 1 de octubre para decidir sobre la independencia de Cataluña, el contenido de dicho referéndum y la llamada ley de transitoriedad adolecían de las mínimas condiciones de calidad democrática (modalidad de las preguntas, ausencia de mínimo de participación, ausencia de porcentaje superior al 50 % en una decisión de tal trascendencia, etc.). La celebración del referéndum sin autorización del Gobierno central y del Tribunal Constitucional, con episodios de confrontación con las fuerzas de seguridad que tenían el mandato de retirar las urnas, tuvo una participación del 43 % del censo catalán (2.286.217) y un voto favorable a la independencia del 90,18 %.
Las fuerzas políticas no independentistas llamaron a no participar en dicho referéndum y Cataluña en Comú llamó a participar por considerarlo un ejercicio de movilización ciudadana sin valor vinculante.
La declaración unilateral de independencia con la proclamación de la República catalana por el Parlamento de Cataluña el 27 de octubre de 2017, fue suspendida por el Tribunal Constitucional el 31 de octubre y a continuación desencadenó la puesta en marcha del artículo 155 con el apoyo en el Senado del PP, PSOE y Ciudadanos, produciendo la suspensión del Gobierno de la Generalitat.
El 21 de diciembre de 2017 se celebraban nuevas elecciones a la Generalitat de Cataluña, que dieron como resultado una ligera mayoría del bloque independentista en el Parlamento. El artículo 155 finalizó con la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat el 2 de junio de 2018.
La crisis territorial en Cataluña, además de partir la sociedad catalana por la mitad, alentó la radicalización nacionalista de importantes sectores de la población española, radicalización que han intentado capitalizar el PP y Ciudadanos y que está en el origen de la irrupción institucional del nuevo partido de extrema derecha de corte ultraneoliberal VOX (4).
– La movilización continuada durante este periodo de los pensionistas en todo el Estado contra la devaluación del poder adquisitivo de las pensiones y por la recuperación de la jubilación a los 65 años expresa el malestar de un sector social que puede ser decisivo electoralmente. Este movimiento social tiene fuerza y voluntad para persistir en defensa de sus objetivos sea cual sea el gobierno que surja de las próximas elecciones generales.
– La movilización feminista del 8 de marzo, con un salto en participación masiva y contenido reivindicativo en 2018 y 2019, que amplía la base potencial de la influencia de la izquierda en detrimento de las fuerzas de la derecha conservadora y reaccionarias de ultraderecha.
La sentencia del caso Gurtel al poner en la picota al gobierno de Mariano Rajoy por corrupción, alentó la iniciativa de moción de censura registrada el 25 de mayo por el Grupo Socialista, que obtuvo el apoyo inmediato de Unidos-Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y Nueva Canarias. El apoyo final de PNV decantó la votación, triunfando la moción de censura por 180 votos a favor y 169 en contra (PP + Ciudadanos + UPNavarra + Foro Ciudadanos).
2.4.- Mandato de Pedro Sánchez y convocatoria de elecciones para el 28 de abril 2019
La victoria de la moción de censura dio lugar a la investidura de Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, como presidente del Gobierno de España. Un Gobierno en minoría que contó con el apoyo de Unidos Podemos y diversas fuerzas nacionalistas. Sin embargo, la estabilidad de este Gobierno ha estado sometida a la presión del bloque independentista catalán y de sus intereses políticos.
El 11 de octubre de 2018 se presenta públicamente el acuerdo programático alcanzado entre PSOE y Unidos Podemos para los presupuestos generales de 2019 (5). Este documento de 50 páginas incluye importantes reivindicaciones defendidas por Unidos Podemos, como el aumento del salario mínimo interprofesional a 900 euros/mes, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones públicas con el IPC reivindicado por el movimiento pensionista, etc. Este acuerdo representa un importante giro social.
La celebración de las elecciones autonómicas en Andalucía el 2 de diciembre de 2019 dieron un vuelco a las expectativas del PSOE y de Adelante Andalucía (nombre de la coalición entre Podemos e Izquierda Unida). El PSOE obtuvo 33 escaños (-14) y 400.000 votos menos que en las elecciones de 2015, Adelante Andalucía obtuvo 17 escaños (-3) y 280.000 votos menos respecto de la suma de Podemos e IU en 2015. Por el contrario, Ciudadanos consiguió 21 escaños (+12), y junto a la irrupción de VOX que obtiene por primera vez 12 escaños, compensaron el retroceso del PP a 26 escaños (-7). La formación de un gobierno de las derechas apoyado y condicionado por la ultraderecha VOX, han puesto fin a 40 años de gobiernos del PSOE en Andalucía.
Las reflexiones sobre este desastre electoral han sido desiguales en cada partido o coalición afectada. El desgaste del Gobierno socialista con sus episodios de corrupción era previsible. La influencia del conflicto territorial en Cataluña se coló en la campaña, con efectos desmovilizadores en las bases electorales de Adelante Andalucía y por el contrario, tuvo un efecto movilizador del voto hacia Ciudadanos y VOX.
El 21 de diciembre de 2018, el Gobierno de Pedro Sanchez aprueba en consejo de ministros el aumento del salario mínimo Interprofesional a 900 euros/mes, que representa un incremento del 22,3%. Dicho aumento supone un importante avance social que beneficia a más de 2,5 millones de trabajadores y trabajadoras.
3. Los nuevos escenarios de inestabilidad política y la irrupción de VOX
El 13 de febrero de 2019 la suma de los votos negativos de los partidos de la derecha, PP y Ciudadanos, junto con los partidos independentistas ERC y JuntsxCataluña rechazan la tramitación parlamentaria del proyecto de presupuestos generales del Estado para 2019 y precipitan la convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril de este año.
Las diversas encuestas electorales realizadas hasta la fecha coinciden en señalar un elevado porcentaje de voto indeciso, creando una gran incertidumbre sobre el resultado electoral.
La tendencia general de las encuestas indican que el PSOE ganará las elecciones sin obtener la mayoría absoluta, que el PP retrocede a la segunda posición con una importante pérdida de votos y escaños, que Ciudadanos incrementa el número de escaños pero sin hacer el sorpasso al PP, que Unidas Podemos sufre un grave retroceso con una importante pérdida de votos y escaños, que la irrupción de VOX es importante con más de una veintena de escaños, por último, el bloque independentista catalán se mantiene estable aunque hay un desplazamiento de votos y escaños del PDeCAT en beneficio de ERC.
Los principales escenarios que se barajan, en función de las encuestas, son los siguientes:
- Mayoría de la derecha conservadora formada principalmente por PP, Ciudadanos y VOX. Estos partidos coinciden en bajar los impuestos a los ricos, reducir el gasto social y privatizar los servicios públicos, cumplir con las medidas de ajuste y austeridad de los Tratados y las imposiciones de la Comisión Europea y recentralizar el Estado español con mano dura contra los independentistas mediante la aplicación de una versión del artículo 155 más contundente y prolongada. VOX no se corta en defender la ilegalización de los partidos independentistas, también de los partidos marxistas o comunistas.
- Mayoría del PSOE y posible acuerdo de gobierno con Ciudadanos, si los números dan. Lo cual tendría consecuencias negativas sobre los compromisos «de programa social» del PSOE y sobre la actitud ante el conflicto con Cataluña.
- Mayoría del PSOE y posible acuerdo de gobierno con Unidas y Podemos, si los números dan y se alcanza un acuerdo programático de gobierno. Con dos posibles variantes, que dicha gobernanza se asiente en una mayoría absoluta de escaños, sumado el apoyo del PNV, o que no se alcance dicha mayoría, y el Gobierno quede a merced de voluntad y estrategia de los partidos independentistas catalanes, lo cual abriría un periodo de inestabilidad.
Ante la posibilidad real de la formación de un gobierno de las derechas, como resultado de una gran movilización electoral de los partidos conservadores, de la incógnita sobre el importante porcentaje de voto indeciso y oculto (41,6 % según última encuesta del CIS) y de la desmovilización y abstención entre las bases electorales del PSOE y de Unidas Podemos que repita lo sucedido en las elecciones andaluzas, es prioritario movilizar a la ciudadanía para evitar la formación de un gobierno conservador reaccionario, antisocial y recentralizante condicionado por VOX.
Sabiendo que el discurso programático «social» del PSOE no es creíble debido a sus compromisos con las políticas neoliberales del Eurogrupo y el servilismo hacia el imperialismo «trumpista» manifestado en el apoyo al usurpador venezolano Guaidó, la apuesta más razonable para crear las mejores condiciones para un cambio social es votar las candidaturas de Unidas Podemos, a pesar de sus debilidades programáticas y de discurso, especialmente en los temas de fondo: la necesaria y urgente recuperación de la soberanía económica en España.
4. Podemos y las confluencias ante el reto electoral y el desafío histórico
Bastaron cuatro meses desde la presentación de Podemos el 17 de enero de 2014, para que diera una primera sorpresa en las elecciones europeas del 25 de mayo 2014, al obtener 1.245.948 votos y 5 escaños en el Parlamento europeo. Diecinueve meses después, en las elecciones generales de 20 de diciembre de 2015, obtenía más de 5 millones de votos y 69 escaños, sumando todas las confluencias en los diversos territorios de España. La leyenda de Podemos se extendió por doquier y se convirtió en materia de estudio.
Con un discurso combativo desde las tertulias televisivas y las redes sociales, dirigido a la «mayoría social», un grupo de jóvenes profesores universitarios fue capaz de canalizar las aspiraciones de cambio de muchas personas que se identificaron con el movimiento de los indignados que ocuparon las plazas de numerosas ciudades de España tres años antes. El éxito de Podemos puso en crisis el régimen bipartidista y de alternancia entre PP y PSOE que había durado más de 35 años, el sorpasso a un PSOE hundido en las encuestas y afectado por una gravísima crisis interna, parecía cercano.
Tres años y medio después todas las encuestas anuncian un importante retroceso en votos y escaños de Unidas Podemos y sus confluencias. El próximo 28 de abril conoceremos si el discurso de la «remontada» en la campaña electoral desmiente las encuestas. También sabremos, en función del escenario resultante, si Unidas Podemos es capaz de mantener una fuerza suficiente para condicionar la gobernanza del PSOE a cambio de un compromiso programático, si accede a gobernar en coalición con el PSOE como defiende su liderazgo, asumiendo los riesgos que señala la historia reciente en estos casos, o bien se mantiene en el papel de oposición.
¿Qué ha pasado para que se hayan reducido las expectativas electorales de Podemos? Las causas son diversas, el carácter original de su nacimiento ha sido su pecado y penitencia. La construcción de un proyecto político por arriba, sin una cohesión organizativa forjada en años de luchas, sin un proyecto programático y estratégico a la altura de los retos del momento histórico, que dé respuesta a la crisis de la globalización neoliberal, y que proponga resueltamente recuperar la soberanía popular y económica, salir del euro y desvincularse de la Unión Europea, un proyecto en descomposición que ha generado desigualdad, estancamiento y retrocesos sociales y políticos dramáticos en Grecia, que ha agudizado las tensiones entre los estados miembros de la UE y en el interior de estos con el resurgir de los conflictos territoriales.
Estas debilidades del discurso y del proyecto de Unidas Podemos le impiden representar políticamente el profundo malestar social y político que se expresa en el creciente euroescepticismo de la población española, que alcanza el 49 % tal como recogen diversas encuestas desde 2016 (6).
La crisis del espacio político en torno a Unidas Podemos y sus confluencias, del denominado por algunos «populismo de izquierda», no se limita a Podemos. El rosario de rupturas entre personajes y familias políticas que participaron en su fundación, cuyas expresiones más recientes han sido la creación de un nuevo proyecto político por Errejón en alianza con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, o la posible ruptura con los anticapitalistas e Izquierda Unida de Madrid (7), también afecta a sus socios de la confluencia, a las Mareas de Galicia, a Cataluña En Comú y EUiA.
En puertas de la campaña electoral, la posibilidad que el PSOE canalice el voto útil en detrimento de Unidas Podemos, para evitar el gobierno de las derechas o un escenario de inestabilidad si el independentismo catalán tiene la llave de la gobernanza, es un reto que solo puede ser neutralizado mediante la crítica política de fondo, que ponga al desnudo la servidumbre del PSOE hacia las políticas neoliberales impuestas desde la Comisión Europea, el BCE y el Eurogrupo, que pondrán en cuestión el cumplimiento de sus promesas electorales de giro social.
Después del 28 de abril, deberá abrirse un periodo de reflexión y debate en Unidas Podemos y sus confluencias, también entre el activismo social que juega un papel decisivo en los movimientos populares y en el sindicalismo. Las señales del nuevo ciclo recesivo van aumentando en número e intensidad. En un contexto geopolítico atravesado por tensiones y turbulencias, la profundidad de la crisis del capitalismo puede adquirir dimensiones insospechadas. Esta perspectiva abrirá, sin duda, nuevos retos y oportunidades.
Las cuestiones de fondo, como recuperar la soberanía popular y económica, salir del euro y desvincularse de los Tratados de la UE, no podrán ser ignorados u ocultados por más tiempo. El creciente euroescepticismo entre amplios sectores de la ciudadanía del Estado español merece ser representado por una fuerza política lúcida, coherente y valiente, que defienda la recuperación de la soberanía económica, en definitiva, de una democracia real socialmente avanzada, solidaria, pacífica y con voluntad de cooperar con otros estados y naciones en condiciones de igualdad.
Mientras tanto en España los movimientos sociales, aunque refluyen ante los momentos electorales, siguen aumentando su implantación y su discurso. Hay una línea roja que emerge en el 15 de mayo de 2011, que continua en las marchas que llevaron dos millones de personas a Madrid en 2014 y que persiste en las movilizaciones y huelgas del 8 de marzo por la igualdad (las más fuertes del mundo) y en los centenares de concentraciones que cada semana hacen los pensionistas… Los movimientos siguen surgiendo, a veces decaen, pero se convierten en una brasa que mantiene e incrementa el descontento social creciente que provocan las políticas de austeridad. Con nuevas formas se extienden a diversos y nuevos ámbitos (precarios, jóvenes, inquilinos, sanitarios, etc.), sustituyen o suplen la impotencia sindical y de la política, ante el dictado de las grandes corporaciones, la corrupción política y el ensordecedor silencio de los medios de comunicación del sistema.
Barcelona, 13 de abril 2019
(*) Presentan ponencia en la Conferencia Internacional Salir del Euro, en Roma 13 y 14 de abril 2019. Diosdado Toledano González y Ramón Franquesa, miembros de la Plataforma salir del Euro, de la asociación Socialismo21, de Cataluña en Comú, de Podemos, y activistas sociales. Esta ponencia fue la base de las intervenciones de Diosdado y Ramón en la Conferencia Internacional por la salida del euro celebrada los días 13 y 14 de abril de 2019 en la ciudad de Roma (Italia).
Notas:
(2) Datos de C-Intereg http://www.c-intereg.es/index.asp , en pestaña de Informes, Comercio e bienes, Análisis de datos coyunturales, Informe trimestral de marzo 2019 página 3, se accede a los datos del comercio interregional y exterior de España, que permite constatar el superávit comercial de bienes producidos en Cataluña en el mercado español, así como el déficit comercial de Cataluña en el mercado exterior.
(5) En el último minuto del pasado 13 de abril se alcanzó el acuerdo entre Podemos, Izquierda Unida y anticapitalistas para afrontar unidos las elecciones en la Comunidad de Madrid.
